1110/2022-S3

Posteriormente, la Fiscal de Materia ahora coaccionada emitió la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia de 6 de mayo de 2020, la cual fue objetada ante el Fiscal Departamental hoy accionado, quien mediante Resolución Fiscal Departamental RRMM 139/21 de 9 de marzo de 2021, dispuso de manera ilegal y arbitraria la ratificación de la referida Resolución Fiscal de Rechazo, incurriendo en:

1. a)Omisión en la valoración de las pruebas producidas, específicamente del allanamiento de 24 de abril de 2019, efectuado en el inmueble ubicado en Av. Virgen de Cotoca entre Tercer y Cuarto anillo, donde se encontraba el ahora tercero interesado y la maquinaria de propiedad de la empresa ENVACRUZ Ltda., las cuales fueron precintadas y fotografiadas, quedando en calidad de secuestro; y, la declaración informativa del "acusado" de 13 de mayo de igual año, en la que en la parte final, el Investigador asignado al caso pidió que indique si tenía algo más que decir, y ante ello, el tercero interesado reconoció expresamente "'QUISIERA DEVOLVER LAS MAQUINAS'"; por lo que, fue él quien las sustrajo;
2. b)Falta de fundamentación y motivación suficiente, al no expresar las razones o los motivos por los que no se hizo valer el allanamiento de 24 de abril de ese año y la declaración del "acusado";
3. c)Falta de congruencia; ya que, por un lado se reconoció el citado allanamiento y la declaración del acusado, que demostró que tenía la maquinaria en su poder; empero, por otro lado, el Fiscal Departamental hoy accionado señaló que "...las maquinas en cuestión habrían sido sustraídas por el denuncia, quien a su vez habría trasladado las mismas hasta un domicilio ubicado en la Av. Virgen de Cotoca, donde presuntamente funcionaria una empresa clandestina de propiedad del denuncia, aspecto que fue desvirtuado a través del allanamiento realizado al lugar donde se evidenció la presencia de máquinas industriales, pero no se trata de las mismas maquinas objeto de la denuncia, ya que de acuerdo a las fotocopias simples de los documentos privados de transferencia de activos, estas habrían sido entregadas en calidad de venta a una tercera persona..." (sic); situación que no es cierta; puesto que, el acta de allanamiento es muy clara al expresar que el ahora tercero interesado tiene esas máquinas en su poder, siendo de propiedad de la empresa ENVACRUZ Ltda., y que no explicó cómo fueron conducidas de una empresa a la otra, cuando en la investigación de las pruebas recolectadas se evidenció que el hoy tercero interesado las trasladó; sin embargo, tenía la intención de devolverlas; y,
4. d)En cuanto a la falta de cumplimiento a los principios de legalidad y verdad material, no valoró el acta de allanamiento tantas veces mencionado.

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

1. 1)La nulidad de la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia de 6 de mayo de 2020, emitida por la Fiscal de Materia ahora coaccionada;
2. 2)La nulidad de la Resolución de rechazo de denuncia de la citada fecha -siendo lo correcto Resolución Fiscal Departamental RRMM 139/21 de 9 de marzo de 2021-, dictada por el Fiscal Departamental hoy accionado; y,
3. 3)Que el Fiscal Departamental hoy accionado, emita nueva resolución, revocando la citada Resolución de rechazo de denuncia y, que la Fiscal de Materia ahora coaccionada emita una nueva resolución de imputación formal contra el hoy tercero interesado.

