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TCP

1119/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de julio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1119/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1119/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 57207-2023-115-AAC Departamento: La Paz

En revisión la Resolución 118/2023 de 26 de junio, cursante de fs. 154 a 157, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Pamela Romano Aliaga contra Pamela Marcela Garamendy Salas.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante, por memoriales presentados el 24 de marzo y el 4 de abril de 2023, cursantes de fs. 45 a 52; y, 57 a 59, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A fines de 2021, encomendó a "Daveiba Hevia y Vaca Morro" la venta de un departamento semi amoblado, un garaje y una baulera, todos de su propiedad, ubicados en el Edificio "Villa Laura", zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz, registrados en la oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo las matrículas computarizadas 2.01.1.01.0027167, 2.01.1.01.0027192 y 2.01.1.01.0027221, todos en el Asiento A-1 de titularidad sobre el dominio de 16 de junio de 2015; por lo cual, en enero de 2022, "Daveiba Hevia y Vaca Morro", le informó el interés de Jenny Ada Puente Gonzales, en la compra de los tres bienes inmuebles, a quien no conocía y solo tenía referencia que le brindó, atendiendo los consejos y recomendaciones de la encargada de la venta de los bienes inmuebles, suscribieron el Documento Privado de Compra y Venta en arras el 25 de igual mes y año, por el precio de $us100 000.- (cien mil dólares estadounidenses) por los tres bienes inmuebles. En mérito a dicho acuerdo, Jenny Ada Puente Gonzales, le entregó la suma de $us3 000.- (tres mil dólares estadounidenses), pactando un plazo de tres meses -es decir hasta el 25 de abril de 2022-, para cancelar el total del precio convenido o se desestimaría la relación contractual; en forma paralela se firmó con la nombrada el Contrato de Arrendamiento de 25 de enero igual año, con Certificación de Firmas y Rúbricas 362/2022 de 5 de febrero, emitido por el Notario de Fe Pública 95 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, que no tenía otra finalidad que la entrega de los tres inmuebles para el uso, goce y disfrute de Jenny Ada Puente Gonzales, quien hasta que le pague la deuda total por la compraventa, se obligó a pagarle un alquiler de $us400.- (cuatrocientos dólares estadounidenses), también con similar plazo; en ambos casos, convinieron que al incumplimiento del pago del saldo adeudado, Jenny Ada Puente Gonzales, debía desalojar voluntariamente el garaje, la baulera y el departamento entregados, quedando sin efecto y valor legal ambos documentos suscritos.

Hasta la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional, Jenny Ada Puente Gonzales, no cumplió con el pago del saldo de $us97 000.- (noventa y siete mil dólares estadounidenses), quedando resueltos el Documento Privado de Compra y Venta en arras y el Contrato de Arrendamiento, ambos de 25 de enero de 2022, todo con las sanciones previstas; vale decir, la consolidación de los $us3 000.- en su favor y la devolución inmediata de los tres bienes inmuebles; por lo que, lo señalado se le hizo saber a la nombrada, mediante Carta Notariada el 28 de abril de igual año.

Lamentablemente a tiempo de pretender retomar la posesión de sus tres bienes inmuebles, encontró con que los mismos estaban ocupados por la ahora accionada, quien se introdujo furtivamente en su departamento en franco y claro avasallamiento de su propiedad privada; puesto que, sin tener trato ni contrato con la nombrada ocupó su propiedad, haciendo uso de los muebles que en él se encuentran. Por referencias del administrador del Edificio "Villa Laura", la misma, mediante una ilegal ocupación de hecho estaría usando, gozando y disfrutando de sus tres bienes inmuebles, muebles y sus enceres personales; bajo el argumento de ser anticresista, sin que hubiese firmado con ella ningún documento, quien entregó la suma de $us25 000.- (veinticinco mil dólares estadounidenses) a Jenny Ada Puente Gonzales y Valeria Alejandra Elio Trewhella.

Ante tales circunstancias, acudió al Ministerio Público e interpuso denuncia penal contra la hoy accionada, por la presunta comisión del delito de allanamiento de domicilio o sus dependencias, previsto y sancionado por el art. 298 del Código Penal (CP), al considerar que la nombrada ocupó ilegítimamente el departamento, garaje y baulera de su propiedad; empero, mediante Resolución de Desestimación CRCC 198/2022 de 20 de junio, emitido por el Fiscal de Materia, la denuncia fue desestimada, sin que ello hubiese permitido la restitución de la posesión de los referidos bienes inmuebles. Posteriormente, acudió a la vía ordinaria civil, citando y emplazando a la ahora accionada con la finalidad de llegar a un acuerdo; por lo que, tampoco fue posible; no obstante, que la nombrada, estaría al tanto de todo lo acontecido, constituyéndose así en una avasalladora de su propiedad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a no sufrir violencia física o psicológica, a la dignidad, a la propiedad privada y su uso, a la posesión; y, a la inviolabilidad de domicilio; citando al efecto los arts. 15, 22, 25, 56 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga:

  1. a)El desalojo -se entiende de su departamento semi amoblado, un garaje y una baulera, ubicado en el Edificio "Villa Laura", zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz- de la hoy accionada, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su legal notificación, con el auxilio de la fuerza pública; y,
  2. b)La condenación al pago de costas más daños y perjuicios, en virtud a lo previsto por el art. 113.I de la CPE.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 26 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 148 a 153, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que:

  1. 1)Su persona cumplió con la carga de la prueba, acreditando de manera objetiva la existencia de actos y medidas de hecho que no podrán desvirtuarse por la ahora accionada, correspondiendo otorgar la tutela solicitada; ya que, no serían permisibles este tipo de acciones en un Estado de derecho, en desmedro de sus derechos; puesto que, los actos de la nombrada, impidieron arbitrariamente el ejercicio de su derecho de propiedad privada;
  2. 2)Con la relación de hechos, le informaron que Jenny Ada Puente Gonzales y Valeria Alejandra Elio Trewhella, tenían una infinidad de casos ante el Ministerio Publico, sobre manipulación informática, estafa, uso de instrumento falsificado y otros delitos, que probablemente cometieron, siendo evidente que tenían un frondoso prontuario por delitos de estafa y falsedad;
  3. 3)En virtud a ello, es que sucedieron los hechos relatados, aclarando que "Daveiba Hevia y Vaca Morro", fue una persona confiable; puesto que, es su prima; por lo que, dio lugar a que entregará las llaves, para que Pamela Ada Puente Gonzales, hiciera uso del departamento, desde que firmaron los documentos, pero cuando entregaron la "carta notariada", se encontraron que en el departamento vivía una persona a quien no conocían -la hoy accionada-; sin embargo, dejaron la referida carta a la persona que estaba en el bien inmueble y posteriormente con la nombrada, tuvieron dos a tres reuniones en las que participó, tratando de llegar a un entendimiento y conocer en principio, el por qué estaba ocupando los tres bienes inmuebles, sin que hubiese una relación de ningún tipo, oportunidad en que la misma comentó que, tomó conocimiento del departamento por la Agencia de Bienes Raíces "Sweet Home Solution", y confesó también en esa primera reunión que ella obtuvo un "certificado de información rápida", de la Oficina de DD.RR., donde figuraba como propietaria su persona; no obstante de ello, hizo entrega de dinero a Jenny Ada Puente Gonzales, el 1 de febrero de 2022, por la suma de $us5 000.- (cinco mil dólares estadounidenses) y luego a Valeria Alejandra Elio Trewhella el saldo de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses), haciendo un total de $us25 000.-;
  4. 4)Cuando se incumplieron los acuerdos establecidos con Jenny Ada Puente Gonzales, acudieron con Pamela Romano Aliaga, a través de una "carta notariada" pidiendo la entrega del documento y que devolviera el departamento, enterándose así que la ahora accionada ocupaba los bienes inmuebles; por lo que, les llevó al convencimiento que mediante medidas de hecho se produjo el avasallamiento del mismo, desde entonces hasta la fecha -se entiende de interposición de la presente acción tutelar- acudió al Ministerio Público, a la jurisdicción ordinaria en vía de conciliación, sin éxito; puesto que, la hoy accionada, indicó que tiene como única garantía el dinero entregado a Valeria Alejandra Elio Trewhella;
  5. 5)Entonces, ante la imposibilidad de obtener atención del Ministerio Publico y de llegar a una conciliación con la ahora accionada, acudieron a la jurisdicción constitucional; puesto que, efectivamente se produjeron acciones de hecho que perjudican su derecho a la propiedad privada. Circunstancias que le afectaron; ya que, recientemente dio a luz a su bebe, respecto de quien, también fue vulnerado su derecho fundamental de las mujeres a no sufrir violencia física, ni psicológica por los hechos manifestados, a más de la infracción del derecho a la inviolabilidad de su domicilio; y,
  6. 6)Respondiendo a las interrogantes efectuadas en audiencia, por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que: Desconocía la relación que se había establecido entre Jenny Ada Puente Gonzales y Pamela Marcela Garamendy Salas, la cual se basó en un "contrato" que no fue firmado por la supuesta verdadera dueña, entonces como fue posible que se metiera al departamento; por lo que, constituiría una medida de hecho.
I.2.2. Informe de la persona particular accionada

Pamela Marcela Garamendy Salas, mediante informe presentado el 26 de junio de 2023, cursante de fs. 144 a 147 vta.; y, así como en audiencia, manifestó que:

  1. i)En enero y febrero de 2022, buscaba vivienda para su persona y sus dos hijas menores de edad, contactándose con la Agencia de Bienes Raíces "Sweet Home Solution" a la que accedió a través de la red social Facebook, de propiedad de Valeria Alejandra Elio Trewhella, quien le comunicó de la existencia de un departamento ubicado en el Edificio "Villa Laura", zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del departamento de La Paz y que la contactaría con la propietaria, que tenía interés de darlo en contrato de anticrético, es así que reunidas en el bien inmueble en cuestión, conoció a Jenny Ada Puente Gonzales, quien le manifestó ser la propietaria, exhibiéndole el "contrato de compraventa" suscrito con la accionante, aseverando que no existía inconveniente de registrarlo en la Oficina de DD.RR.; empero, que debía esperar unos días, hasta que hiciera el cambio de nombre, con esa seguridad el 5 de febrero de ese año, le entregó la suma de $us5 000.-, como reserva del bien inmueble, para posteriormente entregar $us20 000.- el 10 de igual mes y año, oportunidad en la que firmó el contrato, y cuando debía firmarlo la nombrada, decidió abandonar la reunión abruptamente, indicando una emergencia y no firmó el mismo, pidiéndole que entregue el dinero a Valeria Alejandra Elio Trewhella y que luego le darían la copia firmada del contrato, recibiendo en esa ocasión las llaves del departamento;
  2. ii)Luego, cuando se comunicó con Valeria Alejandra Elio Trewhella, pidiéndole la copia firmada del Contrato de 10 de febrero de 2022, la nombrada comenzó con sus evasivas, enterándose en el edificio que la accionante, seguía siendo la propietaria; por lo que, la llevó a entrevistarse con ella contándole lo ocurrido, sintiéndose estafada; por lo cual, presentó denuncia y posterior querella ante el Ministerio Público, por el delito de estafa contra Jenny Ada Puente Gonzales y Valeria Alejandra Elio Trewhella, encontrándose esta última a la fecha -se entiende de la celebración de la audiencia de esta acción tutelar-, con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores de La Paz y la otra prófuga;
  3. iii)En tanto la accionante le inició proceso penal por allanamiento de domicilio, denuncia que fue desestimada, de igual forma en sede civil, interpuso proceso extraordinario para recuperar la posesión y otro de cumplimiento de obligación, recisión de contrato, procesos que fueron abandonados;
  4. iv)La nombrada trata de confundir al expresar que, ingresó al departamento mediante medidas de hecho y en complicidad con Jenny Ada Puente Gonzales y Valeria Alejandra Elio Trewhella, cuando lo hizo mediante conducto legal, con base al Documento Privado de Compra y Venta en arras el 25 de enero de 2022, suscrito por la accionante y Jenny Ada Puente Gonzales, vigente; puesto que, no fue impugnado en la jurisdicción ordinaria; por lo que, en ningún momento ejerció medidas de hecho para poseer el departamento, a donde ingresó de forma legal;
  5. v)No podrían utilizar la jurisdicción constitucional para reemplazar a la jurisdicción ordinaria, cuando en el caso existe controversia de derechos y hechos que deben ser dilucidados en la jurisdicción ordinaria, de igual forma y conforme lo dispuesto por el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), el hecho vulnerador hubiese ocurrido el mes de febrero de 2022, habiendo vencido superabundantemente, el plazo establecido de seis meses para interponer la acción tutelar;
  6. vi)La relación de hechos efectuada demostró la existencia de hechos controvertidos que no compete resolverse en la jurisdicción constitucional; puesto que, son materia de la jurisdicción ordinaria; no serían evidentes las medidas de hecho para ingresar al departamento por su parte; puesto que, conforme al citado Documento Privado, este tendría plena validez y efectos jurídicos, encontrándose vigente;
  7. vii)En resumen, su ingreso, no responde a un acto ilegal; ya que, no sería cierto que hubo una medida de hecho, o avasallamiento; considerando que, dicho Documento Privado de Compra y Venta en arras reconocido con "...firmas y rubricas ante Notario de Fe Pública..." (sic), primer elemento de la acción de la accionante, constituido en prueba, de que no hubo medidas de hecho;
  8. viii)Posteriormente, cuando Jenny Ada Puente Gonzales desapareció sin firmar el contrato de anticresis, iniciaron las acciones legales, existiendo un proceso penal por estafa, en el que Valeria Alejandra Elio Trewhella ingresó a la "cárcel", remarcando que no existió una medida de hecho; tomando en cuenta que, que conforme el referido Documento Privado de Compra y Venta en arras, la accionante transfirió con arras el bien inmueble, correspondiendo a la jurisdicción civil determinar, la validez o no de dicho acto jurídico; por lo cual, a la luz del derecho estaría vigente;
  9. ix)Para establecer el test de constitucionalidad, si en la acción invocada aplica o no las medidas de hecho, analizarán si existió consentimiento de los actos denunciados y acusados como medidas de hecho, por cuanto la acción de defensa no puede quedar a merced de la volatilidad de la accionante, pasando de acciones civiles, a penales, a más de abandonos, siendo aplicable al caso la teoría de los actos propios, de ahí que no infringieron el derecho de propiedad, ni lo controvirtieron;
  10. x)Otro elemento a considerar sería que, su persona y sus hijas menores de dos y ocho años a la fecha -se entiende de la celebración de la audiencia de esta acción tutelar-, sufren violencia por parte de la accionante, quien reconoció que en diciembre de 2022, cortó el suministro de energía eléctrica, viviendo con miedo y acoso psicológico, violencia moral sistemática, continua y permanente durante los últimos meses;
  11. xi)Infiriéndose en resumen, la existencia de hechos controvertidos; ya que, la nombrada al no dirigir adecuadamente su reclamo ante la jurisdicción ordinaria, pretenda sorprender a la jurisdicción constitucional para conseguir su desalojo, quién estaría en una situación de vulnerabilidad, teniendo bajo su guarda a sus dos niñas menores de edad, forzando a dicha jurisdicción para conseguir lo que debe dilucidarse por la vía ordinaria, respondiendo de manera negativa a la acción de amparo constitucional interpuesta por la nombrada; y,
  12. xii)Contestando a las interrogantes realizadas en audiencia por los Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, manifestó que:
  13. a)El Documento Privado de Compra y Venta en arras el 25 de enero de 2022, fue el que generó su confianza, para entregar los primeros $us5 000.- el 5 de febrero de igual año, como reserva del departamento, luego en una segunda reunión el 10 de ese mes y año, la accionante firmó el contrato de anticresis, momento en el que se hizo el ardid por parte de Jenny Ada Puente Gonzales, de salirse y dejar a la propietaria de la Agencia de Bienes Raíces "Sweet Home Solution" Valeria Alejandra Elio Trewhella, a quien se le entregó el saldo de $us20 000.-; recibo de dicha entrega que consta en la documental presentada;
  14. b)Si bien sería profesional universitaria, no es abogada y por regla básica, entendió que al existir el mencionado Documento Privado de Compra y Venta en arras "con reconocimiento de firmas", este acto jurídico tenía validez; y,
  15. c)Actualmente ocupa el departamento en calidad de anticresista, el cual evidentemente no llevaría la firma de Jenny Ada Puente Gonzales, por el ardid que realizaron, lo que dio lugar a que iniciarán las acciones penales mencionadas, reiterando que el acto jurídico que permitió el ingreso al bien inmueble ubicado en el Edificio "Villa Laura", zona Cota Cota, región Calacoto, calle Las Retamas, del municipio de Palca, provincia Murillo del citado departamento, fue el indicado Documento Privado de Compra y Venta en arras, el cual estaría vigente en tanto no sea impugnado en la jurisdicción civil, y se constituye en el respaldo legal para ocupar el departamento; puesto que, no ingresó al mismo por medidas de hecho, por la fuerza ni de manera violenta o clandestina. La permanencia en el inmueble se dará en tanto la justicia dilucide la validez o no de del documento de compraventa con arras; por lo cual, pide se deniegue la tutela solicitada.
I.2.3. Resolución

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