1129/2022-S3

Así, respecto a la vulneración del debido proceso en su componente de motivación señala que la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 280/2021:

1. a)Se limita a citar los elementos de convicción sin realizar ningún ejercicio de valoración sobre los mismos ni contrastar estos con el hecho delictivo investigado, pues no señala qué elementos de convicción le sirvieron para arribar a la decisión asumida, tampoco efectuó una adecuación legal de los hechos al tipo penal sobre los cuales se basa para afirmar que su conducta se subsume al hecho delictivo;
2. b)Se califica al documento de 25 de abril de 2017, como "contrato criminalizado", sin establecer en qué elementos de convicción se funda para afirmar ello, sin considerar que la Resolución de sobreseimiento determinó que "...(...) el documento señalado fue faccionado por la abogada de la víctima según se tiene de la atestación de Carmen Pardo Arteaga..." (sic), por lo que no se puede argüir que el contrato fue "instrumentalizado" como medio de engaño, pues fue elaborado por una profesional de confianza a la que contactó la querellante, y ésta a su vez otorgó su visto bueno para cada cláusula velando por los intereses de su patrocinada; por consiguiente, no es posible endilgarle la responsabilidad de usar como medio de artificio dicho documento; y,
3. c)No se consideró que en el escrito de la querella, la supuesta víctima relató que en primera instancia se tenía un documento diferente, el cual no pudo ser reconocido porque no cumplía con las formalidades necesarias para la conformación de una sociedad comercial, por ende la misma conocía que el documento suscrito no implicaba la configuración de una sociedad, habiendo afirmado que el dinero entregado fue en calidad de inversión, no existiendo engaño, puesto que la querellante siempre estuvo al tanto de las condiciones del trato arribado, quien recibió "DE BUEN GRADO" la suma que se le entregó en calidad de devolución, pretendiendo hacer ver que el dinero habría sido dado en calidad de ganancia, cuando ella misma admite haber solicitado la resolución del contrato en varias oportunidades, no siendo lógico pagarle ganancias cuando el contrato fue disuelto por ella misma, lo cual resulta un atentado a la garantía de imparcialidad y principio de objetividad, pues realiza una valoración de los elementos de convicción parcializada, ya que, pese a la valoración efectuada en la Resolución de Sobreseimiento, prefiere obviar los elementos y hechos fácticos que si bien no generan seguridad respecto a la inexistencia del hecho, generan dudas respecto al mismo, siendo que fue la propia querellante quien solicitó la disolución de vínculo contractual, por lo que no existió ardid o artificio alguno para la disposición y entrega de la suma fijada, siendo que ella misma dispuso de los $us17 000.- tal cual reflejan los hechos reconocidos de su parte y comprobados mediante los elementos de convicción; aspectos de los cuales se refleja una actuación parcial de la autoridad accionada, al tratar de fundar una decisión equivocada e ilegal, actuar arbitrario y subjetivo que desconoce el art. 5.3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP).

El accionante, a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda constitucional, y ampliando el mismo señaló que:

