1106/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1106/2022-S1 Sucre, 5 de octubre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de Amparo Constitucional

Expediente: 37814-2021-76-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 64/2020 de 13 de octubre, cursante de fs. 112 vta. a 115 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elizabeth Solíz García contra Editha Pedraza Becerra; y, Mirian Rosell Terrazas y Marisol Ortiz Hurtado, ex y actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera; y, Alain Núñez Rojas, ex Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda, todos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 16 de julio y 7 de agosto, ambos de 2020, cursantes de fs. 45 a 54, y, de fs. 61 a 68; respectivamente, la accionante explanó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso extraordinario de declaración de interdicción de su hermano Javier Solíz García, que inició en contra de Mario Solíz Andia y Hortencia García Alcoba de Solíz -sus progenitores-, se dictó la Sentencia 424/18 de 27 de agosto de 2018, a través de la que fue declarada probada su demanda y a éstos últimos como tutores de aquel. Empero, Mónica Bravo Vincaya -tercera interesada y cónyuge del primero de los mencionados-, interpuso un Recurso de Apelación en contra de dicha Resolución Judicial.

Es así que, después de radicado aquel medio de impugnación ante Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; Mónica Bravo Vincaya pidió a los Vocales -ahora demandados- la suspensión de los plazos procesales para el dictado del Auto de Vista de mérito, hasta que el Tribunal Supremo de Justicia resuelva una demanda de homologación de sentencia extranjera que había planteado el 4 de octubre de 2018, concerniente de forma específica a la controversia suscitada; habiendo presentado para el efecto la Providencia de 10 de diciembre de igual año, entre otros actos jurídico-procesales.

Petición que fue aceptada por las autoridades demandadas a través del Auto de Vista 192 de 3 de abril de 2019, cuando la misma debía ser rechazada, a razón de que en ningún momento se le notificó y solo procuraría la dilación indebida del proceso extraordinario; además, que la determinación ahí adoptada seria contraria a lo dispuesto por los arts. 381, 382 y 383 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, ya que en la etapa procesal en cuestión el único derecho que tienen los sujetos procesales es el de solicitar la devolución de los antecedentes ante el Juez a quo por haber sido concedido un medio de impugnación en un efecto distinto al debido; y en caso de ofrecerse algún otro elemento de prueba, tendría que hacérselo al interponer el recurso de apelación correspondiente, lo que no ocurrió en el presente caso; aspectos que han sido omitidos por aquellas autoridades jurisdiccionales.

Y una vez que Mónica Bravo Vincaya puso en conocimiento de los Vocales demandados el Auto Supremo 143/2019 de 28 de agosto, por el cual fue homologada la Sentencia 44/13 de 25 de enero de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 17 de Sevilla-España; los mismos, valorando indebidamente dichos actos jurídico-procesales dictaron el Auto de Vista 449 de 15 de diciembre de 2019, incurriendo en una forma de incongruencia, puesto que ya no se pronunciaron respecto a ninguno de los tópicos resueltos por la Sentencia 424/18 de 27 de agosto de 2018, dictada por el Juez a quo, cuando debían haber procedido en consecuencia conforme a lo dispuesto por el art. 385 del CFPF, y solo se limitaron a dar cumplimiento a la determinación adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia.

I.1.2. Derechos supuestamente lesionados.

La peticionante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, al plazo razonable, a la defensa, a la igualdad, a la legalidad de prueba y al juez natural; citando los arts. 13, 115.II, 117.I.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó que se le conceda la tutela solicitada; en consecuencia, se anule el Auto de Vista 449 de 5 de diciembre de 2019, y que se dicte otro conforme a las disposiciones normativas del Código de las Familias y del Proceso Familiar.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 13 de octubre de 2020, según consta del acta cursante de fs. 104 a 112 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Editha Pedraza Becerra; y, Mirian Rosell Terrazas y Marisol Ortiz Hurtado, ex y actuales Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; no presentaron Informe y mucho menos intervinieron en la audiencia virtual, pese a que todos fueron notificados con la acción de amparo constitucional y el auto constitucional de admisión de 10 de agosto de 2020 (fs. 74, 75 y 101).

Alain Núñez Rojas, ex Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de igual departamento; no presentó su Informe y mucho menos intervino en la audiencia virtual, pese a su legal notificación en similar fecha (fs. 103).

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Ante las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, refirieron lo siguiente: Que sí fueron notificados con el Auto Supremo 143/2019⁶.

