Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1128/2019-S2 Sucre, 23 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 25681-2018-52-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 186/2018 de 30 de marzo, cursante de fs. 140 a 148 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Nidez Cordero Jurado, Lizbeth Cordero Jurado y Walter Germán Sellis Mercado contra Lucinda Potty Meriles; Primera Capitana Comunal de Guari; Teofilo Poti Meriles, Primer Capitán Zonal de IVO; Reinol Mena, Leandro Mena y Franz Flores.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 7 y 11 de septiembre de 2018, cursantes de fs. 24 a 28 vta.; y, 43 a 45 vta., respectivamente, los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Refirieron que son comunarios de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Guari, Capitanía Zonal IVO del municipio de Machareti, provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca, donde viven y cumplen los "usos y costumbres" juntamente con sus hijos y familiares, habiendo poseído una fracción de la propiedad comunitaria de Guari desde el 27 de julio de 2017, dedicándose a la actividad agrícola y ganadera, derecho posesorio que se encuentra descrito en su solicitud de legalización de todos los trabajos realizados en los predios de los cuales fueron eyectados abusivamente; por otro lado, solicitaron el ingreso como socios a la comunidad que fue aprobada en asamblea comunal el 30 de julio de 2017, sin observación alguna, firmada por el entonces Capitán Comunal Reinol Mena.
Añadieron que dicha propiedad comunal se encontraba en plena etapa de producción agrícola-ganadera, al momento de la comisión de los actos ilegales ejercidos por los demandados que iniciaron con la emisión del Voto Resolutivo en la Gran Asamblea de la Capitanía Comunal de Guari, en la cual las autoridades originarias determinaron su expulsión, argumentando que son personas que llegaron a trabajar hace ocho meses y que no cumplen con las normas y procedimientos propios de la administración del territorio Guaraní de la Capitanía Comunal de Guari, sin indicar el código donde se establecerían las normas y procedimientos de la justicia comunitaria.
El 6 de septiembre de 2018, fueron expulsados de dicha comunidad donde no les permitieron ejercer su derecho a la defensa, ingresando a su predio con efectivos policiales donde se realizó un acta del cual no les dejaron copia alguna, vanos fueron sus intentos de persuadirlos a no obrar en ese sentido, pudiendo más la terquedad, capricho y ambición de apoderarse de su propiedad, sin advertir el daño que causaban no solo al predio, sino al sustento de su familia por la inversión efectuada en la actividad agrícola-ganadera, siendo esa su fuente de sustento económico.
Los demandados cometieron la expulsión como medida de hecho, fue un despojo ilegal producto del abuso despiadado que se ejerció bajo el argumento falaz de justicia comunitaria para legitimar actos reñidos con el Estado de Derecho, más aún, si conforme advirtieron que su derecho posesorio estaba reconocido, a través de la solicitud de legalización comunal de 27 de julio de 2017; sin embargo, los despojaron de su posesión, sin la tramitación de un proceso ordinario, agroambiental o indígena originario campesino.
Fueron expulsados sin un proceso previo, declarándoles que vulneraron las normas y procedimientos de la nación Guaraní, sin la existencia de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, vulnerando toda normativa y garantía constitucional, ya que ninguna disposición faculta a las autoridades originarias a exigir el cumplimiento de normas que no están escritas, regidas solamente por el arbitrio de la voluntad viciada por razones probablemente oscuras y sancionan con la reversión de la tierra a la comunidad originaria, por lo que no es posible que un grupo dictatorial asuma medidas de hecho sin tener competencia para ello, puesto que los votos resolutivos pronunciados no fueron suscritos ni por el 20% de la población y nunca fueron notificados para considerar dichas medidas drásticas y someterse a un debido proceso.
La Ley de deslinde jurisdiccional en su art. 5 determina que las utoridades de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) no pueden sancionar con la perdida de tierras o expulsión a los adultos mayores o personas por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y trabajos comunales.
Finalmente, señalaron que intentaron arribar a una conciliación en el Ministerio Público de Machareti, sin que los demandados hayan acudido a las citaciones cursadas para el efecto.
I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
Señalaron como lesionados sus derechos a la alimentación, a la posesión licita de la propiedad colectiva, a la dignidad, a la defensa, al debido proceso, a la publicidad, a la libertad de residencia, permanencia y circulación, al trabajo, a la vida y a la salud; citando al efecto los arts. 15.I, 16.I, 18, 21.7, 22, 25.I, 46.I, 56.I, 117.I y II, 118 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, disponer:
- a)La nulidad de la Resolución en vía de ejecución de 21 de agosto de 2018;
- b)La nulidad del Voto Resolutivo de la Gran Asamblea de la Capitanía Comunal de Guari de 9 de agosto de igual año, así como cualquier otra disposición referida a la expulsión de sus personas de la comunidad de Guari, dejando sin efecto la expulsión de los accionantes; y,
- c)La restitución del derecho posesorio sobre el predio comunal situado en la comunidad de Guari, sus bienes de su propiedad, ganado vacuno, maquinarias con todos sus usos y costumbres, sustentada en el posesión licita del predio comunal desde hace 40 años en la familia "Cordero Jurado" que desarrollo actividades económico-social, productiva y agrícola-ganadera.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
Celebrada la audiencia pública el 19 de septiembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 134 a 139, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación de la acción
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Los demandados a través de su abogado, en audiencia manifestaron que:
- 1)Los accionantes no viven en la comunidad, los mismos radican en la ciudad de Yacuiba;
- 2)En primera instancia no su pudo notificar con la Resolución de expulsión, por lo que se dio un plazo de diez días y se volvió a notificar al accionante Walter Germán Sellis Mercado, quien no quiso recibir la notificación y se negó a firmarla; y, c) El accionante no se apersonó a los comunarios para pedir alguna oportunidad, más al contrario amenazó con su abogado, lo que causo la reacción de los mismos.
Lucinda Potty Meriles, Capitana de la comunidad de Guari, manifestó que, hace seis meses que el problema se venía suscitando, y como Capitana cumplió con lo que las bases le pidieron, a la comunidad la mancharon con denuncias ante la justicia ordinaria; no están interesados en el trabajo del accionante, sino que su comportamiento es lo que observaron, es bueno hablar con humildad pero no con la actitud que tiene el impetrante de tutela, por eso no están de acuerdo que vuelvan a su comunidad.
Teófilo Poty Meriles, señaló que la determinación que se tomó es de la comunidad, mejor era que se hubieran ido al día siguiente que se les dio el plazo, pero resulta que les notifican con esta acción de defensa, los comunarios tienen que atender a su ganado, hablamos que se iba a considerar su caso, pero con esta demanda los comunarios están molestos.
Reinol Mena, refirió que el accionante no debió hacer daño a la comunidad, ellos viven tranquilos y con la demanda presentada ya no se puede volver a considerar nada.
Leandro Mena, narró que los hechos vinieron pasando hace meses y no pueden dejar que vuelvan a la comunidad y que pague los perjuicios que les está ocasionando.
Franz Flores, refiriéndose al accionante, manifestó "que a uno de sus trabajadores lo demandó por brujo" (sic), a otro comunario lo demandó por robo de choclo, eso está inscrito en el libro de actas, y ahora el niega que se le haya notificado para las reuniones; habló con las propietarias, pero ellas lo amenazaron refiriendo que su hermano era "Coronel" de la policía, que tenían un primo "Capitán del Ejército" y primos abogados, es una pena no saber comportarse.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
Alejandro Cordero Jurado en audiencia refirió que: "...yo vive en Camiri (...), mi padre nos dejó derechos sobre su predio, en una oportunidad ellas manifestaron que por una solicitud fueron aceptadas como socias ahí sí que reconocen a las autoridades luego niegan que son autoridades, no quieren someterse a la comunidad, en que forma yo puedo instigar a hacer que se levanten si ellos son autoridades más de veinte años, yo no puedo enseñarles a hablar a ellos, o será que soy instigador de Germán Sellis, acaso yo le dije que vaya a mezquinarse el ingreso del agua la toma de agua para ellos arreglen él solito ha ido y les ha llamado la atención, acaso yo le dije que denuncie y lleve a la policía, la denuncia la trajo la capitana, no puede ser que estén negando (...) yo voy solo los fines de semana, el único que vive en el lugar y sustento es la agricultura y ganadería es mi hermano" (sic).
Rubell Cordero, señaló que: "Yo no tengo profesión, yo viví con mi padre mientras ellos estudiaban yo ayude a sacar profesionales a estos señores, después que murió mi padre estuve un año y medio atendiendo al ganado y después recién se le ha dado la entrada a estas personas a mis hermanas, y ahí comenzaron los problemas, yo voy todos los días de Cuevo a mi comunidad a trabajar a sacar leche y queso, deje de ir a la casa de mi padre precisamente por los conflictos que había entre el señor Sellis con la comunidad, yo decido retirarme puesto que yo tengo mi propiedad aparte, yo he vivido tranquilo con mi padre y nunca hemos tenido problemas de esta magnitud con la gente que vive en la comunidad, había unos problemas en la comunidad pero hemos arreglado pidiendo perdón" (sic).