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, mediante informe presentado el 16 de agosto de 2021, cursante de fs. 298 a 326, manifestó que:

1. i)La Resolución Fiscal Departamental RRMM 139/21, fue emitida aplicando la garantía y el derecho al debido proceso, en sus elementos de fundamentación y motivación, lo que significa que toda autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador pueda comprenderla; puesto que, la estructura de una resolución en el fondo como en la forma dejará pleno convencimiento a las partes que se actuó no solo conforme a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos que dirigen al juzgador, eliminándose cualquier tipo de interés y parcialidad, y de acuerdo a ello, la señalada Resolución Fiscal Departamental cumplió con ese deber de exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y la cita de las normas que sustentan su parte dispositiva;
2. ii)Respecto a la motivación, se aclara que la resolución emitida puede ser concisa y clara, y aun así satisfacer todos los puntos demandados; sin embargo, los accionantes no demostraron cuál es la relevancia constitucional de la alegada arbitraria e insuficiente fundamentación y motivación; es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se cuestionó a través de la acción de amparo constitucional;
3. iii)Lo único que pretenden los accionantes es desestabilizar y desacreditar la labor del Ministerio Público, institución que se maneja en el marco de la ética y transparencia, sometida y enmarcada a la Constitución Política del Estado, la legalidad, y de ninguna manera, será un instrumento o botín político, ni mucho menos ejercerá presiones u hostigamientos que se encuentren alejados de los principios de independencia e imparcialidad que rige al Órgano Judicial y al Ministerio Público;
4. iv)En cuanto a la falta de valoración integral de la prueba, no corresponde a la jurisdicción constitucional valorar la prueba producida dentro de la sustanciación de un proceso sea judicial o administrativo; por cuanto, la facultad de valoración de prueba es privativa y les corresponde a los órganos ordinarios competentes;
5. v)Con referencia al derecho a la defensa, en virtud al entendimiento asumido en la SC "1428/2005" no se puede desconocer dicho derecho en cumplimiento al principio de igualdad procesal que asiste también al imputado; por lo que, una vez efectuada la impugnación u objeción al rechazo por cualquiera de las partes, esta debe ser notificada a ambas partes;
6. vi)Con relación a la falta de cumplimiento de los principios de legalidad y verdad material, se debe tomar en cuenta que el juzgador se encuentra constreñido al análisis objetivo de los hechos y elementos de prueba al momento de emitir cualquier pronunciamiento, por cuanto las reglas procesales, si bien son exigibles en su cumplimiento; empero, no pueden anteponerse a la veracidad fáctica que debe primar sobre la formalidad procesal, lo que derivará indefectiblemente en la resolución del conflicto y la materialización del valor de justicia;
7. vii)Sobre la interpretación de la legalidad, la cual es labor de la jurisdicción ordinaria, corresponde a la jurisdicción constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se quebrantaron los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso, a los que se encuentran vinculados todos los operadores de justicia, en razón a que a la jurisdicción constitucional le compete otorgar la protección requerida a través de las acciones de tutela establecidas por los arts. 18 y 19 de la CPE, ante vulneraciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales, lo que significa que los órganos de la jurisdicción ordinaria deben sujetar su labor interpretativa a las reglas admitidas por el derecho; y,
8. viii)Por lo anterior, solicitó se deniegue la tutela.

Carlos Cueto Flores a través de su abogado en audiencia, manifestó que:

1. a)La acción de amparo constitucional se fundó en la supuesta falta de valoración del Acta de allanamiento de 24 de abril de 2019, y a su declaración informativa, y que según los accionantes reconoció que tenía la intención de devolver la maquinaria; empero, de manera temeraria los nombrados eludieron mencionar que las máquinas encontradas en el allanamiento de referencia no tienen nada que ver con las del objeto del proceso penal, es más fueron entregadas por los nombrados de manera legal a su persona bajo constancia de recibo de uno de los funcionarios que estaba a cargo de los depósitos, de lo cual se infiere su mala fe, pretendiendo utilizar esa acta y su declaración de forma temeraria;
2. b)De esa manera, no existe omisión en la valoración de la prueba;
3. c)Por otro lado, la acción tutelar se fundó en una tergiversación o descontextualización total de su declaración informativa, ya que los accionantes se limitaron a sostener que admitió tener en su poder las máquinas objeto de la denuncia, lo cual no fue cierto; por cuanto, de la lectura de su declaración, se advierte que no admitió que en ese allanamiento se encontró la maquinaria objeto de la denuncia penal; al contrario, expresó que las máquinas fueron vendidas por el accionante el 6 de marzo de 2017, al Sr. "Biun Xan In" de la fábrica de plásticos SOON-WHA Ltda.; por lo que, en su declaración informativa indicó su intención de devolverlas; puesto que, son chatarra, y al señalar aquello, se refirió a las máquinas que fueron legalmente adquiridas, por otro concepto que no tiene nada que ver con la investigación penal;
4. d)De esa manera, los accionantes forzaron su declaración informativa, "falseando" la verdad;
5. e)Por aquello, la Fiscal de Materia ahora coaccionada valoró de manera legal la prueba;
6. f)El proceso laboral cuenta con "Sentencia" y radica en el Tribunal Supremo de Justicia, lo que los accionantes pretenden es ejercer presión sobre su persona "...para evitar de que el mismo sobre sus beneficios sociales..." (sic);
7. g)Por lo mencionado, el Fiscal Departamental hoy accionado efectuó un razonamiento de contenido de los elementos indiciarios recolectados de manera armónica y bajo las reglas de objetividad y sana crítica, concluyendo que se evidenció la falta de acción en el hecho denunciado, ya que no se logró demostrar que su persona se apoderó ilegalmente de las máquinas objeto del proceso penal;
8. h)De esa manera, no se advirtió la vulneración de los derechos alegados por los accionantes; puesto que, la Resolución Fiscal Departamental RRMM 139/21 se encuentra debidamente fundamentada y motivada;
9. i)Por otra parte, denuncia que los accionantes se apropiaron de aproximadamente quince años de aportes al proceder a su desafiliación de la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP); razón por la cual, no puede gozar de una jubilación y renta; a pesar de padecer una enfermedad terminal de cáncer y diabetes; y,
10. j)Ante ello, solicitó se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 113/21 de 17 de agosto de 2021, cursante de fs. 330 a 332, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos:

1. 1)La acción de defensa deriva de un proceso penal iniciado el 2018 por parte de los trabajadores de la empresa ENVACRUZ Ltda., contra el ahora tercero interesado, por la presunta comisión del delito de hurto de maquinaria de la referida empresa, conforme se indicó en la acción de amparo constitucional; en ese entendido, el proceso penal se desarrolló respecto a otras máquinas, que supuestamente fueron legalmente transferidas por los accionantes, y de esa manera, según los ahora accionados al no existir elementos probatorios que sustenten una acusación formal para sostener un proceso penal, la Fiscal de Materia hoy coaccionada rechazó la denuncia; determinación que fue objetada por los accionantes, mereciendo la Resolución Fiscal Departamental RRMM 139/21, que ratificó la Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia de 6 de mayo de 2020, encontrándose la referida Resolución debidamente fundamentada y motivada, y no tiene vicios de incongruencia, ya que fueron valorados los elementos probatorios que cursaron en la acción tutelar;
2. 2)Analizada la Resolución Fiscal Departamental, efectuó una exposición de los antecedentes de la problemática planteada a partir de los elementos citados; concluyendo que los mismos no fueron suficientes para sostener el proceso penal de una acusación por parte del Ministerio Público, y en ese entendido, también realizó una valoración taxativa de todos los elementos probatorios, todo en cuanto se puede implementar por parte de la Policía Boliviana bajo la dirección de la Fiscal de Materia ahora coaccionada, llegando a la conclusión "...de que no era procedente la citación para ellos..." (sic); consecuentemente, bajo ese entendimiento, la indicada Resolución Fiscal Departamental consignó que no existe vulneración alguna; y,
3. 3)De la revisión que efectuó esa Sala Constitucional, la misma evidenció que contiene una exposición de todos esos elementos y antecedentes, advirtiéndose la valoración de cada uno de los elementos probatorios, y que las condiciones materiales para continuar el proceso están dadas, bajo ese entendimiento y al evidenciar que la referida Resolución Fiscal Departamental se encuentra debidamente fundamentada y motivada, y que no omitió ningún elemento probatorio, no se advirtió la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia.