1156/2019-S2

El 22 de octubre de 2018, se emitió la Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018 de 22 de octubre; por la que, las ex autoridades de la NIOC de Coroma, Virgilio Mendieta Puma, Curaca Mayor y Adolfo Flores Ramos, Curaca Segundo, reunidos en magna Asamblea resolvieron:

1. a)Disponer la restitución y desalojo inmediato de las tierras avasalladas por German Romero Miranda y familia contra Lidia Romero Ramos, Patricia Romero Ramos, Jhonny José Romero Ramos, Bárbara Veliz Ramos de Quiroga y otros, y sea con daños y perjuicios, ordenando como medida protectora la prohibición de siembra y cultivo en los terrenos en conflicto, conforme Resolución anterior 01/2014 de 28 de agosto, durante esa gestión de siembra y cultivo;
2. b)Instruir a la autoridad del Ayllu Huatacalla Crucero, efectuar la delimitación interna entre German Romero Miranda de la Estancia Uracaya en base a los documentos de transferencia y sucesión hereditaria adjuntados al caso; y,
3. c)Disponer el apoyo de la Policía Boliviana para el cumplimiento de la indicada Resolución que tiene el rango de Sentencia.

La mencionada Resolución lesionó el derecho de:

1. 1)Epifania Miranda Miranda Vda. de Romero, que a la fecha cuenta con 81 años de edad, por ende no procede la sanción de desalojo al ser de la tercera edad;
2. 2)La sanción impuesta no obedece al inicio de ninguna denuncia, reclamo o informe circunstancial; es decir, no se los convocó; por lo que, no pudieron ser escuchados y asumir defensa, en igualdad de condiciones con los demandantes Lidia Romero Ramos, Patricia Romero Ramos, Jhonny José Romero Ramos y Bárbara Veliz Ramos de Quiroga; por cuanto, la decisión es arbitraria e ilegal, fruto de una marcada parcialización de las referidas ex autoridades;
3. 3)No existe la segunda instancia en la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC);
4. 4)Se resolvió en franco desconocimiento de la Resolución 013/2015 de 26 de mayo, emitida por Hipólito Marquez Arizaca, Curaca Mayor de la NIOC de Coroma, que en su parte resolutiva establece que se debe garantizar el cumplimiento de los diferentes acuerdos arribados entre partes; ósea, los de 12 de noviembre de 2012 de medición de terrenos de la Estancia Uracaya insertas en el libro (fs. 117, 118 y 119); y,
5. 5)Jhonny José Romero Ramos renunció de manera irrevocable como contribuyente de la Comunidad Huacatalla, considerado y resuelto por la Resolución "02/2015"; en consecuencia, quedó definitivamente suspendido de cualquier derecho al uso y goce de los terrenos del Villorio Uracaya.

Solicitan se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga i) Dejar sin efecto la Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018, que dispuso el despojo de forma totalmente ilegal y contraria a la Norma Suprema;

1. ii)Se aplique la Justicia Indígena Originaria Campesina de manera correcta y la continuación de sus trabajos agrícolas; y,
2. iii)La condenación de costas.

1. a)Son contribuyentes del Ayllu Huatacalla Crucero, de la Estancia Uracaya de la NIOC de Coroma, en la que cumplieron cargos;

1. b)La Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018, dispuso la destitución y desalojo inmediato de las tierras avasalladas por German Romero Miranda y familia, sea con daños y perjuicios; y, la medida protectora de prohibición de cultivo de los terrenos conforme a la Resolución 01/2014, los cuales son hechos lesivos; puesto que, Epifanía Miranda Miranda Vda. de Romero tiene 81 años de edad y la medida adoptada es contraria a lo que dispone la Ley de Deslinde Jurisdiccional -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010- (art. 5.3) que taxativamente prohíbe sancionar con la pérdida de tierras, expulsión de los adultos mayores o personas con discapacidad por incumplimiento de cargos y aportes;

1. c)Se denunció la lesión al debido proceso, ya que se actuó contra el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno que rige a la NIOC de Coroma, en cuyo capítulo tercero establecía el procedimiento cuando algún miembro contribuyente de la comunidad cometía alguna falta, también se debe considerar que no hay segunda instancia;

1. d)Existe un documento de renuncia irrevocable de Jhonny José Romero Ramos como contribuyente de la "...comunidad de huracalla..." (sic), la misma que se analizó y consideró en la "...resolución 0102/2015..." (sic); por lo que, quedó resuelto y suspendido cualquier derecho o uso de los terrenos de "huracalla";

1. e)Otro aspecto que debió tomarse en cuenta, es que Bárbara Veliz Ramos de Quiroga, no es comunaria activa, ella pertenece a otra jurisdicción, es del departamento de Oruro;

1. f)La jurisprudencia estableció la aplicación de la excepción de la subsidiariedad, en el caso de medidas de hecho como en la especie, en la que se dispuso la pérdida o desalojo de las tierras de la "...comunidad de huracollo..." (sic), que tiene como efecto el riesgo de un daño irreparable, porque con la prohibición se les está lesionando el derecho a la alimentación y al trabajo; además, la afectación involucró a grupos vulnerables, a personas de la tercera edad como Epifanía Miranda Miranda Vda. de Romero, quien resultó también afectada con la medida; y,

1. g)En la emisión de la Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018, fue firmada solo por cinco autoridades de las once, ósea menos del 50 %, no hay proceso previo, al contrario, hubo la imposición de una sanción, sin la más mínima intervención en la JIOC, con el desconocimiento de derechos que ameritan tutela judicial.

1. 1)La consulta a la Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018 a la que aludieron, debió hacerse antes de su emisión, existiendo duda; empero, ya fue sancionada en forma definitiva y se procedió a la restitución y desalojo de esas tierras desconociendo totalmente el Estatuto Interno y Reglamentos, las mismas que establecen el tipo de sanciones en caso de que cualquier comunario incurra en faltas; por consiguiente, las autoridades se pronunciaron al margen de dichos Estatuto y Reglamentos; sin embargo, tuvo que tomarse en cuenta que no hay un procedimiento definido como en la jurisdicción ordinaria;

1. 2)Respecto a las pruebas, hay un Acta de 15 de mayo de 2012, en la que se llegó a un acuerdo entre ambas familias; así también, existe un Acta de medición de terreno de la "...estancia uracalla..." (sic), de 16 de igual mes y año, donde se delimitó ya con relación de cada espacio geográfico, en este caso, el terreno que le correspondería a cada comunario y Acta de cumplimiento de sanción que se impuso en su momento a Jhonny José Romero Ramos, que se cumplió; y,

1. 3)La parte demandada pretende hacer incurrir en error al señalar que se encuentra pendiente de resolución un mecanismo de defensa, cuando la consulta no es un mecanismo de defensa, además, si bien existe una consulta en el "Tribunal", pero ya aplicaron la sanción sin esperar la resolución de la consulta.

1. i)Su familia y madre fueron afectados en sus derechos, cuando ya tenían definido en actas de conformidad, conciliación y "...resolución de 2015..." (sic); sin embargo, desconociendo esos documentos las ex autoridades emitieron esa resolución, indicando que no son del lugar y que Bárbara Veliz Ramos de Quiroga es legitima; pese haberse presentado certificación que indica que es de "Huancane";

1. ii)Señalaron que Epifanía Miranda Miranda Vda. de Romero, no es denunciante, desconociendo que su madre está bajo su cargo y trabajan por ella, porque son sus hijos, entonces no se la debe hacer a un lado, porque sus padres les dejaron sus terrenos y fueron criados en los mismos; además, están trabajando en base al "...acta de 2012..." (sic), la que se resolvió en dos días y una noche, firmado por ambas partes y autoridades de los once Ayllus de la NIOC de Coroma; también el 2015, firmaron ambas partes, entonces a lo que incumbe hacer respetar eso, son las autoridades, que son culpables de este conflicto al no dar cumplimiento a las actas de conciliación; y,

1. iii)A principios del 2017, "...la señora..." (sic), presentó al ex Curaca y pagó Bs5 000.- (cinco mil bolivianos); por lo que, hicieron conocer al Corregidor para que averigüen ese acto de corrupción, ya que ellos hacen referencia en sus notas que para resolver este problema les pidieron esa suma y piden su devolución; en ese entendido, solo pide que se respeten sus derechos, que ya estaban definidos en actas firmadas, les acusan de avasallar, pero no demostraron nada, por último solicitó que respeten el derecho de su madre, hubieron documentos que se dejaron sin efecto, pero en la Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018, se los valoró; por consiguiente, no están de acuerdo con eso.

1. a)El constituyente estableció el control previo de constitucionalidad, en este caso para que la JIOC no lesione derechos y garantías constitucionales, es la consulta de las autoridades de esta jurisdicción sobre la aplicación de sus normas propias a un caso concreto, el mismo que ya activaron a la cabeza de Virgilio Mendieta Puma, Curaca Mayor de los once Ayllus de la NIOC de Coroma, con la presentación el 3 de enero de 2019 al Tribunal Constitucional Plurinacional, el cual declarara la aplicabilidad o no de la norma consultada, la Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018 y que es impugnada mediante la presente acción de defensa; por lo que, no se puede hablar de una Resolución con calidad de cosa juzgada; consiguientemente, la presente acción tutelar incurre en una de las causales de improcedencia porque hay otro medio de defensa formulado, que se encuentra en trámite y pendiente de resolución, al que pueden apersonarse para fundamentar y no propiciar la emisión de resoluciones contradictorias; por cuanto, se incurrió en la subsidiariedad;

