Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1112/2019-S1 Sucre, 27 de noviembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 29585-2019-60-AAC Departamento: Cochabamba
En revisión la Resolución 0027/2019 de 11 de junio, cursante de fs. 164 a 168, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Delia Rojas Villanueva contra Luis Fernando Gonzales Torres, "Gerente de Seguros Previsionales-Vicepresidente Ejecutivo Adjunto", Hugo Alfredo Meneses Marquez, Gerente de Operaciones y Grover Calani Gabriel, Gerente de Operaciones y Contabilidad todos de La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida Sociedad Anónima (S.A.).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1.Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 30 de mayo y 5 de junio, ambos de 2019, cursantes de fs. 29 a 35 vta.; y, 41 y vta., la accionante manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 26 de septiembre de 2004, al fallecimiento de su esposo Juan Carlos Rosales Villazón, siendo que el mismo tenía un seguro de vida en La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A., cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley y dicha aseguradora, se hizo beneficiaria de una pensión por muerte, recibiendo a partir de ese año las correspondientes pensiones; así también, sus cuatro hijos (hasta que cumplan con su mayoría de edad); empero, de forma sorprendente y abusiva sin otorgarle el derecho de defenderse, refiriendo que el art. 5 de la Ley 1732 de 29 de noviembre de 1996 dispone que el cónyuge o conviviente supérstite tiene derecho al goce de una pensión por muerte, mientras no contraiga nuevo matrimonio o sostenga relación de convivencia y el art. 3 inc. a) del Decreto Supremo (DS) 24469 de 17 de enero de 1997, hace referencia a la acreditación de derechohabientes; mediante Nota CITE GSP-388/2018 de 27 de febrero, le hicieron conocer que la pensión que venía percibiendo en calidad de derechohabiente como cónyuge de su causante quedaba suspendida, alegando como único motivo para suspenderle dicho beneficio que su causante Juan Carlos Rosales Villazón contrajo matrimonio con Yolanda Martínez Terán el 15 de mayo de 1976, y con Marlene Alanis Maldonado el 22 de noviembre de 1980, por tanto no tenía libertad de estado cuando contrajo matrimonio con su persona; asimismo, manifestaron que existiría otro matrimonio con María Judith Rojas Rodríguez el 2 de marzo de 1989; y, olvidan referir que si bien existen aquellos matrimonios mencionados; empero, solo sus hijos y su persona recibían ese beneficio, y con el simple fundamento plasmado en la Nota citada, no pueden coartarle el acceder a aquel beneficio que por ley tiene el derecho de percibir, más aún cuando no se le inició ningún proceso interno para proceder con aquella suspensión, tampoco se le otorgó un tiempo razonable para que su persona pueda defenderse de la terminación asumida; por cuanto, no existe debido proceso ni fundamento válido.
Consecuentemente con la finalidad de obtener una respuesta formal y fundamentada en derecho, a efecto de acudir a la vía llamada por ley, presentó memorial el 14 de marzo de 2019, mereciendo respuesta el 17 de abril de ese año, la cual es tan solo una réplica de la Nota CITE GSP-388/2018; en ese entendido, no existe una respuesta que atienda a la legalidad de su petitorio, y acude a la vía constitucional para ser tutelada por los actos arbitrarios e ilegales que realizaron los ahora demandados, al decidir suspender el beneficio que venía gozando, vulneraron su derecho al acceso a la seguridad social de percibir la pensión por muerte.
La , en cuanto a las medidas o vías de hecho, estableció los siguientes presupuestos de activación, y en base a la línea jurisprudencial moduladora se debe acreditar dos aspectos:
- a)La existencia de actos o medidas asumidas sin causa jurídica; y,
- b)Para el caso de vías de hecho vinculadas al avasallamiento debe acreditar su titularidad del bien sobre el cual se ejerció dichas medidas. Por su parte, la , en lo concerniente a la obligación de probar el acto lesivo, señaló una excepción en la , teniendo en cuenta que pueden producirse determinadas situaciones en la que exista la imposibilidad material de efectuar tal acreditación se estableció una subregla cuando no exista divergencia sobre los hechos denunciados; es decir, cuando se atribuya a los demandados haber incurrido en vías de hecho y exista aceptación por parte de estos, o no lo desvirtúen en forma debida se concede la tutela, para ello tienen que concurrir dos aspectos:
- 1)La imposibilidad de obtener y presentar la prueba correspondiente; y,
- 2)La aceptación de los hechos acusados o la no desvirtuación de los mismos por parte de los demandados; así también, , citando a la , sobre los supuestos excepcionales en los que la acción de amparo constitucional entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
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