1153/2022-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1153/2022-S1 Sucre, 11 de octubre de 2022

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional

Expediente: 44783-2022-90-AAC Departamento: Tarija

En revisión la Resolución 98/2021 de 20 de diciembre, cursante de fs. 255 a 259 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dalcy Faviola Navarro contra María Fernanda Zeballos Ibañez, Gerente Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.); Mayda Gisela Cari Alfaro, Presidenta; Saúl Pedro Tórrez Aramayo, Secretario; Melina Patricia Miranda Paz, Nelson Willy Bolívar Cuevas y Samuel Ramos Rizo, Vocales; todos de la Comisión Mixta del Banco PRODEM Sociedad Anónima (S.A.) Sucursal Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 13 de diciembre de 2021, cursante de fs. 43 a 52 vta., la accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ingresó a trabajar al Banco PRODEM S.A. Sucursal Tarija, el 19 de noviembre de 2001 y faltando un mes y un día para cumplir veinte años de trabajo con los beneficios laborales consiguientes, fue despedida de manera contraria al debido proceso; en virtud a que mediante Informe RHS/TJ/216/2021 de 28 de septiembre, señalaron la emisión de los Memorándums de llamadas de atención: RHS/TJ/129/2021 de 8 de julio; RHS/TJ/023/2021 de 25 de enero; y, RHS/TJ/236/2020 de 16 de noviembre, los cuales son considerados formalmente como sanciones; en consecuencia, posteriormente ingresaron a un sumario administrativo ficticio, puesto que la decisión estaba definida con anterioridad y solamente se esperaba cumplir con la formalidad de un proceso para darle apariencia de legalidad.

Posteriormente, la Resolución Administrativa de Apelación 16/2021 de 15 de octubre, indicó que el Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por la Resolución Ministerial 147/09 de 20 de marzo y emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, goza de la presunción de constitucionalidad establecida por el art. 4 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y en consecuencia, resolvió confirmar la Resolución Administrativa 14/2021 de 7 de octubre, expresando que no existe recurso ulterior y en consecuencia ordenó la emisión del Memorándum RHS/TJ/237/2021 de 18 de octubre; por el que, se consolidó su desvinculación laboral.

Con esta decisión, las autoridades -ahora demandadas-, antepusieron el Reglamento Interno de Trabajo y su doble sanción, por encima de la garantía constitucional establecida en el art. 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE); sancionándole nuevamente por hechos que ya tuvieron reprimenda; a través de las llamadas de atención vía Memorándum; siendo base de su destitución las presuntas tres amonestaciones escritas previas, emitidas sin el debido proceso en absoluto estado de indefensión.

El art. 129 del mencionado reglamento, establece cinco tipos de sanciones disciplinarias, de donde se tiene que si ya le aplicaron la sanción tipificada en el art. 129.2 -amonestación escrita-, no correspondía que por los mismos motivos se le imponga otra sanción con posterioridad y de forma reiterada.

No se observó que el Banco PRODEM S.A. haya emitido las sanciones anteriores sin derecho a la defensa, al debido proceso, sin haber sido oída y juzgada, tampoco sin darle la oportunidad de presentar pruebas; sino que directamente se le impuso una reprimenda vía memorándum, obviando cualquier garantía constitucional.

La normativa infra constitucional que se le impuso de manera lesiva, se fundamenta en acumular tres contravenciones administrativas en el plazo de un año; sin embargo, la primera infracción ocurrió en marzo de 2020; por lo que, a octubre de 2021, transcurrió mucho más de un año y medio, situación que impide la tipificación que se pretendió utilizar para intentar justificar su despido. Que el Banco PRODEM S.A. haya emitido el Memorándum RHS/TJ/236/2020 recién el 16 de noviembre, no es una situación que retrotraiga el acto que presumiblemente habría ocurrido en marzo; por lo que, la conducta no ocurrió en tres oportunidades durante un año; sin embargo, se interpretó de forma restrictiva, aludiendo que la supuesta causal son los memorándums, dejando en poder y potestad de la precitada entidad el cuándo y cómo emitirlos. Por lo cual, las resoluciones aludidas no se encuentran debidamente fundamentadas y motivadas en el estado constitucional de derecho, pues no se emitieron en consonancia con los principios y valores que irradia la Constitución Política del Estado.

Esa así que, de un momento a otro la peticionante de tutela tomó conocimiento de la decisión de someterla a una comisión especial, sobre la base de los mismos hechos ya sancionados con anterioridad; es decir, que no hubo una aplicación objetiva de la ley y no existe certeza de las normas aplicadas para la decisión de los demandados, quienes con su accionar arbitrario le causaron un perjuicio directo, no sólo al vulnerar sus derechos y garantías constitucionales, sino que además le dejó sin un sustento diario para la manutención de su familia que depende únicamente de su trabajo.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante alegó como vulnerados sus derechos al trabajo, a la estabilidad laboral y al debido proceso en sus componentes de prohibición de doble sanción por afectación del principio non bis in ídem, a la defensa, a la fundamentación y motivación; citando al efecto los arts. 46.I y 117.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia virtual, se celebró el 20 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 253 a 254 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

I.2.2. Informe de los demandados

I.2.3. Resolución

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en el expediente, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Consta Contrato de Trabajo suscrito el 19 de noviembre de 2001, por el que el el Banco PRODEM S.A., contrata con una duración indefinida, los servicios de Dalcy Faviola Navarro ahora impetrante de tutela, para desempeñar las funciones de cajera (fs. 1 a 2).

II.2. Conforme Memorándum RHS/TJ/236/2020 de 16 de noviembre, emitido por Henrry Jhordany Mercado Bejarano, Gerente Sucursal Tarija, dirigido a Dalcy Faviola Navarro, Supervisor de Operaciones Aeropuerto, -ahora accionante- que señala lo siguiente:

"Ref.: Llamada de atención grave

Se le extiende la presente amonestación, habiéndose evidenciado el desconocimiento en el procedimiento para habilitar en sistema al Corresponsal para realizar el cierre diario más de una vez, lo cual generó diferencias de saldo, demostrando desconocimiento en los procesos operativos de la agencia Aeropuerto, hechos que están comprometiendo de manera negativa la operativa de la organización, descuidando además los fundamentos de nuestra Cultura Institucional.

Esta acción se constituye en una infracción "Grave", detallada en el Artículo 126.13 "Descuidar deliberadamente sus obligaciones o ejecutarlas en forma incompleta o negligente, o abandonarlas, aún permaneciendo en el local donde ejerce sus funciones", demuestra irresponsabilidad y negligencia del funcionario en el ejercicio de sus funciones.

Le exhortamos a la reflexión, esperando que en adelante pueda convertirse en un verdadero referente de los valores de nuestra institución, caso contrario se tomarán las medidas correspondientes en cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo."

