1151/2019-S2

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1151/2019-S2 Sucre, 30 de diciembre de 2019

SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Magistrada Correlatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad

Expediente: 29773-2019-60-AL Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución 03/2019 de 3 de julio, cursante de fs. 72 a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Néstor Julio Enríquez Quiroga en representación sin mandato de Noemí Sonia Bernal Zambrana contra Jesús Gonzales Milán y Pablo Antezana Vargas, Vocales de la Sala Penal Tercera y Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 2 de julio de 2019, cursante de fs. 3 a 10 vta., la parte accionante refiere lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de estafa y estelionato, presentó solicitud de cesación de la detención preventiva ante el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, programándose audiencia para el 4 de junio de 2019, concluido dicho acto, el mencionado Tribunal emitió Resolución concediendo la petición, imponiendo en su lugar medidas sustitutivas a la medida extrema como una fianza económica de Bs80 000.- (ochenta mil bolivianos) entre otras.

Ante esa situación, formuló recurso de apelación incidental impetrando se modifique la fianza económica impuesta por ser de imposible cumplimiento, el periodo de presentación de cada semana a una vez al mes y que se levante el arraigo departamental, recurso que fue resuelto por los Vocales hoy demandados, a través de Auto de Vista 212/2019 de 1 de julio, quienes sin efectuar una adecuada fundamentación y valoración de la prueba revocaron el fallo pronunciado por el Tribunal a quo, y dispusieron mantener su detención preventiva.

En ese contexto denuncia que, los Vocales demandados no consideraron que se trata de un delito patrimonial en el que no existe daño económico, desconociendo una Sentencia con calidad de cosa juzgada que fue pronunciada dentro del proceso familiar en el que la autoridad judicial considerando su delicado estado de salud en mérito al certificado médico del Nefrólogo y ante la imposibilidad de trabajar, la benefició con una asistencia familiar de Bs1200.- (un mil doscientos bolivianos) que debe ser cancelada por su exesposo, documentos que no fueron debidamente valorados con el argumento que son antiguos y que se tenían que actualizar. De igual forma omitieron valorar el certificado médico de 30 de mayo de 2019 expedido en el Centro Penitenciario San Sebastián de Mujeres de Cochabamba que establece que tiene artrosis, presión alta, constantes infecciones urinarias y litiasis (enfermedad caracterizada por la aparición de cálculos en el aparato urinario).

Por otra parte, las autoridades judiciales ahora demandadas omitieron realizar el test de proporcionalidad de la detención preventiva con un enfoque interseccional para resolver su situación jurídica, por cuanto pertenece a un grupo vulnerable de persona adulta mayor, por su avanzada edad, no pudiéndosele exigir la presentación de un certificado de trabajo para acreditar el arraigo natural, aspecto que fue debidamente considerado por el Tribunal a quo.

Finalmente aduce que el fallo emitido por el Tribunal de apelación es incongruente, por cuanto, no establece si tiene la obligación de certificar trabajo, a pesar de su avanzada edad y delicado estado de salud; omitiendo señalar que aspectos debe acreditar para obtener su libertad.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Alega la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, valoración de la prueba e incongruencia, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio