1111/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1111/2022-S1 Sucre, 5 de octubre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 38409-2021-77-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 199/2020 de 16 de octubre, cursante de fs. 234 a 237 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Esther Gutiérrez Ortiz contra Marvin Gonzalo Aguirre Romay, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza - Rector de la Universidad Policial (UNIPOL) "Mcal. Antonio José de Sucre".

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de septiembre de 2020, cursante de fs.131 a 135 vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la gestión 2017 mientras cursaba el primer año de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL), por su estado de gravidez se dispuso su baja médica con derecho a reincorporación por el lapso de un año académico, mediante Resolución Administrativa (RA) 148/2017 de 21 de agosto, emitida por el Consejo de la ANAPOL, debiendo solicitar su reincorporación en la gestión 2018; por lo que, una vez que solicitó su reincorporación, el mencionado Consejo emitió la RA 083/2018 de 25 de mayo, disponiendo su reincorporación otorgándole un plazo de veinticuatro horas para su presentación a partir de su notificación -efectuada el 5 de julio de 2018-; es decir, la fecha de su reincorporación era el 6 de igual mes y año; sin embargo, no pudo presentarse por causas de fuerza mayor, como ser su delicado estado de salud y el de su hija recién nacida, que tras haber sido intervenida quirúrgicamente -cesárea- padeció un cuadro agudo de anemia, además de una afectación de su psiquis, por la desidia del padre de su hija, quien la abandono en su estado de gestación, factores que influyeron de manera directa para que no se presente en la fecha indicada.

El 3 de octubre de 2018, superadas sus aflicciones médicas y psicológicas, a tiempo de justificar su inasistencia, presentó certificado médicos y solicitó su reincorporación a la ANAPOL; la cual, fue rechazada sin fundamento alguno; de igual forma, todas las reiteraciones posteriores fueron desestimadas sin sustento legal; es así que, el 15 de agosto 2019, el Consejo de la ANAPOL dictó el Auto Motivado 002/2019, rechazando su solicitud, amparándose erróneamente en el principio de preclusión de derechos; razón por la cual, el 14 de octubre de 2019, formuló recurso de apelación en observancia del art. 31 del Reglamento de Organización y Funciones de la ANAPOL, concordante con el art. 64 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-, reclamando la vulneración del debido proceso previsto en los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 87 del Reglamento Disciplinario de la UNIPOL, obteniendo en consecuencia el Auto Motivado 005/2019 de 21 de octubre, emitido por el indicado Consejo, rechazando su petición de reincorporación sin sustento legal de una norma que avale tal decisión; lo que motivó que el 2 de diciembre de 2019 planteara recurso de apelación de acuerdo al art. 32 del citado Reglamento, concordante con el art. 66 de la LPA, que fue resuelto por el Rector de la UNIPOL, mediante Auto Motivado 04/2020 de 3 de marzo, a través del cual confirmó los Autos Motivados 002/2019 y 005/2019, disponiendo su baja definitiva sin derecho a reincorporación, determinación asumida sin previamente instalarse un proceso disciplinario en su contra, además de que no absolvió ni se pronunció sobre sus reclamos y argumentos legales, resultando un fallo incompleto e ilegal; puesto que, ante su supuesta ausencia injustificada, debió ser procesada por la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, conforme establece el art. 77.24 del Reglamento Disciplinario de la UNIPOL, por incurrir presuntamente en la falta grave de deserción, debiendo instaurarse un proceso interno en su contra, en observancia del derecho al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia; asimismo, se lesionó su derecho a la educación, pues no existe resolución debidamente fundamentada que resuelva el fondo del conflicto; es decir, como resultado de un debido proceso.

El mencionado artículo señala "Incurrir en deserción, que es la inasistencia a tres Partes de Diana de manera consecutiva"; asimismo, los arts. 87 al 102 del mismo Reglamento, establecen los parámetros legales del proceso sumario interno, señalando las competencias y atribuciones de las autoridades dentro del proceso disciplinario a ser instaurado contra una Dama o Caballero Cadete de la ANAPOL, normativa que no se aplicó a su caso, puesto que ante su inasistencia el día indicado, se le debió iniciar un proceso disciplinario en observancia de las reglas del debido proceso y sus elementos componentes que garantizan la administración de justicia, hecho objetivo que fue reconocido de manera expresa por el Informe 004/2020 de 14 de febrero, emitido por el Asesor Jurídico, en el que se afirma que se debió instalar un sumario interno en su contra ante su ausencia injustificada; sin embargo, la autoridad demandada afirmó que su persona nunca adquirió la calidad de Dama Cadete, en ese sentido no corresponde que sea procesada como tal, en virtud que nunca se incorporó a la unidad académica, lo cual resulta una falacia.

