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TCP

1147/2019-S1

Tribunal Constitucional Plurinacional
29 de noviembre de 2019SALA PRIMERA
Resumen del caso

Sentencia 1147/2019-S1

Proceso
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Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1147/2019-S1 Sucre, 29 de noviembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 29670-2019-60-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 82/2019 de 18 de junio, cursante de fs. 60 a 64 vta., pronunciada dentro la acción de amparo constitucional interpuesta por Reinerio Ayzacayo Mamani contra Saúl Josué Aguilar Torrico, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de mayo de 2019, cursante de fs. 28 a 31, el accionante manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Mediante memorándum 1310-18 de 31 de diciembre de 2018, notificado en la misma fecha, sin justificación o procedimiento administrativo previo, Saúl Josué Aguilar Torrico, en su condición de Alcalde del GAM de Oruro, rescindió su contrato laboral sustentándose al efecto en la Resolución Ejecutiva 65 de 27 del citado mes y año que estableció "...la imposibilidad de cumplimiento del contrato al plazo de vigencia en razón de la prestación de servicios..." (sic) comprometiéndose recursos económicos de la gestión 2019, los cuales no estarían aprobados ni autorizados a fines de su efectivización; sin considerar que presto servicios laborales desde el 7 de abril de 2005, como Auxiliar de la Unidad de Drenaje Urbano conforme lo evidencia del memorándum 594/05 de la referida fecha; luego, como Inspector de la Unidad de Catastro Urbano, gozando desde entonces con más de quince contratos, produciéndose inclusive su tácita reconducción a partir del 30 de marzo de 2018, bajo la modalidad de contrato indefinido, tal como se acredita de las tres últimas boletas de pago, no habiendo considerado tampoco lo establecido en la Ley 321 de 18 de diciembre de 2012 -normativa que incorpora al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo, a las trabajadoras y los trabajadores asalariados permanentes que desempeñen funciones en servicios manuales y técnico operativo administrativo de los Gobiernos Autónomos Municipales de Capitales de Departamento- y sin tener en cuenta que su persona no incurrió en ninguna de las causales previstas en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT).

Señala que este último hecho le obligó activar el procedimiento de reincorporación laboral dispuesto ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que previa audiencia de conciliación y después de casi cinco meses de trámite, se emitió la Conminatoria 027/2019 de 14 de mayo, notificada al GAMO en la misma fecha; por la cual se conminó al titular de la Administración Municipal a su inmediata reincorporación en el plazo máximo de tres días hábiles e improrrogables a partir de su legal notificación, al mismo cargo que desempeñaba, pago de salarios devengados y todos sus derechos sociales que correspondan a la fecha de reincorporación, aspecto del que la autoridad edil hizo caso omiso hasta la fecha de interposición de la acción tutelar.

En tal sentido, en virtud al Decreto Supremo (DS) 0495 de 1 de mayo de 2010, que modificó el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, en lo que corresponde a los derechos laborales, establece el cumplimiento obligatorio y de ejecución inmediata la conminatoria de incorporación laboral, vulnerándose en caso de omisión el derecho al trabajo y estabilidad laboral; por lo que, queda expedita la interposición de las acciones constitucionales de defensa que corresponda, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de inamovilidad laboral.

Consecuentemente, la máxima autoridad municipal demandada al incumplir la conminatoria efectuada por la Jefatura Departamental de Trabajo de Oruro, vulneró de manera continua su derecho al trabajo y estabilidad laboral correspondiente a la protección constitucional prevista en el art. 46 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante denuncia la lesión de su derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 8.I y II; 9.2 y 4; 22.1, 46.I; y, 48.I, II, III y IV de la CPE.

I.1.3. Petitorio

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