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TCP

1121/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de julio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1121/2026-S1

Proceso
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Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1121/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 58923-2023-118-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 143-2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 293 vta. a 297 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Katia Ribera Aponte y Rene Osvaldo Balcázar Callau contra Edil Robles Lijeron y Mirael Salguero Palma, ex Vocales; y, Sandra Aguada Romero y Oscar Jesús Menacho Angeleri, actuales Vocales, todos de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Los accionantes, por memoriales presentados el 15 y 29 de agosto de 2023, cursantes de fs. 248 a 265; y, 268 a 275 vta., manifestaron lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante citación de 6 de diciembre de 2021, tomaron conocimiento de la demanda de pago total de derechos y beneficios sociales de 17 de noviembre de 2020, planteada por Gian Carla Cuellar Rivero -ahora tercera interesada- contra la empresa ZUMOS Limitada (Ltda.), respecto de la cual la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, por decreto de 19 de igual mes y año, observó la citada demanda; puesto que, no se identificó al representante legal de la misma; por lo que, mediante memorial de 8 de febrero de 2021, la hoy tercera interesada sin adjuntar algún documento que acredite esa situación, cumplió lo observado ratificando la mencionada demanda; además, señaló erróneamente que sus personas son representantes legales de la indicada empresa; es así que, la referida Jueza sin el respaldo de alguna documentación legal, basándose sólo en la palabra de la ahora tercera interesada, por Auto de Admisión de 10 de febrero del mismo año, admitió la indicada demanda, ordenando en consecuencia que se cite a sus personas.

Habiendo sido citados con la demanda de pago total de derechos y beneficios sociales como supuestos representantes legales de la empresa ZUMOS Ltda., sin tener atribución alguna, no pudieron solicitar a la "Notaría" el documento idóneo para demostrar que no son los representantes legales de la empresa ZUMOS Ltda., tampoco realizar alguna solicitud a la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) -anterior ente regulador de registro de comercio-; razón por la que, el 7 de enero de 2022, sus personas plantearon excepción previa de impersonería en el demandado, solicitando en el "Otrosí 1ro." que se ordene a la indicada Fundación para que el registro de comercio certifique quién es el representante legal de la misma y bajo qué poder se encuentra registrada. Asimismo, en la misma fecha sus personas contestaron la injusta demanda de pago total de derechos y beneficios sociales, indicando de manera contundente que no son representantes legales de la mencionada empresa. Así también, mediante memorial presentado el 14 de febrero del citado año, la ahora tercera interesada contestó la mencionada excepción con el argumento de que la carga de la prueba la tuviesen sus personas; y no la nombrada; en consecuencia, mediante Auto Interlocutorio 138/22 de 15 de febrero de 2022, emitido por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, se declaró improbada la citada excepción, bajo el argumento utilizado por la hoy tercera interesada; vulnerando su derecho al debido proceso y al principio de verdad material; olvidando la indicada Jueza que es obligación de la ahora tercera interesada, identificar correctamente a los demandados, tal como lo estipula el art. 117 inc. b) del Código Procesal del Trabajo (CPT). Ante el rechazo de la referida excepción, sus personas plantearon recurso de apelación contra el mencionado Auto Interlocutorio, además, tuvieron que efectuar las gestiones en el presente caso ante el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC); ya que, existió una transición de la FUNDEMPRESA hacia el SEPREC, con la finalidad de obtener documentación correspondiente de dicha empresa, ocupando su tiempo y realizando gastos económicos; puesto que, no quisieron facilitarles la misma por no tener legitimidad, es así que adjuntaron a "Fs. 48" como prueba el -Certificado Específico con Código de Trámite 4180/2022 de 18 de abril- al memorial del mencionado recurso de apelación de "fs. 49 a 50", el cual señala que el representante legal de la referida empresa es Ricardo Ribera Aponte, con Poder "1575/2011", dejando claro que sus personas no eran representantes legales de la misma; por lo que, mediante decreto de 20 de abril del mismo año, la citada Jueza, corrió en traslado el indicado recurso de apelación; en razón a que, la hoy tercera interesada responde al mismo bajo el argumento utilizado en su memorial de contestación a la referida excepción con relación a que la carga de la prueba la tenían sus personas, como demandados, y lo que es peor, no mencionó nada respecto al citado Certificado de "Fs. 48", una vez remitido el proceso y radicado en la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, con la finalidad de demostrar una vez más que sus personas no son representantes legales de la indicada empresa, mediante memorial de 12 de octubre de ese año, a "Fs. 72 y vta", presentado ante la referida Sala, adjuntaron nuevamente un Certificado Específico con Código de Trámite 192/2022 de 11 de ese mismo mes, emitido por el SEPREC a "Fs. 71", en el cual de manera contundente y objetiva señala que el representante legal de la empresa ZUMOS Ltda. es Ricardo Ribera Aponte mediante Poder 1575/2011 de 1 de diciembre. Posteriormente, los entonces Vocales ahora accionados, emitieron el Auto de Vista 02 de 13 de enero de 2023; confirmando el Auto Interlocutorio 138/22, bajo el argumento de dar cumplimiento a lo ordenado en el art. 128 del CPT, el cual indica: "'...Todas las excepciones previas se opondrán al mismo tiempo, antes de contestar a la demanda acompañando prueba preconstituida...'" (sic). Asimismo, argumentaron que la carga de la prueba le corresponde a la parte patronal "...(En este caso supuestamente nuestras personas)..." (sic), en cumplimiento a los arts. 3 inc. h), 66 y 150 del mencionado Código. Además, indicaron que la demandante -ahora tercera interesada- puede dirigir la demanda contra el demandado o su representante sin mayores exigencias, de conformidad con los arts. 117 inc. b) y 120 del referido Código. Con relación al principio de verdad material, señalaron que la misma no elimina las formas procesales establecidas por ley, sino que las subsume con la finalidad de resguardar derechos y garantías constitucionales, vulnerando de esa manera nuestros derechos al debido proceso y a la verdad material; finalmente, no explicaron cuáles fueron las motivaciones y fundamentaciones para determinar su decisión; por lo que, mediante memorial presentado el 22 de febrero de 2023, ante la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Tributaria Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, solicitaron que se aclare el por qué no fundamentaron y tampoco motivaron; y, menos aún valoraron las pruebas objetivas y contundentes de los Certificados Específicos con Códigos de Trámite 4180/2022 y 192/2022 emitidos por el SEPREC que demuestran que sus personas no son representantes legales de la empresa ZUMOS Ltda., en respuesta al citado memorial los Vocales hoy accionados, emitieron el Auto de 27 de febrero de 2023, disponiendo no ha lugar a su solicitud, con el argumento de que el Auto de Vista 02, tiene una fundamentación clara, completa y de fácil comprensión.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; así como, a los principios de verdad material vinculada al pro actione; citando al efecto los arts. 115.I.II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga:

  1. a)Dejar sin efecto el Auto de Vista 02 de 13 de enero de 2023; y,
  2. b)Ordenar a los Vocales ahora coaccionados que emitan un nuevo auto de vista salvaguardando sus derechos y principios vulnerados.

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