(sic [fs. 3])

II.3. Se evidencia Memorándum RHS/TJ/023/2021 de 25 de enero, emitido por María Ninoshka Castrillo Estrada, Gerente Sucursal a.i. Tarija del Banco PRODEM S.A., dirigido a Dalcy Faviola Navarro, Supervisor de Operaciones Mercado Campesino del mismo departamento, que señala lo siguiente:

"Ref.: Llamada de Atención Grave

Se le extiende la presente amonestación, habiéndose evidenciado que su persona desconoce el procedimiento de registro de reclamos, misma que es reportada y sujeta a revisión por los entes reguladores, estos hechos están comprometiendo de manera negativa la operativa de la organización, descuidando además los fundamentos de nuestra Cultura Institucional.

Esta acción se constituye en una infracción "Grave", detallada en el Artículo 126.13 "Descuidar deliberadamente sus obligaciones o ejecutarlas en forma incompleta o negligente, o abandonarlas, aún permaneciendo en el local donde ejerce sus funciones".

Le exhortamos a la reflexión, esperando que en adelante pueda convertirse en referente de los valores de nuestra institución, caso contrario se tomarán las medidas correspondientes en cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo."

(sic [fs. 4]).

II.4. Mediante Memorándum RHS/TJ/129/2021 de 8 de julio, emitido por Henrry Jhordany Mercado Bejarano, Gerente Sucursal Tarija del Banco PRODEM S.A., dirigido a la peticionante de tutela Dalcy Faviola Navarro, Supervisor de Operaciones Mercado Campesino de precitado departamento, señaló lo siguiente:

"Ref.: Llamada de atención grave

Se le extiende la presente amonestación, habiéndose evidenciado que su persona ha omitido procedimientos de entrega y recepción de efectivo ocasionando diferencias en bóveda en fecha 1 de julio en agencia Mercado Campesino Tarija, lo cual demuestra negligencia y pone en riesgo el manejo de efectivo de dicha agencia, hechos que están comprometiendo de manera la operativa de la organización, descuidando además los fundamentos de nuestra Cultura Institucional.

Esta acción se constituye en una infracción "Grave", detallada en el Artículo 126.13 "Descuidar deliberadamente sus obligaciones o ejecutarlas en forma incompleta o negligente, o abandonarlas, aun permaneciendo en el local donde ejerce sus funciones".

Le exhortamos a la reflexión, esperando que en adelante pueda convenirse en un verdadero referente de los valores de nuestra institución, caso contrario se tomarán las medidas correspondientes en cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo" (sic [fs. 5]).

II.5. Cursa Informe Recursos Humanos RHS/TJ/216/2021, de 28 de septiembre remitido por Cristian Gualberto Fernández Garzón, Encargado Sucursal-Recursos Humanos del Banco PRODEM S.A., dirigido a Henrry Jhordany Mercado Bejarano, Gerente Sucursal Tarija, bajo la Ref.: "Informa comisión de infracciones graves y muy graves previstas por el R.I.T. por parte de la funcionaria DALCY FAVIOLA NAVARRO y solicita instauración de proceso interno" (sic) bajo el siguiente contenido:

"I.- ANTECEDENTES

Mediante el presente, elevo informe a su autoridad, haciendo conocer que la funcionaria DALCY FAVIOLA NAVARRO durante los últimos doce meses, a la fecha acumuló 3 memorándums por faltas graves... (...) Asimismo se deja constancia que una vez cursados estos últimos 3 memorándums la trabajadora no hizo ninguna representación solicitando que los mismos queden sin efecto, admitiendo en todo caso que era merecedora de las llamadas de atención. (...)

II.-CONCLUSIONES:

En mérito a lo manifestado, la funcionaria habría subsumido su conducta a INFRACCIONES GRAVES, establecidas en el Art. 126 del R.I.T. que su parte final de las disposiciones señala expresamente que "la acumulación de tres amonestaciones por infracciones graves en un plazo de doce meses será considerada como causal de despido."

A su vez a causa de su inconducta laboral, también habría incurrido en las siguientes:

Art. 126.13. Descuidar deliberadamente sus obligaciones o ejecutarlas en forma incompleta o negligente, o abandonarlas, aun permaneciendo en el local donde ejerce sus funciones.

Art. 126.15. Incumplir con las normas, circulares, órdenes o Instrucciones escritas o verbales de los superiores con relación al trabajo.

De igual manera, a causa del descuido reiterativo de sus funciones laborales ha incurrido en incumplimiento de su contrato de trabajo de fecha 19 de noviembre de 2001, que en su cláusula OCTAVA, indica que entre sus OBLIGACIONES, tiene la de cumplir las disposiciones de la Ley General del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A. (ahora Banco Prodem S.A.)

En consecuencia, habría incurrido a su vez en INFRACCIÓN MUY GRAVE, previsto por el Art. 127.6 y 127.20 del Reglamento Interno de Trabajo, que señala:

"127.6. Incumplimiento parcial o total del Contrato Individual de Trabajo y/o del presente Reglamento Interno de Trabajo."

"127.20. Haber sido objeto de fres amonestaciones o dos suspensiones temporales en el curso de un año."

Lo que a su vez constituye en causal legal y justificada de despido previsto por el Art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo y Art. 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario.

Por consiguiente, la funcionaria DALCY FAVIOLA NAVARRO (Supervisor de Operaciones) al haber incurrido en la comisión de las referidas infracciones graves (Art. 126 final, Núm. 13 y 15) y muy graves (Art. 127.6 y 20) y en consecuencia en causal de despido, corresponde que de conformidad al Art. 131 del R.I.T sea sometida a un Proceso Interno ante la Comisión Mixta para que la instancia determine su responsabilidad y la sanción que corresponda, de acuerdo al procedimiento y los alcances establecidos en los Arts. 136 y sgtes. del R.I.T. y la legislación laboral vigente" (sic [fs. 6 y vta.]).

II.6. A través de Auto de apertura e inicio de proceso interno 003/2021 de 30 de septiembre, Mayda Gisela Cari Alfaro, Presidenta; Saúl Pedro Tórrez Aramayo, Secretario; Melina Patricia Miranda Paz, Nelson Willy Bolívar Cuevas y Samuel Ramos Rizo, Vocales; todos de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A. Sucursal Tarija, resolvieron la apertura e inicio de proceso sumario interno en contra de Dalcy Faviola Navarro (Supervisor de Operaciones) ahora peticionante de tutela, por la presunta comisión de infracciones graves y muy graves establecidas en los arts. 126 final, núm. 13 y 15 y 127 núm. 6 y 20 del Reglamento Interno de Trabajo de la mencionada entidad. (fs. 12 a 13 vta.)

II.7. Por Acta de declaración informativa de 1 de octubre de 2021, los miembros ahora demandados de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A. Sucursal Tarija, se reunieron a objeto de recibir la declaración informativa de la ahora accionante Dalcy Faviola Navarro, dentro del proceso interno administrativo instaurado en su contra por la presunta comisión de infracciones graves previstas por el art 126 final núm. 13 y 15, e infracciones muy graves, establecidas en el art 127 núm. 6 y 20 del Reglamento Interno de Trabajo de la citada institución, procediéndose a la recepción de la declaración de la funcionaria de acuerdo al desarrollo de las siguientes preguntas:

1. "INDIQUE SU NOMBRE COMPLETO, CARGO QUE OCUPA, FECHA DE INGRESO AL BANCO PRODEM S.A., SU DOMICILIO ACTUAL, CORREO ELECTRÓNICO, NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR Y DEMÁS GENERALES. R. NOMBRE COMPLETO Dalcy Faviola Navarro, INGRESO A PRODEM 19/11/2021. DOMICILIO procesal Daniel campos 482 2da, planta ovg-abogados consultores- celular 75112092.

