1106/2022-S2

Los accionantes a través de su representante, ratificaron íntegramente el memorial de la acción de amparo constitucional, y ampliándolo señalaron que:

1. a)En conocimiento del recurso de apelación que interpuso el tercero interesado, los exvocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de manera oficiosa dictaron el Auto de Vista 6/2021, revocando la Sentencia 45/19, declarando improbada la demanda que tenía por finalidad, regularizar el derecho propietario del bien inmueble que poseyeron hace varios años atrás;
2. b)No se consideró ninguno de los argumentos que fueron deducidos en la contestación al recurso de apelación;
3. c)Tampoco se tomó en cuenta que el tercero interesado a tiempo de deducir la impugnación, introdujo al debate del proceso, hechos que cambiaron la relación fáctica del caso, resultando dicho Auto de Vista en una resolución citra petita; y,
4. d)Se lesionó el principio de preclusión, pues los argumentos planteados en dicho recurso debieron ser propuestos en el momento procesal adecuado, vulnerando así el derecho al debido proceso en su elemento a una resolución judicial motivada y congruente.

Franklin Lijerón Paz a través de su abogado, en audiencia de garantías, señaló que:

1. 1)La demanda de regularización de derecho propietario no acreditó la posesión quieta y pacífica del inmueble por el periodo de cinco años, antes de la promulgación de la Ley de Regularización del Derecho Propietario sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda -Ley 247 de 5 de junio de 2012-;
2. 2)El Auto de Vista cuestionado detalló de forma precisa y exacta que no fueron valorados los certificados emitidos por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, que acreditaban que el 2007 no se evidenció ninguna construcción de vivienda en el terreno, sin que sobre este hecho se hayan pronunciado los peticionantes de tutela;
3. 3)Los prenombrados solicitaron se valore las certificaciones y facturas de la prestación de servicios básicos como agua potable y energía; empero, no consideraron que tendría una data al 2019, que no acreditaría la posesión que exige la Ley 247;
4. 4)No demostraron que el ingreso a la posesión del inmueble fue pacífica pues omitieron informar que fue un avasallamiento;
5. 5)Los exvocales demandados mostraron cuales son los requisitos que se debe cumplir para la regularización del derecho propietario, contrastándolos con los elementos de pruebas aportados dentro del proceso y concluyendo que ninguno acreditó la pretensión de la demanda; y,
6. 6)Tomando en cuenta que tanto en la acción de amparo constitucional como en la exposición en audiencia no se identificó un agravio específico respecto al Auto de Vista 6/2021; por lo que, impetró se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 152/21 de 12 de octubre de 2021, cursante de fs. 352 vta. a 357, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)El Auto de Vista 6/2021 resolvió de manera concentrada todos los argumentos de la contestación al recurso de apelación que se circunscribían a una errónea valoración de la prueba; por tanto, no evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento congruencia;
2. ii)La decisión de los exvocales demandados no fue incongruente, pues utilizaron una pedagogía jurídica para absolver los puntos recurridos en apelación mediante el principio de concentración resolviendo los agravios de la impugnación así como los argumentos de respuesta a ese recurso; y,
3. iii)La valoración de la prueba desplegada por dichas exautoridades es una facultad que no puede ser considerada arbitraria "...en cuanto es la sinalagmasis en condiciones probatorias desde cualquiera de las cuatro formas de interpretación en su valoración..." (sic). II. CONCLUSIONES

Al respecto, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, estableció que: "...la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia:

1. i)Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de 'legalidad ordinaria', pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma;
2. ii)La noción de 'reglas admitidas por el Derecho' rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución;
3. iii)La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y,
4. iv)Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa-argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces.

De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas:

1. a)Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación;
2. b)Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y,
3. c)Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales" (las negrillas son nuestras).