1139/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1139/2019-S2 Sucre, 27 de diciembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional

Expediente: 26681-2018-54-AAC Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 01/2018 de 28 de noviembre de 2018, cursante de fs. 29 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Teófilo Prado Zambrana contra Ponciano Vargas Zambrana, Dirigente de la Comunidad Alizar Adentro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 26 de noviembre de 2018, cursante de fs. 15 a 17 vta., el accionante argumenta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Es propietario de un lote agrícola adquirido por compra y venta de Irinea Borja, conforme a normas y procedimiento propios de su comunidad registrado en su libro de actas, de una extensión superficial aproximadamente de 2 hectáreas, ubicado en la Comunidad Alizar Adentro, que colinda al Oeste con su propiedad, cumpliendo con todas las obligaciones sindicales y trabajos en dicho lote, del cual como hermano mayor se hizo cargo de manera plena e integra, desarrollando actividades agrícolas, tomando posesión real de la indicada parcela con la siembra de toda clase de productos agrícola para su aprovisionamiento y manutención familiar, conforme a la voluntad de su padrastro Vitalio Chávez, y tal cual consta en el certificado de posesión de 20 de septiembre de 2017, extendido por la autoridad natural del lugar.

Posteriormente, Alicia Vargas Borja, Demetrio Vargas Borja, Edwin Vargas Aranibar, demandaron el derecho propietario de dicho lote ante la comunidad, que concluye en la ratificación y reconocimiento de la venta realizada por su difunto padre y por ende su derecho propietario, conforme el pase de demanda de 31 de marzo de 2017, pronunciado por el Secretario Ejecutivo de la Central Regional Pojo; Acta de Audiencia de Resolución de Conflictos y Resolución de 13 de mayo de 2017, emitida por el Secretario Ejecutivo Provincial de Carrasco; Informe de Audiencia e Inspección de 22 de septiembre de 2017 y Resoluciones de 6 de noviembre de 2017 y 4 de enero de 2018, emitida por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC).

No obstante, a tiempo de solicitar una conciliación con los supuestos herederos ante el Juzgado Agroambiental, se entera que sin aplicarse los procedimientos propios y ancestrales vigentes en su comunidad en resguardo de la armonía, equilibro comunitario, que asegure la materialización del vivir bien y a través de actos totalmente arbitrarios, la comunidad pronunció Voto Resolutivo de 16 de enero de 2018, que lo sanciona quitándole su terreno, sin considerar que la misma debe estar fundada en situaciones extremadamente graves; además que no se le permitió asumir defensa puesto que no se lo notificó con dicha Resolución, por decisión de un ampliado de los miembros de la Comunidad, pese a la solicitud efectuada a su Dirigente; quienes determinaron además ingresar el 16 de diciembre de 2018 a trabajar en su terreno; con el argumento de que pertenecía a la Comunidad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa y propiedad, citando al efecto los arts. 56.I y II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se declare procedente la tutela solicitada, disponiendo que se deje sin efecto las actas orgánicas -Voto Resolutivos- de 16 de octubre y 16 de enero de 2018 que lo priva de su propiedad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Efectuada la audiencia pública el 28 de noviembre de 2018, estuvieron presentes la parte accionante asistida de su defensa técnica, así como el apoderado del accionante, según consta en el acta cursante de fs. 25 a 28, produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

I.2.3. Resolución

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 30 de mayo de 2019, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación, con el respectivo Decreto Constitucional de reanudación de plazo conforme a antecedentes, por lo que esta Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Se tiene documentos de transferencia de 25 de mayo de 2005, de un terreno realizado entre "Erenia" Borja -vendedora- y Vitalio Chávez -comprador- de un terreno titulado como parcela número 4, con los límites colindantes: Al Sur colinda con Justo Guzmán y Casimira Bustamante; al Norte, con Gregorio Bernal; al Este, con Alex Guzmán y Marcelino Guzmán; siendo testigos de esta transferencia Alejandro Rioja y Ventura "Rojas"; por un monto económico de $950.- (novecientos cincuenta dólares americanos) (fs. 3).

II.2. Cursa Acta de Audiencia de Resolución de Conflicto por terreno y Resolución de 13 de mayo de 2017, por el que el Secretario Ejecutivo provincial Carrasco del departamento de Cochabamba; declara el derecho propietario de los herederos de Vitalio Chávez (+), con base en el documento de transferencia de 25 de mayo de 2005, y la posesión sobre la tierra por más de 11 años; que la familia Chávez demostró haber cumplido con la función económica social de la tierra; las obligaciones de la Comunidad y el Sindicato al pagar sus cuotas y participar en la Asambleas y reuniones que convoca el Sindicado desde el momento de la compra del terreno; considerando que si bien existe un título ejecutorial a nombre de Florentino Vargas (+) su esposa en vida efectuó de manera voluntaria la venta de la totalidad del terreno y cuyos herederos no hicieron reclamo sobre la vulneración de su derecho a la herencia, más cuando dejaron que la familia Chávez trabaje la tierra y fueran reconocidos por la Comunidad como si fuera de estos los dueños (fs. 4 a 6).

