Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 18 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 30106-2019-61-AAC Departamento: Beni Partes: Claudia Alejandra Canamari Ordoñez contra María Argene Simoni Cuellar y José Agustín Vargas Rivera en representación legal de la Empresa Beneficiadora "San Agustín" Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
I. ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
El expediente 30106-2019-61-AAC, correspondiente a la , que motiva esta Disidencia, fue inicialmente sorteado a mi despacho; empero, el Magistrado Carlos Alberto Calderón Medrano manifestó su desacuerdo con el proyecto inicial; decidiendo realizar otro alterno que fue apoyado por el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional; motivo por el cual, se formula el presente Voto Disidente.
La suscrita Magistrada expresa su disidencia con lo resuelto en la , que si bien confirmó la Resolución 004/2019 de 15 de julio, pronunciada por el Juez Público Civil, Comercial y de Familia Segundo de Riberalta del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías; y concedió la tutela solicitada; empero, lo hizo solamente, disponiendo su contratación preferencial en el proceso productivo para el periodo 2019, como clasificadora de castaña y solamente por el tiempo que dure el contrato.
En todo caso, considera que debió CONFIRMAR la Resolución Constitucional; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías y sobre la base de los términos dispositivos y fundamentación que se analizará a continuación:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y la garantía de inamovilidad laboral por ser madre de una niña menor a un año, por cuanto la Empresa demandada no cumplió la conminatoria de reincorporación laboral al cargo que ocupaba antes del despido, emitida por la Jefatura Regional de Trabajo, solicitando se conceda la tutela y se ordene su reincorporación inmediata a su fuente laboral, el pago de sus asignaciones familiares y demás derechos sociales.
En consecuencia, correspondía en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, considero que se debió desarrollar la siguiente temática:
- a)La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados;
- b)La concesión de la tutela debe disponer los efectos jurídicos más favorables, independientemente de la modalidad de acceso a la justicia constitucional de la o el progenitor; y,
- c)Análisis del caso concreto. II.1. La garantía de inamovilidad laboral de las mujeres embarazadas y progenitores hasta el cumplimiento de un año de edad de la hija o hijo y los derechos involucrados. El periodo de embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para la trabajadora y su familia. La mujer trabajadora embarazada requiere de protección jurídica para brindar al núcleo familiar condiciones de seguridad y los medios de subsistencia necesarios.
En este marco, la Constitución Política del Estado, reconoce y protege a las familias al tenerlas como el núcleo fundamental de la sociedad, que involucra prestaciones de tipo económico a favor de su desarrollo integral; asimismo, reconoce a cada integrante derechos, obligaciones y oportunidades en condiciones de igualdad -art. 62 de la Constitución Política del Estado (CPE)-.
Por otro lado, cabe mencionar, que la protección reforzada de la mujer embarazada y gestante, no es el trabajo simple y llano de la trabajadora como un medio de subsistencia para su familia, sino que adicionalmente la mujer embarazada y consecutivamente la madre en período de lactancia, requiere una protección especial y reforzada, con el fin de precautelar y evitar; por un lado, daños a su vida y salud, así como la integridad y el buen desarrollo del concebido, durante la gestación, el nacimiento, recuperación y la lactancia, aspecto que da lugar a un amparo y trato diferencial justificado, a la trabajadora embarazada durante la gestación y en periodos posteriores al parto, de manera que esta goce de garantías y niveles de salvaguarda mayores para hacer efectivo el derecho a la igualdad. En este sentido, el art. 45.V de la CPE, en general otorga una protección especial a la maternidad estableciendo que: "Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal". Entonces, a partir de obligaciones del estado contenidas en el referido art. 45.V de la CPE, la SCP 0076/20121 de 12 de abril, entendió que el Estado está obligado a resguardar que las etapas de gestación, periodo prenatal y posnatal se desarrollen en condiciones adecuadas; de tal forma que no afecten la salud física y emocional o psíquica de la madre y del recién nacido. En el mismo sentido, se encuentra la . Lo que implica además la protección del ser en gestación; así en el contexto del art. 15 de la CPE, que reconoce los derechos a la vida y salud, el otrora Tribunal Constitucional en la de 20053, hace referencia a la protección jurídica otorgada al que está por nacer, la cual se sustenta sobre el principio de que las personas que no han nacido aún, por la simple calidad de ser humanos, tienen garantizada la protección de sus derechos fundamentales desde el momento mismo de la concepción.
En esta línea, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la , ha establecido que la garantía de inamovilidad laboral:
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