1. 1)El documento de 25 de abril de 2017, se suscribió con el objeto de realizar negocios y establecía la entrega de ganancias en 1% de forma mensual, con posibilidad de acudir a la vía civil en caso de controversias; sin embargo, se instauró este proceso penal disfrazando de estafa el incumplimiento de entrega de ganancias, cuando existen pagos aceptados por la denunciante y otras pruebas que son citadas tanto en la Resolución de rechazo de 31 de diciembre de 2018, y posteriormente en la de sobreseimiento de 7 de mayo de 2021, que establecen que no corresponde continuar con la investigación, toda vez que el documento prevé la posibilidad de acudir a la vía civil;
2. 2)La Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 280/2021 calificó al contrato suscrito como documento criminalizado porque estaría viciado, sin describir bajo qué argumentos arribó a esa conclusión, deduciendo con ese único sustento la existencia de dolo, revocando el sobreseimiento dispuesto a su favor sin ninguna motivación, menos realizó un análisis pormenorizado lógico de los elementos colectados; tampoco consideró las declaraciones testificales ni que el documento fue realizado por una persona de confianza de la denunciante; omisión que no condice con lo establecido en la jurisprudencia constitucional descrita en la SCP "0413/2013" de 31 de mayo, que describe la motivación como parte importante del derecho al debido proceso, requisito sine qua non para cualquier autoridad a tiempo de emitir un fallo;
3. 3)La Fiscal Departamental de Cochabamba hoy accionada decidió apartar las pruebas que generaban una duda razonable respecto a la existencia del hecho, sin analizar más que el contrato de 25 de abril de 2017, inaplicando el principio de imparcialidad que garantiza al litigante un juez neutral en la consideración de un proceso;
4. 4)La parte querellante pretende lograr la devolución de $us30 000.- y el resarcimiento de daños del contrato suscrito, utilizando la vía penal para perseguir el cobro de una deuda, pese a existir duda razonable en cuanto a si el documento podría ser tomando en cuenta o no como un medio de engaño, en consideración a la garantía de presunción de inocencia; y,
5. 5)El 0Auto Supremo 241 de 21 de agosto de 2005, establece que para determinar la existencia de estafa debe existir un doble vínculo de causalidad; vale decir, que el sindicado hubiera inducido en error a la víctima y que ese error haya implicado una disposición patrimonial, lo cual no acontece en el presente caso, toda vez que la querellante consultó con su abogada y con un Notario de Fe Pública, lo cual fue admitido en su querella circunstancias que no fueron tomadas en cuenta por la ahora accionada, limitándose a referir únicamente la existencia de un contrato criminalizado y que por ello existiría dolo configurando el delito de estafa por encima de toda la normativa legal aplicable.

Nuria Gisela Gonzales Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante informe escrito de 27 de septiembre de 2021, cursante de fs. 61 a 64 vta., solicitó se deniegue la tutela, señalando que:

1. i)Para que proceda la acción de amparo constitucional, el accionante debió demostrar que a momento de emitirse la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 280/2021, hoy cuestionada, se cometieron actos ilegales que amenacen, restrinjan o supriman derechos y garantías fundamentales, toda vez que la justicia constitucional está impedida de ingresar a revisar las resoluciones de la jurisdicción ordinaria conforme establece la SC 2471/2010-R de 19 de noviembre;
2. ii)La Resolución confutada se encuentra correctamente estructurada y fundamentada, evidenciándose en el apartado "II. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO" que realizó una valoración intelectiva de los elementos de convicción colectados durante la investigación preparatoria y producto de ello, determinó que los mismos serian "insuficientes" para fundar una acusación contra el accionante; en el análisis integral y objetivo de dichos elementos se pudo establecer la suficiencia objetiva de la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, de modo que se otorgó un valor individual y plural a cada elemento, especialmente al contrato de 25 de abril de 2017;
3. iii)El razonamiento asumido por el impetrante de tutela no contrasta el contenido extenso de la Resolución Jerárquica cuestionada, en la que se valoró y fundamentó adecuadamente no solo el único elemento que tiene a bien citar, sino absolutamente todos los que le llevaron a arribar a la conclusión sobre la existencia del hecho y su autoría, ordenando por ello emitir la resolución pertinente;
4. iv)En cuanto a la vulneración del principio de presunción de inocencia no se advierte que se hubiere lesionado, por cuanto dentro de la dinámica procesal penal resta la prosecución de un juicio oral, público y contradictorio en el que el imputado hoy accionante ofrecerá y presentará sus pruebas de descargo y serán las autoridades jurisdiccionales quienes determinaran lo que corresponda en sujeción a los hechos probados, no pudiendo por sí sola la Resolución Jerárquica destruir el principio de presunción de inocencia, toda vez que esto es posible únicamente a través de una sentencia condenatoria ejecutoriada, circunstancia que no se adecua al caso concreto;
5. v)Los argumentos del peticionante de tutela resultan genéricos, incumpliendo el principio de especificidad; toda vez que, únicamente indicó que no se realizó una valoración integral de la prueba y se lesionó los principios de objetividad y favorabilidad; empero, no identificó de qué manera se hubiere valorado incorrectamente en franca vulneración de las máximas de la experiencia, la lógica o la sana crítica, omisión argumentativa que no permite que el Tribunal de garantías ingrese a considerar los aspectos alegados, en observancia de la jurisprudencia constitucional descrita en la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, que establece tres presupuestos para ingresar a valorar la prueba, atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas, salvo cuando:
6. a)La autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
7. b)Omitieron de manera arbitraria su consideración, parcial o totalmente; y,
8. c)Basaron su decisión en prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento; evidenciándose que en la presente acción de defensa no se especificó concretamente en cuáles de estos supuestos funda su pretensión jurídica, por lo que no se cumplió con las exigencias mínimas de carga argumentativa, pues quien pretende la tutela de derechos fundamentales mediante una acción de amparo constitucional debe cumplir inexcusablemente con la suficiencia argumentativa, su incumplimiento amerita la denegatoria de la tutela pretendida; y,
9. vi)Finalmente, la jurisprudencia constitucional estableció límites para la procedencia de acciones de amparo constitucional construyendo la doctrina de la relevancia constitucional en la SCP 1062/2016-S3 de 3 de octubre, refiriendo que los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección vía amparo, a menos que:
10. 1)Cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el juez provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos;
11. 2)Los errores o defectos ocasionen indefensión material de alguna de las partes intervinientes, impidiendo la posibilidad que pueda hacer valer sus pretensiones; y,
12. 3)Dichas lesiones tengan relevancia constitucional; es decir, que esa infracción procedimental dé lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado; en el caso concreto, la demanda constitucional interpuesta por el accionante contiene una falta de relevancia constitucional al no concurrir ninguno de los presupuestos descritos que permita fundar que la decisión cuestionada tenga un resultado diferente.

En audiencia, a través del representante del Ministerio Público, la accionada manifestó que:

1. a)La Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 280/2021 contiene una debida fundamentación con descripción de los elementos de convicción que ameritaron la determinación asumida. Al respecto la SCP "1365/2005-R" señala que la motivación no implica la explicación ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, con lo cual se cumplió;
2. b)El impetrante de tutela no refirió qué elemento de convicción no se hubiese valorado, describiendo escuetamente la declaración de Carmen Lucy Pardo; sin embargo, en el punto 20 de la Resolución Jerárquica se hizo alusión sobre esta acta de declaración informativa; consiguientemente, el accionante no cumplió con la carga argumentativa de precisar en qué contexto o en qué sentido no se hubiera valorado ese elemento o de qué modo modificaría la Resolución hoy cuestionada;
3. c)La Resolución Jerárquica responde a los elementos de convicción que fueron colectados durante la investigación, circunstancias que posteriormente ameritaron la resolución de acusación; y,
4. d)La SCP 0644/2016-S3 de 3 de junio, refiere que una resolución de revocatoria emitida por el Fiscal Departamental no es similar a una sentencia condenatoria, ni contiene los mismos resultados, pues pronunciada la misma el Fiscal de materia deberá emitir acusación formal delimitando el objeto del proceso, identificar a los posibles autores y los hechos que se deben probar; además, prohíbe lo que pretende la parte peticionante; pues, en toda su exposición cuestiona si el incumplimiento contractual constituye o no el tipo penal, circunstancias de fondo que fueron analizadas en la Resolución Jerárquica hoy cuestionada y que no pueden ser valoradas por el Tribunal de garantías; toda vez que de ninguna manera corresponde revisar la contundencia o no de las pruebas consideradas por el Fiscal Departamental para emitir una acusación siendo que la emisión de una acusación atinge exclusivamente solo al Ministerio Público, bajo responsabilidad.