I.2.4. Resolución

Ante la solicitud de complementación y enmienda realizada por la tercera interesada, Mónica Bravo Vincaya, la Sala Constitucional señaló que: No se tiene elemento de prueba para determinar la condena de pago de costas y costos procesales.

I.3. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 1 de diciembre de 2021, cursante a fs. 119, se dispuso la suspensión del plazo procesal con el objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 28 de septiembre de 2022, cursante a fs. 138. Por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es dictada en tiempo y forma oportuna, conforme a las disposiciones normativas del Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo siguiente:

II.1. A través de la Sentencia 424/18 de 27 de agosto de 2018, el Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, declaró probada la demanda de declaración de interdicción de Javier Solíz García -hermano de la accionante- y a Mario Solíz Andia junto a Hortencia García Alcoba como tutores de aquel (fs. 2 a 5 vta.).

II.2. Por Memorial de 11 de octubre de 2018, Mónica Bravo Vincaya -tercera interesada dentro del proceso extraordinario de declaración de interdicción de Javier Solíz García- interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia 424/18 de 27 de agosto de 2018 (fs. 6 a 10 vta.).

II.3. Cursa Memorial de 22 de octubre de 2018, la peticionante de tutela contestó al Recurso de Apelación interpuesto por Mónica Bravo Vincaya (fs. 12 a 16 vta.).

II.4. Mediante Providencia de 5 de noviembre de 2018, Editha Pedraza Becerra, Vocal de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz -ahora demandada-, dispuso lo siguiente:

"Téngase por Radicada la Causa con noticia de los sujetos procesales para los fines consiguientes de ley, quienes deberán ser notificados de acuerdo a lo establecido en le Art. 82 del Código Procesal Civil. Asimismo los sujetos procesales deben dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 84 parágrafo II del Código Procesal Civil, es decir que las partes y los abogados que actúen en el proceso, deberán asistir de forma obligatoria al estrado del presente Tribunal" (sic [fs. 18]).

II.5. Se evidencia Memorial de 18 de marzo de 2019, Mónica Bravo Vincaya puso a conocimiento de los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que la demanda de homologación de la Sentencia 44/13 de 25 de enero de 2013, dictada por el Juzgado de Primera Instancia 17 de Sevilla/España, que planteó ante el Tribunal Supremo de Justicia fue admitida, misma que concierne a la declaración de interdicción de Javier Solíz García; por lo que, pidió la suspensión de los plazos procesales para el dictado del Auto de Vista de mérito, conforme a lo dispuesto por el art. 502 del Código Procesal Civil (CPC) -Ley 439 de 19 de noviembre de 2013- (fs. 25 a 26). Para el efecto presentó los siguientes actos jurídico-procesales:

5.1. Memoriales de 4 de octubre y 26 de noviembre de 2018; por los cuales, Mónica Bravo Vincaya planteó una demanda de homologación de sentencia extranjera ante el Tribunal Supremo de Justicia, e identificó como terceros interesados a Mario Solíz Andia y Hortencia García Alcoba de Solíz, habiendo solicitado como medida precautoria la paralización del proceso extraordinario de declaración de interdicción de su hermano Javier Solíz García, que se sustanciaba ante el Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz (fs. 20 a 23).

5.2. Cursa Providencia de 10 de diciembre de 2018, el Tribunal Supremo de Justicia, respecto a la demanda de homologación de sentencia extranjera planteada por Mónica Bravo Vincaya, señaló lo siguiente:

"Estando subsanada las observaciones y cumplido los presupuestos procesales establecidos en el art. 505-II del Código Procesal Civil (Ley 439), se ADMITE la solicitud de Homologación de Sentencia que declaro la incapacidad de Javier Soliz García, presentada por Mónica Bravo Vincaya en cuyo mérito a efectos del cumplimiento de lo establecido en el art. 507-II del Código Procesal Civil (CPC), cítese y emplácese a Mario Soliz Andia y Hortencia García Alcoba de Soliz, para que respondan a la presente solicitud dentro del plazo de 10 día computables a partir de su legal citación, sea en el domicilio señalado en el memorial de fs. 197 de obrados.

(...).

Al otrosí 3.- (...), siendo que el acto procesal que se acusa es PROVISIONAL, se ordena poner en conocimiento del Juzgado Publico de Familia N° 10 del Distrito Judicial de Santa Cruz (Expediente 78/2017/NUREJ7061341) la admisión de la presente solicitud de homologación de sentencia dictada en el extranjero, a efectos de que ésta autoridad considere lo dispuesto en el art. 502 del CPC, cúmplase por Secretaría de Sala Plena mediante provisión citatoria y sea por intermedio del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz" (sic [fs. 24]).

