Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1129/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad
Expediente: 54997-2023-110-AL Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 11/2023 de 23 de marzo, cursante de fs. 22 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ernesto Luis Alcón Illanes en representación sin mandato de la menor de edad AA contra Leda Mirna Ojopi Rivero, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Primera de la Capital del departamento de Santa Cruz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
La parte accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 22 de marzo de 2023, cursante de fs. 8 a 11 vta., manifestó lo siguiente:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la menor de edad AA -accionante- por la presunta comisión del delito de asesinato previsto y sancionado por el art. 252 del Código Penal (CP), radicado en el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, se encuentra con detención preventiva en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil "Nueva Vida Santa Cruz" (CENVICRUZ) del citado departamento, de manera ilegal por más de seis meses y más allá de los límites establecidos por el art. 291.I inc. d) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, en franca inobservancia del debido proceso.
Indicó que, conforme a los antecedentes del cuaderno procesal, fue señalada la audiencia de cesación de la detención preventiva para el 21 de marzo de 2023; en la que, una vez instalada la Secretaria del despacho judicial informó que no obstante haberse cumplido las diligencias y notificaciones, se encontraban ausentes la madre de la imputada -menor de edad AA- y la parte denunciante; por lo que, su abogado defensor, en uso de la palabra, hizo conocer a la Jueza ahora accionada que -el en la referida fecha-, fue notificada con el señalamiento de prosecución de juicio oral para el 24 del mismo mes y año, argumentando igualmente respecto a la multa que le fue impuesta por inasistencia a una audiencia de juicio oral, público y contradictorio; sin embargo, a pesar de que dichos fundamentos no tenían por objetivo exponer las razones del abogado defensor sobre la referida multa y la ausencia momentánea de la madre de la menor de edad, la Jueza ahora accionada, sin conceder la palabra al abogado de la defensa -de la menor de edad-, resolvió de manera inmediata suspender el verificativo hasta el 31 del indicado mes y año, durante las jornadas de descongestionamiento a llevarse a cabo en CENVICRUZ, sin señalar expresamente la hora.
Dicha determinación resulta vulneratoria de normas constitucionales, leyes adjetivas y tratados y convenios internacionales, así como de la jurisprudencia constitucional que determina que las audiencias de cesación de la detención preventiva, deben señalarse dentro de los "tres días" siguientes de haberse presentado la solicitud; por ello, la actuación de la Jueza ahora accionada constituye un flagrante hecho de retardación de justicia que además de causarle indefensión, pone también en riesgo sus derechos a la vida y a la salud, habida cuenta que en CENVICRUZ, persiste la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y dengue.
Añade que la Jueza ahora accionada, a pesar de conocer los mandatos del Código Niña, Niño y Adolescente, pretende negar su libertad, suspendiendo intempestivamente la audiencia señalada para el 21 de marzo de 2023; esto, añadido a que en varias ocasiones, igualmente tuvo que esperar mucho tiempo para la instalación de otras audiencias, resultando extremadamente casual, que la referida audiencia objeto de la presente acción de defensa, fue suspendida sin esperar por lo menos cinco minutos desde que se instaló; razones que, motivan la interposición de la presente acción de libertad en su modalidad traslativa a efectos de sentar un precedente respecto a la juzgadora, de que la libertad está por encima de formalismos procesales y que, en consecuencia la tramitación de solicitudes vinculadas a dicho derecho, deben ser tramitadas con la mayor celeridad posible.
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