II.4. Se tiene fotocopia legalizada de la nota de 26 de octubre de 2018, suscrita por Teófilo Prado Zambrana -ahora solicitante de tutela- recibida el 28 de igual mes y año; por la que, solicita al Dirigente de la Comunidad "Alizar Adentro" del municipio de Pojo del departamento de Cochabamba, de que se le notifique personalmente con el acta donde presuntamente se le sanciona con la pérdida de su terreno agrícola, a fin de asumir su defensa legal ante las instancias que corresponda (fs. 14).

II.5. Por la naturaleza del problema jurídico planteado, y a fin de contar con mayores elementos de convicción y emitir una Resolución imparcial, se solicitó a la Secretaría Técnica y de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, la realización de un Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UJIOC/N° 007/2019- Informe Técnico Multidisciplinario de la Comunidad Alizar Adentro vinculado al ejercicio del Sistema Jurídico" (fs. 54 a 99 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia que la Comunidad de Alizar Adentro, vulneró sus derechos al debido proceso, defensa y propiedad; toda vez que, a través de Voto Resolutivo de 16 de enero de 2018, resultante de un proceso en el que no asumió defensa, ya que no se le notificó con dicha Resolución, pese a la solicitud al Dirigente de su Comunidad y sin aplicarse los procedimientos propios y ancestrales vigentes en su comunidad, se determinó la reversión de su terreno agrícola, al que ingresarían a trabajar por determinación de la misma Comunidad; por lo que, solicita que se deje sin efecto las actas orgánicas -Voto Resolutivos- de 16 de octubre y 16 de enero de 2018 que lo priva de su propiedad.

III.1. El pluralismo jurídico igualitario diseñado en la Constitución Política del Estado

El art. 1 de la CPE establece que Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, reconociéndose la coexistencia dentro del Estado, de varios sistemas jurídicos, a partir de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a la libre determinación y a ejercer sus sistemas jurídicos, previstos en los arts. 2 y 30 de la CPE; en ese sentido, la aplicación de las normas y procedimientos propios por parte de los pueblos indígenas, no es una concesión del Estado, sino un derecho que tienen como pueblos, por el cual se organizan de acuerdo con su propia visión del mundo1.

De acuerdo al pluralismo jurídico diseñado en la Constitución Política del Estado, la jurisdicción indígena originaria campesina forma parte del órgano judicial (art. 178 de la CPE), cuyas jurisdicciones -ordinaria, agroambiental, indígena originaria campesina y especializada- gozan de igual jerarquía (art. 179 de la CPE), y, en ese sentido, no se prevé ningún medio de revisión, por parte de la jurisdicción ordinaria, agroambiental o especializada, de las resoluciones pronunciadas por la jurisdicción indígena originara campesina; es más, toda autoridad pública o persona debe acatar las decisiones de esta jurisdicción, pudiendo las autoridades solicitar el apoyo de los órganos competentes del Estado (art. 192 de la CPE).

Es bajo las normas anotadas, que se hace referencia a un pluralismo jurídico igualitario en el que los sistemas jurídicos -y no sólo las jurisdicciones- tienen igualdad jerárquica. Efectivamente, el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígena originario campesinos, implica el reconocimiento de:

- Sus instituciones jurídicas y autoridades propias. - Los valores, principios, normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. - La facultad de las autoridades de ejercer su jurisdicción, es decir, de aplicar sus normas y procedimientos propios.

En el marco del principio de interculturalidad, previsto en los arts. 1 y 178 de la CPE, el pluralismo jurídico igualitario cobra un nuevo sentido, pues no hace referencia únicamente a la coexistencia de sistemas jurídicos, sino que implica un relacionamiento permanente, sin subordinación, entre las diferentes jurisdicciones que conforman el órgano judicial de Bolivia.

Ahora bien, el principio de interculturalidad, también se manifiesta en el ámbito de la justicia constitucional. Efectivamente, de acuerdo al art. 196.I de la CPE, el Tribunal Constitucional Plurinacional es una institución independiente, diferente al órgano judicial y a la jurisdicción ordinaria, que vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales; funciones que son desarrolladas no sólo respecto a las resoluciones, decisiones, competencias y normas del sistema ordinario, sino también del sistema indígena originario campesino, bajo el entendido que todas las jurisdicciones tienen un techo común que no es otro que la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad.

En ese ámbito, conforme se ha señalado, si bien las resoluciones de la jurisdicción indígena originaria campesina no pueden ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni agroambiental, sí pueden ser examinadas por la justicia constitucional que está destinada, se reitera, a precautelar la Constitución y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales.

III.2. La interpretación intercultural y sus dimensiones

Sobre la interpretación intercultural o plural del derecho, la SCP 0487/2014 de 25 de febrero, ha señalado que en el pluralismo jurídico:

"...supone redimensionar el sistema jurídico ius positivista, a partir de la experiencia y prácticas de los sistemas jurídicos indígenas, pero también implica considerar las prácticas, los principios y los valores de las naciones y pueblos indígena originario campesinos cuando se les vaya a aplicar el derecho occidental, así como asumir interpretaciones interculturales de los derechos y garantías cuando se denuncie su lesión en los supuestos en los que las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejerzan sus sistemas de justicia, y, finalmente, efectuar ponderaciones cuando dichos derechos o garantías se encuentren en conflicto".

La misma Sentencia estableció que las autoridades administrativas, jueces y tribunales de justicia, deben asumir una interpretación de las normas jurídicas, de los derechos y garantías, que atiendan a:

- La flexibilización de los requisitos formales, cuando éstos impidan un real acceso a la justicia constitucional, y la reconducción procesal de acciones cuando que se constituye en un deber tratándose de naciones y pueblos indígena originario campesinos2.

- El principio de respeto a los derechos humanos y los criterios constitucionalizados para su interpretación, bajo el entendido que los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos son derechos humanos en su dimensión colectiva y, por ende, en el marco de la igualdad jerárquica de derechos contenida en el art. 13.III de la CPE, gozan de los criterios de interpretación contenidos en la Constitución Política del Estado, como el de favorabilidad, el de interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, el de progresividad y la directa justiciabilidad de los derechos humanos3. - La interpretación plural o intercultural del derecho cuando en un proceso judicial o administrativo intervienen naciones y pueblos indígena originario campesinos, en el marco de sus características, principios, valores, su cosmovisión, dando efectividad a lo previsto por el art. 8.1 del Convenio 169 de la OIT. Así, conforme concluyó la SCP 487/2014, la justicia constitucional y las diferentes jurisdicciones del órgano judicial, están obligada a interpretar el derecho a partir del propio contexto de la nación y pueblo indígena originario correspondiente.

En el marco de lo señalado por la SCP 0487/2014, la interpretación plural o intercultural del derecho, puede ser comprendida en dos dimensiones: 1. Cuando uno o más miembros de las naciones y pueblos indígena originario campesinos intervienen en un proceso del sistema ordinario o agroambiental, 2. Cuando se alegue lesión a derechos individuales al interior de la jurisdicción indígena originaria campesina. Ambas dimensiones serán analizadas a continuación.

III.2.1. La interpretación intercultural cuando uno o más miembros de una nación y pueblo indígena originario campesina se encuentran sometidos a proceso

La Sentencia antes anotada señaló que la interpretación intercultural o plural del derecho puede ser comprendida desde la consideración de los principios, valores, normas, procedimientos de los pueblos indígenas cuando:

"...se encuentren como demandantes, demandados, recurrentes, recurridos, etc., ante las diferentes autoridades administrativas o judiciales de las diferentes jurisdicciones previstas en la Constitución Política del Estado y también ante la justicia constitucional, lo que supone, conforme se ha señalado, flexibilizar requisitos de admisión y ritualismos procesales, tomando en cuenta sus procedimientos y normas propias, y también en el ámbito sustantivo, considerar la forma en que dichas naciones y pueblos indígena originario campesinos, conciben el hecho o acto que está siendo sometido a controversia, para en su caso, establecer los correctivos necesarios en la aplicación del derecho, que es lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito penal, donde, de acuerdo al art. 391 del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuando un miembro de una nación o pueblo indígena originario campesino sea imputado por la comisión de un delito y se lo deba procesar en la jurisdicción ordinaria, tanto los fiscales como los jueces deben estar asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas y que antes de dictarse sentencia, éste debe elaborar un dictamen a los "efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal..." o en su caso, desde una interpretación plural extensiva y favorable, a efecto que pueda ser juzgado en su propia comunidad, según sus normas y procedimientos propios".

Por otra parte, la interpretación plural está vinculada, de manera específica, a la interpretación de derechos y garantías, en los supuestos en los que existan conflictos entre derechos individuales y derechos colectivos, supuestos en los cuáles es indispensable que se analice -fundamentalmente la justicia constitucional, pero no sólo ella- el derecho o garantía supuestamente lesionada a la luz de los principios, valores, derecho, cosmovisión de la nación y pueblo indígena originario campesino, a efecto de evitar interpretaciones monoculturales.

III.2.2. La interpretación intercultural cuando se alegue lesión a derechos al interior de la jurisdicción indígena originaria campesina: el paradigma del vivir bien.