1148/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1148/2019-S2 Sucre, 27 de diciembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de Amparo Constitucional

Expediente: 28897-2019-58-AAC Departamento: Pando

En revisión la Resolución de 3 de mayo de 2019, cursante de fs. 114 a 116 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Berzabet Hurtado Fernández contra Antonio Peñaranda Mercado, Juez Agroambiental del departamento de Pando; Sarina Egüez Aponte Presidenta y Secretaria General de la Comunidad Campesina Cocal; Becker Guary Reateguiz, Ejecutivo de la Subcentral de Campesinos Conquista; Jairo Sánchez Méndez, Ejecutivo de la Central de Campesinos Puerto Rico; Ermenegildo Llavera Chuzgado, Secretario Ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando (FSUTCP); y, Juan Santos Cruz, Presidente de Comisión de Justicia y Trabajo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 25 abril de 2019, cursante de fs. 85 a 90, la accionante, expuso los siguientes argumentos de hecho y derecho

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Junto a su hija Ambar Diana Medina Hurtado son beneficiarias de una parcela de la Comunidad Campesina Cocal, municipio de Puerto Rico, provincia Manuripi del departamento de Pando, actualmente titulada como resultado del proceso de saneamiento de tierras, mediante Título Ejecutorial TCM-NAL-001144 de 19 de septiembre de 2005; sin embargo, los miembros de su comunidad junto a representantes de la Subcentral Campesina Conquista, de la Central Campesina de Puerto Rico, de los ejecutivos de la FSUTCP, Juan Santos Cruz, Presidente de la CSUTCB, de manera corporativa y en clara colusión formaron un frente común para defenestrarle de su predio comunal, adecuando su conducta a delitos de violencia de género y de discriminación previstos y sancionados por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.

En ese mismo sentido, los representantes sindicales antes mencionados elaboraron y suscribieron el pronunciamiento con "CITE-FSUTCP-Nro. 0053-2019 de 12 de marzo de 2019" (sic), que fue remitido al Juzgado Agroambiental de Pando, en mérito a la demanda de interdicto de retener la posesión planteado por su persona, con lo que recién asumió conocimiento de la decisión expresa de privarle de su derecho propietario sobre su parcela al interior de la Comunidad Campesina Cocal, junto a un memorial en el que expusieron una serie de diatribas, descortesía e irrespeto hacia las autoridades, las normas y en especial a las mujeres.

Todas estas irregularidades reflejan particular importancia y gravedad dada su condición de madre soltera al cuidado de tres hijos, una en estudios universitarios y dos menores de edad, situación que no se reflejaba cuando vivía con su esposo y toda su familia en la comunidad puesto que su cónyuge proveía los alimentos necesarios, pero luego de su separación, éste se retiró de su parcela y por ende de la comunidad, lo que la obligó a ocuparse sola para suministrar los gastos de la crianza de sus hijos; así como, de los estudios universitarios de su hija mayor, lo que no debería ni podría ser sancionado y/o penado por la comunidad puesto que ello, constituiría una autodestrucción e implicaría conformarse con tener una parcela y que sus hijos tengan que estancarse sin buscar una superación personal y profesional.

Quienes suscribieron el pronunciamiento antes mencionado, argumentaron un supuesto incumplimiento suyo de la función social, aspecto que enfáticamente negó puesto que, para nadie es secreto que la actividad de recolección de castaña en el lugar, se realiza entre los meses de diciembre a marzo, trabajo que cumple al igual que toda la comunidad, haciendo uso de los recursos forestales no maderables, actividad que le permitió mitigar en algo las necesidades de su familia; en este sentido, rechazó la sindicación del supuesto abandono de la comunidad hace 13 años, pues además de la actividad de recolección de castaña, cuenta con una casa en la misma comunidad.

Si bien dicha comunidad tiene sus normas internas; empero, ninguna se encuentra por encima de las leyes y de la Norma Suprema, que garantiza la actividad que realiza, además de cumplir con la función Social; no solo residiendo en el lugar sino, a través de la ejecución de otras actividades productivas.

Así, el art. 14 de la Constitución Política del Estado (CPE) determina que: "en el ejercicio de los derechos, nadie será obligado a hacer los que la Constitución y las leyes no manden, ni privarse de lo que éstas no prohíban" (sic), mientas el art. 18 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- refiere que: "ninguna norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indígenas, originario campesinos podrá vulnerar los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad" (sic), mandatos lapidarios para los demandados.

Pronunciamiento por el cual se decide su expulsión de su parcela comunal, recién fue puesto en su conocimiento ante el Juzgado Agroambiental, pues nunca antes se le notificó con esta decisión pese a estar en la comunidad.

