Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1126/2019-S1 Sucre, 28 de noviembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad
Expediente: 30296-2019-61-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 30/2019 de 30 de julio, cursante de fs. 28 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Cristhian Jesús Tamayo Aguilar en representación sin mandato de Jorge Montevilla Flores contra Carlos Emilio Andrade Rengel, Juez; José Ángel Huanca Mayta, Secretario y José Eduardo Roque Yana, Auxiliar I, todos del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentando el 29 de julio de 2019, cursante de fs. 17 a 19 vta., el accionante por intermedio de su representante sin mandado manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A través del Requerimiento Conclusivo "15/15" -siendo lo correcto 14/15- de 7 de julio de 2015, fue acusado por el delito de hurto y una vez sustanciado el juicio oral el 12 de octubre del mismo año, solicitó someterse a proceso abreviado, al efecto se emitió en su contra la Sentencia 21/2015 de 12 de octubre, imponiéndole una pena privativa de libertad de tres años de reclusión, de igual forma, se acogió a la suspensión condicional de la pena, otorgándosele la misma, disponiendo la autoridad jurisdiccional que cumpla las siguientes condiciones:
- a)La prohibición de cambiar de domicilio, para lo cual deberá fijar un domicilio ante el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto;
- b)No consumir bebidas alcohólicas durante el periodo de prueba;
- c)Someterse a la vigilancia que determine la autoridad jurisdiccional para el adecuado control de la suspensión condicional de la pena; y,
- d)Dedicarse a una actividad laboral lícita.
Las mencionadas condiciones fueron impuestas por el lapso de dos años y seis meses, cuyo inicio fue a partir del 23 de febrero de 2016; toda vez que, en dicha fecha se llevó a cabo la audiencia de juramento de ley y promesa de cumplimiento de las referidas condiciones, feneciendo las mismas el 23 de mayo de 2018; sin embargo, al 23 de febrero de 2019 da cuenta que transcurrieron más de tres años, sobrepasando el plazo que fue establecido; es más, se habría superado la pena de reclusión inicialmente impuesta; por lo que, de conformidad a lo establecido en los arts. 24, 366 y 367 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no resulta "...procedente superar las condiciones y su complimiento por la pena impuesta, que el caso que nos ocupa ya fue sobreabundantemente cumplida..." (sic).
Mediante informe YACH 103/2019 de 11 de junio, la Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, informó que el ahora impetrante de tutela no hubiera cumplido con la primera y cuarta condición establecida; no obstante aquello solicitó la extinción de la acción penal y en consecuencia se levanten las medidas impuestas; sin embargo, habiendo transcurrido una semana de dicha petición, apersonándose al Juzgado a efectos de realizar el seguimiento, José Eduardo Roque Yana, Auxiliar I del mismo -hoy codemandado-, refirió que debía otorgar los datos del proceso para que puedan buscar o en su caso pedir el desarchivo con memorial y que eso sería un trabajo extra judicial; por lo que, inmediatamente solicitó hablar con el Secretario de dicho Juzgado, funcionario que indicó que no tenía tiempo para atenderlo; por lo cual, por segunda oportunidad el 24 de julio de 2019, volvió juntamente con su abogado para pedir la búsqueda del expediente de la causa; no obstante, el Auxiliar I precedentemente nombrado en esta oportunidad para tal cometido, les solicitó el monto de Bs200.- (doscientos bolivianos), ya que el expediente se perdió y que ese trabajo no cubría su sueldo como Auxiliar I del Juzgado; molesto por la negligencia de los funcionarios nombrados, su abogado solicitó audiencia con el Juez ahora demandado; empero, los mismos le negaron tal petitorio.
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