1107/2022-S1

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia se disponga:

1. a)La restitución de sus derechos fundamentales;
2. b)Se deje sin efecto la Resolución SP-AP 147/2019; y,
3. c)Que las autoridades demandadas emitan una nueva resolución.

La impetrante de tutela a través de su abogado, se ratificó expresamente en su memorial de demanda y añadió que:

1. 1)No es evidente que la prenombrada no hubiera indicado los agravios respectivos, pues la demanda está relacionada a una violación al debido proceso en su vertiente de motivación, fundamentación y aplicación objetiva de la norma; y,
2. 2)Los Consejeros demandados no se pronunciaron con relación a los puntos de apelación, tampoco con relación a lo establecido en el art. 195 de la LOJ, ni con respecto al tema de que no cumplirían los presupuestos objetivos para la falta impuesta.

Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Consejo de la Magistratura, mediante informe presentado el 7 de febrero de 2020, cursante de fs. 35 a 41 -advirtiéndose que si bien el mismo lleva el nombre de la co demandada, ella no suscribió dicho informe-, bajo los siguientes argumentos:

1. i)Los antecedentes fácticos de los que deviene esta demanda, se hallan contenidos en el proceso disciplinario seguido contra la ahora accionante y resuelto mediante Resolución Primera Instancia 001/2019 declarando probada la denuncia de Betzabé Arratia Ávila, Encargada de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura del Beni, contra Arakuji Raymi Ayaviri Omonte, ex Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de la Capital del referido departamento, por la comisión de la falta disciplinaria grave, prevista en el art. 187.14 de la LOJ, imponiéndole la sanción de un mes de suspensión del ejercicio de funciones, sin goce de haberes;
2. ii)Ante la interposición del recurso de apelación, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, mediante Resolución SP-AP 147/2019 confirmó la Resolución 001/2019;
3. iii)La solicitante de tutela identificó los siguientes actos presuntamente lesivos de parte de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, señalando que, los Consejeros ahora demandados al resolver el recurso de apelación omitieron pronunciarse respecto al dolo; y, que al emitirse "la Resolución de Primera Instancia" (sic), no se manifestó respecto al reclamo suyo, en sentido de no haberse demostrado que su actuar fue indebido;
4. iv)A tiempo de explicar las violaciones de sus derechos fundamentales, afirmó que las autoridades demandadas, al resolver el recurso de apelación interpuesto, habrían incurrido en actos ilegales e indebidos, vulnerando y suprimiendo sus derechos fundamentales;
5. v)Pese al desorden y la vaguedad del escrito de esta acción, es posible entender que el argumento central de la misma radica en que según la peticionante de tutela, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, al emitir la Resolución de segunda instancia omitió referirse al reclamo planteado de su parte, en cuanto al dolo y la inconcurrencia de elementos de prueba que demuestren que la conducta asumida por la prenombrada hubiere sido indebida como servidora judicial, a través de una insuficiente fundamentación y motivación, siendo incongruente; sin embargo, hace referencia a dichos fundamentos de manera muy superflua, sin identificar adecuadamente la forma en la que la Resolución SP-AP 147/2019 le hubiere agraviado o provocado menoscabo en sus derechos constitucionales, no correspondiendo que la Sala Constitucional del departamento del Beni, constituido en el Tribunal de garantías, supla la deficiencia observada, que torna hasta incomprensible el escrito de la presente demanda; advirtiéndose un afán notorio de evitar la ejecución de la sanción interpuesta en contra suya;
6. vi)El Consejo de la Magistratura, conforme a los arts. 193.I y 195.2 de la CPE, tiene atribuciones de control y fiscalización; asimismo, los arts. 164.I, 183.I.1, 5 y 8, y 185 de la LOJ establecen que tiene las funciones de ejercer control disciplinario e imponer sanciones establecidas en los arts. 186, 187 y 188 de la mencionada Ley;
