1142/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1142/2019-S1 Sucre, 29 de noviembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 29722-2019-60-AAC Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución de 01/2019 de 1 de julio, cursante de fs. 350 a 362 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana Barja Alvarado de Barriga y Ciro Arnaldo Barriga Cardona contra Tito Ronald Aramayo Carballo, Alcalde; Norma Villa Cutile, Presidenta del Concejo; Rómulo Serrudo Mostacedo, Marco Antonio Rioja, Eloy Gregorio Méndez Duarte, Alfredo Villalba Vásquez, Zulema Serrudo Arancibia y Lourdes Vargas Cerezo, Concejales; Yaneth Hinojosa Carreón, Responsable Legal de Áreas Verdes; Marco Antonio Renjifo Muruchi, Coordinador de Catastro Urbano y Bania Pérez Peñaranda Responsable de Gestión Técnica Territorial e Infraestructua todos del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de junio de 2019, cursante de fs. 140 a 165, la parte accionante manifestó los siguientes argumentos:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Por Testimonio 27/99 de 9 de febrero de 1999, acreditan tener derecho propietario del bien inmueble ubicado en "La Esmeralda" del municipio de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, cuya superficie es de más de "cinco hectáreas", registrado en Derechos Reales (DD.RR.) con la matrícula 1.05.1.01.0006873 en el Asiento A-1, mismo que se encuentra bajo posesión efectiva, debidamente cerrado en todo su perímetro con postes y cercas de alambre de púas desde la fecha de su compra, además el predio se halla dentro de una área productiva agropecuaria urbana donde no existe ninguna calle ni vivienda, tan solo lo atraviesa un camino de 11 m de ancho que va hacia "Rosario del Ingre y viceversa", propiedad que cumple con la función social por estar destinada a la cría y engorde de ganado vacuno y porcino, así como la producción agropecuaria que permite cubrir la seguridad alimentaria proveyendo de una de las necesidades básicas como es la carne.

El Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, a través de la Unidad de Catastro Urbano llevó adelante el proyecto denominado "Perfil de Proyecto de Consolidación de la Avenida Parque Industrial" en la zona donde se encuentra su propiedad, promulgándose para ello la Ley Municipal 016 de 9 de junio de 2016, que en su art. 1 indica: "'Autorizar la consolidación de la avenida Parque Industrial con un ancho de 18 metros y 3 metros de la misma tendrá una acera de 3 metros'" (sic), medida legislativa que solo autoriza la creación o consolidación del camino antiguo para que se convierta en avenida, la que puede incidir en su propiedad debido a que los 11 m que tiene el camino se ensanchará a 18 m, circunstancia que obliga al Concejo Municipal de la aludida entidad edil, a emitir una ley de declaratoria de necesidad y utilidad pública a los fines de la expropiación de la superficie afectada.

El primer acto arbitrario ocurrió el 29 de enero de 2018, cuando el Coordinador de Catastro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, sin identificar norma municipal ni señalar las resoluciones que le otorgan atribuciones para despojar bienes de los ciudadanos, mediante una notificación unilateral e injusta, sin un proceso administrativo de expropiación o de otra naturaleza, intentó obligarles a liberar una parte de la propiedad que estaban ocupando para que dicha entidad municipal la ocupe y proceda a ensanchar la vía; en ese entendido, el 2 de febrero del referido año, acreditando su derecho propietario, a través de un memorial pidieron y propusieron al Alcalde del referido Gobierno Autónomo Municipal ceder la superficie requerida para el ensanchamiento del camino que en ese momento consideraban que no excederían más de 2 600 m2, solicitando en compensación la reposición de los postes y el alambrado que se necesita para resguardar su propiedad; empero, su propuesta no tuvo respuesta oportuna, fundamentada y motivada por parte de la autoridad edil, sino que simplemente servidores públicos subalternos emitieron un dictamen rechazando dicha oferta.

Un segundo acto arbitrario efectuado por el Coordinador de Catastro Urbano junto al "Responsable de Áreas Verdes y Gestión Territorial e Infraestructura" todos del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, mediante "providencia" -lo correcto es notificación- de 19 de noviembre de 2018, nuevamente de forma directa ordenan que "'en el plazo de DOS (2) días hábiles LIBERE EL ANCHO DE LA VÍA CORRESPONDIENTE A 18 M'" (sic); posteriormente, amenazaron con prescindir de los procedimientos establecidos en las leyes, indicando que a partir de dicho plazo entraría con maquinaria en la zona para realizar la apertura total de la vía, aspecto que es una medida de hecho arbitraria, sin que exista un proceso administrativo de expropiación o de otra naturaleza en la cual hayan tenido la oportunidad de ser oídos, escuchados y vencidos.

