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TCP

1138/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
29 de noviembre de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 1138/2019-S1

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1138/2019-S1 Sucre, 29 de noviembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 29679-2019-60-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 27 de junio de 2019, cursante de fs. 455 a 469, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Melby Zenobia Paz de Molina contra Elisa Sánchez Mamani, Vocal; y, Silvia Clara Zurita Aguilar, ex Vocal ambas de la Sala Mixta Civil, Familiar, y Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, respectivamente e Íver Fernando Romero Fontana, Juez Público Civil y Comercial Séptimo del mismo departamento. I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 y 18 de octubre de 2018, cursante de fs. 347 a 351 vta.; y, 356 a 358, la accionante expuso los siguientes fundamentos: I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ante el Juzgado Público Civil y Comercial séptimo del departamento de Cochabamba, Ángel Arévalo Flores, inició un proceso ordinario civil de nulidad de documentos en contra del ahora impetrante de tutela y de otras personas relacionadas con la adquisición y transferencia de un inmueble ubicado en la Zona Queru Queru del citado departamento, en la que previa citación, contestó negativamente a la demanda y opuso excepciones perentorias, en este contexto se emitió la Sentencia 41/2016 de 30 de agosto, que declaró probada la demanda en todas sus partes, así como "IMPROBADA la excepción"; por lo que, ante la solicitud del demandante se pronunció el Auto complementario de 5 de septiembre de 2016, que declaró improbadas sus excepciones perentorias de falsedad, ilegalidad e improcedencia; así como improbadas las excepciones de ilegalidad, falta de acción y derecho, e improcedencia formuladas por la defensora de oficio de los presuntos herederos de Daría Salvatierra Vda. de Villagra y presuntos interesados; con esta resolución se notificó a "FREDDY ROGER PEREZ BALDERRAMA por Melvy Paz Muriel" (sic), en tablero del referido Juzgado. Paralelamente, por memorial de 5 de septiembre de 2016, planteó recurso de apelación contra la Sentencia, pero como se planteó la solicitud de complementación, el Juez demandado decretó se esté al Auto complementario. Considerando que la diligencia de notificación con el Auto complementario era ilegal, mediante escrito de 30 de septiembre de 2016, planteó incidente de nulidad, mismo que previo traslado fue rechazado por Auto de 3 de noviembre de 2016, argumentando que el referido profesional obró durante todo el proceso como su representante y que incluso presentó el recurso de apelación, y lo que es peor, declaró la ejecutoria de la Sentencia; contra esta determinación, interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por las Vocales ahora demandadas, confirmando el Auto impugnado, sin considerar que fue insistente al sostener que en ningún momento nombró a su abogado como su representante legal mediante poder notarial; por lo que, no podría considerarse ninguna convalidación de aquella ilegal notificación. El Auto de Vista 08/2018 de 26 de marzo, carece de fundamentación y congruencia, omitiendo considerar los argumentos de la impugnación, y concluyendo irresponsablemente que la resolución apelada sería producto de una adecuada compulsa de los antecedentes procesales, estableciendo erróneamente que la presentación del memorial de 5 de septiembre de 2016, convalidó la notificación practicada el 8 de igual mes y año; afirmando falsamente que no se habría generado indefensión, sin considerar el hecho que la defectuosa notificación con el Auto complementario que forma parte de la sentencia, impidió que pueda ejercer su derecho a la defensa. I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados La impetrante de tutela considera como lesionados, sus derechos al debido proceso, en sus componentes de fundamentación y congruencia, a la defensa y al principio de "seguridad jurídica", citando al efecto los arts. 13, 115.I y II, y 128 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio Solicitó se conceda la acción tutelar disponiendo que las autoridades demandadas "pronuncien nueva resolución debidamente fundado, motivado y congruente, velando por todos los derechos violados y conculcados, ahora identificados en la presente acción" (sic). I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías Celebrada la audiencia pública el 27 de junio de 2019, según se tiene del acta cursante de fs. 453 a 454 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción La accionante, por intermedio de su abogado, ratificó íntegramente la acción tutelar planteada y solicitó se conceda la tutela en todas sus partes. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Elisa Sánchez Mamani, Vocal de Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, presentó informe escrito de 7 de enero de 2019, cursante de fs. 414 a 416, refiriendo que:

  1. a)Antes de admitir la acción de amparo constitucional, se debe observar los requisitos previstos en la , referidos a la exposición de criterios interpretativos inobservados, los principios y valores, y los derechos fundamentales que fueron lesionados con la interpretación arbitraria que se denuncia; la presente acción tutelar no cumple con las referidas exigencias y carece de carga argumentativa;
  2. b)Según la , la acción de amparo constitucional, no se constituye en un recurso casacional ni es una instancia de impugnación de lo resuelto por otras jurisdicciones; por lo que, el Juez de garantías, no puede revisar lo obrado por las autoridades ordinarias;
  3. c)El Auto de Vista impugnado, se emitió en estricto apego a los arts. 105, 106 y 167 del Código Procesal Civil (CPC), sin dejar de lado el derecho al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, a la impugnación y seguridad jurídica, haciendo énfasis en la existencia de memoriales presentados por el Abogado Freddy Roger Pérez Balderrama alegando ser representante de la ahora peticionante de tutela, mismos que no fueron observados en su oportunidad, expresando claramente que el citado profesional fue notificado con el auto complementario de 5 de septiembre de 2016, y luego por memorial de 30 de igual mes y año, la accionante de tutela, se dio por notificada con la citada resolución, dando lugar al principio de convalidación; tampoco, explicó cuál es la trascendencia del defecto procesal que denuncia; y,
  4. d)En caso de concederse la tutela, se encuentra impedida de emitir nueva resolución, dado que actualmente conforma la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y habiéndose extinguido la entonces Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, corresponderá que el caso sea atendido por alguna de las Sala Civiles del referido Tribunal. Silvia Clara Zurita Aguilar, ex Vocal de Sala Mixta Civil, Familiar, y Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba e Íver Fernando Romero Fontana, Juez Público Civil y Comercial Séptimo del mismo departamento, no presentaron informe escrito ni asistieron a la audiencia, pese a sus legales notificaciones cursantes de fs. 368 y 494. I.2.3. Intervención de los terceros interesados María Josefina Arteaga de Rivas, Marcelina Sandoval Vda. de Arévalo, María del Carmen, María Elizabeth, María Lourdes, Jhony, María, Víctor Hugo, Alejandro, todos Arévalo Sandoval, terceros interesados, no presentaron alegatos pese a sus legales citaciones cursantes de fs. 371, 376, 380, 384, 388, 392, 396, 400 y 407. Los presuntos herederos de Daría Salvatierra Vda. de Villagra y presuntos interesados, Celsa Virreira de Nina, y los presuntos herederos y/o interesados de Petrona Salvatierra de Molina, terceros interesados, no presentaron alegatos, pese a su citación mediante edictos cursantes de fs. 419 a 420; 424 a 425; y, 445 a 446. I.2.4. Resolución La Jueza Pública de Familia Cuarta del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 27 de junio de 2019, cursante de fs. 455 a 469, denegó la tutela, en base los siguientes fundamentos:
  5. 1)Mediante Auto de 3 de noviembre de 2016, el Juez Público Civil y Comercial Séptimo del departamento de Cochabamba, rechazó el incidente de nulidad de notificación planteado por la ahora accionante, y al mismo tiempo declaró la ejecutoria de la Sentencia 41/2016 de 30 de agosto, y contra esta negativa planteó recurso de apelación que fue resuelto por Auto de Vista de 26 de marzo de 2018, resolución por la que se planteó la presente acción de amparo constitucional;
  6. 2)La parte ahora accionante no interpuso recurso alguno ante el Tribunal de Segunda instancia contra el referido Auto de Vista, para que restaure su derecho vulnerado, sin agotar el principio de subsidiariedad, puesto que contra el referido Auto de Vista debió plantear recurso de reposición conforme prevé el art. 344 del CPC; toda vez que, no se trata de un Auto de Vista que resuelva una apelación contra sentencia o auto definitivo; y,
  7. 3)En un caso similar, se emitió la , que sentó línea señalando que debe agotarse la fase recursiva de un incidente planteado y resuelto en segunda instancia, siendo aplicable la causal de improcedencia prevista en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.3. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-050/2019 de 22 de octubre, a consecuencia de los conflictos sociales acaecidos en el territorio nacional, la Sala Plena de este Tribunal dispuso la suspensión de plazos de las causas que se encuentran en trámite y pendiente de resolución desde la fecha indicada, habiéndose reanudado los mismos por su similar TCP-SP-052/2019 de 13 de noviembre, a partir del 14 de igual mes y año; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro del término legal establecidos por el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

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