Texto del fallo
Texto de la resolucion
VOTO DISIDENTE DE LA Sucre, 18 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Disidente: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 30076-2019-61-AAC Departamento: Chuquisaca
Partes: Evaristo, Fausto y Evelio Chávez Rivera, y Alberto Chávez Filemón contra María Janeth Aguilar Flores, Marlene Meras Durán y Ronald Fernando Montoya Gonzales, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Monteagudo del departamento de Chuquisaca.
ANTECEDENTES RELEVANTES DE LA DISIDENCIA
La suscrita Magistrada, expresa su disidencia con la 18 de diciembre, que confirma la Resolución 02 de 23 de julio de 2019, pronunciada por la Jueza Pública Mixta de Familia y de la Niñez y Adolescencia Primera de Monteagudo del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, concedió parcialmente la tutela solicitada, únicamente respecto a los derechos al debido proceso en su vertiente legalidad procesal y a la tutela judicial efectiva, y deniega la tutela solicitada en relación al derecho a la defensa.
En todo caso, considero que se debió: CONCEDER en parte la tutela solicitada, conforme a los siguientes fundamentos jurídicos:
II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
Los accionantes alegan la vulneración de sus derechos al debido proceso en su vertiente legalidad procesal; defensa; y, tutela judicial efectiva; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de asesinato, en la audiencia de juicio oral interpusieron un incidente por violación de derechos y garantías, por cuanto en la etapa preparatoria no se designó un perito especializado en cuestiones indígenas incumpliendo lo previsto por el art. 391 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que fue declarado infundado por las autoridades demandadas, quienes interpretaron y aplicaron erróneamente la norma citada; por ello, solicitan se conceda la tutela impetrada, se anule el Auto Interlocutorio 36/2019 de 1 de julio y se anule obrados hasta la presentación de la imputación formal.
En consecuencia, correspondía en revisión, que la verifique si tales extremos eran evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para ello, debió desarrollar los siguientes temas:
- a)El enfoque interseccional para el análisis de personas privadas de libertad pertenecientes a naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC);
- b)La interpretación intercultural de los hechos, del derecho, de los derechos fundamentales y sus dimensiones;
- c)La interpretación intercultural cuando uno o más miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino se encuentran sometidos a un proceso penal;
- d)El derecho a la reparación en el ordenamiento jurídico boliviano y su alcance a la luz de las normas del bloque de constitucionalidad; y,
- e)Análisis del caso concreto.
II.1. El enfoque interseccional para el análisis de personas privadas de libertad pertenecientes a naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC)
El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan e influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad, que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos, las cuales pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación.
El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos1, tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo garante de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, desarrolló de manera enriquecedora el enfoque interseccional a través de las y ; sobre cuya base, analizó la situación de los adultos mayores y de las niñas y adolescentes mujeres, víctimas de violencia; sin embargo, este enfoque también se aplica a diferentes categorías de discriminación intersectorial, donde la interacción y concurrencia de estas categorías, producen una forma particular y específica de discriminación.
En este marco, el enfoque interseccional con relación a los miembros de naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC) privados de libertad, analiza estos dos factores de discriminación y sus interacciones, entendiendo que los derechos deben conectarse permanentemente con la finalidad de identificar y contrarrestar las situaciones concurrentes de vunerabilidad y sistemas de opresión respecto a algunas colectividades y personas. Este análisis además, permite que a través de la justicia, se generen respuestas a situaciones de discriminación y segregación estructural, otorgando una respuesta transformadora y reparadora.
En el ámbito del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, existen normas específicas vinculadas a las personas privadas de libertad, que provienen de NPIOC. Una de las más importantes es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, cuyo art. 8.1 establece: "Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario".
Dicha norma, se vincula con el art. 10 del mismo Convenio, que expresamente señala:
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.
Conforme a lo anotado, estas normas establecen criterios que tienden a transformar y reparar la situación de los miembros de pueblos indígenas privados de libertad, que se encuentran sometidos a normas de un sistema jurídico ajeno y de sanciones o medidas cautelares que les son ajenas, y que al ser aplicadas, generan mayor vulnerabilidad y no respetan la diversidad ni el pluralismo jurídico.
En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, cabe mencionar a los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas2, cuyo Principio III, señala:
Principio III
Libertad personal
1. Principio básico (...)
Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de los pueblos indígenas, deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento conforme a la justicia consuetudinaria y en consonancia con la legislación vigente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)3, destacó la necesidad que la administración de justicia adopte una perspectiva interseccional, tratándose de personas pertenecientes a NPIOC, señalando que los Estados tienen la obligación de:
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