1112/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1112/2019-S2 Sucre, 18 de diciembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional

Expediente: 30209-2019-61-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución de 25 de julio de 2019, cursante de fs. 230 a 234 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por José Antonio Valda Fernández, por sí y en representación de la empresa minera "Q'olque Rumy S.R.L." contra Editha Pedraza Becerra, Vocal de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 y 8 de julio de 2019, cursantes de fs. 95 a 105; y, 108 a 109, el accionante por sí y en representación de la empresa "Q'olque Rumy S.R.L.", expresa lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En noviembre de 2015, la empresa LUZAR TRADING Sociedad Anónima (S.A.), planteó demanda ejecutiva contra la empresa minera "Q'olque Rumy S.R.L.", a la que representa, así como contra su persona, Rolando Jesús Careaga Roncal y Ligia del Milagro Gutiérrez Amarilla, invocando que la escritura pública de 9 de junio de igual año, sería un título ejecutivo suficiente para cobrar la suma de $us687 736.- (seiscientos ochenta y siete mil setecientos treinta y seis dólares estadounidenses); habiendo opuesto de su parte excepciones de falta de fuerza ejecutiva e inhabilidad del título por cuanto dicho documento no refleja la presencia de una deuda, constituyéndose más bien en un compromiso de financiamiento futuro, cuya existencia debió demostrarse en proceso ordinario al tratarse además de un documento con prestaciones recíprocas.

Por lo que, la Sentencia Ejecutiva 176/2018 de 30 de julio, declaró probadas las excepciones, sustentando el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, indicando que conforme a la cláusula novena del documento LUZAR TRADING S.A., tenía que entregar un adelanto a "Q'olque Rumy S.R.L.", dinero que entregado sería devuelto en cincuenta y siete cuotas dentro de cinco años; por lo que, para exigir el pago de deuda debió probar que cumplió con girar el total de la suma de dinero comprometido en los plazos y condiciones establecidos, cuestiones no demostradas al existir notas de débito anteriores al contrato y por ende ajenas al mismo, siendo además los documentos presentados por la empresa ejecutante fotocopias simples sin el valor suficiente tampoco consta cláusula de mora automática y menos de aceleración, por tanto el solo incumplimiento o retraso no permitiría ejecutar toda la deuda, careciendo el documento de exigibilidad.

Contra dicho fallo, la empresa ejecutante planteó recurso de apelación cuestionando en esencia que si bien el documento base no contiene deuda alguna, ello se extraería de otros documentos privados, fotocopias e informes, por lo que, correspondía aplicar la verdad material; en ese sentido, indicó que en el "título ejecutivo" existen dos operaciones separadas, una de venta de mineral y otra de préstamo de dinero y el pago en cincuenta y siete cuotas mensuales; expresando de otra parte, que el deudor incurrió en mora al conocer la inobservancia del pago de la obligación; que existen certificaciones bancarias en las que se acredita la entrega de dinero desde 2014; y, que el documento tiene suma líquida, exigible y plazo vencido. Habiendo derivado de ello la controversia centrada en verificar la posibilidad de si en un proceso ejecutivo puede probarse la existencia de la deuda con elementos adicionales y ajenos al título mismo, o si estaba reservado a un proceso de conocimiento.

La Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista 446 de 5 de diciembre de 2018, revocando parcialmente el fallo de primera instancia, declarando probada la demanda ejecutiva e improbadas las excepciones deducidas; Resolución viciada que debe ser anulada al haber incurrido en total carencia de fundamentación y motivación respecto a los motivos que sustentaron su decisión. En ese sentido, destaca que el único fundamento del Auto de Vista es que la cláusula novena del contrato acredita que el comprador LUZAR TRADING S.A. "hace entrega al vendedor Q'olque Rumy de una suma de dinero otorgada en calidad de anticipo -asevera- que se empezaría a devolver a partir de julio de 2015 y que en caso de retraso daría lugar a mora sin requerimiento, constituyéndose la obligación en líquida, exigible y de plazo vencido, por lo que es un título ejecutivo" (sic).

En virtud a lo descrito manifiesta que el Auto de Vista efectúa una lectura incorrecta al consignar que la cláusula novena del contrato indicaría que LUZAR TRADING S.A. hubiera entregado y otorgado dinero a favor de "Q'olque Rumy S.R.L.", afirmación que no consta en dicha cláusula, la cual señala que el comprador entregará al vendedor un adelanto por las entregas de concentrados y girará un adelanto de $us700 000.- que será desembolsado conforme allí se explica; por lo que, al no expresar el documento "se ha entregado", sino que "se entregará -se girará- será desembolsado (a futuro)", el mismo no genera, contiene ni refleja una deuda, tratándose por ende de un compromiso de préstamo a futuro; por lo que, resulta claro que se extrajeron hechos "que no dice y que no puede probar por ser de existencia futura"(sic). Por lo mencionado, la conclusión contenida en el Auto de Vista 446, resulta una arbitraria e irracional valoración de la prueba en lesión de los cánones de razonabilidad, equidad y sana crítica; asimismo carece de fundamentación, motivación y congruencia, al ser arbitraria en su análisis de la realidad, en desconocimiento de los arts. 145.II, 213.II, 218 y 380 del Código Procesal Civil (CPC).

Insiste que el Auto de Vista 446, llegó a una conclusión no verdadera resultado de defectos de razonamiento lógico, arbitrario, absurdo e irracional, extrayendo un hecho distinto al que contiene el documento toda vez que, no demostró la entrega de dinero no pudiendo considerarse que un documento escrito "hoy pueda probar la existencia en un hecho que ocurrirá mañana" (sic); teniendo el caso relevancia constitucional por la arbitrariedad del Auto de Vista, que sin existir prueba alguna y menos título ejecutivo que acredite la entrega de dinero, permitió que la empresa ejecutante acceda a mecanismos gravosos como son las medidas cautelares y embargos directos e inmediatos sobre el patrimonio de los deudores, sin que su ejecución pueda suspenderse por ningún recurso ordinario o extraordinario, generándose una indefensión absoluta que en proceso ordinario como correspondía, "hubiera podido desvirtuar fácilmente"; existiendo al presente, una decisión ejecutoriada dirigida al remate de sus bienes y de la empresa minera que representa.

Finaliza señalando que la ordinarización del proceso ejecutivo no es la vía para reclamar el defecto denunciado en su demanda tutelar, por cuanto conforme al art. 386 del CPC, en el proceso ordinario no puede reclamarse el procedimiento de la vía ejecutiva. Denuncia en todo caso la motivación arbitraria del Auto de Vista 446 que conlleva defecto de procedimiento y vulnera el debido proceso; sin pretender mediante la acción de amparo constitucional, que se defina si el documento es o no un título ejecutivo, reclamando más bien la arbitrariedad y el absurdo en el que incurrió el Auto de Vista 446 mencionado, ya que no es viable pedir la restitución del debido proceso y la correcta motivación del fallo en un proceso ordinario posterior; no constando en consecuencia óbice para obtener un pronunciamiento en el fondo, al no advertirse incumplimiento al principio de subsidiariedad.

Dirigen la acción únicamente contra la Vocal demandada, al estar acéfala la otra Vocalía que compone la Sala Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Domestica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Estima lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de una debida fundamentación, motivación y congruencia, valoración de la prueba, así como de una valoración de la realidad fáctica violando criterios de razonabilidad y equidad, citando al efecto los arts. 13.II, 115.II, 117.I, 119.II, 120 y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías