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TCP

1123/2026-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
9 de julio de 2026SALA PRIMERA ESPECIALIZADA
Resumen del caso

Sentencia 1123/2026-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1123/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026

SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional

Expediente: 64650-2024-130-AAC Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 111/2024 de 31 de mayo, cursante de fs. 262 a 264, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Constancio Cussi Cussi contra Marisol Ortiz Hurtado y José Enrique Terán Romero, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, Yesenia Esther Barreto Condori, Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de Montero del citado departamento.

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante, por memoriales presentados el 19 y 26 de abril de 2024, cursantes de fs. 8 a 22; y, 29 a 30, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso ejecutivo seguido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín Porres Responsabilidad Limitada (R.L.) contra Hilda Sánchez Coronado y Sandro Ortuño Arébalo -ahora terceros interesados-, su persona no fue parte; razón por la cual, los efectos de las sentencias emitidas no le alcanzan o afectan; puesto que, con anterioridad al embargo judicial, inscribió su derecho propietario respecto al bien inmueble inscrito en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.) bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942, registrado en el Asiento A-5 de titularidad del dominio el 20 de octubre de 2017, y el embargo dentro del proceso ejecutivo, fue ejecutado el 30 de julio de 2021, sin que su persona sea parte de dicho proceso.

Sin ser sujeto procesal, se embargó su bien inmueble y se procedió a su remate, adjudicándose la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta San Martín Porres R.L.; desconociendo el registro de su derecho propietario conforme lo estipula el art. 1538 del Código Civil (CC); registro que sólo podía ser cancelado mediante una sentencia judicial, aspecto que no sucedió en el proceso ejecutivo.

Cuando tomó conocimiento de la aprobación del ilegal remate mediante Auto de 9 de agosto de 2023; y Auto Complementario de 17 de igual mes y año, de manera oportuna formuló recurso de reposición con alternativa de apelación, que fue rechazado por la Jueza ahora coaccionada, activándose el recurso de apelación; lamentablemente el Tribunal de alzada, mediante Auto de Vista 15/2024 de 2 de enero, confirmó el Auto de 9 de agosto de 2023, y el Auto complementario de 17 de igual mes y año, con el argumento de que su persona como comprador del bien inmueble rematado y adjudicado, reconoció y aceptó el gravamen hipotecario que existía sobre el bien inmueble registrado en la Oficina de DD.RR. bajo matrícula computarizada 7.10.0.00.0001942; razón por la cual, es aplicable lo dispuesto por el art. 1363.II y III del CC; ya que, la hipoteca es indivisible y subsiste por entero sobre todos los bienes hipotecarios, sobre cada uno de ellos y sobre cada una de sus partes, garantiza la deuda y cada una de sus partes y saldos, y que toda hipoteca subsiste en el bien inmueble aun cuando el mismo pase a otras manos y los adquirientes gozan de los términos y plazos concedidos al primer deudor.

Los Vocales ahora accionados, en el Auto de Vista 15/2024, afirmaron también, que la adquisición del bien inmueble por parte de su persona, se efectuó el 20 de octubre de 2017, de acuerdo al certificado alodial, es decir, con posterioridad a la hipoteca y con su conocimiento y aceptación de la deuda, para concluir señalando que, no resulta evidente haberse vulnerado su derecho a la propiedad privada; por lo que, al aceptar su persona la existencia de un gravamen hipotecario, podía hasta antes de la aprobación del remate, pagar el importe del capital, intereses, costas y costos para sobreseer el bien inmueble subastado y adjudicado conforme lo previene el art. 421.IV del Código Procesal Civil (CPC); sin embargo, no tomaron en cuenta, que la acción ejecutiva fue interpuesta el 2020; es decir, tres años después de que su persona registró en la Oficina de DD.RR. su derecho propietario -20 de octubre de 2017-; por lo tanto, dicha demanda, debió también estar dirigida contra su persona, y al no haberle incluido en la demanda, la sentencia emitida no puede afectarle, aspecto que no fue tomado en cuenta ni por la Jueza hoy coaccionada ni los Vocales ahora accionados.