7. vii)Al no haber identificado la mala apreciación o indebida aplicación de la ley y no señalar cuál es el error de hecho o de derecho en el que supuestamente incurrió la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, además, al no haber señalado cómo debió ser el razonamiento adoptado en el caso concreto, a través de la Resolución ahora impugnada, no es aplicable la tutela de esta demanda, por la propia negligencia de la impetrante de tutela;
8. viii)La Resolución cuestionada resolvió todos los puntos de agravio planteados, con la suficiente y debida motivación y fundamentación, que si bien no resulta ser ampulosa, es comprensible tanto de hecho como de derecho, dando lugar a la confirmación del fallo de primera instancia; y,
9. ix)La jurisprudencia constitucional ha procedido a denegar la tutela, cuando el accionante no precisó los puntos omitidos por el juzgador, así como los que carezcan de fundamentación o se encuentren insuficientemente motivados, así se tiene de la SCP 0180/2018-S3, solicitando se deniegue la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Segunda del departamento del Beni, mediante la Resolución 008/2020 de 7 de febrero, cursante de fs. 43 a 48 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que se dicte nueva resolución de segunda instancia, y que la peticionante de tutela corra con los gastos de remisión de obrados a este Tribunal, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)La Resolución SP-AP 147/2019, en el Considerando V inc. d) párrafo quinto, se pronunció sobre las pruebas de fs. 247 a 249 vta., donde hace una referencia a lo señalado por la Jueza de primera instancia, en base a lo cual corresponde evidenciar si se ha realizado la compulsa de las pruebas o no, al respecto, se evidencia que se realizó de manera genérica dicha compulsa, manifestando que en cuanto a las suplencias legales "...no coinciden en fecha y año a los hechos denunciados..." (sic), siendo que existen otras pruebas presentadas por la disciplinada -ahora peticionante de tutela-, respecto a las cuales no se pronunciaron, consistentes en fotocopias del libro de Tomas de Razón de los autos, de memorándums de designación en suplencia y otros cursantes en el cuaderno procesal, siendo que esa valoración de la prueba corresponde solo al Juez a quo, de lo cual debe dar un valor a cada una de ellas;
2. b)Los jueces ad quem solo pueden visualizar si dichas pruebas fueron evidentemente valoradas o no, pero no ingresan a valorarlas por los jueces de instancia; en el caso de autos, solo se evidencia que se hizo ese análisis de manera genérica, debiendo haberse observado que si se pronunciaron en relación a todas las pruebas y ante la denuncia de arbitrariedad en la valoración de la prueba por parte del Juez a quo, el Tribunal de alzada debe ejercer un riguroso control sobre tal valoración, si se lo ha realizado en los parámetros de la valoración integral;
3. c)La Resolución cuestionada no ha analizado de qué forma la impetrante de tutela ha demostrado una actitud dolosa, para luego determinar con precisión si los actos correspondían ser sancionados, puesto que de no existir dicho dolo o malicia en el actuar, no se puede señalar una sanción;
4. d)Se entiende que el dolo debe apreciarse en la conducta, en base a los elementos de prueba, pero ello no se visualiza; y,
5. e)Se debió haber fundamentado y motivado, indicando los parámetros a los cuales llegó la Resolución impugnada; en consideración de ello, se puede advertir que la dicha Resolución no cumplió con esos parámetros, pues tomando en cuenta los aspectos observados de la Resolución cuestionada, solo se hizo una enunciación genérica, con relación a que la disciplinada habría adecuado su actuar al art. 187.14 de la LOJ, y no se hizo un desglose ni se fundamentó, como se tiene observado en esta demanda, pues no se motivó ni fundamentó la forma en que llegaría a establecerse el dolo, tampoco se pronunciaron sobre todas las pruebas, lo cual es deber del Juez a quo y el Tribunal a quo, pues se debe visualizar si se realizó dicho trabajo de valorar, explicando y fundamentando el por qué se llegó a determinada convicción, como ser una sanción disciplinaria, estableciendo el dolo en la accionante.

