1147/2022-S4

La solicitante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido de su demanda de acción de defensa, y ampliándola señaló que:

1. a)De acuerdo al informe presentado por el ahora demandado, no existe un respaldo de la nota que se hubiese entregado el día de ayer, o sea, ese aspecto no está debidamente documentado;
2. b)Cumplió con los requisitos de subsidiariedad y de inmediatez de la acción de amparo constitucional, añadió que el ahora demandado y su persona son dependientes de la misma institución pública; el prenombrado es la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del citado Centro de Asistencia Pública y que de acuerdo al informe no existe ninguna observación en ese sentido;
3. c)Solicitó respuesta formal, fundamentada y escrita a una petición sobre un descuento que habría sufrido en sus haberes; y,
4. d)Finalmente, se entiende que el ahora demandado, no realizó ningún descuento; empero, puede responder a su solicitud en ese sentido.

Amilcar Boris Humacayo Morales, Jefe Médico del Centro de Salud Asistencia Pública de Oruro, por informe escrito cursante a fs. 28, señaló que:

1. 1)Como autoridad, no procesa descuentos a los funcionarios; el control del personal y de asistencia es exclusiva función del jefe de RR.HH., de acuerdo al R.I.P. y manual de funciones, él es quien realiza el informe respectivo a gerencia de red urbana posteriormente al SEDES Oruro y Ministerio de salud respectivamente;
2. 2)Solicitados los informes en relación al caso de Daysi Nadhia Paco Poma -ahora accionante- a dicha jefatura, la cual por nota recepcionada el 3 de noviembre del 2021, indicó que no se tiene documentación de respaldo para verificar los días de descuento de la afectada; por tal razón, es indispensable contar con una copia de la boleta de pago del mes afectado; asimismo una fotocopia actualizada de su cédula de identidad, toda esa documentación será añadida a la solicitada por el Servicio Departamental de Salud y dirigida al Ministerio de Salud, quienes harán la rectificación y devolución del descuento respectivo si el caso amerita;
3. 3)Mediante nota de igual fecha, se respondió a la ahora impetrante de tutela, habiéndosele entregado por parte de Secretaria del citado Centro, (Patricia Cecilia Vargas Solíz) y su persona a las 16:00; empero, no quiso firmar la recepción, minutos posteriores devolvió la nota; y,
4. 4)Esta nota no fue otorgada a la brevedad posible; puesto que, el informe de la Jefatura de RR.HH., recién fue entregado a su persona en el 3 de noviembre del 2021, una vez recibido el informe en la misma fecha se le hizo conocer estos aspectos a la ahora accionante.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 112/2021 de 4 de noviembre, cursante de fs. 35 a 39, denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos:

1. i)La accionante refirió principalmente que a consecuencia de habérsele hecho un descuento de tres días de su haber mensual acudió inicialmente a la oficina de RR.HH., a efecto de pedir una explicación de este extremo; presentó nota a la actual autoridad ahora demandada, pidiéndole aclaración sobre este descuento del mes de septiembre; empero hasta la fecha simplemente ha recibido evasivas y no ha sido respondida su solicitud; por lo que, consideró que se ha vulnerado su derecho a la petición;
2. ii)La autoridad demandada, indicó que ha recurrido a la oficina de RR.HH., para obtener un informe y con ello otorgar la respuesta a la parte accionante; sin embargo, la misma habría sido devuelta y no habría querido ser firmada por la hoy solicitante de tutela;
3. iii)Con el razonamiento de que se trataría de una relación entre servidores públicos que inclusive tendrían un nivel jerárquico; lo que significa que la entidad tendría un mecanismo interno para resolver este tipo de solicitudes de la parte accionante; empero, conforme al art. 24 de la CPE, considerando que lo impetrado es ajeno a su condición de servidora pública debe cumplir con las mismas exigencias previstas para toda persona particular o colectivo; y,
4. iv)Debe tenerse en cuenta que ya existe una respuesta sobre ese tema, pero el razonamiento fundamental de la presente decisión va a esto, a determinar que la petición que se ha formulado ha sido dentro de la entidad entre funcionarios públicos; es decir, bajo su condición de servidora pública o servidor público, no como persona particular; caso en el cual, sí podría acoger la tutela solicitada por la parte accionante.