Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1135/2026-S1 Sucre, 9 de julio de 2026
SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional
Expediente: 66552-2024-134-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 133/2024 de 13 de agosto, cursante de fs. 128 a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosmery Blanca Ramos Figueroa y Juan Pablo Bellido Díaz contra José Antonio Revilla Martínez, Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, ex Magistrados de la Sala Civil, del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Los accionantes, por memoriales presentados el 9 y 16 de julio de 2024, cursantes de fs. 10 a 26 vta.; y, 49 y vta., manifestaron que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso civil de servidumbre de paso forzoso de alcantarillado, formulado por Adela Rodríguez Saavedra de Daza, Rossi Álbaro Enríquez Llave, Edith Rodríguez Serrudo de Enríquez y Eduardo Daza Durán -ahora terceros interesados-; a pesar, de tener salida natural por la calle Granada de la ciudad de Sucre; además, no respaldar su pretensión ni contar con los planos sanitarios aprobados que demuestren sus necesidades, se empeñaron en perjudicarles su derecho de usar, gozar y disfrutar de su propiedad; por lo que, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, emitió la Sentencia 125/2023 de 24 de agosto, declarando probada en parte la demanda, determinándose la constitución de servidumbre de alcantarillado solamente en lo referente a la evacuación de las cámaras de la parte posterior de los bienes inmuebles de los hoy terceros interesados y sin lugar a daños y perjuicios; ya que, sus personas presentaron recurso de apelación, y se pronunció el Auto de Vista SCCI-341/2023 de 16 de octubre, por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, cuya parte dispositiva revocó en parte la mencionada Sentencia y en el fondo declaró no ha lugar a las costas y costos, manteniéndose en lo demás incólume.
Contra dicha determinación, sus personas formularon recurso de casación en la forma y en el fondo, siendo resuelto por el , emitido por los entonces Magistrados ahora accionados, que sin considerar todos los antecedentes del caso, la prueba presentada y el valor justicia, se limitaron a convalidar las ilegalidades en las que incurrieron las autoridades de menor jerarquía, declarando infundado el mismo, con las siguientes omisiones:
- a)Se empleó una valoración arbitraria del Informe Técnico Pericial 01-03/01/2023-A.J.J. 3ro. de 3 de enero de 2023, suscrito por el Arquitecto; ya que, no se elaboró conforme a lo determinado en la audiencia preliminar de 18 de julio del mismo año, al centrarse únicamente en el carácter forzoso del alcantarillado a través de su propiedad, haciendo referencia a los perjuicios de los hoy terceros interesados y a la supuesta necesidad técnica de la servidumbre por un desnivel, sin analizar la posibilidad de emplear otro conducto regular o una solución alternativa, y sobre un segundo punto, se pronunció de manera suscinta en un breve párrafo, que a pesar de solicitar aclaraciones y complementaciones, el Juez Público Civil y Comercial Tercero de la Capital del departamento de Chuquisaca, las declaró no ha lugar, criterio ratificado por los mencionados Magistrados, convalidando el mismo y concluyendo que al no objetar la decisión de dicho Juez para una eventual apelación con la sentencia, su derecho precluyó, sin valorar los hechos e interpretar la norma aplicable, considerándolo como prueba plena; a pesar, de la incoherencia entre el sustento fáctico y su aplicación objetiva y racional en la decisión. Asimismo, se incurrió en omisión valorativa del Informe Técnico de Catastro de Redes CR.23.096 de 15 de mayo de igual año, emitido por el personal de la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS), contrarias a los arts. 125 y 1286 del Código Civil (CC), que respecto del servicio de alcantarillado en su zona, concluyó que se cuenta con conexión propia hacia la calle Granada de la ciudad de Sucre, siendo innecesario afectar su propiedad, consintiendo la omisión de la prueba de descargo. De igual forma en cuanto al Reglamento Nacional de Prestaciones de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, que establece normas específicas para acceder al servicio de alcantarillado, sin que las propiedades que reclaman servidumbre cuenten con planos sanitarios y estudios técnicos que avalen el paso necesario por su propiedad; lo que, ameritaba una valoración integral y correcta de los hechos y circunstancias, lejos de una verdad material que tenga el propósito de impartir justicia; y,
- b)Consintieron únicamente los argumentos de los ahora terceros interesados, sin considerar sus pretensiones jurídicas, aplicando todo el rigor procesal y procedimental en su contra, limitándose a deducir que su derecho precluyó, convalidando el incumplimiento de plazos, la inobservancia de normas y la subsanación de oficio de errores procedimentales en favor de los nombrados, impidiéndoles ejercer su defensa en igualdad de oportunidades; además, no explicaron los motivos de su determinación, sino, recurrieron a conclusiones parciales e incompletas a partir de deducciones falsas y arbitrarias de las autoridades de las instancias inferiores -Juez de primera instancia y Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento- , evitando considerar otras opciones para reencausar o solucionar el problema de alcantarillado, sea por otro fundo vecino o por medio de la calle Granada de la ciudad de Sucre, sin atender los daños y perjuicios a su proyecto de vivienda en relación a su mejora, demandándole gastos superiores.