II.1. Mediante Resolución 001/2019 de 18 de enero, el Juzgado Disciplinario Segundo de la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura del Beni, declaró probada la denuncia interpuesta por Betzabé Arratia Ávila, Encargada del Control y Fiscalización del señalado Consejo, contra la ahora impetrante de tutela, ex Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento del Beni, por falta disciplinaria grave, prevista en el art. 187.14 de la LOJ, imponiéndole la sanción de un mes de suspensión de sus funciones, sin goce de haberes, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)La denuncia planteada contra la disciplinada, señaló que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de parte, contra Alexander Ayala, por el presunto delito de estupro, se evidenció que la imputación formal presentada el 30 de julio de 2018 y el decreto de 14 de agosto de ese año, es decir, que la mencionada imputación ingresó a despacho diez días luego de su presentación y que el referido decreto no llevaba la firma de la ex servidora denunciada, tampoco cursaba en obrados el acta de suspensión de audiencia de 29 de agosto de 2018, hasta el 22 de noviembre del mismo año, que fue cuando se hizo la inspección por parte de Control y Fiscalización;
2. 2)La denunciada respondió señalando que la denunciante carecía de personería y legitimación activa para presentar denuncia en su contra, por no adecuarse la misma a lo previsto en el art. 195 de la LOJ, y además de ello señaló que, la denunciante incumplió el reglamento de la Unidad de Control y Fiscalización por no estar sus actuaciones enmarcadas en la normativa interna del Consejo de la Magistratura; asimismo, esgrimió que la ausencia de dichos actuados son consecuencia de la carga procesal, cursante en el Juzgado, siendo imposible que en el día se hubieran podido realizar las resoluciones, labrar las actas extensas y otros, y es justamente esa la situación que acarree que esté pendiente de desollarse el trabajo en dicho Juzgado, razón por la que no se subsume su conducta a la falta establecida por la denunciante, pues la omisión o retardo no es indebido, ya que nunca ha demostrado negligencia ni retardo dolosamente, en el desempeño de su labor en los diferentes Juzgados en los que ejerció suplencia, dedicándose horas extras al trabajo, para avanzar, inclusive trabajando fines de semana, debiendo declararse improbada la presente denuncia;
3. 3)Con relación a los hechos denunciados, de las pruebas aportadas por la denunciante y por la denunciada y la recolectada por el Juzgado, es evidente que el memorial de 30 de julio de 2018 de imputación formal y requerimiento de procedimiento abreviado, fue ingresado a despacho del Juez el 13 de agosto de ese año, como se tiene de sello de secretaría del Juzgado, tal cual se registró en el libro diario de 13 del mismo mes y año, es decir, que ingresó a despacho diez días de haber sido presentado, sin que exista ninguna aclaración o justificativo de ello;
4. 4)Con respecto a ese hecho denunciado, de acuerdo a lo previsto por el art. 94.I.1 de la LOJ, la denunciada debió pasar a despacho el memorial referido en el día y el justificativo de no haberlo hecho por ejercer suplencias legales, no es valedero, porque las fechas de las mismas no coinciden con los hechos denunciados, como se tiene de su lectura, cursando de fs. 225 a 231; asimismo, de las pruebas documentales, no se advierte ninguna nota de la Secretaria, justificando la demora advertida, por lo que al existir plena prueba que acredita la retardación indebida, se llega a subsumir su conducta al art. 187.14 de la referida Ley en su tercer elemento, relativo a retardación;
5. 5)De acuerdo a fs. 4 y 33, se tiene acreditado que la Secretaria denunciada no suscribió el decreto de 14 de agosto de 2018, omitiendo así uno de sus deberes más importantes previsto en el art. 94.I de la LOJ, consistente en dar fe de los decretos, autos, etc.; consiguientemente, subsumió su conducta al art. 187.14 de la citada Ley, en su componente omitir;
6. 6)La omisión de la denunciada de labrar el acta de 29 de dicho mes y año, es evidente, ya que de fs. 42 a 43 cursan los formularios de notificaciones del Juzgado de 29 de igual mes y año, lo que evidencia que la audiencia se instaló y se suspendió, fijándose nueva fecha de audiencia, y hasta el 22 de noviembre del citado año el acta no se arrimó al expediente, incumpliendo una de sus obligaciones previstas en el art. 187.4 de la LOJ, no existiendo justificativo para ello, pues se trataba de un acta de suspensión de audiencia, es decir, no es extensa, incurriendo así en falta grave; independientemente de que cause perjuicio o no a las partes, las Secretarias deben cumplir con el art. 94 de la LOJ; y,
7. 7)Por todo ello, se advierte responsabilidad en la denunciada, prevista en el art. 187.14 de la mencionada Ley, habiendo encontrado en sus actuaciones culpa (fs. 4 a 6 vta.).

