1132/2022-S2

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en su demanda tutelar, y ampliando señaló que:

1. a)Superó el límite de contratos a plazo fijo permitidos por el DL 16187, debiéndose considerar que desarrolló actividades permanentes y propias del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz;
2. b)Fue objeto de un despido ilegal e injustificado por el simple hecho de haberse cumplido el plazo de su contrato el 30 de junio de 2021, sin considerar que estaba desarrollando tareas propias de la entidad edil;
3. c)El art. 3 de la Ley que Incorpora a Trabajadores Asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo -Ley 321 de 20 de diciembre de 2012-, prohíbe a los gobiernos autónomos municipales de las capitales evadir el cumplimiento de la normativa laboral a través de modalidades de contratación que encubran una relación laboral propia y permanente, más aun cuando en observancia de la SCP 0457/2021-S3 de 10 de agosto, que hace un análisis del despido como caso fortuito o fuerza mayor se precisó que dicha causal debe ser demostrada, aspecto que no aconteció en el presente caso;
4. d)Existen dos casos análogos que fueron resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia a través de los Autos Supremos 222/2018 de 8 de agosto y 688/2019 de 22 de octubre, mediante los cuales se efectuó un análisis sobre la aplicación de la citada Ley 321 en contratos de trabajadores eventuales municipales al ámbito de la Ley General del Trabajo con excepción de los funcionarios electos y de libre nombramiento, así como quienes ocupen los cargos de dirección, secretarias generales y ejecutivos, jefaturas, asesor y de profesional, advirtiéndose que en el caso particular el accionante no ocupa ninguno de los cargos mencionados, toda vez que desarrollaba funciones operativas y administrativas como Asistente Administrativo Tributario; y,
5. e)Denuncia la lesión de sus derechos al trabajo y estabilidad laboral previstos en los arts. 46 y 48 de la CPE, por el incumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 091/2021.

Hernán Iván Arias Duran, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través de sus representantes legales, mediante escrito de 13 de octubre de 2021 cursante de fs. 295 a 302 señaló que:

1. 1)Desde el 30 de enero de 2004 al 4 de febrero de 2011, el accionante suscribió contratos de consultoría que se encuentran dentro de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), para luego firmar contratos de trabajo a plazo fijo desde el 3 de enero de 2012 hasta el 30 de abril de 2014 bajo normativa especial de la Ley de Municipalidades -Ley 2028 de 28 de octubre de 1999-, para en forma posterior suscribir contratos en vigencia de las normas especiales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz desde el 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2021;
2. 2)De acuerdo a la normativa nacional, como ser el Estatuto del Funcionario Público y las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NB-SAP) aprobado por el Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2021, las personas que prestan servicios al estado en calidad de funcionarios públicos que suscriban contratos con el Estado, no están sometidas al Estatuto del Funcionario Público ni a la Ley General del Trabajo, estando su regulación sujeta al ordenamiento legal aplicable;
3. 3)Por su parte, el Decreto Municipal 007 de 17 de junio de 2013 que aprobó el Reglamento para la Contratación de Personal, precisó en su art. 5 que es empleado municipal eventual quien tiene relación de dependencia laboral con el Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, en virtud de la suscripción de un contrato de trabajo a plazo fijo, estableciendo en su art. 11 que los contratos de trabajo a plazo fijo se extinguen al vencimiento del término estipulado, no siendo válida la tácita reconducción del mismo;
4. 4)No existió un supuesto despido injustificado, por cuanto se cumplió con la vigencia del contrato que era hasta el 30 de junio de 2021;
5. 5)Una vez notificados con la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 091/2021 formuló recurso de revocatoria el 12 de agosto de igual año que fue resuelto por RA 364-21 confirmando la reincorporación dispuesta;
6. 6)En ejercicio de su defensa interpuso recurso jerárquico que se encuentra pendiente de resolución, por lo que no se cumplió con el principio de subsidiariedad que rige a la acción de amparo constitucional inobservándose lo estipulado en el art. 129.I de la CPE;
7. 7)En relación a la tácita reconducción, el accionante no se puede beneficiar con lo dispuesto en la Ley 321, por cuanto el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en cumplimiento de la determinación asumida en el art. 1 de la citada Ley ya reinsertó al ámbito de competencia de la Ley General del Trabajo a todo el personal de planta a partir de Técnico Administrativo, obreros y manuales de planta; de manera que, el peticionante de tutela al estar en el nivel de profesional se encuentra fuera del ámbito de aplicación de dicha norma;
8. 8)No procede la tácita reconducción porque el entidad edil no es una empresa, más aun cuando la SCP 0562/2017-S2 de 5 de junio, prevé que si una persona a contrato a plazo fijo a pesar del cumplimiento de la fecha de vencimiento continuara trabajando en el sector público no opera la tácita reconducción;
9. 9)Respecto al pago de salarios devengados la justicia constitucional no se encuentra habilitada para determinar la dimensión ni la cuantía de la misma; y,
10. 10)En audiencia, la parte accionante subsana el petitorio de la demanda tutelar indicando que se hubiere lesionado su derecho al trabajo, sin precisar qué elemento del citado derecho.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 209/2021 de 14 de octubre, cursante de fs. 308 a 312 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la entidad edil demandada de estricto cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E ART. 48/D.S. 0495/ 091/2021; por el que, estableció la reincorporación inmediata del accionante al puesto que ocupaba en el momento de su desvinculación laboral como Asistente Administrativo Tributario y en cuanto al pago de salarios una vez que retorne la presente acción del Tribunal Constitucional Plurinacional, se ordenará conforme corresponde. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. i)Conforme a la SC 1643/2011-R de 21 de octubre, se estableció que con carácter previo a acudir a la justicia constitucional se debe cumplir con el principio de subsidiariedad debiéndose agotar todos los mecanismos intraprocesales previstos en la jurisdicción ordinaria; no obstante, en observancia, de la SCP 0765/2016-S3 de 4 de julio en temas relacionados al cumplimiento de las conminatorias de reincorporación no es necesario agotar la vía ordinaria;
2. ii)En cuanto al principio de inmediatez, señaló que la referida Conminatoria se la notificó a la entidad demandada el 9 de agosto de 2021; por lo que al haberse interpuesto la presente acción de defensa el 23 de septiembre del indicado año, se encuentra dentro plazo;
3. iii)De los datos del proceso se tiene que, el 6 de julio de 2021 el accionante se apersonó ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz a objeto de solicitar la reincorporación, habiéndose emitido la Conminatoria J.D.T.L.P./C.P.E ART. 48/D.S. 0495/ 091/2021 ordenando la reincorporación del peticionante de tutela al cargo de Asistente Administrativo Tributario, que fue notificado a la parte demandada el 9 de agosto de igual año; no obstante mediante Informe VR 107/2021, la Inspectora de Trabajo de La Paz hizo conocer que no se dio cumplimiento a la reincorporación dispuesta;
4. iv)Se llegó a la conclusión que se afectó los derechos al trabajo y a la estabilidad laboral, no siendo un justificativo valedero el hecho que la RA 364-21, que confirmó la citada Conminatoria fue objeto de recurso jerárquico dado que en previsión de la jurisprudencia constitucional, la activación de cualquier recurso administrativo no suspende el cumplimiento de la conminatoria; y,
5. v)En cuanto a los contratos suscritos y su catalogación que hizo conocer la autoridad demandada; dicho aspecto no puede ser definido por la justicia constitucional, debiendo acudir a la instancia laboral correspondiente.