I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados
Los accionantes, denuncian la vulneración de sus derechos a la vivienda, a la propiedad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia, pertinencia, igualdad procesal, razonabilidad, objetividad, proporcionalidad y equidad; así como, a los principios de legalidad y seguridad jurídica; citando al efecto los arts. 19.I, 56.I y II, 109.I, 115.I y II, 117.I, 119.I y II; y, 120.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 1, 7, 8, 10; y, 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 8.1, 21.1 y 2, 24, 25.1; y, 29. a. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 2.1, 3.a y b., 14.1; y, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 2.1 y 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto el , emitido por los entonces Magistrados hoy accionados, debiendo emitirse un nuevo auto supremo, conforme a derecho, subsanando las vulneraciones al debido proceso.
I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional
Celebrada la audiencia virtual el 13 de agosto de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 117 a 127, se produjeron los siguientes actuados:
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
Los accionantes a través de su abogado, ratificaron de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestaron que:
- 1)El , se sustentó en el Informe Técnico Pericial de 3 de enero de 2023, sin considerar la afectación económica que les genera la apertura de servidumbre de paso forzoso de alcantarillado dispuesta, así como a su proyecto de vida, el cual debe resguardarse como un derecho fundamental, como estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); y,
- 2)Se encuentra en trámite de aprobación su construcción -como parte del ejercicio del derecho propietario- ante la Dirección de Urbanismo y Vivienda del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, aspecto no considerado, cuyo sistema de justicia debía estar al servicio de la ciudadanía para resolver los problemas íntegramente y no zanjar alguna necesidad inmediata u ocasionar un problema mayor a la hora de construir su vivienda en desmedro de su ejercicio del derecho propietario.
I.2.2. Informe de las autoridades accionadas
Juan Carlos Berrios Albizu, entonces Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 13 de agosto de 2024, cursante de fs. 110 a 116 vta., manifestó que:
- i)Los accionantes se limitaron a expresar sus razones de disconformidad con la determinación del , sin realizar la vinculación de los hechos con la falta de motivación, fundamentación y valoración probatoria cuestionada, prescindiendo de argumentos jurídicos para cuestionar la decisión de declarar infundado el recurso de casación, careciendo de explicación adecuada de cómo se vulneraron los derechos y garantías constitucionales alegados, conforme exige el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo);
- ii)La fundamentación y motivación no implica que las resoluciones deban contener exposiciones ampulosas de consideraciones y citas legales, sino, se exige una estructura de forma y de fondo concisa y clara que satisfaga los puntos cuestionados, tal cual precisó la ;
- iii)El cuestionado por medio de la acción de amparo constitucional, realizó un examen minucioso de los fundamentos de la determinación del Tribunal de alzada -Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca- y, respondió a cada uno de los puntos cuestionados en el recurso de casación, llegando a observar una debida fundamentación y motivación, explicando de manera clara y precisa los motivos que condujeron a su decisión asumida, considerando y analizando toda la prueba aparejada, con base a informes de que los retiros de los ventanales hacia el predio ubicado en Calle Faustino Suárez de la ciudad de Sucre, de la parte demandada -accionantes- fuera ajena al objeto del proceso; puesto que, no se discute las luces y vistas ni si las construcciones cuentan con autorización o no; ya que, no son puntos a ser probados por las partes procesales, y que si bien se demostró que en frente de su propiedad -calle granada de esa ciudad- se cuenta con alcantarillado, el informe técnico pericial fue determinante en establecer que en la parte posterior del bien inmueble de los actores -terceros interesados- existe una pendiente física -desnivel de 5 metros-, no pudiendo sacar su alcantarillado por dicha vía, sino, hacia la Calle Faustino Suárez, pasando por la propiedad vecina de los demandados -accionantes- en el proceso civil, sin existir otra manera de evacuar sus aguas de esa parte de su construcción, otorgándose al mismo la fuerza probatoria establecida por el art. 202 del Código Procesal Civil (CPC); y,
- iv)Sobre la valoración de la prueba, los accionantes incumplieron con la exigencia de la normativa y la jurisprudencia contenida en las y , debiendo denegarse la acción de amparo constitucional formulada, al no haberse vulnerado derecho ni garantía alguna.
José Antonio Revilla Martínez y Marco Ernesto Jaimes Molina, entonces Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, no asistieron a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitieron informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 53 del primero y, respecto al segundo no consta en el cuaderno procesal dicha diligencia de citación.
I.2.3. Intervención de los terceros interesados
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