Es así que la demanda de interdicto que planteó buscando una solución a sus problemas en la comunidad ante el Juez Agroambiental, fue admitida y habiéndose citado a las personas demandadas, éstas se apersonaron corporativamente presentando toda la documentación referida a su expulsión y el Juez en una actividad exclusivamente administrativa, sin ninguna trascendencia jurídica con relación a sus derechos y de la manera más fría, decidió declinar competencia en favor de la Comunidad Campesina Cocal, sepultando con el Auto Definitivo emitido sus aspiraciones para la restitución de sus derechos conculcados. De este modo, el Juez Agroambiental de Pando se sumó a la conculcación de sus derechos, al ordenarle acuda en busca de solución de sus problemas ante sus verdugos, quienes aseguró, se mantendrían firmes en su decisión de expulsarle con ignominia de la comunidad; de igual manera, existen más casos similares al expuesto, con el resultado de mujeres expulsadas que fueron reemplazadas por varones, aspecto a pesar del cual el Juez Agroambiental, no hizo nada al respecto, denotando una inequívoca discriminación corporativa en razón de género, omitiendo así el mandato del art. 17 de la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación -Ley 045 de 8 de octubre de 2010-.

En el Acta de reunión de la comunidad se observa que no solo su persona fue removida de la comunidad, sino también otras mujeres y lo más llamativo es que esta proscripción se sustituye con la incorporación de otras personas del género masculino, constituyendo una flagrante discriminación en razón de género.

El sufrimiento que le genera este problema, señala que también crea angustia en sus hijos, más aún porque a quien se adjudicó su parcela es a su hermano y tío de sus hijos.

Fundamenta la acción presentada en los arts. 15 y 61 de la CPE concordante con el art. 147 del Código Niña, Niño y Adolescente - Ley 548 de 17 de julio de 2014-, art. 5 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-, art. 23 de la Ley 045 y fundamentalmente en el art. 402 de la referido Norma Fundamental sobre la obligación del Estado de promover políticas dirigidas a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en el acceso, tenencia y herencia de la tierra.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega la lesión de sus derechos a no sufrir violencia de género, ni discriminación en razón de género, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la propiedad, citando los arts. 15.II, 393 y 394 de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Además argumentando la gravedad de los denunciado y la existencia de riesgo inminente de que se le condene a la accionante y a su hija al ostracismo, agravando su situación y la de sus hijos, solicitó se apliquen medidas cautelares disponiendo la prohibición de asentamientos, prohibición de innovar, paralización de toda clase de actividades de parte de quienes se encuentran autorizados por la comunidad a tomar posesión de su parcela y otras que el Tribunal de garantías consideren pertinentes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia pública de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 3 de mayo de 2019, según consta en acta cursante de fs. 110 a 113 y la resolución de fs. 114 a 116 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad y dirigentes demandados

En la audiencia de la acción amparo constitucional, después de escuchar a Juan Santos Cruz, Presidente de Comisión de Justicia y Trabajo de la CSUTCB -codemandado- añadió que; "ninguno es adivino para suponer que estas denuncias ya han sido resueltas" (sic) pues si bien existe un Protocolo que permite indagar, los mecanismos de coordinación no estarían del todo implementados y que no es motivo de la acción tutelar la Nota a la que se refería el indicado dirigente sindical que le antecedió; sino, el acta emitida por la comunidad de 1 de julio de 2018, que dio lugar a su vez a la declinatoria de competencia, considerando que la situación problemática ya fue resuelta por la comunidad.

Juan Santos Cruz, Presidente de la Comisión de Justicia y Trabajo de la CSUTCB, refiriéndose al art. 10.III de la LDJ y al respecto de las facultades de la JIOC; señaló que, tiene la misma jerarquía de la jurisdicción ordinaria y la agroambiental, en ese sentido la nota enviada al Juez Agroambiental el 12 de marzo de 2019, si bien se la tomó como un documento resolutivo, en los hechos solo se pidió al referido Juez apartarse del conocimiento del caso, al ser el mismo ya de competencia de la JIOC; aclarando además que, como organización sindical tienen una jerarquía orgánica sindical y el veredicto que se dio a nivel de la Comunidad Cocal, es una primera instancia, luego están otras y al final se tiene la máxima instancia de decisión que es la CSUTCB.

En el caso en particular, no agotaron la instancias pertinentes para poder llegar a la vía constitucional, mientras su persona siempre veló por defender la Norma Suprema, las leyes y los derechos, desconociendo las particularidades y profundidad de lo denunciado; así si bien, se tomó como base fundamental la nota que mandaron al Juez, cuando la misma no tiene ningún sentido y valor legal, porque ni siquiera fue comunicada a la ahora accionante. En ese sentido pidió que se le haga conocer si es que existe o no alguna resolución que haya determinado la expulsión de la ahora impetrante de tutela.

Finalmente; considerando que, sus comunidades tienen reglamentos y estatutos, todos deben someterse, por lo que no pueden abandonar sus parcelas, así de acuerdo a acta de la comunidad, emitida en reunión de asamblea se advierte que, la accionante "por más de 13 años venía no venía cumpliendo con la función social" (sic), no participó de las reuniones ni trabajos comunales y es por cuanto se determinó ceder la parcela para que la trabaje Hermes Hurtado Fernández, familiar de la demandante de tutela, porque es quien reside en la comunidad.

Las demás autoridades comunarias codemandadas, no se hicieron presentes en la audiencia de amparo constitucional ni presentaron informes pese a sus legales citaciones cursante a fs. 97, 106 y 107.

I.2.3. Resolución