Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1117/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 56703-2023-114-AAC Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 9/2023 de 18 de enero, cursante de fs. 298 a 301 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Alberto Terceros Ascarrunz en representación legal de la Sociedad Industrial Business Group Sociedad de Responsabilidad Limitada (IBG S.R.L.) contra José Luis Martínez Callahuanca, Gerente General; y, Vivian Vanessa Calle Robles, Jefa a.i. del Departamento Nacional de Gestión de Suministros, Insumos y Equipamiento Médico y Responsable del Proceso de Contratación en la modalidad de Licitación Pública (RPC) ambos de la Caja Nacional de Salud (CNS).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante, por memoriales presentados el 17 y 29 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 31 a 39 y 42 a 46, manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 19 de septiembre de 2022, la Administración Central de la CNS publicó en el Sistema de Contrataciones del Estado (SICOES) el proceso de contratación, bajo la modalidad de licitación pública, para la "?Provisión de Insumos Médicos Gestión 2022"' (sic), primera convocatoria, cuyo Documento Base de Contratacion (DBC) fue aprobado con Resolución de Aprobación DBC RPC ALC/052/2022 de 3 de octubre. Dentro de ese proceso, la Sociedad IBG S.R.L. se presentó en condición de proponente, habiéndose advertido irregularidades que oportunamente se pusieron en consideración de la Entidad convocante; es así que, el 21 de octubre del mismo año, mediante Nota OFICIO IBG. GG. 009/2022, dicha Sociedad solicitó la anulación del proceso de contratación; puesto que, al tratarse de dispositivos médicos, considerados como medicamentos, en el marco de la Ley del Medicamento -Ley 1737 de 17 de diciembre de 1996, concordante con el Manual para Registro Sanitario de Dispositivos Médicos y la Circular MS/AGMED/CR/82/2021, emitidos por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED) y aprobados por el Ministerio de Salud y Deportes, la CNS debió prever el cumplimiento de normativa nacional a tiempo de planificar y llevar a cabo ese proceso.
Las irregularidades advertidas, se referían al uso de documentos tipo y exigencias respecto a la entrega, control de calidad, manipulación y transporte de los bienes, bajo criterios de bienes comunes o genéricos y no de medicamentos, lo que deriva en un imposible cumplimiento; ya que, al tratarse de dispositivos médicos, toda la cadena productiva y de distribución se encuentra bajo vigilancia del Ministerio de Salud y Deportes y la AGEMED, y de pretender cumplir las condiciones impuestas por la CNS que no son claras en el DBC; empero, que emergen a tiempo de ser adjudicados, derivan en el incumplimiento de la normativa sobre medicamentos que no contará con el beneplácito de las entidades supervisoras, haciendo que esos dispositivos médicos no garanticen su estado de inocuidad y doble barrera de protección, implicando un posible rechazo de los mismos y por tanto, en un incumplimiento del contrato; y en caso de aceptarse los productos contando con una recepción definitiva, recaería en un riesgo para la población, personal de salud, asegurados y beneficiarios de servicios; además que, se verían implicados por omisión a tiempo de aceptar términos que no prevén el cumplimiento de la normativa para el transporte, recepción, catalogación, inventario, almacenamiento y otros, afectando la calidad y poniendo en riesgo su imagen.
Dentro de ese proceso de contratación, la Sociedad IGB S.R.L. fue beneficiada con la adjudicación; empero, a tiempo de requerir documentación pertinente para la suscripción del contrato respectivo y recibir las instrucciones como proponente adjudicado, se advirtieron nuevamente las irregularidades -descritas-, pidiendo -la anulación del proceso de contratación- mediante Nota OFICIO IBG. GG. 011/2022 -de 7 de noviembre-, y que la entidad informe si los ítems 77, 78 y 79, previos a la publicación de la convocatoria siguieron los pasos establecidos por la Ley de Fomento a la Adquisición Estatal de Bienes Nacionales, el Decreto Supremo (DS) 4505 de 5 de mayo de 2021 y el "Reglamento Operativo para la Compra por Catálogo Electrónico - Compro HECHO EN BOLIVIA" (sic), aprobado mediante Resolución Bi Ministerial 003 de 28 de enero de 2022; añadiendo que como Sociedad fueron adjudicados con el ítem 76 y que por los aspectos expuestos no continuarían con la contratación hasta que el incumplimiento advertido tenga una valoración correcta; ya que, en todo el proceso de contratación existen vicios de nulidad que lo inhabilitan.
La observaciones efectuadas debido al incumplimiento de normativa técnica y jurídica relacionada a procesos de adquisición y administración de medicamentos, y las peticiones descritas no merecieron respuesta alguna, dejándolos en indefensión efectiva, persistiendo una casual de anulación del proceso -de contratación- durante la tramitación de una adjudicación; además que, se solicitó la anulación parcial hasta el vicio más antiguo de ese proceso, no sobre la totalidad, sino sobre los ítems donde se advirtieron irregularidades.
En lugar de una respuesta a sus misivas, se emitió la Resolución de Adjudicación y Declaratoria Desierta RPC ALC/82/2022 de 10 de noviembre, que en su parte resolutiva cuarta dispuso que a través de la Unidad Administrativa se proceda a la ejecución de las boletas de garantía, seriedad de propuesta conforme a normativa vigente de la Sociedad IBG S.R.L. en cumplimiento al numeral 6.2, inciso c) del DBC. La Resolución RPC ALC/82/2022 identificada como el hecho vulnerador de sus derechos y que los sanciona injusta e ilegalmente, consolida un silencio y carencia de respuesta a las misivas enviadas cuya petición fue la anulación del proceso de contratación por incumplimiento de normativa, dejándolos en indefensión; siendo sus efectos inmediatos que los imposibilita contratar con el Estado; puesto que, el registro de una sanción en el SICOES por falta de seriedad conlleva un año de impedimento para contratar con el Estado; así también, la instrucción para que se inicie un procedimiento de ejecución de boletas de garantía de seriedad de propuesta, genera un perjuicio económico, mercantil y comercial, que afecta en cuanto a líneas de crédito, contratación de seguros y "...central de riesgos se refiere" (sic).
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
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