Texto del fallo
Texto de la resolucion
Sucre, 9 de julio de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 55593-2023-112-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 067/2023 de 1 de junio, cursante de fs. 265 a 268 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Claudia Arce Serrano en representación legal de Hernán Wall Guenther y Pedro Friesen Redekopp apoderados legales de la Asociación Civil Colonia Menonita "La Honda" contra Ángela Sánchez Panozo y Gregorio Aro Rasguido ex Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memoriales presentados el 5 y 13 de abril de 2023, cursantes de fs. 31 a 40; y, 65 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La Asociación Civil Colonia Menonita "La Honda" -parte accionante- tiene como antecedente de su derecho propietario la compra y fusión de tres predios realizada en 1990, momento a partir del cual poseyeron y trabajaron esos terrenos con actividades agrícolas y ganaderas, realizando una serie de mejoras que demuestran la tradición del derecho propietario como subadquirentes; sin embargo, los funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a pesar de haber verificado en el proceso de saneamiento que llevaron adelante la pacífica posesión e inexistencia de conflictos con los vecinos, afirmaron irregularmente que los antecedentes agrarios del predio base de la compraventa estaban desplazados en unos doscientos kilómetros, argumento bajo el cual declararon la ilegalidad de su posesión; sin valorar el certificado de posesión otorgado por la autoridad comunal, posesión que solo se dio en los documentos y no en el predio; asignaron mayor valor al informe multitemporal e imagen satelital, sin considerar los antecedentes agrarios otorgados por el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria; como los planos no contaban con las coordenadas exactas del predio, el desplazamiento no podía ser fundamento para declarar su posesión ilegal; indicaron en el Informe de Relevamiento de los expedientes 36985 y 31618 que los terrenos eran inubicables por falta de datos técnicos, a pesar de que el art. 66.I.1 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA) -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- ordena titular las tierras con la finalidad de sanear aquellas que cumplen la Función Económica Social (FES). Como el proceso de saneamiento se llevó adelante vulnerando la garantía de la legítima defensa al anular los antecedentes de los expedientes agrarios que fueron base de su derecho sin citar a los que fueron beneficiarios ni sus vendedores, tampoco considerar la posesión y certificado de una autoridad local; Johan Wiebe, Danil Dyck Fehr, Magaretha Wiebe de Wiebe y Jacob Froese Klassen en representación de la Asociación Civil Colonia Menonita "La Honda" formularon una demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa RA-SS 1108/2015 de 12 de junio, que fue declarada improbada por la Sentencia Agroambiental S2 107/2016 de 5 de octubre, fallo que fue objeto de una acción de amparo constitucional en la que el Juez de garantías emitió la Resolución 03 de 11 de mayo de 2017, concediendo en parte la tutela solicitada, anulando y dejando sin efecto dicha Sentencia Agroambiental, en cuya observancia el Tribunal Agroambiental pronunció la Sentencia Agroambiental S2 94/2017 de 6 de septiembre, declarando nuevamente improbada la demanda contenciosa administrativa; decisión que recurrida mediante recurso de queja mereció el Auto Constitucional Plurinacional (ACP) 0043/2019-O de 15 de octubre, confirmando en parte lo dispuesto por el Auto de 6 de diciembre de 2018, emitido por el Juez de garantías que "concedió" la queja por incumplimiento de la mencionada Resolución 03, la cual fue confirmada por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante la , ordenando se emita una nueva sentencia agroambiental subsanando las omisiones respecto de la falta de pronunciamiento en relación al certificado emitido por la autoridad natural, el Informe Técnico GSC-BID 1512 219/2011 sobre el análisis multitemporal del predio Asociación Civil Colonia Menonita "La Honda" e incongruencias del fallo agroambiental, que por un lado concluyó indicando que el predio cumplía con la FES; empero, declaró improbada la demanda al no demostrar una posesión previa a la promulgación de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria; por lo que, correspondía al Tribunal Agroambiental analizar si el INRA al emitir la Resolución Administrativa RA-SS 1108/2015, que determinó la ilegalidad de la posesión y declaró tierra fiscal la superficie 11.137 ha y 4.658 m², había incurrido en la vulneración del derecho al libre acceso a la tierra, debido proceso, mala valoración de la FES y legítima defensa, pronunciándose en su cumplimiento la Sentencia Agroambiental S2 50/2022 de 30 de septiembre, ahora cuestionada, que declaró improbada la demanda; no obstante, que vulnera los derechos de la mencionada Asociación Civil:
- a)Al debido proceso, por la omisión en la valoración del trabajo de campo y falta de valoración integral de los medios de prueba en el proceso de saneamiento que no fueron considerados; puesto que, a pesar de verificar la pacífica posesión e inexistencia de conflictos con sus vecinos, que el predio se encuentra cercado con alambre de púas, la existencia de mil ciento cincuenta cabezas de ganado vacuno, ochenta equinos, cien bovinos y otros animales de corral, más de 1.000 ha de cultivo de soya, sorgo y pasto, mejora de seis atajados, caminos interiores, viviendas y otros propios de su forma de vida y costumbres que acreditan el cumplimiento de la FES tal cual prevé el art. 159 del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007, y la certificación de la autoridad local de que sus vendedores, aunque desplazados, estuvieron en posesión del predio y desarrollaron una actividad ganadera desde 1990; los medios de prueba en el proceso de saneamiento no fueron valorados integralmente en la Sentencia Agroambiental S2 50/2022, a pesar de referir el art. 397.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que el trabajo es fuente fundamental para adquirir y conservar la propiedad agraria, que el hombre tiene derecho a trabajar en una actividad lícita siempre que cumpla una función social (art. 46.II de la Norma Suprema); con el simple argumento de que los antecedentes agrarios se encontraban desplazados fueron privados del derecho de acceso al trabajo y tierra, vulnerando los arts. 47, 56, 393 y 397.I de la CPE;