I.2.4. Resolución
El Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Machareti del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 186/2018 de 19 de septiembre, cursante de fs. 140 a 148 vta., concedió la tutela impetrada; disponiendo:
- i)Dejar sin efecto las Resoluciones en la vía de ejecución de 21 de agosto de 2018, la emitida por la Gran Asamblea de la Capitanía comunal de Guari de 9 de agosto de 2018; así como, cualesquier otra Resolución que determine la expulsión de los accionantes de la comunidad de Guari, emitidas por las autoridades y comunarios, debiendo en consecuencia ser restituidos sus derechos de ingreso y actividades sobre el predio comunal de Guari, debiendo emitir en consecuencia las autoridades comunales una nueva Resolución, acorde a los razonamientos expresados en la presente Resolución y en observancia a la jurisprudencia constitucional, observando el debido proceso en sus elementos de defensa y fundamentación; la motivación debida, describiendo con claridad los hechos y justificando la sanción de acuerdo a la gravedad de la afectación a la vida comunal, conforme a su cosmovisión, normas y procedimientos propios, otorgando a los accionantes las más amplias facultades en su derecho a la defensa, todo en el marco del debido proceso;
- ii)Exhortar a las autoridades demandadas a observar los derechos, garantías, principios y valores constitucionales a tiempo de resolver la presente causa sometida a su jurisdicción, aclarando también que de incurrirse en nuevas vulneraciones a derechos, podría interponerse nuevo amparo constitucional;
- iii)Que los demandados se abstengan de efectuar acciones tendientes a obstaculizar y tomar contra los accionantes otras medidas de hecho, amenazas, amedrentamientos, actos que impidan el ingreso de los accionantes a su actividad laboral y terrenos sucesorios; así como, a terceras personas y/o comunarios, se abstengan de efectuar acciones tendientes a la intimidación, obstaculización hacia el accionante, máxime si se manifiesta y se toma en cuenta que el mismo hubiera sido expulsado; y,
- iv)Exhortar a los accionantes a adecuar su conducta a las normas comunitarias, mientras no sean contrarios a los derechos y garantías fundamentales.
Determinación asumida con los siguientes fundamentos:
- a)Las razones por las que decidieron la expulsión de los accionantes no es armónica con los valores plurales supremos referentes a la igualdad, complementariedad, solidaridad, reciprocidad, inclusión, igualdad de condiciones o bienestar común, ya que el fin de la medida no encuentra justificación en una decisión destinada a la preservación de un interés colectivo, la decisión debe ser acorde con su cosmovisión propia emanada de la comunidad indígena originaria campesina;
- b)La determinación no respondería a una ponderación de acuerdo a la naturaleza y gravedad de los hechos plasmados en la decisión en relación a la magnitud de la sanción impuesta de expulsión, más aun si con relación a Nidez Cordero Jurado y Lizbeth Cordero jurado, no se conocen los motivos, razones para su expulsión, presumiéndose que se las expulsó por ser esposa y cuñada del accionante;
- c)Toda persona tiene derecho a asumir su defensa mediante mecanismos legales establecidos en la Ley, y el hecho de demandarlos no es una agravante para no aceptarlos en la comunidad, asumiendo como si fuera un delito o falta el hecho de defender sus derechos que se encuentran reconocidos constitucionalmente; y,
- d)La decisión asumida por las autoridades demandadas es desmedida, la resolución que impuso una sanción que además no se encuentra expresamente establecida en la norma escrita y se aplica conforme a sus usos y costumbres, la misma no podría exigirse ya que no existe; empero, si efectuaron una resolución escriturada sin una explicación lógica que justifique la sanción impuesta que resulta desproporcionada y excesiva.
I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante decreto constitucional de 10 de abril de 2019, (fs. 238 a 239), la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a solicitud del Magistrado (a) Relator (a), con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción, solicitó a la Secretaria Técnica y Descolonización de este Tribunal la realización de trabajo de campo y trabajo de gabinete. Una vez remitido el correspondiente Informe TCP/STyD/UD/009/2019 (fs. 243 a 293), se reanudó el mismo a partir del día siguiente de la notificación, con el respectivo Decreto Constitucional de reanudación del plazo conforme a antecedentes, por lo que esta Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
II. CONCLUSIONES
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
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