María Del Pilar Rojas Villarroel, por informe escrito de 27 de septiembre de 2021, cursante de fs. 81 a 82, y en audiencia a través de su abogado, señaló que:

1. 1)No es cierto lo aseverado por la parte accionante, toda vez que en ningún momento recibió los $us17 000.- que refiere, no existiendo ninguna prueba o declaración suya afirmando ese aspecto;
2. 2)Respecto al argumento expuesto por el impetrante de tutela, en relación a que su abogada fue quien elaboró el documento de 25 de abril de 2017 y que había consultado con un Notario de Fe Pública, cabe hacer notar que la esposa del denunciado es abogada y fue ella quien realizó el contrato inicial, misma que tenía conocimiento que no se iba a poder consolidar la sociedad por incumplimiento de los requisitos; empero, a sabiendas lo hizo para confabular con el sindicado, siendo este su "modus operandi" con otras personas más;
3. 3)El solicitante de tutela interpuso un incidente de prejudicialidad con los mismos argumentos que ahora refiere, que fue resuelto el 5 de noviembre de "2000" por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de Cochabamba, declarándolo infundado; y,
4. 4)La acción de amparo constitucional interpuesta, no precisa con claridad de qué forma se lesionaron los derechos del accionante; por el contrario, la Resolución Jerárquica emitida por la autoridad accionada cuenta con la debida motivación y fundamentación, por lo que pide se deniegue de la tutela impetrada.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 106/2021 de 27 de septiembre, cursante de fs. 116 a 120, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos:

1. i)El art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que la acción de amparo constitucional no procederá "Contra actos consentidos libre y expresamente o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" (sic), al respecto la jurisprudencia constitucional en la SCP 0906/2010-R de 10 de agosto, entendió los actos consentidos como: "'...cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular que supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y garantías fundamentales, de modo que no siempre podrá exigirse un acto en el que el titular manifieste textualmente y por escrito que acepta libre y expresamente el acto ilegal u omisión indebida, sino que ello podrá deducirse con los elementos de juicio suficientes del accionar que el titular hubiera tenido a partir de la supuesta lesión de la que hubieren sido objeto sus derechos y garantías constitucionales" (sic); por su parte, la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, estableció subreglas para considerar su existencia: "...a) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y,
2. b)Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad;
3. c)De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos" (sic);
4. ii)Del análisis de la documentación adjuntada por el accionante como de los antecedentes remitidos por el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento citado, se tiene que la autoridad accionada mediante Resolución Jerárquica FDC/NGGRIS 280/2021, determinó revocar la Resolución de sobreseimiento de 7 de mayo de 2021, disponiendo que la Fiscal a cargo del caso en el plazo de diez días acuse o acuerde una salida alternativa, así como la notificación a las partes conforme a procedimiento; habiendo emitido la Fiscal de Materia asignada al caso requerimiento conclusivo de acusación formal contra el accionante; a cuyo efecto, consta Auto de remisión de antecedentes al juzgado de sentencia penal de turno; Auto de radicatoria por el referido Juzgado de Sentencia Penal Noveno; acusación particular presentada por la hoy tercera interesada; y, memorial de ofrecimiento de pruebas de descargo efectuado por el demandante de tutela en la instancia jurisdiccional, manifestando expresamente que con el fin "de ejercer su derecho a la defensa de manera irrestricta" (sic), ofreciendo prueba documental y testifical y adhesión a la prueba del Ministerio Público;
5. iii)Conforme a la línea jurisprudencial citada, en cuanto a la existencia de un acto consentido, debe existir una voluntad expresa o manifiesta sobre una acción o hechos, además "Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas a su voluntad" (sic), lo que acontece en el caso concreto, puesto que el accionante, teniendo conocimiento de la Resolución Jerárquica que hoy cuestiona activa la vía constitucional; sin embargo, en la instancia jurisdiccional, radicada la causa ante el referido Juzgado de Sentencia y presentada la acusación particular por la querellante -ahora tercera interesada-, por memorial de 25 de septiembre 2021, ofreció pruebas de descargo documentales y testificales y adhesión a la prueba del Ministerio Público, manifestando expresamente su voluntad de ejercer su derecho a la defensa de manera irrestricta; y, por proveído de "24 de septiembre de 2021" se tuvo por ofrecida dicha prueba, deduciendo de ello que activó las dos vías paralelamente; y,
6. iv)Los actos procesales referidos denotan que el solicitante de tutela luego de tener conocimiento de la Resolución Jerárquica, fue notificado con la acusación fiscal y particular, y de manera expresa admitió y manifestó su consentimiento de asumir defensa ante el Juez de la causa, presentando pruebas de descargo; por lo que la Sala Constitucional no puede ingresar al fondo de la problemática planteada, correspondiendo su denegatoria.

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación vinculado a valoración de la prueba, la garantía de imparcialidad y de presunción de inocencia; y, los principios de objetividad y de última ratio del derecho penal; en el entendido que, la Resolución Jerárquica FDC/NGGR IS 280/2021 de 15 de junio, pronunciada por la autoridad accionada:

1. a)Carece de motivación y fundamentación, puesto que:
2. 1)Se limita a citar los elementos de convicción sin realizar ningún ejercicio de valoración probatoria ni contrastarlos con el hecho delictivo investigado, además sin indicar cuál de esos elementos le sirvieron para arribar a la decisión asumida; tampoco efectuó una adecuación legal de los hechos al tipo penal sobre los cuales se basa para afirmar que su conducta se subsume al hecho delictivo;
3. 2)Calificó al documento de 25 de abril de 2017, como "contrato criminalizado", sin señalar los elementos de convicción para arribar a tal determinación, más aun cuando la Resolución de Sobreseimiento estableció que dicho documento fue elaborado por la abogada de confianza de la presunta víctima, según la atestación de dicha profesional, por lo que no se puede argüir que el contrato fue "instrumentalizado" como medio de engaño; y,
4. 3)No consideró que la supuesta víctima conocía plenamente que el documento suscrito no implicaba la conformación de una sociedad, habiendo afirmado que el dinero entregado fue en calidad de inversión, y que recibió la suma que se le entregó en calidad de devolución, pretendiendo hacer ver que el dinero habría sido dado en calidad de ganancia, cuando ella misma admite haber solicitado la resolución del contrato en varias oportunidades, no existiendo lógica en pagarle ganancias cuando el contrato fue disuelto por ella misma, efectuando una valoración de los elementos de convicción por demás parcializada, obviando los elementos y hechos fácticos que si bien no generan seguridad de la inexistencia del hecho, al menos generan dudas sobre el mismo, conforme al principio de objetividad;
5. b)La decisión de la autoridad accionada bajo el principio de tutela judicial efectiva constituye una aberración jurídica y una interpretación antojadiza y arbitraria de ese principio, pues con la Resolución de Sobreseimiento no se niega el acceso a la justicia a la víctima, sino que se señala la vía correcta para perseguir el cobro de obligaciones patrimoniales, ya que el derecho penal es de última ratio; y,
6. c)La Resolución Jerárquica cuestionada vulnera la garantía de presunción de inocencia, pues en contradicción a los elementos colectados que permiten entrever que el documento suscrito responde a la voluntad e interés de la querellante, y que la misma no demostró sin duda alguna la existencia del hecho, su adecuación al tipo penal investigado y su participación, determinó la existencia de un contrato criminalizado.

La SCP 0159/2019-S1 de 26 de abril, remitiéndose a la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, asumió el siguiente entendimiento: "...por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor:

1. 1)Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. 2)No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. 3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.