Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1116/2019-S1 Sucre, 27 de noviembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional
Expediente: 29666-2019-60-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 34/2019 de 12 de abril, cursante de fs. 163 a 165 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raymundo García Pozo contra Jorge Luis Ortiz López Antelo y Santa Cruz Arias Gutiérrez, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1.Contenido de la demanda
A través de memorial presentado el 4 de abril de 2019, cursantes de fs. 121 a 124, el accionante expresó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros por la supuesta comisión de los delitos de secuestro y organización criminal, previstos y sancionados por los arts. 334 y 132 bis del Código Penal (CP); en la audiencia de 27 de marzo de 2019, surgieron algunos hechos que motivaron que exista causales de recusación, debido a que fue acompañado por primera vez con el abogado Juan Mario Bravo Román, ello con la única finalidad de resguardar su derecho "...a ser asistido por mis abogados de confianza..." (sic) porque ese día sus abogados de confianza estaban defendiendo a otros ciudadanos en el caso "Ostreicher", situación que se acreditó y justificó documentalmente; empero, en lugar de ser atendido favorablemente por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, derivó en una injustificada agresión verbal por parte de dichas autoridades judiciales contra su abogado y su persona, llegando a pedirle a su defensor que abandone la sala de audiencias sino era abogado de confianza, invocándose más bien se pueda debatir la convocatoria inmediata del defensor de oficio, aspecto que le provocó una absoluta indefensión.
Como resultado de esa injustificada agresión, el 29 de marzo de 2019, interpuso denuncia ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura, ofreciendo como prueba el Acta de Audiencia de 27 de igual mes y año -que no pudo constatar su existencia- la solicitud de suspensión de la audiencia y las declaraciones testificales del abogado Juan Mario Bravo Román y otros testigos, invocando al efecto la causal de recusación sobreviniente que prevé el art. 316.6, 9 y 11 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, el 1 de abril del aludido año, aduciendo que los hechos suscitados en la audiencia del 27 de marzo de 2019, se ajustaban a la indicada normativa, adjuntando documentos interpuso recusación ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz; empero, en la audiencia de 2 de abril del citado año, mediante Auto de la misma fecha, de forma oral dos de los Jueces del indicado Tribunal de Sentencia sin sustento legal ni jurisprudencial como la contenida en la , rechazaron in limine su pretensión; además, no han "...dado el trámite que corresponde según el art. 320.II.1) del CPP, porque debieron ordenar que se REMITA en revisión al Juez que integra el Tribunal (...) que no participó, se pronuncie sobre la RECUSACIÓN -en revisión- dentro de las 48 horas de recibidas las actuaciones y no pronunciarse en sentido contrario, como lo hicieron los 2 denunciados..."(sic).
Agregó además que "...jamás fui notificado con algún auto de apertura de juicio y no he podido ver las pruebas físicas que dicen que se compulsaran en la audiencia-aunque dándoles más bien una tonalidad de indicios..." (sic), por lo que, interpuso un incidente de actividad procesal defectuosa acreditando que desde hace tres meses les llegó -a las autoridades judiciales demandadas- una prueba consistente en un certificado migratorio de Paraguay "... ordenada por el Fiscal de la causa, que no esperó su resultado y que influye decisivamente en el asunto, porque el Informe indica que el supuesto asesinado y desaparecido registra ENTRADA y SALIDA del 2018 en la República de Paraguay" (sic).
I.1.2.Derechos supuestamente vulnerados
El accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, al juez natural e imparcial; y, "recurso de revisión"; además, de los "principios de celeridad y seguridad jurídica", señalando al efecto los arts. 115, 120 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE) y 8.I de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela, y se disponga la nulidad parcial del Auto de "fecha 02-03-2019" -siendo lo correcto 2 de abril de 2019- en relación a la negativa de remitir la recusación in limine al otro integrante del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, a objeto de que se dicte una nueva resolución tal como prevé el art. 320.II.1 y 2 del CPP, sea más el pago de daños y perjuicios.
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