1106/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1106/2019-S2 Sucre, 18 de diciembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 30178-2019-61-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 37/2019 de 30 de mayo, cursante de fs. 128 vta. a 131 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Santos Julio Laime Tambo contra Hugo Juan Iquise Saca y David Valda Terán, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Justicia de Santa Cruz y Cesar Castro Calvimonte, Juez de Instrucción Penal Decimoquinto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 8 y 23 de abril de 2019, cursantes de fs. 33 a 40 y 49 a 51, el accionante expreso siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Alegó que a instancia suya se inició un proceso penal contra Ernesto Condori Rocha por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, dentro del cual el Ministerio Público presentó de manera fundamentada la imputación formal de 30 de agosto de 2018, pese a que concurrían los requisitos para la detención preventiva, previstos por los arts. 233.1 y 2, con relación al 234.1, 2 y 10; y, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el Juez de Instrucción Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, de forma arbitraria, infundada, desmotivada y omitiendo valorar lo elementos de prueba presentados, dispuso la libertad irrestricta del imputado mediante el Auto Interlocutorio 347/18 de 19 de septiembre de 2018, en clara omisión del art. 124 del CPP.

Ante esta situación, refirió que presentó un recurso de apelación incidental observando la falta de fundamentación e incongruencia omisiva de la Resolución del a quo y que en oportunidad de la audiencia de apelación de medida cautelar celebrada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justica de Santa Cruz -Vocales ahora demandados- mediante Auto de Vista 288 de 19 de octubre de 2018, decidieron confirmar en todas sus partes la decisión impugnada, argumentando que el delito investigado estaba fundado en un documento privado donde existiría una obligación compartida de ambas partes y que el caso se subsumía a un incumplimiento de contrato y por ende no se adecuaba a la comisión de tipos penales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Alega la lesión de sus garantías constitucionales al debido proceso, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, sus derechos a ser oído por autoridad competente, a la inviolabilidad de la defensa y la verdad material, citando al efecto los arts. 8.I, 115.I y II, 117.I, 119.I y II, 120.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).