Las autoridades ahora accionadas, no tomaron en cuenta que la vía judicial para hacer prevalecer el art. 1363 del CC, es la acción pauliana, como el mecanismo judicial de defensa de los acreedores, mediante el cual éstos pueden solicitar la revocación de actos realizados por el deudor en perjuicio del acreedor, proceso a través del cual se garantiza el derecho a la defensa del comprador o nuevo propietario; empero, en el presente caso, se aplicó de manera directa e ilegal el art. 1363 del mismo Código, en ejecución de sentencia del proceso ejecutivo, y con base a ello, procedieron a la cancelación del registro de su derecho propietario en la Oficina de DD.RR., cuando lo correcto era que dicha cancelación emerja de un proceso judicial en el que su persona asuma defensa, tomando en cuenta que el derecho propietario está garantizado constitucionalmente y nadie puede perder un derecho sin antes no ser vencido en juicio.

No es posible pretender aplicar un mero formalismo procesal, cuando en rigor de verdad y de justicia, la verdad real y material pone en evidencia que no se puede afectar derechos de un tercero; empero, tanto la Jueza hoy coaccionada y los Vocales ahora accionados; no lo consideraron así, y sin notificarle de inicio con la demanda, la sentencia inicial y la final, en ejecución de sentencia, se pretende despojarle de su derecho propietario, sin que sea parte de la contienda judicial ejecutiva.

Las autoridades ahora accionadas vulneraron su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, al no explicar las razones del por qué aplicaron el art. 1363 del CC, cuando su persona no formó parte de la demanda ejecutiva, la sentencia no dispuso nada respecto a sus derechos, y su derecho propietario fue anterior a la interposición de la demanda ejecutiva; los motivos por los cuales ante la aprobación del remate se le denieguen sus derechos, el Auto de Vista 15/2025, es totalmente arbitrario, dado que no responde el fondo de los cuestionamiento legales, simplemente refiere el supuesto conocimiento que tuvo su persona respecto a la deuda de los hoy terceros interesados.

Las resoluciones judiciales denunciadas de ilegales y lesivas a sus derechos constitucionales, sin duda ponen en evidencia un trato desigual ante la ley; ya que, le pusieron en una condición de desventaja, al afectar sus derechos sin que sea parte del proceso de ejecución, y sin que la Sentencia Final 29/2020 de 2 de diciembre, se pronuncie respecto a su derecho a la propiedad privada.

En el proceso ejecutivo se cuestionó e impugnó conforme a procedimiento toda ilegalidad, denunciada oportunamente, y a pesar de ello, la respuesta judicial no cumplió con las exigencias de motivación, ni dio respuesta a la vulneración de derechos denunciada oportunamente, al no ingresar al análisis de la cuestión de fondo, desconociendo la verdad material, la justicia real y de esta manera denegarle el acceso a la justicia con el solo argumento de que su persona conocía el crédito de su vendedora, cuando lo que correspondía al acreedor era iniciar en proceso judicial ordinario de acción pauliana, y no convocarlo en ejecución de sentencia del proceso ejecutivo; puesto que, en dicha etapa procesal ya le es imposible defenderse en el fondo.

Al procederse a la ejecución ilegal de su bien inmueble registrado legalmente, rematar el mismo y notificarle concediendo a su persona el plazo de diez días para desalojar, vulneró su derecho a la propiedad privada; asimismo, pretender desalojarlo del bien inmueble de su propiedad ilegalmente embargado y rematado, se vulneró su derecho a la vivienda y hábitat, poniendo en peligro su vida al ser una persona adulta mayor que goza de protección especial del Estado.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la igualdad procesal, de acceso a la justicia, a la propiedad privada, a la vivienda; y al principio de verdad material; citando al efecto los arts. 56 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio

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