1119/2022-S1

Solicitó que se conceda la tutela, disponiendo:

1. a)La anulación de la persecución penal (Imputación) y los mandamientos de detención, aprehensión y arraigo; y,
2. b)Se disponga daños civiles en la suma de Bs3 500.-(tres mil quinientos bolivianos), por ser las actuaciones de los demandados dolosas y premeditadas.

Juan José Quiroz Crespo, Juez Anticorrupción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito; sin embargo, en audiencia de acción de libertad, manifestó lo siguiente:

1. 1)Para estas acciones de defensa como la acción de libertad se debe agotar el principio de subsidiariedad, que está regido a través de las reglas y de la jurisprudencia constitucional como lo establece la SCP 0006/2019⁵, 0184/2021-S3 de 6 de mayo, que refieren que los mecanismos idóneos para reparar derechos y garantías constitucionales en razón a la actividad procesal en la etapa preparatoria so lo incidentes y excepciones y en relación al "art. 165" que hace mención el ahora accionante hace la posibilidad que se deba notificar por edicto de prensa;
2. 2)En razón a que esta nulidad debió ser reclamada en forma oportuna en la vía como corresponde, es así que de la revisión del cuaderno procesal el ahora el impetrante de tutela presentó memorial purgando rebeldía y solicitando que se remita el monto de amonestación o la sanción a efectos de que se tenga que dejar sin efecto las ordenes de aprehensión y arraigo, es ahí donde tenía la oportunidad e interponer la nulidad de la notificación;
3. 3)En cuanto a que la notificación por edicto de prensa haya sido a nivel internacional y le haya generado daños y perjuicios económicos resulta ser falso, toda vez que, las notificaciones se realizan en aplicación a lo establecido en el art. 165 del CPP y deben ser publicados los datos en medios de prensa a nivel nacional y no así internacional, es más esta notificación viene a resguardar los derechos y garantías constitucionales de la persona que está siendo imputada a efecto de que no se genere una indefensión; y,
4. 4)En relación a que el mandamiento de aprehensión y que el proceso no este adecuado porque se trata de una persona originaria campesina, no es la Ley del Tribunal Constitucional -Ley 027- de 6 de julio de 2010 a la cual se debe basar esta aplicación, sino a la -Ley 073- del 29 de diciembre de 2020 en relación a la ley de deslinde jurisdiccional, que establece cuales son los alcances y cuales las acepciones que debe tener la justicia al momento de la aplicación y esto está referido bajo el principio de territorialidad, es decir que la jurisdicción originaria campesina está ligada a la territorialidad, es decir que la persona que haya cometido un hecho en el ámbito territorial indígena campesino deberá ser juzgado en esa jurisdicción; empero, existe una excepcionalidad referida a los hechos de corrupción y los hechos que ahora están siendo investigados y además que es una potestad del Ministerio Público de poder calificar la existencia de elementos de convicción para poder iniciar una investigación y en ningún momento se afectó económicamente o materialmente al ahora accionante.

Diego Mauricio Toro Flores, Fiscal de Materia, en audiencia, refirió que:

1. i)La presente acción de libertad fue planteada al amparo del art. 125 de la CPE, que estableció cuatro motivos por el cual se puede interponer la misma, ahora, en la fundamentación de esta acción tutelar se habla netamente de un procedimiento penal, que el Ministerio Público no dio cumplimiento al art. 391 del CPP, toda vez que no se le asignó un perito antropólogo; empero, para llegar a esta acción de libertad se debió agotar la subsidiariedad y si el accionante consideraba que se estaba vulnerando sus derechos, debió realizar la queja ante el Juez del control jurisdiccional;
2. ii)El art. 391 del CPP al que se hace referencia habla de la etapa preparatoria, pero ni siquiera se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, entonces se pregunta cómo se podría traer a un perito cuando no se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares;
3. iii)De la revisión del cuaderno jurisdiccional se tiene que el accionante recién acaba de purgar rebeldía y la presente acción está relacionada con la libertad de la persona; sin embargo de ello, no existe orden de aprehensión emitida de manera ilegal, es más el Juez Anticorrupción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz dispuso el levantamiento de todas las medidas impuestas, en este momento no existe orden de aprensión o medida en contra del accionante;
4. iv)El impetrante de tutela manifiesto que se vulneró su derecho a contar con un antropólogo, que nada tiene que ver, pidió la anulación de una imputación, la acción de libertad no va ligada a la nulidad de una imputación o la nulidad de notificaciones; y,
5. v)Refirió que se lo demanda por haber solicitado al Juez la emisión de un edicto de prensa y por el solo hecho de su publicación el accionante consideró que se vulneró sus derechos, al respecto se cuenta con el informe de la gestora de procesos, que refiere que esta se apersono al lugar donde certifico el Servicio General de Identificación Personal SEGIP y no pudo hallar el domicilio, y para no vulnerar derechos es que se pidió se notifique por edictos al amparo del art. 165 del CPP.

La Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 13/2021 de 17 de agosto, cursante de fs. 144 a 146, denegó la tutela impetrada por Oscar Mario Peña Mancilla en representación sin mandato de Javier Cruz Butrón, contra Juan José Quiroz Crespo, Juez Anticorrupción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, Carlos Candia Justiniano y Diego Mauricio Toro Flores, Fiscales de Materia, con base en los siguientes fundamentos:

1. a)En cuanto a la nulidad de la imputación formal esa posibilidad está vetada al Tribunal de garantías, ya que se ingresa únicamente a conocer y resolver cuestiones constitucionales que están vinculados a la libertad de locomoción y la vida, no así cuando está en virtud a reclamos de procedimiento, en estos casos el legislador estableció los mecanismos por los que se tiene que acudir al mismo juez de garantías para que sea este quien restaure estas que garantías si es que hubiesen sido vulneradas;
2. b)En relación a lo manifestado por el abogado de la defensa, que existiría una imputación formal, que daría lugar a una probable restricción del derecho a la libertad, la SCP 005/2020-S2 de 5 de marzo estableció que "la imposición de la detención preventiva resulta ser un acontecimiento incierto cuando hay una imputación formal, debido a que será la autoridad judicial quien previo análisis de los riesgos procesales disponga o no su procedencia, además que la sola solicitud de detención preventiva consignada en la resolución e imputación formal no puede ser asumida como acto por el cual ponga un riesgo eminente al derecho a la libertad y por cuya razón debe ingresarse a conocer cualquier lesión al debido constitucional"; así mismo, la SCP 0243/2019-S2 de 15 de mayo cuando se refiere al principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, que en caso de existir mecanismos procesales, en este caso se tienen esos mecanismos, ya que lo alegado es que la notificación mediante edicto de prensa resulta ser una vulneración del derecho que tiene el accionante, por cuanto el domicilio estaba ubicado al frente del número de la fotografía de donde se tomó el Oficial de diligencias, entonces ese es el reclamo que tiene que realizar ante el mismo juez de garantías; y,
3. c)No se puso en peligro la libertad, si es que se dio lugar a una rebeldía, el hecho de haber purgado dicha rebeldía dio lugar a la restitución de sus derechos y garantías constitucionales y por ende no está ni estuvo esa posibilidad de perder su libertad, vale decir que con ello se cierra cualquier posibilidad de acudir a la vía constitucional cuando existen los medios idóneos, en este caso estos pueden plantearse antes de la audiencia de aplicación de medidas cautelares.

El accionante a través de su representante sin mandato, alegó como vulnerados sus derechos, la defensa, a la legalidad, a la igualdad entre las partes y el debido proceso, el acceso a la justicia y la transparencia, probidad, honestidad y legalidad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de Contribuciones y Ventajas Ilegitimas, se tiene que:

1. 1)Desde el inicio de la causa advirtió que tiene la condición de indígena originario guaraní, por ello en cumplimiento del art. 391 del CPP, las autoridades de la jurisdicción ordinaria -ahora demandadas-, debían disponer que este asistido por un perito especializado en temas indígenas, a objeto de que conozcan los valores culturales y las circunstancias atenuantes de las que goza por su condición, lo que no ocurrió; b) Debido a su notificación mediante edicto de prensa, se expidió en su contra mandamiento de aprehensión y mandamiento de arraigo, dañando sus derechos constitucionales.