Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1139/2019-S1 Sucre, 29 de noviembre de 2019
SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional
Expediente: 29753-2019-60-AAC Departamento: Santa Cruz
En revisión la Resolución 03/19 de 25 de junio de 2019, cursante de fs. 493 a 502 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Adalberto Yelio Salas Banegas contra Elva Terceros Cuellar, Rufo Nivardo Vásquez Mercado y Gregorio Aro Rasguido, actuales Magistrados de la Sala Primera y Segunda; y, Deysi Villagómez Velasco, Javier Peñafiel Bravo y Bernardo Huarachi Tola, ex Magistrados de la Sala Segunda, respectivamente, todos del Tribunal Agroambiental.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 23 de marzo y 1 de septiembre ambos de 2017; 25 de abril, 2 y 26 de julio, todos de 2018, cursantes de fs. 8 a 12; 14; 15 y vta.; 21; y, 70 a 73, el accionante manifestó que:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Interpuesta la demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Agroambiental contra la Resolución Suprema 11873 de 15 de abril de 2014, a través del cual el Servicio Nacional de Reforma Agraria declaró tierra fiscal la totalidad del predio denominado "Tino", se emitió la Sentencia Agroambiental Nacional Sa2a 098/2016 de 19 de septiembre, misma que considera vulneradora de sus derechos; toda vez que, se realizó una interpretación restrictiva de los alcances de la norma procesal agraria aplicable al proceso de saneamiento a la pequeña propiedad agraria vinculada a la demostración del cumplimiento de la función social, aplicando excesivo formalismo frente a la verdad material, el valor justicia y la construcción colectiva del Estado, habiéndose valorado la prueba sesgada y parcialmente referida al cumplimiento de la función social.
Así, sostuvo que no obstante que en la demanda contenciosa administrativa se solicitó a los entonces Magistrados del Tribunal Agroambiental que realizarán una interpretación favorable de la norma que regula la existencia de áreas de descanso como elemento para probar el no abandono de la propiedad agraria puesta en vigencia durante el proceso de saneamiento; sin embargo, dicho aspecto fue respondido bajo el entendido de que tal pretensión violentaría el principio de irretroactividad de la norma y que las áreas de descanso para su reconocimiento legal están condicionadas a la existencia de áreas efectivamente cultivadas, sin explicar las razones jurídicas para no considerar las mismas en forma independiente conforme manda la última parte del art. 165.I inc. b) del Decreto Supremo (DS) 29215 de 2 de agosto de 2007 -Reglamento de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria-; como tampoco, explicó cómo se violentaría el principio de irretroactividad por la aplicación de la norma más favorable en el marco del derecho social como resulta el agroambiental, aspecto en el que sustenta su denuncia de la inexistencia de respuesta fundamentada, pues a su criterio no explicaron cuál la norma legal que exige para el reconocimiento de áreas de descanso, la existencia en el predio de áreas efectivamente en producción.
Asimismo, indicó que expresamente en la demanda contenciosa administrativa se solicitó la aplicación de la parte final del art. 165.I inc. b) del DS 29215, que reconoce como medio de prueba del no abandono de la pequeña propiedad la existencia de infraestructura o áreas de descanso que son elementos que hacen presumir el cumplimiento de la función social, aspecto sobre el cual los entonces Magistrados del Tribunal Agroambiental guardaron absoluto silencio, incurriendo de este modo en una incongruencia omisiva que lesiona su derecho al debido proceso, no habiéndose referido en ese entendido si el alambrado constituye o no una mejora, limitándose a sostener simplemente que no es elemento de prueba para reconocer el cumplimiento de función social, lo que demuestra una vez más que las indicadas autoridades incurrieron en una incongruencia omisiva respecto a la consideración como infraestructura al alambrado y la consideración de esa prueba conforme a la disposición contenida en el art. 165 del citado Decreto Supremo.
Por otra parte, los entonces Magistrados suscribientes de la Sentencia cuestionada no aplicaron objetivamente el contenido del art. 3.IV de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificada por la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006 -Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria-, que establece el entendimiento sobre las áreas de descanso, así como el art. 165.I inc. b) del Reglamento -DS 29215-, referido a los hechos reconocidos legalmente como elementos de prueba para reconocer el derecho propietario sobre la pequeña propiedad agrícola, normas que no determinan condicionamientos previos para la constancia de áreas de descanso, como la existencia de áreas efectivamente cultivadas, extremo que fue entendido de este modo por parte de las citadas autoridades, exigiendo requisitos que no se encuentran previstos en la ley; así, y a fin de respaldar su razonamiento se remitieron al art. 171 del indicado Decreto Supremo; sin embargo, dicho artículo no condiciona el reconocimiento legal de las áreas de descanso a la existencia de actividad productiva en marcha en el mismo predio, sino que solamente describe cuáles son las características de las áreas de descanso, además que el mismo son elementos para la valoración de la función económica social de la mediana y empresa agropecuaria no aplicable a la pequeña propiedad agraria, convirtiéndose así los ex Magistrados en legisladores al exigir condicionamientos no previstos en la ley en desconocimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica, lo que vulnera el debido proceso.
En ese sentido, los entonces Magistrados del Tribunal Agroambiental, no valoraron la existencia de infraestructura agropecuaria (alambradas y sendas de acceso) y las áreas de descanso, siguiendo los criterios de la sana critica en sus elementos de la experiencia común y la lógica, debiendo considerar que debido a la poca fertilidad de los suelos estos deben dejar de cultivarse por varios años y que las áreas de descanso incluso pueden abarcar la totalidad de un predio, siendo posible deducir que una pequeña propiedad en su totalidad sea dejada en descanso, lo que no implica el abandono de la misma para declararla como tierra fiscal en el proceso de saneamiento, aspecto por el cual se acusa a los indicados Magistrados que emitieron la Sentencia Agroambiental Nacional Sa2a 098/2016, de no interpretar y aplicar correctamente los arts. 394.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 2 y 41.2 de la LSNRA y 165 de su Reglamento -DS 29215-, referidos a la valoración de la infraestructura y áreas de descanso como elementos de prueba en el cumplimiento de la función social en la pequeña propiedad agrícola, habiendo distorsionado los elementos de prueba utilizando la normativa contenida en el art. 237 del DS 25763 de 5 de mayo de 2000 -Reglamento a la Ley del Servicio de Reforma Agraria- que efectivamente obligaba a demostrar la residencia y actividad productiva como únicos elementos para acreditar el cumplimiento de la función social que fue abrogada casi diez años antes que concluya el proceso de saneamiento y puesto en vigencia en su remplazo el art. 165.I inc. b) del DS 29215 que tiene mayor amplitud en su concepción protectora que fue ignorada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y ratificada en la Sentencia Agroambiental Sa 2a 098/2016, cuando en consideración al correcto entendimiento de las normas citadas se debió concluir que la infraestructura y las áreas de descanso son elementos suficientes para establecer el cumplimiento de la función social.
Como consecuencia de la no consideración de dichos elementos de prueba por la omisión de aplicación de la norma más favorable e incorrecta aplicación de la norma en el proceso de saneamiento, se declaró improbada la demanda, desconociendo su derecho propietario privado sobre la pequeña propiedad
I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados
El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia e interpretación correcta de la norma, a la propiedad privada y a la igualdad, a los principios de seguridad jurídica y legalidad; citando al efecto los arts. 56.I, 115.II, 129 y 393 de la CPE; 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
I.1.3. Petitorio
Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se deje sin efecto la Sentencia Agroambiental Sa2a 098/2016, ordenando se emita una nueva resolución.
I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
Celebrada la audiencia pública el 25 de junio de 2019, conforme consta del acta cursante de fs. 490 a 493; se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El peticionante de tutela por medio de su abogado, reiteró y ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo en audiencia manifestó que:
- a)Inicialmente para demostrar la función social de la pequeña propiedad agrícola, se estableció que debía probarse la residencia y el trabajo, habiéndose incluido asimismo la existencia de infraestructura y el área de descanso; sin embargo, la Ley 3545 ya se refiere al no abandono, y estos dos últimos elementos vienen a demostrar precisamente el no abandono respondiendo a la filosofía de protección amplia hacia el campesino, lo que no fue entendido por los ex Magistrados;
- b)Resulta cierto que el área de descanso está supeditado a la existencia de actividad productiva en el predio; empero, ello es aplicable a las medianas propiedades y empresas ganaderas o agrícolas, habiendo aplicado la norma erróneamente;
- c)El proceso de saneamiento se inició bajo la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria y del DS 25763, entrando luego en vigencia la Ley 3545 para posteriormente ingresar en vigencia el DS 29215, que son normas de tutela más amplia, determinando este último Decreto Supremo que el mismo debe ser aplicado a todos los procesos que se encuentran en trámite, caso en el cual se encontraba el predio "Tino"; y,
- d)No se está pidiendo la aplicación retroactiva de la norma, sino la aplicación de la norma que mejor tutela el derecho, que en este caso es el art. 165.I inc. b) del DS 29215; sin embargo, el Tribunal Agroambiental respondió que el trabajo es la condición para establecer el derecho propietario, justificando su decisión en el art. 166 de la CPE, que ha sido igualmente abrogada, cuando lo que reconoce el derecho propietario es la residencia en el lugar sin necesidad del desarrollo del trabajo.
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