Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1133/2019-S1 Sucre, 28 de noviembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad
Expediente: 30331-2019-61-AL Departamento: La Paz
En revisión la Resolución 33/2019 de 1 de agosto, cursante de fs. 52 a 53, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ricardo Elías Rodríguez Beizaga y José Hugo Cárdenas Urioste en representación sin mandato de Marcelo Daniel Viscarra Capriles contra Henry David Sánchez Camacho y Margot Pérez Montaño, Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 31 de julio de 2019, cursante de fs. 38 a 43 vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, señaló que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de asesinato, se tiene que mediante Resolución 063/2019 de 10 de junio, se determinó su detención preventiva, por la concurrencia de los riesgos previstos en los arts. 234.1, 2 y 10; y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), determinación judicial que señala: "...PARA ACTIVAR EL NUMERO 10 DEL ART. 234 SE DEBE TOMAR EN CUENTA LA PELIGROSIDAD DEL IMPUTADO...SE TIENE QUE ESTABLECER LA SITUACIÓN DEL ILICITO...A CRITERIO DE LA SUSCRITA ES UN CASO EN EL CUAL SE HA ATENTADO CONTRA LA VIDA CON UN ARMA DE FUEGO RAZON POR LA CUAL SI BIEN ES CIERTO QUE A LA FECHA NO SE HA DETERMINADO LA CULPABILIDAD DEL IMPUTADO NO ES LIMITATIVO... EL IMPUTADO ES UN PELIGRO EFECTIVO PARA LA SOCIEDAD YA QUE SE HABRIA DEMOSTRADO UN DESPRECIO PARA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS AL SIEMPLE HECHO DE MANIPULAR UN ARMA DE FUEGO, ASI COMO LA CIRCUNSTANCIA, LA NATURALEZA DEL HECHO Y LA GRAVEDAD DEL CASO SI CONCURRIRIA EN SU NUMERAL 10..." (sic), con respecto al peligro de obstaculización establecido en el art. 235.2 del CPP, creo los siguientes agravios:
- a)Refiere de forma genérica que el Ministerio Público indicó que podría influir sobre los investigadores, pero no se menciona de qué forma, eso debido a que ni el Ministerio Público lo señaló;
- b)Indica que existen actos investigativos pendientes; y,
- c)Pese a que el Juez a quo no admitió el memorial presentado por la víctima -de ampliación de riesgos procesales-, sí aceptó los fundamentos esgrimidos por su abogado de esta con respecto a dicho peligro procesal.
La Resolución que precede fue apelada conforme al art. 251 del CPP, dictándose el Auto de Vista "394/2019" -siendo lo correcto 294/2019 de 19 de junio-, que revocó en parte el razonamiento primigenio, manteniendo subsistente los riesgos establecidos en los arts. 234.10 y 235.2 del mencionado Código.
Alega que dicha Resolución le generó agravios a su derecho al debido proceso, ya que sobre el art. 234.10 del CPP en apelación omitió pronunciarse sobre las Sentencias Constitucionales Plurinacionales "0056/2014, 0276/2018-S2 y 0032/2018-S4", con respecto a la "0070/2018-S1"; toda vez que, denunció que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora; por lo que, generó una incongruencia omisiva externa, peor aun violentando la garantía de presunción de inocencia al afirmar que su persona hubiera portado un arma de fuego sin licencia, dicho extremo no fue respaldado en elementos de la imputación formal, en todo caso, debió motivar el peligro para la sociedad señalando qué elemento de convicción demostraba que "tenía" un arma de fuego o que estuviera en posesión del mismo, máxime si se considera lo establecido en la SCP "056/2014".
Señala que en cuanto al riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, el cuestionado Auto de Vista expresó que podría influenciar sobre los testigos (cuatro funcionarios policiales y Alejandra Flora Barriga Callata); por lo que, no puede haber "suposicion" como refirió en la audiencia de apelación; sin embargo, los Vocales demandados en ningún momento se refirieron a sus agravios que son "...LA IMPUTACION FORMAL SOLO HA SEÑALADO 4 FUNCIONARIOS POLICIALES, y SEGUNDO QUE LA RELACIÓN PRIMIGENIA HA FUNDAMENTADO LA PERMANENCIA DE ESTE PELIGRO EN BASE A LA 007/2007 CONTRAVINIENDO LA 276/2018-S2..." (sic); en consecuencia, se generó una incongruencia omisiva externa; toda vez que, si quisiera presentar una "cesación" -se entiende a la detención preventiva- con relación a la fundamentación principal la Jueza a quo señalaría que el mencionado Auto de Vista no revocó dicha fundamentación y por tanto se mantiene vigente "...INCLUSO SEGUNDOS ANTES DE DICTAR SENTENCIA..." (sic). Además alega que la citada Jueza, realizó una fundamentación errónea, ya que consideró la posibilidad de influir en Alejandra Flora Barriga Callata, quien no fue presentada en la imputación ni en forma oral por el Ministerio Público, tampoco fue aceptada en la ampliación de riesgos presentados por la víctima, no siendo prudente invocarla en los fundamentos relacionados a dicho riesgo procesal, dejándole en estado de indefensión. Sumado a ello, que de acuerdo a la , la Jueza a quo y el Tribunal de alzada debieron señalar de qué forma y cómo influiría sobre dichos testigos; por lo que, la sola existencia de los mencionados no resulta suficiente.
Finalmente, refiere como otro agravio el Tribunal de alzada en audiencia de apelación rechazó la presentación del certificado de Registro Judicial de Antecedentes (REJAP) perteneciente a su persona, mismo que tenía la finalidad de desvirtuar el riesgo procesal determinado en el art. 234.10 del CPP, indicando que para ofrecer prueba en apelación "...DEBE SER INFORMADA EN FORMA ORAL..." (sic), dicho entendimiento fue mal interpretado, ya que el razonamiento de la línea jurisprudencial es la igualdad de partes, así señala la y ; por lo que, no realizaron una valoración razonable, objetiva y proporcional de dicho documento, afectando el derecho a la defensa técnica y la valoración de la prueba elemento del debido proceso, contraviniendo los principios de oralidad, inmediación y contradicción.
I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, considera lesionado sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto los arts. 23, 115, 116 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
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