- b)Al debido proceso y a la legítima defensa, no consideraron el título, resolución suprema y autos de vista de los expedientes agrarios, tampoco quiénes fueron los beneficiarios y sus vendedores, y que aunque desplazados podían haber sido tomados en cuenta como poseedores legales, situación que los dejó en indefensión; por otra parte, la Sentencia Agroambiental S2 50/2022, carece de valoración objetiva y congruencia, al no considerar la conjunción de la posesión y la certificación de la autoridad local afectando sus derechos sobre el predio, su posesión legal y el cumplimiento de la FES, documentos que de ser valorados adecuadamente hubiesen permitido se declare probada la demanda contenciosa administrativa y que se anule la Resolución Administrativa RA-SS 1108/2015; empero, al desestimarla, avalaron la actuación irracional y contradictoria de los funcionarios del INRA, cuando lo que correspondía era ordenar que tramiten el proceso de saneamiento y otorgarles la oportunidad real y efectiva de ejercer su derecho a defender su propiedad;
- c)Incongruencia, falta de motivación y fundamentación, la Sentencia Agroambiental S2 50/2022, no analizó de forma coherente los puntos que motivaron la demanda contenciosa administrativa, al indicar que los documentos de transferencia presentados para acreditar la conjunción de la posesión dentro de los expedientes agrarios 36985, 54172 y 31618 respecto del predio desplazado, no podían considerarse como prueba para acreditar el derecho propietario y menos una "conjunción" de la posesión; por cuanto, la posesión a título particular que se pretendía sea reconocida no podía ser agregada a la posesión de sus vendedores, al no haber acreditado derecho propietario sobre ella, aspecto técnicamente corroborado en el informe técnico de relevamiento, sin que expliquen las razones por las que dichos documentos de transferencia no servían legalmente para determinar una sucesión posesoria, cuando una cosa era la documentación del derecho propietario que podía ser desplazado y otra muy diferente, la posesión que se ejerció en ese predio desde antes de 1996, careciendo de fundamento lo alegado; igualmente advirtieron falta de fundamentación con relación a la cita del art. 309.I del DS 29215; puesto que, verificada y comprobada la legalidad de la posesión del predio de la Asociación Civil Colonia Menonita "La Honda" se relevó la información en campo evidenciándose el cerco con alambre de púas en toda la propiedad, las mil ciento cincuenta cabezas de ganado vacuno, ochenta equinos, cien bovinos y otros animales de corral, más de 1.000 ha de cultivo de soya, sorgo y pasto, mejora de seis atajados, caminos interiores, vivienda y otros propios de su forma de vida, aspectos a los que no se refirieron; ya que, solo indicaron de manera superficial que de la documentación se advertía que el predio estaba desplazado, indicando que no podía declarase la existencia de posesión actual y menos heredada, al requerir efectuar la sucesión de la posesión mediante documento de transferencia, cuando pudo certificarse que aunque los documentos no correspondían al predio, que la posesión era legal al tratarse de dos institutos diferentes, aspecto que no se analizó ni fue respondido; y,
- d)Vulneración a las reglas de interpretación ordinaria, al contener conclusiones producto de la interpretación restrictiva de las normas agrarias vigentes relacionadas a la propiedad y la posesión; puesto que, en la interpretación sistemática y finalista del art. 309 del DS 29215 el INRA tenía la facultad para anular el proceso de saneamiento ante las irregularidades denunciadas, mas no utilizar esas normas para acusarlos de posesión ilegal por el desplazamiento de un expediente, sin tomar en cuenta el levantamiento de fichas catastrales, registro de infraestructura agropecuaria y la actividad productiva desarrollada, con el agravante de que el art. 159 del DS 29215 refiere que la verificación de la FES debe ser realizada exclusivamente por funcionarios del INRA y que es el único procedimiento que demuestra su cumplimiento; por lo que, las normas procesales administrativas debieron ser interpretadas de manera integral desde y conforme a la Constitución Política del Estado garantizando los derechos a la defensa y a la propiedad, para luego con base en dicha prueba disponer lo que correspondía legalmente y no limitarse a sostener que el desplazamiento tenía como resultado final una posesión ilegal, cuando la transferencia de esos predios incluía la posesión de las superficies donde vivían los propietarios originales desde antes de 1996, omitiendo aplicar al caso la "" referida a la regla de la interpretación sistemática de la norma ordinaria.
I.1.2. Derechos, principio y garantías supuestamente vulnerados
La parte accionante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de omisión de valoración integral de la prueba, congruencia, motivación y correcta interpretación de la legalidad ordinaria; a la propiedad privada; al trabajo como garantía de conservación y adquisición de la propiedad agraria y a la defensa; citando al efecto los arts. 56, 115.I y II, 119.II y 393 de la CPE.
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