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TCP

1136/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
30 de julio de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1136/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1136/2026-S3 Sucre, 30 de julio de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Amparo Constitucional

Expediente: 59292-2023-119-AAC Departamento: Pando

En revisión la Resolución 074/2023 de 19 de octubre, cursante de fs. 99 a 102, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Franz Navia Miranda, Rector de la Universidad Amazónica de Pando contra José Luis Sotelo Beltrán, Vocal de la Sala Penal y Delfín Humberto Betancourt Chinchilla, Vocal de la Sala Civil, Social, Familiar, de Niñez y Adolescencia, Contencioso y Contencioso Administrativo, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Pando.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de septiembre de 2023, cursantes de fs. 1 y 22 a 26 vta., la accionante, señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la Universidad Amazónica de Pando en contra de Ludwing Reynaldo Arcienega Bautista, José Luis Segovia Saucedo, Joselino Beltrán Idagua y Mery Jacinta Valeriano Porcel, por la supuesta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias; los prenombrados, interpusieron excepción de extinción de la acción penal por prescripción; en consecuencia, el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Pando, mediante Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021, declaró fundada la mencionada excepción y en consecuencia, dispuso el archivo de obrados de la causa.

Ante esta determinación, la Universidad Amazónica de Pando, y el Ministerio Público, interpusieron recurso de apelación, que fue resuelto por las autoridades ahora demandadas, mediante el Auto 24/2023 de 30 de marzo, que confirmó el Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2021; tal determinación se considera lesiva a sus derechos y garantías de la parte accionante; ello debido a que, denunció en su recurso de apelación, la ausencia de motivación y fundamentación por parte del Juez de primera instancia; los demandados, señalaron que al no haberse determinado rebeldía en contra de los acusados, y al no existir motivos de interrupción de la prescripción, en atención a los arts. 30, 31 y 32 del Código de Procedimiento Penal (CPP), correspondía ingresar al fondo de la excepción planteada y realizar el cómputo de plazos; sin considerar la existencia de daño económico al Estado, mas aún, si se trata de una ex máxima autoridad de la Universidad Amazónica de Pando, y que conforme a la Norma Suprema los "daños económicos" al Estado son imprescriptibles por el bien jurídico que protegen; asimismo, se determinó que, no se podía aplicar la Ley 1390 de 27 de agosto de 2021 -Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción-, en razón a que los hechos denunciados datan de 2007 y 2013, en atención al principio de irretroactividad.

Por lo que, se evidencia que el Auto 24/2023, no fundamentó, ni motivó adecuadamente los agravios propuestos por la ahora accionante, y el Ministerio Público; debido a que no consideraron los tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla el proceso para declarar una posible prescripción, como ser:

  1. a)La complejidad del asunto, pues se trata de cuatro coacusados investigados por varios tipos penales de corrupción que hubieren generado grave daño económico a la Universidad Amazónica de Pando;
  2. b)La actividad procesal de los denunciados -ahora terceros interesados-, pues no se realizó una minuciosa relación del expediente, que develaría que la dilación ocurrida en el proceso penal, es atribuible a la conducta de los acusados; y,
  3. c)La conducta de las autoridades judiciales, pues no se evaluó la diligencia o negligencia de las partes para determinar retardación de justicia, tales aspectos debieron ser correctamente valorados por las autoridades demandadas, para declarar o no la prescripción -se entiende de la acción penal-, al no haberlo hecho, obraron de manera incorrecta y en contra de lo que estipula la Ley Fundamental, respecto al debido proceso, en su vertiente de congruencia y falta de motivación; y, "seguridad jurídica".

Asimismo, los demandados, no analizaron los delitos -Incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y uso indebido de influencias- atribuidos a los ahora terceros interesados, puesto que, hicieron mención únicamente a uno de ellos, definiéndolo como "instantáneo", cuando la jurisprudencia establece que estos crímenes pueden ser clasificados como instantáneos, permanentes e instantáneos con efecto permanente, en el presente caso, los demandados omitieron considerar dichos aspectos, a fin de aplicar la restrospectividad de la ley en cuanto a delitos de corrupción vinculados a grave afectación al Estado, cuantificada en más de "7 MILLONES", únicamente se limitaron a señalar que las autoridades judiciales están obligadas a diferenciar en cada caso, los delitos permanentes, de los delitos con efecto permanentes, sin ingresar en mayores consideraciones; dicha argumentación resultaría insuficiente, incurriendo en incongruencia; resaltando que la decisión impugnada, se basó únicamente en el tiempo transcurrido, desde el momento en que se cometió el supuesto hecho, hasta el día de celebración de la audiencia de juicio oral, sin valorar, ni referirse de manera detallada sobre la mora procesal -etapa preparatoria y juicio-; no habiéndose demostrado de manera objetiva que la dilación procesal, más allá de los tres años que prevé el art. 133 del CPP, sea atribuible al Órgano Judicial, o al Ministerio Público.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció vulneración al debido proceso en sus elementos: motivación, fundamentación y congruencia; y, a la "seguridad jurídica", sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela; disponiendo: Se deje sin efecto el Auto 24/2023 de 30 de marzo; y, debiendo las autoridades demandas emitir uno nuevo de forma fundamentada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia el 19 de octubre de 2023, según el acta de audiencia cursante de fs. 93 a 98 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.

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