2. MANIFIESTE USTED SI CONOCE SUS FUNCIONES, ASÍ COMO SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN SU CONTRATO DE TRABAJO SUSCRITO CON EL BANCO. R. Si los conoce.

3. CONOCE UD. EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO EN LO REFERENTE A LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DE TODOS LOS FUNCIONARIOS Y SU RÉGIMEN DISCIPLINARIO RELATIVO A LA COMISIÓN DE FALTAS. R. Si las conoce.

4. CONOCE UD. EL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA DE LA INSTITUCIÓN? R. Si las conoce.

5. CONOCE USTED SU MANUAL DE FUNCIONES, LOS INSTRUCTIVOS REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIONES. R. Si las conoce.

6. INDIQUE CUÁLES CON SUS PRINCIPALES FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN R.- Encargada del área de bóveda Manejo de efectivo de agencia apertura y cierre responsabilidad del personal del Área de operaciones envío de información responsable de los CAI atención al público. 7. MANIFIESTE USTED. SI ES CIERTO QUE DENTRO LOS 12 MESES ANTERIORES, SU PERSONA FUE AMONESTADA POR TRES VECES Y SUJETA A LLAMADAS DE ATENCIÓN POR INFRACCIONES GRAVES. R.- Si conoce, e indica en su momento no hizo el reclamo que en una oportunidad que se le dio un memorándum al cual quiso rechazar por lo que no fue justo y coloco una nota de pie que no corresponde el memorándum y le indicaron que si debería firmar sin colocar ninguna nota de pie.

9. SEÑALE USTED SI TIENE CONOCIMIENTO QUE POR DISPOSICIÓN DEL R.I.T LA ACUMULACIÓN DE 3 AMONESTACIONES ESCRITAS EN UN PLAZO DE DOCE (12) MESES. ES UNA INFRACCIÓN MUY GRAVE Y POR TANTO CAUSAL DE RETIRO. R.- Si conoce

10. INDIQUE SI SUFRIÓ ALGÚN TIPO DE VIOLENCIA PARA PRESTAR LA PRESENTE DECLARACIÓN. R.- No sufrio ningún tipo de violencia

11. ¿TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR A SU FAVOR? R - Que quede bien claro que su persona no ha hecho daño a la institución, ya que más de 19 años presta servicios a la institución realizando equipo de trabajo para lograr las metas asignadas en agencias y formando compañeros para que puedan formarse como servicio al cliente cajero mayor y supervisores de operaciones, me siento discriminada no ser profesional, pero sin tener una profesión demostré un buen trabajo en las diferentes agencias que trabaje pero realicé el trabajo bien demostrando buenas notas en auditoria sin embargo cuando le visito el encargado de recursos humanos le indico que su perfil profesional no es ni para cajera, donde le pasaron una carta para que pueda estudiar y salir profesional para el cargo que ocupa, como también no se encuentra satisfecha con la explicación del iniciando un nuevo proceso administrativo.

Concluido el acto la Comisión comunicó a la funcionaría que de conformidad a establecido en el art 136 y 137 del R.I.T. a partir de ese momento quedaba suspendida de sus funciones con goce de haberes hasta que la Comisión emita su Resolución Final; de igual manera y conforme a procedimiento se determinó otorgar el plazo de 2 días hábiles para la presentación de pruebas de descargos.

Por lo que firmamos al pie, la declarante, así como todos los miembros presentes de la Comisión Mixta." (sic [fs. 88 a 89]).

II.8. Cursa Resolución Administrativa 14/2021 de 7 de octubre, por la que, la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A. Sucursal Tarija, dentro el Proceso Administrativo Interno instaurado en contra Dalcy Faviola Navarro -ahora impetrante de tutela-; estableció la existencia de responsabilidad por la comisión de infracción grave establecida en el art. 126 final, así como infracciones muy graves, previstas en el art 127 núm. 6) y 20) del Reglamento Interno de Trabajo de dicha entidad, determinando la sanción de retiro o desvinculación laboral, sin derecho a desahucio ni indemnización por tiempo de servicios (salvando los derechos adquiridos reconocidos por el art. 4 del Decreto Supremo 0110 de 1 de mayo de 2009, señalando lo siguiente:

"CONSIDERANDO III: Que, en base de la declaración Informativa prestada por la Sra. DALCY FAVIOLA NAVARRO en fecha 01 de octubre de 2021, ante ésta Comisión Mixta, se evidencia que la trabajadora tiene pleno conocimiento sobre las faltas por las cuales se le sometió a proceso interno, los motivos de la emisión de los 3 memorándums de llamadas de atención por infracción graves, las principales funciones laborales, derechos y obligaciones que le asisten de acuerdo a su contrato de trabajo y RIT, los manuales de funciones, instructivos, reglamentos y procedimiento de operaciones, asimismo que por disposición del R.I.T. la acumulación de 3 amonestaciones escritas en un plazo de doce meses es considerada como una infracción muy grave y por tanto causal de retiro. (Ver respuestas de las preguntas 2, 3, 5,7, 8 y 9 de la Declaración Informativa de 01.10.2021)

CONSIDERANDO IV: Que, la funcionaria DALCY FAVIOLA NAVARRO, a través de su accionar e inconducta laboral, ha incumplido con el Manual de Funciones de SUPERVISOR OPERATIVO, el cual es de su conocimiento y forma parte de su Contrato de Trabajo (Cláusula Segunda), señalando el mismo, claramente que son funciones y responsabilidades del trabajador (entre otras):

- Cumplir y hacer cumplir las normas institucionales establecidos por el BANCO PRODEM S.A. y la ASFI. - Asegurar el cumplimiento al Reglamento lnterno de la institución

Respecto a sus responsabilidades como instancia de control y supervisión ha vulnerado los sistemas de control interno tales como:

- NP-OPE-001 Normas y Procedimientos de Cajas y bóveda, PNP-CDS-001 Políticas, normas y procedimientos de PR y NP-NEG-001 - Ejecutar las tareas relacionadas a la gestión operativa de la agencia asegurando el cumplimiento de las normas y procedimientos vigentes, a fin de controlar y mantener documentados todas las operaciones de servicios y productos. - Efectuar la apertura y cierre diario de bóveda. - Conciliar y consolidar documentación e información de todos los servicios brindados por lo agencia. - Ejecutar funciones como operador del PR (Punto de Reclamo) de acuerdo a normas y procedimientos internos.

