Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1131/2019-S2 Sucre, 23 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 26010-2018-53-AL Departamento: Tarija
En revisión la Resolución 05/2018 de 16 de octubre, cursante de fs. 135 a 139 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lino Velásquez contra Jorge Alejandro Vargas Villagómez, Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de las Salas Penales Primera y Segunda respectivamente, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, Arturo López Leyton, Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva y Claudia Gamarra Hoyos, Jueces Técnicos de Sentencia Penal Primero del mismo departamento.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 15 de octubre de 2018, cursante de fs. 48 a 59 vta., el accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante querella presentada el 11 de marzo de 2014, por Gabriela Yanina Velásquez Camacho, se inició proceso penal en su contra, por la presunta comisión del delito de violación conforme establece el art. 308 Bis del Código Penal (CP). Pese a que en la querella señala su domicilio, jamás fue notificado de manera personal con la misma, al contrario el Ministerio Público requirió su notificación personal mediante edictos, en violación a sus derechos y garantías constitucionales; continuando, el proceso con esas irregularidades hasta la presentación de la acusación, momento procesal; en el que, el Ministerio Público nuevamente solicitó su notificación mediante edictos y el libramiento del mandamiento de aprehensión en su contra, ejecutado el 4 de septiembre de 2018, por funcionarios policiales que se presentaron en su fuente laboral, y sin mayor explicación lo condujeron ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, donde fue sometido a una audiencia de medidas cautelares de carácter personal de forma inmediata sin haberse solicitado la misma, no existiendo una motivación y fundamentación en la imputación formal, querella, acusación fiscal o particular, como lo reconoce el propio Tribunal en el Auto Interlocutorio 355/2018 de 4 de septiembre.
La Resolución de la detención preventiva al margen de vulnerar su derecho a la defensa, tiene defectos de forma y fondo, porque no expresa las razones por las que los juzgadores llegaron a la conclusión que con probabilidad es autor del ilícito penal, basándose únicamente en la declaración de la víctima, sin que exista prueba material, no obstante que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), exige la existencia de indicios suficientes, con relación a los riesgos procesales de fuga y obstaculización, realizaron apreciaciones subjetivas como: "que no se conoce a su entorno familiar, y que se ha tenido que ejecutar un mandamiento de aprehensión para ser puesto a disposición de la autoridad" (sic), sin considerar que no se le notificó legalmente y debido a ello se lo declaró ilegalmente rebelde y se lo aprehendió, sin poder asumir su defensa; asimismo, sostuvieron que constituía peligro para la víctima, pues por el vínculo de familiaridad "era probable" el peligro de obstaculización; dispusieron su detención preventiva a partir de simples conjeturas.
Esas irregularidades fueron denunciadas en la apelación, pero no fueron consideradas por los Vocales codemandados que ratificaron los fundamentos de los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primera de la Capital del departamento de Tarija; es más, el Auto de Vista 135/2018-SP1 de 26 de septiembre, confundió el acto concreto del que emerge la apelación al darle el tratamiento de una cesación de la detención preventiva, dándole la carga de la prueba. No fundamentaron el riesgo procesal previsto por el inciso 2) del art. 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y para la determinación del riesgo procesal previsto por el inc. 10) del art. 234 del CPP, tomó otras circunstancias distintas a las consideradas por los Jueces a quo, refiriéndose a la vulnerabilidad de la menor, por el hecho de vivir en el mismo domicilio, cuando ello no es cierto, además no consideraron que la víctima es mayor de edad. Finalmente, con relación al riesgo de obstaculización previsto por el art. 235 del CPP, se limitaron a señalar que podría existir una probable obstaculización porque se tenían elementos objetivos, sin indicar cuáles eran esos elementos. En síntesis el Tribunal de apelación se limitó a ratificar la determinación del inferior, no obstante dicha determinación de graves defectos, al no tener sustento en algún elemento de convicción, que justifique razonablemente su decisión.
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
El demandante de tutela aduce la lesión de sus derechos a la libertad y a la presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 23, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia disponga que se anulen el Auto de Vista 135/2018-SP1 de 26 de septiembre; asimismo, el Auto Interlocutorio 355/2018 de 4 de septiembre, y se pronuncie nueva resolución por las autoridades judiciales demandadas en el plazo de veinticuatro horas, ajustadas a la finalidad procesal del art. 23.I de la CPE, art. 221 del CPP y respetando su derecho a la presunción de inocencia.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad se realizó el 16 de octubre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 134 a 135, presente el solicitante de tutela con su abogado, ausentes las autoridades judiciales demandadas; quienes interpusieron su informe escrito, produciéndose los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El abogado de la parte accionante reiteró los términos de la acción de libertad.
I.2.2. Informe de las autoridades judiciales demandadas
Pablo Reinaldo Zelaya Villanueva, Arturo López Leyton y Claudia Gamarra Hoyos, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, en su informe escrito de fs. 68 a 69, señalaron que el imputado rebelde fue conducido ante el Tribunal de Sentencia con ayuda de la fuerza pública, en virtud a un mandamiento de aprehensión, ante lo cual determinaron el día y hora de audiencia para definir la situación jurídica del imputado, dando la oportunidad a la víctima de hacer efectivo su derecho fundamental a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, ponderando la situación de minoridad y el principio de interés superior de los menores; así como, la situación de extrema vulnerabilidad como víctima de delitos sexuales. En la audiencia cautelar, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, escuchó a las partes y valorando la prueba aportada, las autoridades ut supra pronunciaron Resolución de Auto Interlocutorio disponiendo la detención preventiva del imputado, explicando los motivos de su decisión.
Jorge Alejandro Vargas Villagómez y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de las Salas Penales Primera y Segunda respectivamente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, por informe escrito de fs. 70 a 71 vta., señalaron lo siguiente:
- a)El 26 de septiembre del año en curso, conocieron el recurso de apelación incidental interpuesto por el imputado -ahora solicitante de tutela- emitiendo por Auto de Vista 135/2018-SP1, que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación incidental, quedando desvirtuado el inc. 1) del art. 234 del CPP y vigentes los incisos 2) y 10) de la misma norma procesal penal y el inc. 2) del art. 235 del CPP, mantenido la detención preventiva del imputado;
- b)El Auto de Vista 135/2018-SP1, pronunciado cuenta con la debida fundamentación, congruencia y razonabilidad por lo que no se vulnero derecho alguno del solicitante de tutela, simplemente se aplicó lo que dispone el art. 398 del CPP;
- c)La decisión de declarar con lugar parcialmente una apelación incidental en la que mantuvo la detención preventiva del imputado de modo alguno, vulnera su derecho a la libertad, por cuanto de conformidad al art. 251 del CPP, es una potestad legal de las salas penales de los tribunales Departamentales de Justicia de Tarija, resolver apelaciones incidentales sobre medidas cautelares, en ese sentido no hubo vulneración al derecho a la defensa ni al debido proceso.
I.2.3. Resolución
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Tarija, constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución de 16 de octubre de 2018, cursante de fs. 134 a 139 y vta., denegó la tutela solicitada por Lino Velásquez, con los siguientes fundamentos:
- 1)Respecto a que la audiencia cautelar hubiera sido llevada adelante de manera oficiosa cuando no fue solicitada por el Ministerio Público, el art. 233 del CPP, es claro al señalar que la medida cautelar de detención preventiva puede ser solicitada a pedido fundamentado de la víctima, como ocurrió en el caso;
- 2)Con relación al riesgo procesal previsto por el inc. 2) del art. 234 del CPP, referido a la declaración de rebeldía, es razonable y emerge de la valoración integral que consideró también el certificado domiciliario, del mismo modo la fundamentación realizada para considerar la concurrencia del riesgo de obstaculización previsto por el inc. 2) del art. 235 del CPP, porque hace una valoración conjunta de toda la prueba aportada por las partes; así como, la imputación y acusación, por las que se establece que la víctima vivía junto al imputado, en el domicilio de la abuelita; además la víctima es una menor de edad que requiere la protección estatal, al encontrarse en una situación de vulnerabilidad; y 3) Respecto al domicilio, el certificado de habitualidad es un aspecto de la jurisdicción ordinaria no constitucional que fue valorado pero esa prueba no era suficiente para desvirtuar el riesgo procesal.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
Mediante proveído de 26 de noviembre de 2018, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a solicitud de la Magistrada Relatora, dispuso la suspensión del plazo, solicitando un informe a la Unidad de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la línea jurisprudencial sobre los precedentes existentes en relación a las mujeres víctimas de violencia y el riesgo de fuga previsto en el art. 234 inc.10 del CPP (fs. 143).
Una vez remitido el Informe TCP/APEC/UJLG 097/2018 de la Unidad de Jurisprudencia, Legislación y Gaceta (fs. 147 a 175), la Comisión de Admisión, a solicitud de la Magistrada Relatora, solicitó la intervención, en condición de amicus curiae a las siguientes entidades y personas:
- Coordinadora de la Mujer - ONU Mujeres - Comunidad de Derechos - Fundación Construir - Reynaldo Imaña
Con la finalidad que presenten sus alegatos respecto al siguiente tema:
"Considerando que en materia penal a partir de la garantía de presunción de inocencia, la carga de la prueba para la imposición de medidas cautelares corresponde a la parte acusadora; solicitamos su criterio sobre la interpretación de dicho principio en medidas cautelares en el marco del art. 87 numeral 12 de la Ley 348 de 9 de marzo de 2013, cuando el Ministerio Público no presenta prueba; otorgando para el efecto el plazo de treinta días a partir de su legal notificación, disponiendo que se continúe con la suspensión del plazo dispuesta por el Decreto Constitucional de 26 de noviembre de 2018" (sic [fs. 179]).
Por Decreto de 12 de abril de 2019, se amplió la solicitud de amicus curiae a la Asociación de Pensamiento Penal Bolivia, otorgándole el plazo de treinta días (fs. 263).
Por Decreto de 19 de junio de 2019, se conminó a las instituciones a quienes se solicitó el amicus curiae a que emitan el pronunciamiento solicitado, otorgándole el plazo de quince días, manteniendo la suspensión del plazo (fs. 267), efectuando la notificación mediante correo electrónico (fs. 268 a 272).
Sin embargo, una vez transcurrido el plazo, y ante la inexistencia de alegatos por parte de las instituciones antes nombradas, mediante Decreto de 19 de diciembre de 2019, se reanudó el plazo para pronunciar Resolución; consiguientemente, la presente resolución se pronuncia dentro de plazo.
Al no existir consenso en la Sala, de conformidad con el art. 30.I.6 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), se convocó al presidente de este Tribunal, a fin de dirimir con su voto el caso en análisis.
II. CONCLUSIONES
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:
II.1. A denuncia de Gabriela Yanina Velásquez Camacho, el Ministerio Público imputó a Lino Velásquez ahora accionante, por la presunta comisión del delito de Violación Niña, Niño y Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del CP (24 a 25 y vta.).
II.2. En la audiencia de consideración de medidas cautelares verificada el 4 de septiembre de 2018, a solicitud de la víctima, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Tarija, pronunció la Resolución de la misma fecha, disponiendo la detención preventiva de Lino Velásquez en el Centro Penitenciario de Morros Blancos de Tarija, al considerar que concurrían los requisitos previsto por el art. 233, concordante con los incisos 1), 2) y 10) del art. 234 y 1) y 2) del art. 235, todos del CPP (fs. 11 a 14 vta.).
II.3. El -ahora solicitante de tutela- en la misma audiencia de medidas cautelares interpuso recurso de apelación, contra la Resolución 355/2018 de 4 de septiembre, alegando la vulneración de su derecho a la defensa y al debido proceso, en su elemento a una debida fundamentación y congruencia; así como, la vulneración del principio de legalidad, por cuanto consideraron la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 del CPP (fs. 3 a 4).
II.4. Mediante Auto de Vista 135/2018-SP1 de 26 de septiembre, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, integrada por Jorge Alejandro Vargas Villagómez y Blanca Carolina Chamón Calvimontes, Vocales de las Salas Penales Primera y Segundo, respectivamente ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declararon parcialmente procedente el recurso de apelación incidental formulado por el imputado; señalando que no se demostró la concurrencia del inciso 1) del art. 234 quedando "activos" los riegos procesales previstos por los incisos 2) y 10) del art. 234 y inciso 2) del art. 235, todos del CPP consiguientemente, mantuvieron la detención preventiva (fs. 4 a 10 y vta.).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El demandante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y la presunción de inocencia debido a que, por una parte, los Jueces codemandados dispusieron su detención preventiva a través de una resolución que no cuenta con la debida fundamentación, ya que no expresa las razones por la que llegaron a la conclusión que es con probabilidad, autor del ilícito penal y que existe peligro de fuga y obstaculización, basándose en la declaración de la víctima, realizando apreciaciones subjetivas y conjeturas; por otra parte, los Vocales codemandados ratificaron los fundamentos de los Jueces a quo, otorgando a su apelación el tratamiento de una cesación de la detención preventiva, dándole la carga de la prueba; además, no fundamentaron los riesgos procesales; por lo que pide se anulen la resoluciones impugnadas y se pronuncie una nueva en el plazo de veinticuatro horas.
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