Esos fueron los argumentos que presento ante la autoridad demandada, a efectos de obtener una respuesta favorable en cuanto a la vulneración de su derecho de conseguir una titulación y educación superior, o por lo menos merecer una contestación razonada e inteligible del porque no tiene derecho a ser reincorporada sobre la base de datos y cada uno de los antecedentes del proceso administrativo; empero, no se le otorgó respuesta sobre sus planteamientos y se limitaron a copiar normas, así como conceptos que no condicen con la pretensión original, aspecto lesivo, pues desconoce los motivos por los que se le niega su derecho a la educación a partir de una resolución que contenga la suficiente motivación como resultado del debido proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; derecho a la defensa, a la educación y permanencia, a la garantía del debido proceso; y, al principio de legalidad, citando al efecto los arts. 82.I, 117.II y 119.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga la nulidad del Auto Motivado 04/2020 de 3 de marzo, emitido por el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza - Rector de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre"; y en consecuencia, "...se dicte nueva resolución que con razonable motivación y congruencia absuelva a todos y cada uno de mis reclamos y argumentos legales, reconduciendo además los lineamientos del debido proceso (...). Situación altamente favorable a mi persona, toda vez que se me permitiría asumir defensa dentro de un debido proceso" (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública se realizó el 16 de octubre de 2020, según consta en acta cursante de fs. 230 a 233 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 29 de diciembre de 2021, cursante a fs. 250, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo del plazo para la emisión de la presente Sentencia, habiéndose reanudado dicho plazo, de acuerdo a decreto de 28 de septiembre de 2022 cursante a fs. 451.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:

II.1. Cursa RA 148/2017 de 21 de agosto, emitida por el Consejo de la ANAPOL, que resolvió autorizar el retiro con derecho a reincorporación de la Dama Cadete María Esther Gutiérrez Ortiz -ahora impetrante de tutela-, del primer curso de formación profesional paralelo "A", por el lapso máximo de un año calendario, quien deberá presentar su solicitud expresa de reincorporación antes de la finalización del primer semestre académico de la gestión 2018 para su valoración y pronunciamiento por el cuerpo colegiado y de no hacerlo disponer la preclusión de este derecho; asimismo, se dispuso la condición sine qua non para autorizar la reincorporación, la presentación de certificado médico expedido por el especialista del Hospital Policial, el cual debe señalar expresamente que se encuentra apta para desarrollar actividades física, académicas y otras inherentes a la formación impartida (fs. 5 a 7).

II.2. Mediante RA 083/2018 de 25 de mayo, el Consejo de la ANAPOL, dispuso, entre otros, la reincorporación de la peticionante de tutela al primer curso de formación profesional, disponiendo que esta debía presentarse en esa Unidad Académica de Pregrado dentro de las veinticuatro horas posteriores a su legal notificación de 5 de julio del indicado año; entre otras cosas, señalando que en caso de incumplimiento quedaría precluido su derecho a la reincorporación; asimismo, se le conminó al cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Admisión, Permanencia, Retiro y Egreso de la ANAPOL, (fs. 8 a 9 vta.).

II.3. Por memorial presentado el 3 de octubre de 2018, la ahora solicitante de tutela solicitó al Director de la ANAPOL, se reconsidere su reincorporación al primer curso de formación profesional (fs. 10 a 11).

II.4. Cursa Certificado médico de 3 de octubre de 2018, emitido por Maite Leiva Ginecoobstetra de la Clínica Policial "Virgen de Copacabana", certificando que: "Por este medio certifico que la paciente María Esther Gutiérrez Ortiz tuvo hace 4 meses parto distócico por cesárea, por lo que sugiero deba abstenerse de realizar esfuerzo físico intenso al menos por un periodo de tiempo de 6 meses. A partir del día de hoy sugerimos retorne en un mes y medio más" (sic [fs.18]).

II.5. Por Informe 146/2018 de 8 de octubre, Manuel Alejandro Lira Ortiz, Asesor Jurídico de la ANAPOL, sugirió la remisión de antecedentes al Consejo Académico para su tratamiento y consideración de acuerdo a lo solicitado por la accionante (fs. 12 a 14).

II.6. A través de memoriales presentados el 16 de noviembre de 2018 y 19 de marzo de 2019, la impetrante de tutela reiteró su solicitud de reincorporación a la ANAPOL, ya que no pudo presentarse debido a su estado de gravidez, intervención quirúrgica -cesárea- y enfermedad -cuadro agudo de anemia- (fs. 19 a 22 vta.).

II.7. Por proveído de 1 de abril de 2019, el Presidente del Consejo de la ANAPOL, manifestó que

"...la impetrante; no ha motivado en debido momento la postergación de la incorporación por los motivos expuestos en el presente memorial; la misma que debía estar sujeta a la normativa interna vigente, no siendo viable su solicitud, en razón de que habrían vencido los plazos procesales súper abundantemente y precluido su derecho a la reincorporación de acuerdo a la Resolución Administrativa No. 083/2018 de fecha 25 de mayo del 2018. Por lo que NO HA LUGAR a su pretendida solicitud" (sic [fs. 28]).

II.8. Consta escrito presentado el 30 de mayo de 2019, por el cual, la peticionante de tutela reiteró su solicitud de reincorporación y en caso de negativa se emita Auto Motivado (fs. 29 a 31); petición que mereció el proveído de 12 de junio de 2019, emitido por el Presidente del Consejo de la ANAPOL, señalando que la solicitante de tutela

"...no ha motivado en el debido momento la postergación de la incorporación por los motivos expuestos en el presente memorial, la misma que debía estar sujeta a la normativa interna vigente, no siendo viable su solicitud, en razón de que habrían vencido los plazos procesales súper abundantemente y precluido su derecho a la reincorporación de acuerdo a la Resolución Administrativa No. 083/2018 de fecha 25 de mayo del 2018. Por lo que NO HA LUGAR a su pretendida solicitud" (sic [fs. 32]).

II.9. Por memorial presentado el 14 de agosto de 2019, la accionante reiteró su petición, solicitando se responda a todos sus reclamos y no solamente referirse a plazos procesales sin que exista la cita de estos o mencionar que precluyó su derecho (fs. 33 y vta.).

II.10.Consta Auto Motivado 002/2019 de 15 de agosto, emitido por el Consejo de la ANAPOL, que determinó rechazar la solicitud de reincorporación de la impetrante de tutela "...en tanto ha transcurrido sobreabundantemente el tiempo para aquel efecto y la recurrente no ha motivado oportunamente la prórroga de su reincorporación" (sic [fs. 34 a 40]).

II.11.El 14 de octubre de 2019 la peticionante de tutela formuló recurso de apelación contra el referido Auto Motivado, en observancia del art. 31 del Reglamento de Organización y Funciones de la ANAPOL (fs. 41 a 45); recurso que fue resuelto a través del Auto Motivado 005/2019 de 21 de octubre, por el Consejo de la ANAPOL que resolvió

"RECHAZAR LA APELACIÓN PLANTEADA EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN PRESENTADA POR LA EX D.C. MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ ORTIZ, en tanto ha transcurrido sobreabundantemente el tiempo para aquel efecto y la recurrente no ha motivado oportunamente la prórroga de su reincorporación y por haber sido emitida en amparo y cumplimiento de la normativa vigente" (sic [fs. 46 a 52 vta.]).

II.12.El 2 de diciembre de 2019 la solicitante de tutela planteó recurso de apelación contra los Autos Motivados 002/2019 y 005/2019, ambos emitidos por el Consejo de la ANAPOL, expresando los siguientes agravios:

II.13.Mediante Auto Motivado 04/2020 de 3 de marzo, Marvin Gonzalo Aguirre Romay, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza - Rector de la UNIPOL "Mcal. Antonio José de Sucre", resolvió confirmar en todas sus partes los Autos Motivados 002/2019 y 005/2019, emitidos por el Consejo de la ANAPOL, por haber sido dictadas conforme a las normas que rigen el Sistema Educativo Policial en actual vigencia, ratificando la baja definitiva sin derecho a reincorporación de la accionante; bajo los siguientes fundamentos:

"El Auto Motivado 005/2019 determinó rechazar la apelación planteada en relación a la solicitud de reincorporación de la accionante, ratificando las disposiciones dictadas por el Consejo de la ANAPOL en la RA 083/18 y en el Auto Motivado 002/2019, de lo que se concluye que no se vulneró el debido proceso, ni el derecho a la educación, pues la preclusión del derecho a la reincorporación ya fue resuelta en la indiada Resolución Administrativa y no se puede pretender modificar la misma a través de otro fallo, cuando la primera no fue objetada en su oportunidad.

De los antecedentes del caso se establece que no se ha vulnerado los derechos de la ex D.C. María Esther Gutiérrez Ortiz, de fecha 11 de mayo de 2018 y al haber cumplido su retiro con derecho a reincorporación y en cumplimiento a la parte dispositiva de la Resolución N° 148/2017 adjunta un Certificado Médico expedido por el Dr. Ronal Céspedes, médico del Hospital Policial que certifica que se encuentra sana pudiendo la misma realizar las actividades físicas y cotidianas, disponiendo en su parte dispositiva la REINCORPORACIÓN de la mencionada D.C. al primer curso de formación profesional, quien debería presentarse en esa Unidad Académica, sin embargo lamentablemente no se presentó y tampoco justificó su inasistencia pues es ella quien en su momento debería motivar la prórroga de su reincorporación de manera fundamentada, posteriormente en fecha 14 de agosto de 2019 recién presenta memorial de reincorporación queriendo justificar por razones de salud y otros su tardía reacción, toda vez que el Reglamento Estudiantil de la UNIPOL en actual vigencia señala taxativamente en su art. 16 el Reingreso a las Unidades Académicas de Pregrado a los que solicitaron su baja voluntaria y por razones de salud estará abierta con la excepción de que no podrán excederse por más de un año, al firmar la notificación con la Resolución Administrativa que señalaba el término de su reincorporación y las condiciones, sin realizar observación alguna existe un acto consentido por parte de la misma que incumple lo señalado y por tanto ha precluido su derecho a la reincorporación por el tiempo transcurrido.

Por otro lado señala que de acuerdo a la normativa y de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 del Reglamento Estudiantil no se aplicó ninguna de las causales de retiro, empero no analizo el Art. 16 del citado Reglamento que no habla del reingreso a las Unidades Académicas de Pre Grado en los casos de bajas voluntarias y de salud que es el presente caso determinando en ambos casos el tiempo de retiro no podrá exceder a un año, pretendiendo que el Consejo Académico de la ANAPOL una vez dispuesto su baja se le instaure otro proceso por deserción que de acuerdo a las atribuciones del Consejo de la ANAPOL no le compete y rechaza la apelación planteada con relación a su extemporánea solicitud de reincorporación" (sic [fs. 70 a 74]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables1, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

"el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia" (sic. [el resaltado nos corresponde]).

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso Administrativo") vs. Venezuela2, refirió que:

"77. La Corte ha señalado que la motivación 'es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión'. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las 'debidas garantías' incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso" (sic.[las negrillas son adicionadas]).

Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

"(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad...".

En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.

Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando3.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto4; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión5. III.3. Del debido proceso, su alcance y los elementos que lo configuran

Sobre este derecho, que además se configura en su triple dimensión; es decir como derecho, garantía y principio, la jurisprudencia ha sido uniforme en establecer que, es un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto y oportuno proceso judicial o administrativo justo, en el que deben ser respetados y protegidos los derechos, principios y garantías establecidos en la Constitución y las leyes específicas, debiendo entenderse como la máxima expresión de la jurisdicción judicial y administrativa en un Estado Constitucional de Derecho; es así que, siguiendo esa línea de entendimientos la 0004/2019-S1 de 31 de enero, citando a su vez a la SCP 0896/2016-S2 de 26 de septiembre, misma que reiterando los razonamientos jurisprudenciales de la SC 1674/2003-R de 24 de noviembre, entre otras, establecieron que el debido proceso es:

"...el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomodan a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; comprende la potestad de ser escuchado presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo (derecho a la defensa) y la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica...".

En relación a los elementos que lo configuran, la SCP 2222/2012 de 8 de noviembre, entre otras, reiterando entendimientos jurisprudenciales señaló: '...La SCP 0425/2012 de 22 de junio, también ha establecido, en cuanto a los elementos del debido proceso y su triple dimensión, lo siguiente: "Tal cual lo ha sostenido el Tribunal Constitucional Plurinacional, el debido proceso en su triple dimensión, principio-derecho-garantía, es inherente a la sustanciación de cualquier proceso de carácter judicial o administrativo, debiendo concurrir y ser parte esencial de la tramitación.

(...).