Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1145/2019-S2 Sucre, 27 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad
Expediente: 26894-2018-54-AL Departamento: Oruro
En revisión la Resolución 16/2018 de 11 de diciembre, cursante de fs. 34 a 37, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabio Denar Valdéz, en representación sin mandato de Edwin Johnny Torrez Espíndola, contra Gregorio Orosco Itamari, Vocal de la Sala Penal Segunda y Beatriz Cortez Vásquez, Vocal de la Sala Penal Primera en suplencia legal ambos del Tribunal departamental de Justicia de Oruro.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memorial presentado el 10 de diciembre de 2018, cursante de fs. 2 a 10, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Fue imputado formalmente por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de avasallamiento tipificado y sancionado por el art. 351 bis del Código Penal (CP); en audiencia de medidas cautelares, la Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Oruro, por Auto Interlocutorio 780/2019 de 13 de noviembre, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro, al considerar concurrente la probable autoría y los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 233.1 y 2; 234.10, 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Apelada dicha determinación, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, confirmó en parte la Resolución dispuesta por la Jueza a quo, desvirtuando los riesgos procesales previstos en los numerales 1 y 2 del art. 235 del CPP, manteniendo latente el riesgo procesal establecido en el art. 234.10 del citado Código, bajo el argumento que si bien el imputado Edwin Johnny Torrez Espíndola -ahora solicitante de tutela- no cuenta con antecedes judiciales ni policiales, ese extremo solo puede ser idóneo para desvirtuar el peligro para la sociedad y no así para la víctima, siendo otras las circunstancias que deben acreditarse para ello; por lo que, considera falta de fundamentación y motivación en la que incurrieron las autoridades demandadas a momento de fundar la concurrencia del supuesto peligro para la víctima; por otra parte, en la Resolución ahora demandada no se consideró su condición de persona adulta mayor y no se valoró razonadamente los certificados de antecedentes judiciales y policiales presentados, a efectos de desvirtuar el art. 234.10 del CPP.
1.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y debido proceso en sus vertientes debida motivación y fundamentación de las resoluciones y razonable valoración de la prueba; citando al efecto, los arts. 23.I, 67.I, 68.II y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga:
- a)Dejar sin efecto en lo pertinente el Auto de Vista 156/2018 de 5 de diciembre de 2018;
- b)La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emita nueva resolución observando las normas y jurisprudencia protectiva hacia las personas adultas mayores; y,
- c)Se aplique medidas menos gravosas a la detención preventiva.
I.2.Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías
En la audiencia Pública efectuada el 11 de diciembre de 2018, según consta en acta cursante de fs. 31 a 33, se produjeron los siguientes actuados.
I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar.
I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
Gregorio Orosco Itamari, Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante informe escrito de 11 de diciembre de 2018, cursante de fs. 17 a 18, señaló lo siguiente:
- 1)Se denuncia la lesión al debido proceso por falta de fundamentación del Auto de Vista 156/2018 de 5 de diciembre, sin embargo, este extremo debió ser denunciado vía acción de amparo constitucional y no por la presente acción de libertad;
- 2)El accionante no puede alegar estar indebidamente procesado, pues dentro del proceso penal seguido en su contra fue imputado y cautelado conforme a procedimiento; y,
- 3)La Resolución ahora impugnada, cuenta con toda la estructura necesaria y la fundamentación debida, por cuanto se resolvió todos los puntos alegados y pese que se indica que el imputado es adulto mayor, esta condición no le autoriza a cometer ilícitos; sin embargo a ello, a momento de confirmar la determinación de la Jueza a quo se enervó otros riesgos procesales, aplicando el principio de proporcionalidad; en tal sentido, la acción de libertad no cuenta con ningún sustento, debiendo denegarse la tutela e imponer una sanción económica al abogado que actuó sin mandato.
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