CONSIDERANDO V: (SOBRE LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS TRABAJADORES DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE TRABAJO Y DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO) 1ro.- Que, los Contratos Individuales de Trabajo, suscrito por los trabajadores con el FFP PRODEM S.A. (Ahora BANCO PRODEM S.A.), se encuentran refrendados por el Ministerio de Trabajo, constituyéndose "Ley entre Partes" por efecto de la norma prevista en el Art. 6 de la Ley General del Trabajo y Art. 6 de su Decreto Reglamentario, teniendo asimismo la eficacia jurídica que le brinda el Art. 22 de la L.G.T y Art. 14 del D.R. L.G.T.; por consiguiente todo trabajador si bien adquirió derechos como el salario y otros previstos por la legislación laboral; también contrajo obligaciones, como lo de cumplir con lo estipulado en el contrato de Trabajo, las disposiciones legales de la Ley General del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo de lo Empresa, el mismo que conoce EL TRABAJADOR. 2do.- Que, el Reglamento Interno de Trabajo aprobado mediante Resolución Ministerial Nº 147/09 de 20 de marzo de 2009, regula las relaciones laborales entre el FFP PRODEM S.A. (ahora BANCO PRODEM S.A.) y sus Trabajadores, indicando claramente en su Art. 3 el CUMPLIMIENTO IMPERATIVO Y CONOCIMIENTO del mismo, estableciendo que:

"Todos los TRABAJADORES contratados bajo diferentes modalidades de orden laboral, al igual que EL FONDO, se encuentran obligados al fiel y estricto cumplimiento del presente Reglamento Interno de Trabajo, con el fin de contribuir a la mejor aplicación de nuestro concepto de responsabilidad y compromiso, además de contar con un instrumento normativo que permita regular de manera uniforme y equitativa la relación laboral entre EL FONDO y los TRABAJADORES. Desde la fecha de ingreso, incluido el período de prueba, los TRABAJADORES no podrán alegar ignorancia ni desconocimiento de las regulaciones contenidas en el presente Reglamento Interno de Trabajo, cuya declaración expresa de su conocimiento y cumplimiento queda prevista en el respectivo Contrato individual de Trabajo."

3ro.- De igual manera, el Art. 107 del citado R.I.T. al definir los derechos del FFP PRODEM S.A. ahora BANCO PRODEM S.A.), establece -entre otros- los siguientes:

"107.1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A ordenar o los TRABAJADORES el fiel y estricto cumplimiento del contenido del Contrato individual de Trabajo, celebrado con cada TRABAJADOR, como el de la cultura institucional y el presente Reglamento Interno. 107.2. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES. Asiste a EL FONDO la facultad legal de exigir el cumplimiento de toda disposición normativa y administrativa tales como: Políticas Institucionales, Manual de Funciones, Manual de Procedimientos, Comunicaciones Internas y cualquier otra norma dictada por EL FONDO para un determinado fin o servicio. 107.3. CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO. A exigir a los TRABAJADORES de EL FONDO el estricto cumplimiento de todas las disposiciones laborales vigentes en el país y en el presente Reglamento Interno de Trabajo, y el total respeto a sus valores institucionales." Por tanto se colige, que el R.I.T. alcanza de manera genérica y abstracta a todas y todos los trabajadores de nuestra institución; máxime aún si la norma prevista en el Art. 6 del D.S. de 23 de Noviembre de 1938, establece que las infracciones a los Reglamentos Internos, se sancionarán en la forma previstas por éstos.

CONSIDERANDO VI: Que, la funcionaria Sra. DALCY FAVIOLA NAVARRO, en base a la emisión de los tres memorándums de llamadas de atención por infracciones graves, Nos. RHS/TJ/236/2020 de fecha 16 de noviembre de 2020, RHS/TJ/023/2021 de fecha 25 de enero de 2021, y RHS/TJ/129/2021 de fecha 08 de julio de 2021, de las cuales no habría realizado representación alguna sobre su contenido, posterior a su recepción, consintiendo con los mismos, no sólo habría incurrido en la previsión contenida en la parte final del Art. 126 del R.I.T, cuando señala expresamente que la acumulación de tres amonestaciones por infracciones graves en un plazo de doce meses será considerada como causal de despido; sino que también ha incumplido sus funciones laborales y las precisiones establecidas en su contrato de trabajo, por lo que al haber sido objeto de tres amonestaciones escritas durante el transcurso del año, ha incurrido en INFRACCIONES MUY GRAVES previstas por el Art.127 del R.I.T. cuando señala que sin perjuicio de las previsiones que refieren los Arts. 16 de la Ley General del Trabajo y 9 de su Decreto Reglamentario serán también causales justificadas de despido del TRABAJADOR; serán consideradas como causales justificadas de despido del TRABAJADOR, y por tanto, sometidas a la Comisión Mixta prevista en el Capítulo IV del Reglamento, las siguientes:

"127.6. Incumplimiento parcial o total del Contrato Individual de Trabajo y/o del presente Reglamento Interno de Trabajo. 127.20. Haber sido objeto de tres amonestaciones o dos suspensiones temporales en el curso de un año."

CONSIDERANDO VII Que, ésta Comisión Mixta en virtud a los antecedentes del proceso y al desarrollo del mismo, ha podido evidenciar la reincidente inconducta laboral de la trabajadora DALCY FAVIOLA NAVARRO en el desempeño de sus funciones laborales, por inobservancia de la normativa interna de Operaciones, así como la establecida en la Recopilación de Normas del Servicio Financiero, como la Ley 393 (Servicios Financieros), Manual de Funciones, y asimismo las previsiones contenidas en su Contrato de Trabajo suscrito con el Banco, no obstante ser de su entero conocimiento las previsiones normativas que rigen al interior del Banco, de acuerdo a lo establecido en la parte Considerativa III, IV y V de la presente resolución.

Por consiguiente, al haber acumulado la trabajadora Dalcy Faviola Navarro, la emisión de 3 memorándums de llamadas de atención por infracción grave dentro 1 año y/o 12 meses, ha subsumido su accionar en las infracciones graves y muy graves establecidas en Art. 126 final; y Art. 127 num. 6 y 20 del Reglamento Interno de Trabajo, en consecuencia ha incurrido en incumplimiento de su contrato de trabajo, adecuando su conducta en causales legales de despido establecida en el Art. 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo; y Art. 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario.

En ese sentido, deberá merecer la sanción máxima prevista en el Art. 129 núm. 5 y 139 del R.I.T., a fin de que no vuelvan a suceder éstas inconductas laborales para con la institución, que incida o repercuta negativamente en el clima laboral con el resto del personal del Banco, basado en el PRINCIPIO NORMADOR Y DISCIPLINARIO, establecido en el Art. 121 del R.I.T. que señala: las faltas, transgresiones, contravenciones o infracciones al Reglamento Interno de Trabajo, al Contrato Individual de Trabajo, Manual de Funciones, políticas e instructivos internos del Fondo, darán lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias para evitar irresponsabilidad, incumplimiento y perjuicios al BANCO, los trabajadores y/o sus Clientes.

Asimismo, se debe considerar que todo contrato laboral, convenio y reglamento interno de trabajo cuenta con cláusulas expresas y otras implícitas impuestas por la Constitución Política del Estado y La Ley a las partes, encontrándose entre las mismas la prohibición de incurrir en actos de incumplimiento a normas y procedimientos que ocasionen perjuicio efectivo a la otra parte contractual (parte empleadora), que ante su comisión no sólo poniendo fin a la relación laboral sino también que implica la pérdida del derecho a la estabilidad laboral, el desahucio y la indemnización por tiempo de servicios, salvando los derechos laborales adquirido (sic [fs. 25 a 28 vta.]).

II.9. Se evidencia Memorial de apelación de 12 de septiembre de 2021, dirigido a los miembros accionados de la Comisión Mixta del Banco PRODEM S.A. Sucursal Tarija; por el que, Dalcy Faviola Navarro interpuso el Recurso de Apelación contra la Resolución Administrativa 14/2021 de 7 de octubre. (fs. 162 a 176)

II.10. Mediante Resolución Administrativa de Apelación 16/2021 de 15 de octubre, la Gerencia Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) del Banco PRODEM S.A., dentro el Proceso Administrativo Interno instaurado contra Dalcy Faviola Navarro; resolvió confirmar en todas sus partes la Resolución Administrativa 14/2021 de 7 de octubre, disponiendo su ejecutoria al no existir recurso ulterior y que mediante la Gerencia de Sucursal Tarija y la Unidad de Recursos Humanos de la Sucursal de igual departamento, procedan a la ejecución de la resolución, debiendo expedirse el Memorándum de desvinculación laboral. A este efecto, señaló lo siguiente:

"Al punto II.3.- Indica la recurrente que, se habría consolidado la decisión institucional de sancionarla por los mismos hechos pese, a la prohibición constitucional de doble juzgamiento administrativo, ya que se le estaría sancionando por hechos que ya tuvieron sancion (amonestación escrita o llamada de atención vía memorándum) y las tres amonestaciones escritas, fueron emitidas sin el debido proceso, dejándole en absoluto estado de indefensión. En consecuencia, señala que aunque se denomine infracción "muy grave" lo que en realidad se hace es emitir una nueva, una doble sancion, por los mismos hechos, por una misma conducta, aunque ahora se pretenda variar su tipificación o calificación jurídica administrativa.

1ro. Al respecto, corresponde manifestar que no obstante éste punto fue analizado, desarrollado, motivado y fundamentado por la resolución del Tribunal Ad-Quo, que ha determinado que la trabajadora con su conducta y accionar laboral, habría tenido dentro el periodo de 12 meses o 1 año, la acumulación de tres memorándums de llamadas de atención por infracciones graves, subsumiendo con dicho accionar no sólo en infracción grave prevista por el Art. 126 final del R.I.T., sino también en infracciones muy graves establecidas en el Art. 127 num. 6 y 20 del mismo cuerpo normativo, por cuanto la trabajadora no habría sido juzgada o procesada dos veces por la misma falta o infracción.

En ese sentido, las infracciones graves y muy graves que habría cometido la trabajadora (Art. 126 final, Art. 127 num. 6 y 20 del RIT) y que por ello habría sido sancionada a través de la Resolución del Ad-Quo, se encuentran prestablecidas en el RIT como conductas cuya comisión por acción u omisión, son catalogadas como infracciones graves o muy graves, sustentadas por ello en el principio de taxatividad como elemento esencial del principio de legalidad en el ámbito de la potestad administrativa sancionadora, por cuanto aquello le permitía conocer a la trabajadora cuándo y por qué motivos pueden ser objeto de sanciones disciplinarias administrativas, más aun si en su Declaración Informativa de fecha 01 de octubre de 2021 ante la Comisión Mixta, manifestó la trabajadora conocer sobre las faltas por las cuales fue sometida al proceso interno, las razones de la emisión de los 3 memorándums de llamadas de atención por infracciones graves, sus principales funciones / responsabilidades en el Banco y que la acumulación de 3 amonestaciones escritas en un plazo de 12 meses era considerado como causal de despido.

En esta perspectiva, cumple referirse al principio de taxatividad como elemento esencial del principio de legalidad que forma parte del carácter material del principio de legalidad y debido proceso. Así se ha pronunciado la SC 0022/2006 de 18 de abril, al señalar que: "Del principio de legalidad emerge el principio de taxatividad de la norma penal o disciplinaria, que implica la suficiente predeterminación normativa de los ¡lícitos y sus consecuencias jurídicas; (...) el principio de taxatividad que exige que las conductas tipificadas como faltas disciplinarias, sean descritas de forma que generen certeza, sin necesidad de interpretación alguna, sobre el acto o conducta sancionada, así como sobre la sanción impuesta, pues la existencia de un precepto sancionador sin la suficiente claridad del acto que describe como lesivo a un bien jurídico protegido, puede dar lugar a que sean las autoridades encargadas de aplicar dicho precepto quienes creen el tipo para adecuarlo a la conducta procesada, lo que no coincide con los principios de legalidad y debido proceso. (...) Asimismo determinó que solamente puede imponerse una sanción administrativa cuando ésta esté específicamente establecida por ley de acuerdo al principio de taxatividad, por lo mismo, entendió la legalidad en materia sancionatoria, condicionada al principio de certeza o taxatividad como garantía material, que garantiza la previsibilidad de las conductas sancionables y la certeza jurídica sobre las sanciones establecidas. (...) en aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar. La calificación de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes a la conducta del sujeto al que se considera infractor. De lo contrario, los particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste. Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad desfavorable de una norma punitiva".

Por consiguiente, en virtud al principio de tipicidad o taxatividad, la Comisión Mixta ha evidenciado que la trabajadora con su accionar habría incurrido en las infracciones establecidas en el Art. 126 final; Art. 127 num. 6 y 20 del Reglamento Interno de Trabajo, instrumento normativo que al encontrarse aprobado por Resolución Ministerial N° 147/09 de fecha 20 de marzo de 2009 emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, goza de la presunción de constitucionalidad establecida por el Art. 4 del Código Procesal Constitucional (Ley 254), la legitimidad y autoridad de exigibilidad en su cumplimiento con plena vigencia y validez legal, de acuerdo a los fundamentos establecido en la parte Considerativa V de la presente resolución.

Es así que, en el presente proceso no existe un doble juzgamiento administrativo de la trabajadora, como acertadamente estableció el Tribunal Ad-Quo, criterio asumido, ratificado y compartido en el precedente constitucional establecido a través de la S.C.P. N° 0217/2018-S3 de 01 de junio de 2018, vinculante al presente caso por disposición del Art. 203 de la C.P.E., concordante con el Art. 8 de la Ley 027 (Ley del Tribunal Constitucional) y Art. 15 de la Ley 245 (Código Procesal Constitucional), por cumplir la regla de analogía de supuestos tácticos, al resolver ésta misma problemática en un caso similar, que en su ratio decidendi señala lo siguiente:

"(...) 2) Respecto a la supuesta existencia de doble sanción.- Con relación a la prohibición de doble sanción emergente del non bis in ídem, la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico II 1.2 de este fallo constitucional explicó claramente la imposibilidad de sancionarse dos veces por el mismo hecho, prohibición extensiva en el ámbito procesal a la instauración de un doble procesamiento, todo esto en resguardo al principio de seguridad jurídica. En el caso que nos ocupa, la accionante arguye la lesión de derechos emergente de la imposición de una doble sanción, producto de la existencia de Memorándums de llamada de atención debidamente sancionados en su oportunidad, mismos que habrían servido de fundamento para la instauración del proceso administrativo que dio lugar a su destitución. Al respecto, corresponde referir que la destitución de la impetrante de tutela surge de un proceso administrativo disciplinario único, dado que no existe constancia alguna respecto a un doble procesamiento que amerite en el caso concreto considerar que haya sido sometida a más de un proceso emergente de los mismos hechos que se sancionan. Asimismo, no resulta evidente que la destitución dispuesta producto del proceso seguido en su contra constituya la imposición de una doble sanción, dado que la otorgación de llamadas de atención previas corresponden a la existencia de faltas cometidas en su momento, aspecto que difiere de la reincidencia y acumulación de infracciones como una de las causas del procesamiento que dio lugar a su destitución, aspecto que configura de forma independiente y no reiterativa la infracción de las normas internas de la entidad municipal, por lo que no se advierte la existencia de doble sanción, correspondiendo en consecuencia que la tutela constitucional también sea denegada respecto a este reclamo; (...)"

2do. Con relación a que las tres amonestaciones escritas, fueron emitidas sin el debido proceso, dejándole en absoluto estado de indefensión, corresponde señalar que dentro el régimen disciplinario establecido en el Reglamento Interno de Trabajo, el Art. 121 establece que las faltas, transgresiones, contravenciones o infracciones al R.I.T., al Contrato Individual de Trabajo, Manual de Funciones, políticas e instructivos internos del BANCO, darán lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias para evitar irresponsabilidad, incumplimiento y perjuicios al Banco, los trabajadores y/o sus Clientes, siendo que las sanciones disciplinarias son acciones administrativas para garantizar el desarrollo normal de las actividades de la institución, preservando el orden, la disciplina laboral, el principio de autoridad e implícitamente el respeto y la defensa del buen trabajador.

Bajo ese contexto, resulta importante destacar que la subordinación y la dependencia, componen el elemento principal para la identificación de la existencia del contrato de trabajo y consecuente relación laboral; la doctrina en la materia reconoce que este elemento conlleva un poder jurídico de mando del empleador, al que le es correspondiente un deber de obediencia del trabajador, quien presta la labor o el servicio. Éste poder jurídico es inherente a la facultad del empleador en dirigir e imponer reglas en la actividad laboral; así como ejercer el poder disciplinario sobre el trabajador. Esta facultad, obviamente, se circunscribe sola y únicamente a la actividad laboral del trabajador. Al respecto, la jurisprudencia ordinaria en materia laboral, desarrollando y ratificando éste componente esencial de la relación laboral, en un caso similar y por medio del Auto Supremo N° 390/2014 de 30 de octubre de 2014 pronunciado por la Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia de la Nación, ha establecido lo siguiente:

"Por otro lado ha menester tener presente que una de las características esenciales de la relación de dependencia laboral constituye la subordinación, lo que supone sujeción del trabajador respecto a las directrices y órdenes del empleador, de tal modo que la actividad empresarial se desarrolle de manera ordenada y eficiente, evitando el caos en la actividad laboral.

Sobre el particular y refiriéndose a la "facultad disciplinaria" del empleador, el profesor Antonio Vázquez Vilard, señala que: "tiene como función mantener el buen orden y la armonía dentro de la comunidad laboral, para que ésta pueda cumplir con su objetivo. Para ello se reconoce al empleador -en su carácter de coordinador, de autoridad- la posibilidad de aplicar 'sanciones' que repriman transgresiones de ese orden." (Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, p. 383)

Analizando el presente caso en el marco de lo referido supra, no es difícil advertir que el empleador, en el marco de sus facultades les amonestó a los ahora demandantes a efectos de que modifiquen su conducta, sobre el que se hizo caso omiso, con lo que, los ahora demandantes, no sólo que incumplieron el contrato con la conducta misma, sino también a partir de desobedecer las recomendaciones y los apercibimientos reiterados, lo que viene a constituir la actitud de los trabajadores en actos deliberados de incumplimiento de las reglas básicas de la relación laboral, poniendo en riesgo no sólo su salud e integridad sino también el buen orden y la armonía laboral con incidencia en los resultados de los objetivos empresariales. "

(A.S. 390/2014⁵ de fecha 30/10/2014. Magistrado Relator: Dr. Antonio Guido Campero Segovia

De igual manera, el Auto Supremo N° 195/2015 de 07 de abril de 2015 pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia (Magistrado Relator: Dr. Pastor Segundo Mamani Villca) desarrollando ampliamente éste componente esencial de subordinación en una relación laboral y facultad que le asiste al empleador, inclusive de variar las condiciones de trabajo, con relación a sus dependientes, indicó lo siguiente:

"(...) Como se advierte, la existencia de una relación laboral estima la participación de dos actores, el primero que bajo su riesgo y administración proporciona trabajo a un segundo, quien bajo dependencia y subordinación a su turno dispone hacia el primero energía para el cumplimiento de un objetivo o la generación de riqueza, sin que pueda afectarle el resultado.

Ahora bien, cuando la norma hace referencia a la subordinación como uno de los elementos esenciales de todo contrato de trabajo, entraña también la facultad del empleador para exigir a su trabajador el cumplimiento de órdenes, así como también incumbe una esfera disciplinaria en la imposición de reglamentos. Lo anterior posee el objetivo de conseguir una buena marcha de acuerdo con los fines y metas para los cuales se creó una determinada unidad laboral o empresa; dónde si bien la trabajadora o el trabajador debe acatar lo ordenado, y someterse a las reglas y cumplirlas, tal condición, de modo alguno debe afectar por sí solo su esfera privada o bien derechos que son convergentes a la relación laboral.

La subordinación y dependencia a la que es dispuesto al trabajador, confiere también al empleador, aunque implícitamente, el derecho a variar ciertas condiciones laborales, especialmente vinculadas al modo, lugar, cantidad o tiempo del trabajo.

Bajo ese contexto normativo, doctrinal y jurisprudencial, se tiene que al BANCO PRODEM S.A. en condición de empleador, le asiste el derecho y facultad de organización/dirección para cumplir sus objetivos institucionales, imponiendo reglas en la actividad laboral, así como ejercer el poder disciplinario sobre sus trabajadores, siendo por ello que ante las infracciones cometidas por la trabajadora, se emitieron los memorándums de llamadas de atención; y si la trabajadora consideraba incorrecto o ilegal la emisión de las llamadas de atención que se le hicieron entrega, tenía la facultad de representar oportunamente los mismos, al no haberlo realizado consintió la emisión de los mismos, de acuerdo al entendimiento establecido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, al referir que: "...el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo..." (Sentencia Constitucional N° 0345/2004-R de 16 de marzo).

Por cuanto, se colige que a través de la emisión de los memorándums de llamadas de atención, NO se le habría vulnerado sus derechos ni mucho menos se la causó indefensión, siendo importante traer a colación por analogía el entendimiento asumido por la SC 0287/2003-R de 11 de marzo, que estableció cuando se produce el estado de indefensión, al sostener: "...siguiendo la jurisprudencia comparada establecida por el Tribunal Constitucional de España en su 0SC N° 48/1984, que "la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (..) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad.." (sic [fs. 29 a 35]).

II.11. Conforme Memorándum RHS/TJ/237/2021 de 18 de octubre, emitido por Cristian Gualberto Fernández Garzón, Encargado Sucursal Recursos Humanos (RR.HH.) del Banco PRODEM S.A. Sucursal Tarija, refiere:

"Ref.: Desvinculación laboral

En cumplimiento a la Resolución Administrativa Nº 14/2021 de fecha 07 de octubre de 2021, ratificada mediante Resolución Administrativa de Apelación Nº 16/2021 de fecha 15 de octubre de 2021, dentro del Proceso Administrativo Interno instaurado en su contra, en base a la acumulación de tres memorándums de llamadas de atención en una gestión emitidos por infracciones graves; Nro. RHS/TJ/236/2020 de fecha 16 de noviembre de 2020, Nro. RHS/TJ/023/2021 de fecha 25 de enero de 2021 y finalmente Nro. RHS/TJ/129/2021 de fecha 8 de julio de 2021, infracciones enmarcadas en los artículos 126.13 Descuidar deliberadamente sus obligaciones o ejecutarlas en forma incompleta, negligente o abandonarlas, aún permaneciendo en el local donde ejerce sus funciones". 126.15 "Incumplir con las normas, circulares, órdenes o instrucciones escritas o verbales de los superiores con relación al trabajo", a su vez, la parte final de las disposiciones contenidas en el Art. 126 del Reglamento Interno de Trabajo señala expresamente que; la acumulación de tres amonestaciones por infracciones graves en el placo de doce meses será considerada como causal de despido, que conforme se evidencio dentro del proceso administrativo interno.

Bajo este contexto, la comisión mixta establece la existencia de responsabilidad de la Sra. Dalcy Faviola Navarro, quien con su inconducta incurrió en Infracciones Graves establecidas en el Artículo 126 final, así como Infracciones Muy Graves, previstas en el Articulo 127.6 "Incumplimiento parcial o total del Contrato Individual de Trabajo y/o presente Reglamento Interno de Trabajo" y 127.20 "Haber sido objeto de tres amonestaciones o dos suspensiones temporales en el curso de un año", consiguientemente determina que la sanción por dichas Infracciones deberá ser la DESVINCULACIÓN LABORAL de la funcionaria, sin derecho a desahucio ni indemnización por tiempo de servicios (salvo los derechos adquiridos reconocidos por el Art. 4 del DS. 0110 de 01.05.2009) de acuerdo a lo establecido por el Articulo 129.5 Retiro "Será sancionado con retiro, sin derecho a desahucio, indemnización por tiempo de servicio y otros beneficios, el TRABAJADOR que hubiera incurrido en cualquier de las infracciones señaladas en el Articulo 127 y siguientes del presente Reglamento o en las causales señaladas por disposiciones legales vigentes" y Articulo 139 Consecuencias de la Resolución, ambos artículos pertenecientes al Reglamento Interno de Trabajo.

En consecuencia, se le comunica su DESVINCULACIÓN LABORAL del BANCO por haber incurrido en causal justificada y legal de despido previsto por el Artículo 16 inc. e) de la Ley General del Trabajo y Artículo 9 inc. e) de su Decreto Reglamentario, misma que fue debidamente revisada y comprobada dentro del Proceso Administrativo Interno instaurado.

En ese sentido, en coordinación con el área de Recursos Humanos y Operaciones, su último día laboral será el día de hoy 18 de octubre de 2021, aclarándole que en caso de incumplimiento se procederá conforme a normativa legal vigente.

Considerando que se trata de una desvinculación laboral, el código registrado ante ASFI será el 106, lo que significa "Retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a las contravenciones graves a normas internas o disposiciones legales, por imprudencia o negligencia culposa, sin daño económico" (sic [fs. 36 a 37]).

II.12. A través del Certificado del trabajo RRHH 29/2021 de 25 de octubre, emitido por Cristian Gualberto Fernández Garzón, Encargado de Recursos Humanos (RR.HH.) del Banco PRODEM S.A. Sucursal Tarija, certifica:

"Que la señorita Dalcy Faviola Navarro, con C.l. No. 3904876 SC., prestó sus servicios en nuestra institución desde el 19 de noviembre de 2001 hasta el 18 de octubre de 2021, en agencia Camargo dependiente de Sucursal Chuquisaca y agencias urbanas (Mercado Campesino Tarija, Aeropuerto y Tarija Central) de la Sucursal Tarija, desempeñando los siguientes puestos:

- Cajera, del 19/11/2001 al 31/03/2003 - Servicio al Cliente, del 01/04/2003 al 31/03/2010 - Asistente de Agencia - Operaciones, del 01/04/2010 al 30/10/2012 - Asistente Sucursal - Operaciones, del 01/11/2012 al 28/02/2014 - Supervisor de Operaciones de Agencia, de 01/03/2014 al 18/10/20.

Considerando que se trata de un retiro forzoso, el código registrado ante ASFI es 106, lo que significa "Retiro por causal ajena a la voluntad del trabajador debido a las contravenciones graves a normas internas o disposiciones legales por imprudencia o negligencia culposa, sin daño económico" (sic [fs. 38]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La garantía general del debido proceso y el derecho a la impugnación vinculado al derecho a la defensa

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R, SC 0981/2010-R 17 de agosto, SC 1145/2010-R de 27 de agosto; asimismo, en la SCP 0270/2012, SCP 2493/2012, SCP 0903/2019-S4, SCP 0618/2018-S1; entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos

"...los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in ídem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones1" (las negrillas nos pertenecen). Configuración, contenido o alcance que se fue reproduciendo en la jurisprudencia constitucional2, que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia.

Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio3; en ese contexto, corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente; sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad.

Ahora bien, en nuestro nuevo orden constitucional la impugnación constituye un principio constitucional que disciplina la función de impartir justicia, reconocido en el art. 180.II de la CPE. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José de Costa Rica, ha consagrado el derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, como elemento de una garantía judicial mínima, previsto en el art. 8.2.h; norma que es complementada con el reconocimiento a un derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, prescrito en el art. 25 cuya denominación jurídica es "protección judicial", en los siguientes términos:

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha expresado que el derecho de recurrir de un fallo, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó, ante el que pueda tener acceso4; complementando este entendimiento, la misma Corte en el párrafo 158 de la Sentencia del Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), expresó que: "...es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona" (las negrillas son añadidas).

En sintonía con los razonamientos expresados, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, concluyo que el derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, posibilitando que se reclamen aspectos específicos que consideran injustos a sus pretensiones, fundamentando las omisiones que afectan sus derechos, siendo obligación del Juez o Tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa5.

III.2. Con relación al non bis in ídem

La SCP 0726/2014 de 10 de abril, haciendo referencia al principio de non bis in ídem como elemento esencial del debido proceso, señaló las siguientes definiciones:

"Para Guillermo Cabanellas, el non bis in ídem es un aforismo latino que significa no dos veces por lo mismo. De León Villalba, califica el non bis in ídem, o también llamado ne bis in ídem, como un criterio de interpretación o solución a constante conflicto entre la idea de seguridad jurídica y la búsqueda de justicia material, que tiene su expresión en un criterio de la lógica, de que lo ya cumplido no debe volverse a cumplir. Esta finalidad -continúa diciendo el referido autor-, se traduce en un impedimento procesal que negaba la posibilidad de interponer una nueva acción, y la apertura de un segundo proceso con un mismo objeto."

La Constitución Política del Estado, en el art. 117.II, señala: "Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho." La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José" en el art. 8.4 refiere que "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos". De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) en el art. 14.7 indica que: "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual hubiese sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país". Finalmente, el art. 4 (Persecución penal única), del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece: "Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias."

La SC 0506/2005-R de 10 de mayo, reiterada en la SCP 0509/2012 de 9 de julio de 2012, entre otras, refiriéndose al principio del non bis in ídem, señaló lo siguiente:

"...implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad.

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho. Este principio no es aplicable exclusivamente al ámbito penal, sino que también lo es al ámbito administrativo, cuando se impone a un mismo sujeto una doble sanción administrativa, o cuando se le impone una sanción administrativa y otra penal pese a existir las identidades antes anotadas (sujeto, hecho y fundamento).

Conforme a esto, no existirá violación al principio non bis in ídem, cuando alguna de las identidades no se presenta; por ejemplo, cuando el sujeto a quien se le imponen las sanciones, administrativa y penal, no es el mismo, o cuando se trata de hechos diferentes o, finalmente, cuando el fundamento de ambas sanciones es distinto.

La última distinción es la que ha sido analizada con mayor detenimiento por la doctrina; llegándose a establecer que cuando no existe identidad de fundamento entre la sanción administrativa y penal, en atención a que en ambos casos se protegen bienes jurídicos diferentes, es factible que se pueda sancionar un mismo hecho en forma doble: aplicándose la sanción penal y, por otra parte, la sanción administrativa.

Esta posibilidad ha sido reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, al admitir la dualidad de sanciones cuando las normas que las imponen contemplan los mismos hechos desde la perspectiva de un interés jurídicamente protegido diferente al de la primera sanción impuesta, o también, que tengan su fundamento en una relación jurídica diferente entre sancionador y sancionado. (STC de 10 de diciembre de 19991, Núm. 234/1991. Recurso de Amparo Núm. 1473/1989).

De acuerdo al último entendimiento, las sanciones administrativas-disciplinarias, se basan en un vínculo jurídico diferente entre sancionador y sancionado, pues existe una relación de supremacía de la Administración respecto al administrado, teniendo la sanción administrativa - disciplinaria un fundamento específico. Así, tratándose de funcionarios públicos que con una misma conducta vulneran dos ordenamientos jurídicos: el penal y el administrativo, es posible aplicar una sanción penal y otra administrativa - disciplinaria, dado que esta última tiene un fundamento diferente, cual es preservar el buen funcionamiento de la Administración.

En similar sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, ha señalado que es posible, sin vulnerar el non bis in ídem, que una persona pueda ser objeto de dos o más sanciones de naturaleza diferente por la comisión de un mismo hecho, siempre que con su conducta se vulneren distintos bienes jurídicos tutelados, y que la imposición de las sanciones esté a cargo de autoridades de diferentes jurisdicciones (Sentencia C-529/01)8." La SCP 0707/2015-S2 de 22 de junio, respecto a la prohibición de nuevo juzgamiento sobre el mismo hecho o garantía del non bis in ídem, mencionó lo siguiente:

"...el non bis in ídem, posee una triple dimensión al igual que el debido proceso, por cuanto se constituye en un derecho fundamental, una garantía sustantiva y un principio rector del ordenamiento jurídico.

Así, se lo reconoce como un derecho humano que forma parte del derecho al debido proceso, a través del art. 8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que lo define en los siguientes términos: "El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos", precepto que concuerda con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su art. 14.7, señala que: "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual hubiese sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país".

En su faceta de principio, el non bis in ídem, se constituye en una pauta de obligatoria observancia por parte de quienes administran de justicia y se encuentra a cargo de ejercer la potestad punitiva del Estado.

Finalmente, se configura como una garantía normativa constitucional, por cuanto prohíbe el juzgamiento múltiple por identidad de hechos y la doble sanción por el mismo hecho. De donde se infiere que su justiciabilidad es directa y oponible tanto horizontal como verticalmente.

Con relación a este principio constitucional, la SC 0962/2010-R de 17 de agosto, señaló: "En cuanto al alcance del principio 'non bis in ídem'; es decir, la prohibición de doble sanción y por ende doble juzgamiento, la jurisprudencia constitucional ha establecido que: '...El principio non bis in ídem implica, en términos generales, la imposibilidad de que el Estado sancione dos veces a una persona por los mismos hechos. En la doctrina y jurisprudencia española, el principio implica la prohibición de imponer una doble sanción, cuando existe identidad de sujeto, del hecho y del fundamento respecto a una conducta que ya fue sancionada con anterioridad'.

En el principio se debe distinguir el aspecto sustantivo (nadie puede ser sancionado doblemente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado) y el aspecto procesal o adjetivo (nadie puede ser juzgado nuevamente por un hecho por el cual ya ha sido absuelto o condenado). En este sentido, existirá vulneración al non bis in ídem, no sólo cuando se sanciona sino también cuando se juzga nuevamente a una persona por un mismo hecho"(las negrillas son nuestras).

Al respecto, la Corte Constitucional de Colombia, señala que el principio non bis in ídem: "...Es una garantía que prohíbe a las autoridades investigar, juzgar o condenar a una persona más de una vez por el mismo hecho respecto del cual ya se tramitó un proceso y se profirió una decisión, constituyéndose en elemento enderezado a realizar los valores de la justicia y la seguridad jurídica, al lado de otros principios-también fundamentales- como la presunción de inocencia y el derecho de defensa"; de su parte el Tribunal Constitucional de España, en su Sentencia 154/1990, al referirse a su finalidad y alcances, ha sostenido que con el principio del non bis in ídem, "Se impide sancionar doblemente por un mismo delito, desde la misma perspectiva de defensa social, o sea que por un mismo delito recaiga sobre un sujeto una sanción penal principal doble o plural, lo que también contradiría el principio de proporcionalidad entre la infracción y la sanción, que exige mantener una adecuación entre la gravedad de la sanción y la de la infracción...".

Así las cosas, resulta que si la finalidad del derecho al non bis in ídem es evitar el doble enjuiciamiento y la aplicación de la doble sanción, entonces, la condición para invocarlo es que efectivamente se hubiera sustanciado un proceso previo, culminado y que cuente con decisión firme en cualquiera de las formas de conclusión previstas por el Código de Procedimiento Penal; toda vez que, la garantía jurisdiccional del non bis in ídem, sólo podrá invocarse en caso de duplicidad de procesos o de sanciones, frente al intento de sancionar nuevamente a la misma persona, por los mismos hechos y bajo los mismos fundamentos."