1139/2022-S2

Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)Al demandado, retire de forma inmediata el candado que impide el ingreso al pozo de agua para su bombeo y distribución a los vecinos;
2. b)Al Comité de Aguas, ejerza las funciones que correspondan en la organización y distribución del líquido vital a las familias beneficiadas;
3. c)Al demandado, se abstenga de ejercer cualquier tipo de acción violenta contra los comunarios, que impida, estorbe o restrinja el libre ingreso al pozo productivo comunal y su administración; y,
4. d)El pago de costas, el resarcimiento de daños y perjuicios en ejecución de sentencia.

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; destacando que:

1. 1)Respecto al informe presentado por el demandado, existe un acta sobre la invitación efectuada por la Comunidad Campesina "Cañón Oculto" y el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, debido a que no permitía el ingreso al pozo, a la cual no se apersonó;
2. 2)Con relación a las amenazas por parte de los comunarios "...cuando existe de la prueba presentada..." (sic) instauró proceso penal por la presunta comisión del delito de robo, después de que destruyó el pozo, situación que dieron a conocer al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, instancia que realizó el rescate de los tubos que se encuentran en su custodia;
3. 3)El pozo solo estuvo habilitado un año cuando el hoy demandado era administrador del Comité de Aguas y llevaba la contabilidad de las cuotas de los beneficiarios para su mantenimiento y funcionamiento; cuando se le pidió rendición de cuentas para conocer en qué se gastaban los fondos, debido a que no se emitían facturas, es cuando comenzó el conflicto;
4. 4)No es cierto que los comunarios lo desconocieron, por el contrario, lo invitaron durante meses a solucionar el problema, pero ello no fue posible, se le entregó el pozo funcionando y ahora es inservible, pues necesita la inversión de recursos económicos para que vuelva a funcionar por la destrucción causada por el demandado; precisando que retire el candado, los comunarios no quisieron romperlo para no ser procesados, por esa razón tampoco el personal del Gobierno Regional aludido; y,
5. 5)Esta petición la realizan recién porque existen de por medio procesos penales, y debido a la pandemia del COVID-19 la afectación es generalizada en la comunidad que necesita su reactivación económica a través de los cultivos y la crianza de ganado, para lo que se requiere rehabilitar el pozo.

Respondiendo a las interrogantes formuladas en audiencia, manifestaron:

1. i)María Claudia Quisbert Quenta es la esposa de Juan Carlos Valverde Aparicio -ambos demandados-; y,
2. ii)El pozo "Cañón Oculto" es el único pozo productivo y su capacidad de bombeo es "solo para eso"; existe otro de agua potable, que no se puede utilizar para riego.

Juan Carlos Valverde Aparicio y María Claudia Quisbert Quenta, remitieron informe escrito de 8 de junio de 2022, cursante de fs. 307 a 308, mediante el que solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes fundamentos:

1. a)María Claudia Quisbert Quenta, negó lo manifestado por la parte accionante, por cuanto ella ya no forma parte de la Comunidad Campesina "Cañon Oculto", pues no vivió ni vive en ese lugar, también refirió que era propietaria de un terreno que lo cedió a Juan Carlos Valverde Aparicio el 2012, razón por la cual no causó daño alguno a la indicada Comunidad, ya que vive en la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, siendo totalmente falsas y dolosas las acusaciones de los impetrantes de tutela;
2. b)Por su parte, Juan Carlos Valverde Aparicio, expresó:
3. 1)Igualmente niega todos los hechos por los que se lo acusó, al ser una cuestión política, pues nunca restringió el derecho al agua de los comunarios y menos el acceso al pozo de referencia;
4. 2)La Comunidad lo desconoció hace muchos años como miembro de la misma, denunciándolo ante la Fiscalía por la presunta comisión de delitos falsos, ya que fueron los comunarios quienes ingresaron al pozo de forma violenta, llevándose las cañerías cuando se encontraba en mantenimiento, aspecto que fue denunciado por su persona y pudieron recuperarlos, momento a partir del cual fue desconocido, ya que pretendían que actúe contra la ley, situación por la cual la comunidad fue castigada y no recibió los beneficios, ya que no podía cometer un delito a sabiendas o ser cómplice de ello, puesto que no es mala persona como señalan los representantes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco;
5. 3)Es evidente que el pozo fue perforado para beneficio de una parte de la Comunidad -que no funciona-, los accionantes tienen otro pozo y si bien fue depositario nunca pretendió apropiarse del mismo, nadie saca agua del pozo porque siempre tuvo problemas, además, el camino era inaccesible para que ingresen las cisternas;
6. 4)El acceso al pozo es libre, nadie bombea agua porque fue abandonado por mucho tiempo, siendo su persona la más interesada en que funcione, al igual que todos y si no asistió a las reuniones fue porque lo desconocieron y por el mal trato recibido; y,
7. 5)Es el único que no tiene agua por lo que es el más afectado, ya que todos los demás cuentan con agua permanente en sus domicilios.

