Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1123/2019-S2 Sucre, 18 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional
Expediente: 30076-2019-61-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 02 de 23 de julio de 2019, cursante de fs. 604 a 616 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Evaristo, Fausto y Evelio Chávez Rivera, y Alberto Chávez Filemón contra María Janeth Aguilar Flores, Marlene Meras Durán y Ronald Fernando Montoya Gonzales, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Monteagudo del departamento de Chuquisaca.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 11 y 16 de julio de 2019, cursantes de fs. 481 a 503 vta. y 507 a 510 vta. respectivamente, la parte accionante expuso lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se encuentran detenidos preventivamente dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de parte en su contra, por la presunta comisión del delito de asesinato por aplicar justicia comunitaria dando muerte a una persona; causa penal que actualmente se encuentra en etapa de juicio oral, instancia procesal en la que acreditando ser indígenas originarios de la Comunidad Indígena Guaraní de Anguaguasu, formularon incidente de nulidad por defectos absolutos considerando que desde la etapa preparatoria no se designó un perito especialista en cuestiones indígenas obviando la previsión contenida en el art. 391 del Código de Procedimiento Penal (CPP); el mismo que fue resuelto por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, mediante Auto Interlocutorio 36/2019 de 1 de julio, declarándolo infundado, interpretando y aplicando erróneamente la norma citada.
Resaltan en ese marco, que las autoridades judiciales codemandadas no tomaron en cuenta que en la etapa preparatoria el Fiscal de Materia y el Juez de la causa no cumplieron con la obligación dispuesta en el art. 391 del CPP, designando un perito especializado en cuestiones indígenas, limitándose la autoridad fiscal a nombrar únicamente a un traductor intérprete que es diferente al mencionado perito experto; por lo que, resulta evidente que en toda la etapa preparatoria se lesionaron sus derechos siendo sus personas "ciudadanos guaranís neófitos en cuanto la aplicación de la norma ordinaria" (sic), desconociendo de tal situación para poder reclamarla en defensa de sus derechos; sin embargo, aquello no era justificante para que los fiscales y autoridades judiciales a su turno obviaran la aplicación de dicha disposición legal de cumplimiento obligatorio, no estando la misma "dejada o limitada al silencio o la solicitud que (puedan) hacer como acusados".
Enfatizan que en audiencia de inicio de juicio oral de 1 de julio de 2019, recién se dio aplicación al art. 391 del CPP, nombrando como perito especialista en cuestiones indígenas a una profesional psicóloga de origen guaraní, lo que no subsanó o reparó las ilegalidades cometidas respecto a la ausencia de la designación mencionada en la etapa preparatoria, notando ello los abogados defensores que recién contrataron para el juicio oral; por lo que, inmediatamente plantearon el incidente de nulidad por defectos absolutos señalado, considerando que la norma citada prevé la inclusión de un perito especialista en cuestiones indígenas a partir del reconocimiento de un Estado Plurinacional en Bolivia, con bases fundadas en la afirmación constitucional de la existencia de las naciones indígenas originarias, el pluralismo cultural y jurídico, y los derechos que como ciudadanos indígenas originarios les garantiza la propia Norma Suprema, así como los tratados y convenios internacionales.
Los aspectos descritos debieron ser considerados a momento de resolver su incidente de nulidad; empero, las autoridades judiciales demandadas lo rechazaron obviando que al no contar con el asesoramiento y asistencia de un experto especialista en cuestiones indígenas originarios se limitó y coartó su derecho a poder defenderse en el proceso teniendo un profesional perito que conforme a sus usos, costumbre y cosmovisión les haga comprender su situación jurídica en la jurisdicción ordinaria (más aún si desde su detención preventiva en la Carceleta de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, permaneciendo alejados de sus familias y hogares no comprenden a cabalidad lo que estaba y les está ocurriendo), no supliendo aquello insisten el nombramiento de un profesional abogado o un traductor intérprete como mal interpretaron los Jueces codemandados; siendo el derecho a contar con un perito especialista un derecho irrenunciable y no de libre disposición o exigibilidad. Así, el Auto Interlocutorio 36/2019, se sustentó en fundamentos formalistas de la norma y nada garantistas convalidando las ilegalidades cometidas en la etapa preparatoria, alegando que habrían consentido ese acto ilegal y que su derecho precluyó al no reclamar oportunamente, como si sus personas en su condición de indígenas originarios guaranís conocieran la normativa de la jurisdicción ordinaria, con el consiguiente perjuicio y vulneración de sus derechos, lo que puede ser irreversible al encontrarse en la etapa procesal de producción de prueba testifical del Ministerio Público, desconociéndose sus derechos en un ilegal enjuiciamiento.
En virtud a todo lo expuesto, manifiestan que lo correspondiente era que las autoridades judiciales demandadas anulen obrados hasta la imputación formal a fin de dar observancia al art. 391 del CPP, siendo incomprensible su decisión que incluso no se pronunció respecto a la aplicación del precedente jurisprudencial de cumplimiento obligatorio contenido en la , que en un caso análogo a la problemática planteada, dio razón a los miembros de la comunidad indígena guaraní que estaban siendo procesados, interpretando correctamente el señalado art. 391 del CPP; fallo constitucional que fue invocado en el incidente de nulidad que interpusieron. Razones por las que, piden se otorgue la tutela prescindiendo de la subsidiariedad que caracteriza a la acción de amparo constitucional por cuanto contra el Auto Interlocutorio 36/2019, únicamente se puede plantear el recurso de apelación restringida, conllevando que dicho medio de impugnación sea extemporáneo, tardío, inidóneo e ineficaz para restablecer sus derechos como miembros de una comunidad indígena originaria.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Consideran lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente legalidad procesal, a la defensa y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 36/2019 de 1 de julio, anulando obrados hasta la presentación de la imputación formal en su contra, a fin de garantizar la vigencia efectiva de sus derechos como miembros indígenas originarios de la Nación Guaraní, con el nombramiento oportuno del perito especialista en cuestiones indígenas en el marco de o previsto en el art. 391 del CPP, en concordancia con lo señalado en la .
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 23 de julio de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 601 a 603, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron y fundamentaron su demanda tutelar, invocando que las autoridades judiciales demandadas rechazaron el incidente que interpusieron bajo el argumento de haber precluido su derecho a contar con un perito especializado en cuestiones indígenas, así como que en la etapa preparatoria estuvieron asistidos por un abogado defensor y un traductor; hecho que no puede ser convalidado por constituir un defecto absoluto.
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