II.2. Por memorial de 31 de enero de 2019, Arakuji Raymi Ayaviri Omonte -ahora accionante- planteó recurso de apelación contra la Resolución 001/2019, solicitando que se revoque la decisión asumida en su contra y se declare improbada la denuncia, bajo los siguientes argumentos:

1. i)De acuerdo al art. 38 del Reglamento de Control y Fiscalización, se incumplió con el procedimiento, pues no se habría notificado al Juzgado inspeccionado con los cinco días de anticipación previstos por la norma señalada o en su defecto se debió demostrar cuál era la denuncia que se hubiera realizado para la inspección efectuada; por otro lado, se debe tomar en cuenta el art. 195 de la LOJ, el cual no concurre en el caso de autos, ya que si bien dicho artículo hace referencia a que cualquier persona particular o servidor público puede presentar denuncias disciplinarias, debe existir un grado de afectación al denunciante, lo que no sucedió en este caso, pues no se demostró el agravio a la persona particular o servidor público denunciante, por todo ello, no se debería haber admitido la presente denuncia, sumándose a ello que no se cuenta con la legitimación activa de Betzabé Arratia Ávila, Encargada de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura del Beni;
2. ii)La ahora accionante, a tiempo de asumir el cargo de Secretaria, asumió no solo las causas de su gestión laboral, sino que saneó procesos antiguos, correspondientes a personal pasado, a quienes nunca se les inició proceso alguno, pese a los informes que se hizo conocer al Consejo de la Magistratura;
3. iii)Ejerció suplencia en diferentes juzgados, como el Juzgado Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, por febrero y abril hasta el 4 de mayo de 2018; asimismo, indicó que llevar dos juzgados es arduo, pero se fue poniendo al día, resultando imposible labrar en el día las actas extensas y otros, y ello generó atraso en el trabajo, pero no se subsume a la falta establecida por la denunciante, pues la omisión o retardo no es indebido, ya que no se le ha demostrado negligencia ni dolo como lo exige el art. 187.14 de la LOJ; también tuvo que lidiar con el hecho de que se le cambió una funcionaria subalterna, por otro que no colaboraba idóneamente, así como con la designación de una nueva auxiliar; vi) Trabajó en el Juzgado más allá del horario oficial, dejando su hogar para evitar inconvenientes en el desarrollo de sus funciones; sin embargo, por esa recarga laboral se han entre mezclado algunas actuaciones, pero no obedeció a una actuación dolosa o indebida de su parte, además no generaron perjuicio en las partes, siendo subsanables las mismas; incluso, por el esfuerzo demostrado, ha sido promovida de cargo; sin embargo, se omitió pronunciamiento respecto a sus suplencias, las cuales son atenuantes para poder justificar la sobre carga laboral;
4. v)La falta de firma del decreto de 14 de agosto de 2018 no generó ningún perjuicio, además no se ha demostrado el dolo, tampoco con la falta del acta de suspensión de audiencia aludida, menos se ha demostrado mora procesal, distinto hubiera sido que una de las partes del proceso en particular, hubiera reclamado ante dicho control jurisdiccional;
5. vi)La Jueza Disciplinaria no se pronunció sobre las siguientes pruebas: vi.a) Lista de inventario a la dejación del cargo de Secretaria; vi.b) Lista de archivo elaborada; vi.c) Fotocopia del libro de Tomas de Razón, donde se evidencia los informes de secretaría de las gestiones 2011, 2012, 2020 y siguientes; vi.d) Fotocopia de formulario de solvencia y memorándums de designación de suplencia en diferentes juzgados durante la gestión 2018; y, vi.e) Asimismo, ofreció la presentación del reporte de asistencias de ingreso y salida del trabajo; y,
6. vii)En base a dichos argumentos, plantea recurso de apelación, esgrimiendo el principio de proporcionalidad previsto en el art. 7 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental (fs. 7 a 9 vta.).