Con el uso de la palabra el abogado de los demandados-, respondiendo a las consultas efectuadas por la Jueza de garantías en audiencia, expresó:

1. i)La demandada María Claudia Quisbert Quenta, ya no vive en la comunidad, pues le cedió su terreno a Juan Carlos Valverde Aparicio el 2012, ellos eran cónyuges, actualmente se encuentran separados;
2. ii)La prenombrada no fue mencionada en la ratificación de la acción tutelar ni en el informe presentado por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, sino únicamente el demandado, respecto de quien se tiene el acta de desconocimiento por parte de la Comunidad el referido año, que obedeció a otras razones y no por el problema del pozo, fecha a partir de la cual ya no es parte; cómo pueden ejercer derechos cuando ellos mismos lo desconocieron;
3. iii)Ignoran la fecha de la perforación de pozo, posterior a ello estaba en mantenimiento porque la bomba sufrió desperfectos, los comunarios fueron a sacar las cañerías que se encontraban dentro del perímetro del pozo, rompieron los candados e ingresaron, lo que motivó que en su condición de encargado del Comité de Aguas en la gestión 2015, inicie proceso penal contra los autores; asimismo, aclaró que el camino no es de fácil acceso, por lo que se convino perforar el pozo en la propiedad del demandado, con la finalidad que sea un pozo productivo,
4. iv)Cuando se hizo el mantenimiento, procedieron a sustraer las cañerías, por lo que este trabajo estuvo paralizado durante un año, ante lo cual iniciaron el proceso penal y en las investigaciones se acreditó que los comunarios llevaron las cañerías a la capilla de la comunidad, motivo por el cual pidió al Fiscal su recuperación, y una vez que se logró dicho cometido, volvieron a instalarlos;
5. v)Al momento de contestar el proceso penal, los comunarios manifestaron que fue una orden del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, empero el entonces Secretario de Desarrollo Productivo que inspeccionó el lugar, negó aquello, de ahí que el pozo no funciona; todos en la Comunidad cuentan con agua, entonces qué derecho pudo coartar si no es miembro del Comité de Aguas;
6. vi)La Comunidad Campesina "Cañón Oculto" y la entidad regional descrita tendrían que resolver el problema, pues ellos permitieron que el pozo se arruine, el tanque flexible que fue entregado a los funcionarios del Gobierno Regional no tenía tuberías y ello dañó el tanque; no es cierto que el demandado quiso apoderarse del pozo, solo persiguió recuperar las tuberías porque estaban a su cargo, y cuando estuvo en Santa Cruz dejó al cuidado del casero, situación que aprovecharon para ingresar y sacar las cosas; y,
7. vii)Lo expresado por la parte accionante no es evidente, el demandado también necesita que el pozo funcione, porque no tiene agua, le pertenecen 5 ha y no toda la superficie es plana; donde está el pozo fue desmontado y alrededor se encuentran sus sembradíos, por lo que procedió a cerrarlo con la finalidad de protegerlos. Finalmente señaló que solo Juan Carlos Valverde Aparicio no puede administrar el pozo debiendo elegirse a un nuevo responsable; por estas razones considera que no existió vulneración de derecho alguno de la Comunidad.