II.6. A través del Auto de Vista 192 de 3 de abril de 2019, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, respecto al Memorial de 18 de marzo de igual año presentado por Mónica Bravo Vincaya, dispusieron lo siguiente:

"I. Disponer la suspensión del plazo para emitir Auto de Vista mientras no exista un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la solicitud de homologación de sentencia dictada en el extranjero impetrada por MONICA BRAVO VINCAYA" (sic [fs. 27 a 28]).

II.7. Consta Memorial de 22 de octubre de 2019 (fs. 33 y vta.), Mónica Bravo Vincaya puso a conocimiento de los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el Auto Supremo 143/2019 de 28 de agosto dictado por el Tribunal Supremo de Justicia; por lo que, pidió su cumplimiento; en vista de que a través de esa Resolución Judicial se dispuso lo siguiente:

"La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad reconocida por el núm. 8) del art. 38 de la Ley del Órgano Judicial y el art. 507 del CPC, HOMOLOGA la sentencia N° 44/13 de declaratoria de incapacidad y nombramiento de tutoría pronunciada el 25 de enero de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia N° 17 de Sevilla España, disponiéndose su cumplimiento o ejecución por ante el Juez Público de Familia de Turno de la ciudad de Santa Cruz, quien dispondrá la audiencia que corresponda para el cumplimiento de la sentencia, o sea, el Levantamiento de Inventario de los bienes del tutelado Javier Soliz García, cuyo actuado deberá ponerse en conocimiento del Juez que emitió la sentencia a efectos del control de la rendición de cuentas a que se encuentra obligada la tutora" (sic [fs. 31 a 32 vta.]).

II.8. Mediante Auto de Vista 449 de 5 de diciembre de 2019, los Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, respecto al Memorial de 21 de octubre de igual año presentado por Mónica Bravo Vincaya, dispusieron lo siguiente:

"I. REVOCAR TOTALMENTE la Sentencia de 27 de agosto de 2018 de fs. 381 a 384 vlta., debiendo el juez de instancia dar cumplimiento y ejecución al Auto Supremo 143/2019 de 28 de agosto 2019, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia" (sic).

Determinación que adoptaron con base en los siguientes fundamentos y motivos:

"I.- Que por memorial de fs. 389 a 393 vlta., MONICA BRAVO VINCAYA interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia de 27 de agosto de 2018 de fs. 381 a 384 vlta. dictada por el Juzgado Público de Familia N° 10 de la capital, dentro del proceso de declaratoria de interdicción seguido por ELIZABETH SOLIZ GARCA contra HORTENCIA GARCIA ALCOBA y otros.

Radicados los obrados de la materia se notifican a las partes y en merito a la Resolución de fecha 03 abril de 2019, y el decreto de fecha 13 de noviembre del mismo año se pasa a dictar el presente Auto de Vista.

II.- Que, conforme al Art. 265, del Código Procesal civil con relación al Art. 379 del Código de las Familias y del Proceso Familiar determina en forma expresa la forma y el contenido de la resolución de alzada, concretamente establece una noción de la congruencia que debe existir entre lo resuelto por el juez en la resolución recurrida y aquellos puntos que han sido materia del fundamento de los mismos.

Que los principios de pertinencia y congruencia fijan el marco jurisdiccional dentro del cual debe recaer la resolución de la Corte de apelación de segunda instancia, es decir debe de resolver a lo resuelto por el juez instancia y los puntos objeto de la expresión de agravios.

III.- Que, de la revisión de obrados se llegan a establecer los siguientes antecedentes con relevancia jurídica:

3.-Una vez radicado el proceso como se tiene del Decreto de fs. 411 y habiéndose convocado para formar Sala al señor Vocal de la Sala Civil Segunda; se apersonó MONICA BRAVO VINCAYA (fs. 617 y vlta.) quien, adjuntando las literales de fs. 417 a 616 solicitó la suspensión de la emisión del Auto de Vista.

IV.- De la revisión de los antecedentes procesales antes detallados se llegan a establecer los siguientes fundamentos de orden legal:

1.-Conforme a los antecedentes antes expuestos, se aprecia que a raíz de la emisión del Auto Supremo 143/2019 de 28 de agosto de 2019 se procedió a la homologación de la Sentencia 44/13 de declaratoria de incapacidad y nombramiento de tutora pronunciada el 25 de enero de 2013 por el Juzgado de Primera Instancia N° 17 de Sevilla, España; tutora que recayó en MONICA BRAVO VINCAYA, disponiéndose el cumplimiento a dicho Auto Supremo por ante el Juzgado de Familia de Turno de la ciudad de Santa Cruz el cual dispondrá en audiencia el cumplimiento de la Sentencia, es decir, el levantamiento de inventario de los bienes del tutelado JAVIER SOLIZ GARCIA.