II.3. Mediante Resolución SP-AP 147/2019 de 13 de marzo, emitida por Omar Michel Durán y Dolka Vanessa Gómez Espada, Consejeros del Consejo de la Magistratura, confirmaron la Resolución 001/2019, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)En el recurso de apelación, la disciplinada argumentó que la denunciante Betzabé Arratia Ávila, Encargada de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura del Beni, no contaba con legitimación ni la personería suficiente para interponer la misma, aquello en virtud a lo normado por el art. 195 de la LOJ; del mismo modo, observó que para la realización de la inspección de 22 de noviembre de 2018 en su Juzgado, la unidad de Control y Fiscalización incumplió el art. 38 del Reglamento pertinente, pues no notificó con la debida anticipación para dicha inspección; asimismo, que siempre ha contado con mucha carga laboral, pues saneó procesos que no correspondían a su gestión; en cuanto al proceso penal objeto de inspección, posiblemente haya ingresado a despacho la imputación formal con diez días de retraso, que no haya suscrito un decreto y que omitió labrar el acta de 29 de agosto del citado año, pero ello se debió a que ejercía suplencias legales, además no son indebidas esas omisiones, pues nunca su persona demostró negligencia en su trabajo y precisamente la autoridad disciplinaria de primera instancia omitió pronunciarse respecto a las suplencias ejercidas; igualmente esgrimió que si bien era cierto que la mencionada acta de audiencia no fue labrada oportunamente, no se demostró daño o perjuicio doloso que hubiera provocado esta conducta, lo mismo en el caso del decreto de 14 de igual mes y año que no suscribió; finalmente, refirió que trabajó horas extras, habiendo realizado inventario y archivo de causas y otras obligaciones previstas, siendo injusta la sanción impuesta en su contra;
2. b)De la lectura de los argumentos de la apelación, se observa que todos están dirigidos a impugnar la denuncia, sin considerar que en grado de apelación, lo que se impugna es el fallo de primera instancia y los agravios que la parte cree haber sufrido a partir de su contenido, lo que no sucede en este caso, pues no se identifica cuestionamiento al fallo de la Jueza de primera instancia;
3. c)De la lectura de los argumentos en los que se sustenta la apelación -a excepción únicamente de lo referido a la presunta omisión de valoración de las documentales que demuestran las suplencias realizadas por la apelante- se observa, en primer término, que todos están dirigidos a impugnar la denuncia, sin considerar que en grado de apelación, lo que se impugna es la Resolución de primera instancia y los agravios que la parte cree haber sufrido a partir de su contenido, lo que no sucede en el caso objeto de análisis, pues no se identifica cuestionamiento al fallo emitido por la mencionada Jueza, razones suficientes para desestimar su pretensión; sin embargo, a efectos de brindar mayor claridad a la apelante, del texto del fallo de primera instancia, se puede colegir que la referida Jueza identificó de forma clara los argumentos ahora expuestos, percatándose que dentro del proceso penal del Ministerio Público contra Alexander Ayala, por la presunta comisión del delito de estupro, el memorial de imputación formal y solicitud de procedimiento abreviado de 30 de julio de 2018 fue ingresado a despacho el 13 de agosto de ese año, es decir, con una demora de diez días, incumpliendo con su obligación del art 94.I.1 de la LOJ; asimismo, la referida autoridad en base a la valoración de los elementos de prueba, asumió convicción de que el decreto de 14 de agosto del mismo año no llevaba firma de la funcionaria denunciada, contraviniendo el art. 94.I.3 de dicha Ley; finalmente, se ha percatado de la omisión en la elaboración del acta de audiencia de 29 de igual mes y año, incumpliendo el art. 94.I.4 de la citada Ley; concluyendo con razonabilidad y a partir de esos tres extremos puntuales ya referidos, que el accionar de la denunciada se adecuó a los elementos de la falta disciplinaria, prevista en el art. 187.14 de la LOJ, verificándose que las inquietudes de la recurrente fueron ya atendidas en la Resolución impugnada, sobre la cual este Tribunal no identificó agravios concretos, a excepción de la ya referida presunta omisión de valoración de los elementos de prueba, que demuestran las suplencias que cumplió la disciplinada; sin embargo, tal afirmación no es verdadera, por cuanto del Considerando V inc. d) párrafo quinto del fallo impugnado, se señaló que las "...licencias no coinciden en fecha y año a los hechos denunciados, como se tiene por la lectura de las mismas que cursan de fs. 225 a 231"(sic); y,
4. d)En la apelación analizada, la recurrente no manifestó con claridad su desacuerdo con la Resolución emitida, esgrimiendo argumentos genéricos y señalando aspectos de la denuncia, sin identificar elementos concretos de análisis y peor establecer la necesaria relación de causalidad entre los hechos o actos jurisdiccionales que juzga incorrectos y la decisión finalmente asumida, aspectos que impiden ingresar a realizar mayores consideraciones en relación al análisis de los supuestos agravios (fs. 10 a 15). II.4. Cursa Memorándum RRHH-CM-BE-SD 019/2019 de 30 de diciembre, emitido por Elías Pinto Rodríguez, Encargado de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura del Beni, dirigido a Arakuji Raymi Ayaviri Omonte -ahora peticionante de tutela-, refiere que en cumplimiento de la Resolución 001/2019, emitida por la Jueza Disciplinaria Segunda de la Oficina Departamental del Consejo de la Magistratura del Beni, Resolución SP-AP 147/2019 y Auto de Firmeza de 2 de diciembre de 2019, dentro del proceso disciplinario 036/2018 seguido por Betzabé Arratia Ávila, Encargada de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura del Beni, contra la disciplinada -ahora accionante-, ex Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de la Capital del referido departamento, actualmente ejerciendo las funciones de "Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de San Ignacio" (sic), donde se resolvió probada la denuncia en su contra, por la falta disciplinaria grave prevista en el art. 187.14 de la LOJ, por lo que se la sanciona con la suspensión del ejercicio de sus funciones por un mes sin goce de haberes, a partir del 10 de febrero de 2020, debiendo retornar a sus funciones el 10 de marzo de ese año (fs. 3).

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, así como el principio de seguridad jurídica, por cuanto, habiéndose emitido en su contra la Resolución 001/2019 de 18 de enero, dentro del proceso disciplinario que se le siguió por sus funciones cuando era Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento del Beni, apelada la misma, los Consejeros demandados confirmaron la sanción de un mes de sus funciones sin goce de haberes, a través de la Resolución SP-AP 147/2019 de 13 de marzo -ahora cuestionada-, habiendo incurrido en las siguientes presuntas ilegalidades:

1. i)Omitieron pronunciarse sobre el petitorio realizado por la ahora solicitante de tutela en su recurso de apelación, en relación al dolo y a que no se hubiera demostrado que sus actos fueron indebidos, pues no actuó con dolo ni negligencia; y,
2. ii)Tampoco se pronunciaron con respecto a lo establecido en el art. 195 de la LOJ, ni al tema de que no cumpliría los presupuestos objetivos para la falta impuesta.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada y para tal efecto, se desarrollarán las siguientes temáticas:

1. a)Del debido proceso en su elemento congruencia;
2. b)El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso;
3. c)De la falta disciplinaria descrita en el art. 187.14 de la LOJ y del inicio del proceso disciplinario e inicio de investigación dispuesto en el art. 195 de dicha Ley; y,
4. d)Análisis del caso concreto. III.1. Del debido proceso en su elemento congruencia

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, así como el principio de seguridad jurídica, por cuanto, habiéndose emitido en su contra la Resolución 001/2019 de 18 de enero, dentro del proceso disciplinario que se le siguió por sus funciones cuando era Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento del Beni, apelada la misma, los Consejeros demandados confirmaron la sanción de un mes de sus funciones sin goce de haberes, a través de la Resolución SP-AP 147/2019 de 13 de marzo -ahora cuestionada-, habiendo incurrido en las siguientes presuntas ilegalidades:

1. a)Omitieron pronunciarse sobre el petitorio realizado por la ahora solicitante de tutela en su recurso de apelación, en relación al dolo y a que no se hubiera demostrado que sus actos fueron indebidos, pues no actuó con dolo ni negligencia; y,
2. b)Tampoco se pronunciaron con respecto a lo establecido en el art. 195 de la LOJ, ni al tema de que no cumpliría los presupuestos objetivos para la falta impuesta.