Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1111/2019-S1 Sucre, 27 de noviembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 24928-2018-50-AAC Departamento: Santa Cruz 24955-2018-50-AAC (Acumulado) Chuquisaca
En revisión la Resolución 02/2018 de 16 de julio, cursante de fs. 671 a 676, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marcelo Enrique Pantoja Soncini en representación legal de la Sociedad de Administración Agrícola Sociedad de Responsabilidad Limitada (ADAGRO S.R.L.) contra María Tereza Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panozo, actuales Magistradas, (expediente 24928-2018-50-AAC); y, la Resolución 07/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 474 a 478, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José María Caballero Alcocer en representación legal de la empresa AGROPECUARIA BOLFARM Sociedad Anónima (S.A.) contra las autoridades antes nombradas; y, Juan Ricardo Soto Butrón y Gabriela Cinthia Armijo Paz, ex Magistrados todos de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental (expediente 24955-2018-50-AAC).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
- 1)Expediente 24928-2018-50-AAC
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de julio de 2018, cursante de fs. 503 a 506 vta., la parte accionante, manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 3 de abril de 2017, Ernesto Suárez Suárez a través de su representante legal, interpuso demanda contenciosa administrativa en contra de la Resolución Administrativa (RA) RA-SS 1609/2016 de 2 de agosto, emitida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como emergencia del proceso de saneamiento del polígono 118, concerniente a los predios "La Pascana", "Tarope" y "San Fernando", ubicados en el municipio Cuatro Cañadas, provincia Ñuflo Chávez del departamento de Santa Cruz, en la que se consignó a José Fernando Romero Pinto como representante de la empresa ADAGRO S.R.L., solicitando que sea citado mediante exhorto dirigido al Juez Agroambiental de Concepción del mismo departamento, a objeto de notificarlo en la localidad de Saturnino Saucedo, municipio Cuatro Cañadas en razón de competencia legal y territorial de ese juzgado, a lo cual las "autoridades demandadas" el 18 de mayo de 2017, admitieron la demanda ordenando inicialmente de manera errónea que la misma sea notificada a José Fernando Romero Pinto y Guillermo Stewar Harrison como terceros interesados en calidad de personas naturales, y no así a las empresas afectadas entre ellas a la sociedad ADAGRO S.R.L., por tener derecho propietario reconocido en la Resolución impugnada.
No obstante ello, las diligencias de notificación se practicaron al margen de lo establecido en la ley, cuando resultaba bastante claro que las mismas debieron ser efectuadas a las personas jurídicas en calidad de terceras interesadas y mediante una autoridad judicial competente por ley en razón de territorio, dos aspectos fundamentales que fueron omitidos, vulnerando el derecho a la defensa, por cuanto la sociedad ADAGRO S.R.L. nunca tomó conocimiento de las actuaciones desarrolladas, pues las notificaciones habrían sido dejadas mediante cédula el 20 de junio -no indica año- en su domicilio; empero, la empresa ADAGRO S.R.L. no logró tener conocimiento de esa actuación procesal que desde su inicio estuvo viciada, no pudiendo ejercer una representación y defensa legal y técnica durante todo el proceso.
Posteriormente, el 28 de junio de 2017, las autoridades demandadas determinaron por debidamente diligenciada la orden instruida devuelta por el Juzgado comisionado, sin evidenciar las omisiones referidas que las invalidaban, debiéndose tener en cuenta además, que a partir de la supuesta notificación realizada mediante cédula a los terceros interesados, se desarrollaron diversas actuaciones procesales propias del contencioso administrativo, las que nunca fueron notificadas a los terceros interesados mediante cédulas colocadas en los tableros del Tribunal Agroambiental, lo que torna evidente que el proceso fue llevado a cabo sin que las partes identificadas como terceros interesados, tengan un efectivo y real conocimiento del mismo.
Respecto a la excepción al principio de subsidiariedad, se alude que si bien la acción de amparo constitucional procede cuando se hayan agotado todos los recursos ordinarios que el ordenamiento jurídico dispensa a los justiciables, dicha regla halla su excepción en el caso de daño irreparable, en el que la protección resultaría ineficaz por tardía, por lo que es posible aun cuando existan otros medios o recursos y éstos no logran la eficacia esperada, conciliar el principio de subsidiariedad, otorgando una tutela provisional inmediata destinada a evitar la consumación del hecho invocado como lesivo del derecho fundamental.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
La parte impetrante de tutela considera vulnerados los derechos a la "seguridad jurídica", al debido proceso en sus componentes de derecho a la defensa y a un proceso justo, a la tutela "legal" efectiva, a la propiedad y posesión; citando al efecto los arts. "7 inc. a)", 109, 110, 115, 116, 117, 118, 119, 129, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia:
- a)Se anule la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 124/2017 de 1 de diciembre, ordenándose la emisión de una nueva resolución de acuerdo a los parámetros establecidos en el fallo a dictarse;
- b)Se mantenga la posesión única e irrestricta de la sociedad ADAGRO S.R.L. y de Marcelo Enrique Pantoja Soncini en el fundo "San Fernando";
- c)Se instruya al Comando Departamental de la Policía Boliviana, disponer las medidas necesarias para mantener en posesión antes descrita, no dando curso a cualquier alteración que pretenda perturbar la quieta y pacífica posesión; y,
- d)Se encomiende al Ministerio Público de San Julián y Cuatro Cañadas que con el objeto de lograr y mantener la paz social, se encargue de velar por lo establecido en la sentencia constitucional a emitirse.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 16 de julio de 2018, según consta en el acta cursante de fs. 668 a 670 vta., se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
La parte peticionante de tutela a través su abogado, ratificó y reiteró los argumentos expuestos en su memorial de demanda de la presente acción de amparo constitucional, y ampliando los mismos, refirió:
- 1)Considerando el legislador que el proceso de saneamiento es largo y tedioso, precisamente estableció que no solo el propietario sino también el poseedor tiene el derecho constitucional de acceder a la tierra hasta que su situación sea definida por el INRA y confirme su derecho de posesión, convirtiéndola en su propiedad, pero mientras tanto esa posesión tiene que estar garantizada; en el presente caso, quien ostenta la posesión son sus personas y no los ahora terceros interesados que permanentemente hostigan a la parte accionante;
- 2)Lo que se solicita en esta acción tutelar es que se anule la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 124/2017, y se mantenga su posesión, la misma que quede exenta de peligro, dando curso a sus cuatro solicitudes;
- 3)En cuanto al principio de subsidiariedad, se debe considerar que si recurrimos al Tribunal Agroambiental, la Sentencia cuestionada ya se encuentra ejecutoriada porque no admite recurso ulterior, por lo que la vía ya se encuentra agotada;
- 4)Respecto al principio de inmediatez, cabe hacer notar que, se encuentran dentro de los seis meses, considerando que no fueron notificados con dicha Sentencia, y por otro lado si se accionará en otra vía demoraría varios años, y ya se encontrarían avasallados; y,
- 5)La legitimación activa esta "encaminada" en los documentos respecto a su posesión, trabajo en el fundo agrícola y certificaciones alodiales originales actualizadas que acreditan su derecho de propiedad respecto al predio "San Fernando" con la matrícula correspondiente.
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