De lo dicho, anotado este Tribunal se expedirá como manda el Art. 386-I numeral c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar" (sic [fs. 35 a 36 vta.]).

Resolución judicial que fue notificada a la impetrante de tutela, el 6 de enero de 2020 (fs. 37).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

El art. 129.II de la CPE en relación al plazo de caducidad para la interposición de la acción de amparo constitucional, establece que "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial", por su parte el art. 55.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), explícitamente señala que: "La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho".

Conforme a la normativa constitucional, se establece que el plazo de caducidad para la interposición de la acción de amparo constitucional es de seis meses, a partir de la comisión de los actos denunciados, o desde la notificación con la resolución administrativa o judicial que agota la vía.

En ese sentido, ya se pronunció el anterior Tribunal Constitucional a través de la SC 0770/2003-R de 6 de junio1, definiendo la naturaleza y alcance del principio de inmediatez; así mismo, la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, que señala: "...por principio general del derecho ningún acto procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, de ese modo, se pretende acentuar el propósito de esta acción, consistente en otorgar protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados, dentro de un plazo razonable fijado al efecto; considerando que el agraviado no puede disponer indefinidamente de la jurisdicción constitucional (con similar afirmación, las SSCC 0551/2010-R, 0554/2010-R, 0626/2010-R, 00782/2010-R2, entre otras)" (el resaltado nos pertenece).

Por otra parte la referida SC 0792/2007-R concluyó que: "...el principio de inmediatez está basado en el principio de preclusión de los derechos para accionar, lo que significa que para poder ingresar al análisis de fondo de la problemática que se plantea en este tipo de acciones tutelares, quien recurre de amparo constitucional debe interponer su acción dentro del plazo de seis meses de conocido el acto o hecho ilegal o de agotados los medios o recursos que la ley le otorga para subsanar la supuesta lesión, caso contrario, se estaría incumpliendo con el citado principio del recurso de amparo constitucional" (las negrillas son añadidas).

De ese modo, se pretende acentuar el propósito de esta acción, consistente en otorgar protección inmediata y eficaz a los derechos y garantías lesionados, dentro de un plazo razonable fijado al efecto; considerando que el agraviado no puede disponer indefinidamente de la jurisdicción constitucional (con similar afirmación, las SSCC 0551/2010-R, 0554/2010-R, 0626/2010-R, 0782/2010-R, entre otras).

Posteriormente, la SCP 1265/2013-L de 20 de diciembre3, citando a su vez la SCP 2058/2012 de 8 de noviembre, determinó con mayor precisión el plazo de caducidad de seis meses a efecto de interponer la acción de amparo constitucional.

En similar sentido este Tribunal razonó por medio de la SCP 0040/2012 de 26 de marzo, al referir que: "...la interposición de la acción de amparo constitucional fuera del plazo de los seis meses, previsto en el art. 129.11 de la CPE, no implica una simple y llana exigencia, sino más bien responde al tiempo prudente de tolerancia o aceptación del acto lesivo que se acusa, de lo contrario da lugar al principio de preclusión del derecho de acudir a esta acción tutelar ante la jurisdicción constitucional; razón por la cual, el afectado en sus derechos o garantías constitucionales, debe ser diligente y acudir inmediatamente sin ningún tipo de espera a la protección de los mismos, de no ser así su actitud se considera como negligente en causa propia, llevándolo a una consecuencia jurídica que es la extemporaneidad de la presentación de la acción de defensa; lo que significa que no se puede ingresar al análisis de fondo" (las negrillas son adicionadas).

III.2. Suspensión del plazo de inmediatez por la emergencia sanitaria nacional por el Coronavirus (COVID-19) en todo el territorio del Estado

Por Decreto Supremo (D.S.) 4199 de 21 de marzo de 2020, se dispuso la declaratoria de emergencia sanitaria nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, en el siguiente sentido:

"...a partir de las cero (0) horas del día domingo 22 de marzo de 2020 hasta el día sábado 4 de abril de 2020, con suspensión de actividades públicas y privadas en atención a la declaración de emergencia sanitaria nacional, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19). (...).