Como tercer acto arbitrario realizado por el Alcalde y los Concejales del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo, en presencia de los medios de comunicación, el 14 de marzo de 2019, arguyendo la aplicación de la Ley Municipal 016, intentaron ingresar a su propiedad con maquinaria pesada para derribar las cercas de alambre de púas que resguardaban el ganado vacuno y porcino, además, de las mejoras del predio, ello con el objeto de ensanchar el camino y volverlo una avenida, todo sin que exista autorización del ente legislativo municipal para un proceso de expropiación por necesidad y utilidad pública, ni resolución judicial o administrativa que la disponga; por lo que, el 20 del citado mes y año, solicitaron al aludido Alcalde, el cese y la abstención de realizar actos de amedrentamiento tendientes a afectar las cercas de alambre u otra medida que afecte el núcleo del derecho a la propiedad, petición que tampoco tuvo una respuesta expresa, oportuna, motivada y razonable del ejecutivo municipal ni del legislativo como lo requería el caso.

Como cuarto acto arbitrario efectuado el 22 de marzo de 2019 el Alcalde y un grupo de servidores públicos del Gobierno Autónomo Municipal de Monteagudo con maquinaria pesada irrumpieron violentamente su propiedad, destrozando las cercas de alambres de púas y los postes que protegían el ganado vacuno y porcino e inmediatamente ocuparon dos fracciones de terreno, procediendo a ensanchar el camino en el espacio ocupado, avasallando de esta forma una superficie mayor a 4 600 m2, sin que exista autorización del Concejo Municipal que declare la necesidad y utilidad pública de dicho predio, ocasionándoles graves daños y perjuicios en la unidad productiva que quedó en la intemperie sin protección y con el riesgo de sufrir mayores daños a consecuencia de las medidas de hecho deliberadamente planificadas por la referida autoridad municipal; además, que un grupo de funcionarios municipales después de los hechos continuaron ocupando el predio por orden de la mencionada autoridad edil.

Fueron sancionados con la orden directa de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del referido Gobierno Autónomo Municipal, para la destrucción de sus alambrados y ocupación violenta de su propiedad, sin haber sido oídos y vencidos en un proceso administrativo de expropiación o en su caso en un proceso sancionatorio o judicial en el que se hayan respetado las garantías de presunción de inocencia, defensa y debido proceso, por lo que, mediante memorial de 25 de marzo de 2019, solicitaron fotocopias simples y legalizadas de la existencia de un proceso administrativo que se haya seguido en su contra y que hubiera dispuesto el derribo de las cercas; además, se requirió la extensión de una certificación que indique en base a qué decisión se dio ese proceder; empero, no tuvieron respuesta oportuna expresa y motivada sino únicamente les otorgaron copias simples del perfil del proyecto; en ese entendido, el 1 de abril de ese año, reiteraron su petición a través de dos memoriales que tampoco fueron respondidos.

Posteriormente, la Presidenta del Concejo Municipal del aludido Gobierno Autónomo, después de la materialización de las medidas de hecho, recién mediante Nota Cite: C.M.M. 101/2019 de 4 de abril, realizó una aparente repuesta a su memorial de 20 de marzo de 2019, de forma imprecisa, contradictoria y ambigua, pues no se pronunció a cada uno de sus reclamos de vulneraciones de derechos ni a su petitorio, los mismos que quedaron "imprejuzgados" hasta "la fecha"; es decir, no existe congruencia entre lo denunciado, reclamado y pedido en su memorial con lo expuesto en la indicada Nota. Asimismo, el Alcalde de la citada entidad municipal, a través de Nota Cite: S.J. 16/2019 de 1 de abril, sin leer el contenido del mencionado memorial de 20 de marzo de 2019, en forma ambigua y confusa señaló que no vulneró ningún derecho propietario y que más bien sus personas hubieran participado en la socialización de la ley que se pretendía aprobar al efecto, no obstante, dicha autoridad edil tenía el deber de emitir una resolución fundamentada no una carta escrita.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante consideró lesionados sus derechos a propiedad privada, a la defensa, al debido proceso, al acceso a la información y a la petición, citando al efecto los arts. 21, 24, 56, 115, 117.I, 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); 8, 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 14.1 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 1 de julio de 2019, según consta en acta cursante de fs. 347 a 349 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante retiró el reclamo del derecho de petición; y, ratificando el contenido de su demanda, amplió el mismo, manifestando que los demandados a través de notificaciones unilaterales les dieron un nuevo plazo de diez días para desocupar el ancho de vía, bajo la advertencia de que caso contrario entrarían con maquinaria pesada para su demolición, amenaza efectuada inclusive en los medios de comunicación.