José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, mediante memorial presentado el 31 de mayo de 2022, cursante de fs. 84 a 87, manifestó:

1. a)El citado Gobierno Autónomo Regional con el propósito de paliar la sequía que históricamente azota a la región chaqueña ejecutó y aún lo viene haciendo, proyectos de perforación de pozos denominados "pozos productivos", en toda la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, concretamente en la Primera Sección de provincia del municipio de Yacuiba;
2. b)En las gestiones 2014 y 2015 se perforó el pozo en la Comunidad Campesina "Cañón Oculto", implementándolo con todo el equipo de bombeo de agua, un motor generador de energía eléctrica para la extracción de agua, un tanque flexible de 20 000 l para la red de distribución, organizando a los beneficiarios para la administración a través del Comité de Aguas, por cuanto dichos pozos son de uso comunitario, cuyo objetivo es atender los requerimientos de agua para el consumo humano, animal y en algunos casos de riego;
3. c)Por Informe 33/2021 de 22 de julio, la Responsable del proyecto "Construcción, Perforación de Pozos Profundos y Aprovechamiento de Aguas Subterráneas Primera Sección Yacuiba", con la referencia "Informe de Inspección y Verificación del Pozo de Agua en la Comunidad de Cañón Oculto", da cuenta de la inspección realizada, en ese sentido se tiene que el pozo fue perforado en el terreno del ahora demandado, entonces presidente de la OTB en la gestión 2014, quien ahora alega ser propietario legal de dicho pozo, restringiendo y privando del uso de agua a los demás comunarios;
4. d)En la referida fecha, el personal técnico de la indicada entidad junto con los dirigentes de la citada comunidad se constituyeron en el lugar donde se encuentra el citado pozo, a fin de verificar la realidad de ese bien, tratando de ubicar al hoy demandado, sin éxito;
5. e)De igual forma, por Informe S.R.D.P.RRNN.M.yA. 21/2022 de 4 de marzo, de la mencionada Responsable, se tiene que se realizaron las gestiones para recuperar el bien, solucionar el problema y la situación actual del pozo; si bien la perforación se realizó en un predio que pertenece al demandado, a momento de iniciar la misma se transfirió al Gobierno Regional, como todos los pozos perforados en otros sectores; es decir, que la comunidad aportó con el terreno; consiguientemente, no le pertenece al prenombrado; y,
6. f)Pese a los reiterados esfuerzos realizados para resolver este conflicto, ello no fue posible por la renuencia y mala fe demostrada por Juan Carlos Valverde Aparicio, por lo que se adhiere a la petición de los accionantes.

Con el uso de la palabra en audiencia, los representantes del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, sostuvieron:

1. 1)La entidad es propietaria del pozo porque corrió con los gastos de su perforación, implementación y mantenimiento, es una inversión con recursos del Estado, con la condición de que el terreno pertenezca a esa institución, en el caso del demandado faltó sanear la documentación de donación y regularizar la misma;
2. 2)En cinco ocasiones se trasladaron dos Comisiones, pero encontraron el portón con candado y perros en el interior, haciendo inviable su ingreso para hacer el mantenimiento;
3. 3)En una oportunidad se reunieron con el abogado y el técnico de pozos, en la que se llegó a un acuerdo con el ahora demandado, quien faltó al mismo, y pese a sus reiterados intentos no pudieron ingresar al lugar;
4. 4)Se hizo la entrega del pozo al Comité de Aguas para su administración y funcionamiento, durante varios años no se pudo hacer mantenimiento debido a la imposibilidad de ingresar; no cuentan con título que es lo que faltó sanear, por lo que es necesaria una conciliación en bien de la Comunidad Campesina "Cañón Oculto"; y,
5. 5)En el caso se está frente a derechos lesionados de la citada comuna que no tiene acceso libre al agua, derecho contemplado en los arts. 16.I y 373 de la CPE.

La Jueza Pública de Familia Segunda de Yacuiba del departamento de Tarija, constituida como Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 9 de junio, cursante de fs. 313 a 317, concedió la tutela solicitada, disponiendo de manera inmediata:

1. i)El cese de todo acto que impida el ingreso al pozo "Cañón Oculto", para que el mismo cumpla con la función de provisión de agua potable para la comunidad de igual nombre; y,
2. ii)Se permita el ingreso de la Dirección Técnica del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco y autoridades del Comité de Aguas de la indicada comuna a fin de que realicen el mantenimiento y otras mejoras para la provisión oportuna de agua potable.

Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos:

1. a)Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los cuales son titulares ciertos grupos humanos, estos derechos son los llamados de tercera generación, algunos de ellos son el derecho al desarrollo, a la paz, al patrimonio artístico y cultural, a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas y de los consumidores; en nuestra legislación los derechos e intereses colectivos en sentido estricto son aquellos que corresponden a un colectivo identificado o identificable como son, por ejemplo, las naciones y pueblos indígena originario campesinos (NPIOC), cuyos componentes están organizados y mantienen relaciones orgánicas entre sí;
2. b)El art. 135 de la CPE establece que la acción popular otorga tutela a los derechos o intereses relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar naturaleza;
3. c)Del memorial de la presente acción tutelar, se tiene entre el derecho acusado de vulnerado, el derecho al agua y en razón a ello, se solicita retirar el candado que impide su ingreso al pozo de agua para su bombeo y distribución a los vecinos de la Comunidad Campesina "Cañón Oculto";
4. d)Esa realidad material demostró la lesión de su derecho a tener acceso al agua en razón a que comparte la naturaleza del derecho individual y colectivo, y el difuso, siendo este último el objeto de protección a través de la acción popular, con base en una interpretación gramatical del art. 135 de la Norma Suprema, cuando está vinculado, entre otros, a la salubridad pública, pues se enmarca en la categoría de garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, como condición fundamental para la supervivencia, por cuanto el derecho al agua reclamado, se constituye en un derecho fundamentalísimo para la vida misma de las personas, al ser un recurso vital del cual depende el ejercicio de otros derechos fundamentales como la vida y la salud;
5. e)Si bien es obligación del Estado proveer agua a todos sus habitantes y así materializar el derecho a su acceso, los demandados de ninguna manera pueden lesionar los derechos de los comunarios accionantes, quienes son los afectados, pues es obligación también del Estado hacer extensivos los servicios de agua potable a los grupos vulnerables, ya que no es posible privar a una comunidad de sus propios medios de subsistencia;
6. f)Al tratarse de una NPIOC, que se constituye en un sector vulnerable y desprotegido de la población y dada la importancia del derecho de acceso al agua, los demandados cualquiera sea la situación de su titulación de propiedad de los terrenos donde se encuentra el pozo "Cañón Oculto", que es comunitario y que fue perforado por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en beneficio de la comuna e instalado como un bien del Estado, al impedirse el suministro del líquido elemento, no solo transgredieron dicho derecho sino también el de salubridad pública, relativo al acceso a las condiciones básicas y necesarias para vivir saludablemente; y,
7. g)En cuanto a lo aseverado en audiencia por la parte accionante respecto al funcionamiento o no del pozo perforado de la Comunidad Campesina "Cañón Oculto" se dispone que el Gobierno Autónomo Regional mencionado conjuntamente las autoridades de la OTB de la comunidad, acuerden los mecanismos necesarios para que el pozo productivo comunitario cumpla la función de provisión oportuna de este líquido elemental. No correspondiendo emitir criterio acerca de la titularidad del terreno de referencia.

Al respecto la SCP 0240/2015-S1 de 26 de febrero, sostuvo lo siguiente: "La acción popular, se halla instituida en el sistema constitucional boliviano, dentro de las acciones de defensa de los derechos y garantías constitucionales, en el Título IV 'Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa', Capítulo II, Sección VI, previendo la norma que la contiene -art. 135 de la CPE-, que procede: '...contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución'. Caracterizándose consecuentemente, como una acción tutelar cuyo objeto deviene en la protección inmediata y efectiva de los derechos e intereses colectivos, contra actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión; derivando de ello, su triple finalidad:

1. a)Preventiva, evitando que una amenaza lesione los derechos e intereses bajo su protección;
2. b)Suspensiva, por cuanto tiene como efecto hacer cesar el acto lesivo a los derechos e intereses tutelado en la acción; y,
3. c)Restitutoria, al restablecer el goce de los derechos colectivos afectados a su estado anterior.

1. a)Los derechos e intereses colectivos objeto de protección constitucional explícita por la acción popular son: el patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública y el medio ambiente referidos expresamente por los arts. 135 de la CPE y 94 de la LTCP.