1. b)Ante los conflictos de tierras familiares y otros problemas que se presentaron al interior de las comunidades, se activó la JIOC, responsable de la resolución de los mismos conforme a sus principios, normas y procedimientos propios, en el respeto del derecho a la vida, a la defensa y demás derechos y garantías reconocidos en la Norma Suprema, cuyas resoluciones, como las de las otras jurisdicciones, en igualdad jerárquica, se encuentran sometidas a control constitucional;

1. c)En el presente caso ocurrió un conflicto territorial de hace muchos años atrás, desde el 2006, que lamentablemente las autoridades de anteriores gestiones no pudieron resolver, existen antecedentes no solo de una resolución, sino desde el 2015 y otras resoluciones más que se emitieron sobre este conflicto;

1. d)Las acciones de amparo constitucional, de un tiempo a esta parte se están usando para desconocer las resoluciones de la JIOC, si se revisa la Resolución se concluirá que Epifanía Miranda Miranda Vda. de Romero, no es parte, ya que no se la menciona; la Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018, fue de agradecimiento a los terceros interesados, los únicos demandados son German Romero Miranda y su familia, pero en ningún momento a una persona de la tercera edad; por lo que, no hay derecho vulnerado de la misma;

1. e)Se denunció que también se desconoció la Resolución 013/2015, que estaría vinculada a la Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018, es completamente falso puesto que aquella resolución no resuelve en ningún momento conflicto territorial alguno desde el 2006 que obviamente fue largo, emite simplemente una recomendación general para una convivencia armónica, que el conflicto se resuelva internamente pero continua hasta ahora;

1. f)"Por eso es que a consecuencia de que el señor German Romero permanentemente ha desconocido el derecho territorial de las hermanas barbara ramos..." el 21 de agosto de 2018, formularon una denuncia dirigido al Curaca de la NPIOC de los Ayllus de la NIOC de Coroma, describiendo todos los antecedentes, que fue presentada ante una Asamblea en un Consejo de autoridades de los once Ayllus, por lo tanto mal se puede decir que no hubo denuncia, se activó con dicha denuncia, siguiendo un procedimiento en el que se realizó una inspección al terreno de ambas partes, un debate incluso hasta horas 3:00, se hizo una investigación, hubo consejos y se pronunció la Resolución 01/2018, en base a las normas y procedimientos propios, entre todos los Curacas de los 11 Ayllus, quienes conocían a las partes, por lo que no se vulneraron derecho y garantías.

Lidia Romero Ramos, en audiencia expresó los siguientes términos:

1. 1)En "...ese acta que se dio el 2012..." (sic), no estuvimos de acuerdo para firmar, pero fuimos unificados por el Curaca Mayor por esa razón la familia Romero Ramos dice que son netamente de "huracalla", pero seguimos siendo discriminados; y,
2. 2)Señaló "...nosotros en ningún momento dijimos que se desaloje a estas personas nosotros queremos vivir pacíficamente, nosotros estamos prohibidos de nuestros terrenos de nuestros alimentos de nuestro ganado, esa apelación también no llega a coroma, a hora yo nomas estoy perjudicada..." (sic).

El Juez Público Civil y Comercial Segundo de Uyuni del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 001/2019 de 18 de febrero, cursante de fs. 204 vta. a 211 vta., denegó la tutela solicitada, en mérito a los siguientes fundamentos:

1. i)Con relación a los derechos a la vida; a la integridad física, psicológica y sexual; al hábitat; a la dignidad; a la libertad; y, a la libre locomoción, en el caso en examen, no fueron acreditados fehacientemente;
2. ii)Si bien existe dicha Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018; empero, al presente no se ejecutó en ninguna de sus disposiciones, es cierto que se declaró el avasallamiento de tierras por German Romero Miranda; en su segundo punto se dispuso la destitución y desalojo inmediato de las tierras apropiadas contra Bárbara Veliz Ramos de Quiroga, Lidia Romero Ramos y otros; puesto que, no existe prueba de la restitución de esas tierras de forma voluntaria en un tiempo prudente y que por su resistencia se haya procedido al desalojo o se hubiera dado cumplimiento a la prohibición de siembra, ya que, dicen que esas tierras siguen siendo sembradas y utilizadas, en suma la Resolución impugnada solamente es nominal, no fue efectivizada, entonces estamos hablando de supuestos acontecimientos futuros;
3. iii)La presente acción de defensa, se presentó dentro de los seis meses, en cuanto a la subsidiariedad, en la JIOC, debe entenderse que ninguna de las partes hizo uso de la impugnación, ya que, sus normas y procedimientos propios no lo establecen; sin embargo, el hecho de haber remitido en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, ellos definirán si son aplicable o no; por lo que, la resolución de este problema está supeditado a la resolución de la mencionada consulta, en cuyo mérito el Juez de garantías debe velar que no existan duplicidad de resoluciones;
4. iv)Si el accionante tenía conocimiento que se remitió en consulta la Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018, se puede presumir que actuó de mala fe en la presente acción de amparo constitucional, en todos caso puede apersonarse al Tribunal Constitucional Plurinacional, porque igual se remitirá la causa para su revisión al Tribunal de cierre; en lo referente a Epifanía Miranda Miranda Vda. de Romero, no es demandante ni demandada; por lo que, se desconoce porque se la incluyó en la causa, aunque señale que está bajo el cuidado de German Romero Miranda, de ser así, por qué no fue convocada, aún en esa circunstancia conociendo sus derechos en la comunidad, ayllu o estancia podía apersonarse y asumir defensa, haciendo prevalecer sus derechos; dado que, incluso podían merecer la nulidad de la Resolución impugnada; empero, como se encuentra en consulta, se tendrá que esperar el fallo, sin perjuicio de que puedan apersonarse en la referida consulta y fundamentar en interés y derecho propio;
5. v)Respecto a los límites de los terrenos, corresponderá una vez devuelto de la consulta; asimismo, de activar los medios y recursos que la ley les franquea; y,
6. vi)Habida cuenta de que se encuentra en consulta en el Tribunal Constitucional Plurinacional, no puede darse la Resolución impugnada; ya que, las autoridades deben actuar de buena fe y esperar la resolución "...hasta tanto efectivamente quedarse en Statu Quo a pesar de que hasta la presente fecha la resolución es nominal..." (sic), se emita desde dicho Tribunal.

II.1. Se adjuntan los siguientes documentos personales:

1. a)Certificado de nacimiento de María Fernanda Romero Romero, nacida el 6 de agosto de 2012;
2. b)Certificado de nacimiento de Iván Luis Romero Marquez, nacido el 22 de abril de 1997;
3. c)Certificado de nacimiento de Daysi Gimena Romero Marquez, nacida el 28 de agosto de 1994;
4. d)Certificado de nacimiento de Jesús Juan Romero Marquez, nacido el 26 de septiembre de 1999;
5. e)Cédula de identidad 3969049 Pt., de German Romero Miranda, nacido el 12 de mayo de 1972;
6. f)Cédula de identidad 4152972 Pt., de Vicenta Marquez Aviza de Romero, nacida el 22 de enero de 1973;
7. g)Cédula de identidad 1153843 Pt., de Emilio Romero Rodríguez, nacido el 6 de diciembre de 1935; y,
8. h)Cédula de identidad 3513940 Or., de Epifanía Miranda Miranda Vda. de Romero, nacida el 12 de julio de 1937, en Pucarani, provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí (fs. 45 a 57).

II.5. Se tiene certificaciones de las autoridades de la NIOC de Coroma, por las cuales se acreditó la calidad de contribuyentes y cumplimiento de cargos y funciones de los siguientes comunarios de la Estancia Uracaya:

1. 1)German Romero Miranda;
2. 2)"Vicenta Marquez Aviza";
3. 3)Inocencia Romero Miranda;
4. 4)Eudocia Inés Romero Miranda;
5. 5)"Vicenta Marquez de Romero";
6. 6)Inocencia Romero Miranda; y,
7. 7)Epifanía Miranda Miranda Vda. de Romero (fs. 54 a 70).

II.6. Por intermedio de certificaciones e informes de las autoridades de NIOC de Coroma se acreditan los antecedentes del conflicto respecto a las siguientes personas:

1. i)Lidia Romero Ramos;
2. ii)Jhonny José Romero Ramos;
3. iii)Saúl Abraham Flores Romero;
4. iv)Patricia Romero de Flores; y,
5. v)Bárbara Veliz Ramos de Quiroga entre otros (fs. 12 a 22).

II.9. A través de la Resolución Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 01/2018 de 22 de octubre, de la NIOC de Coroma, Virgilio Mendieta Puma, Curaca Mayor de los once Ayllus y Adolfo Flores Ramos, Curaca Segundo, resolvieron:

1. a)Confirmar el avasallamiento de tierras y actos de violencia denunciado contra German Romero Miranda, ocurrido en la Comunidad Huatacalla-Estancia Uracaya de la indicada NIOC de Coroma;
2. b)Disponer la restitución y desalojo inmediato de las tierras avasalladas por German Romero Miranda y familia, contra Lidia Romero Ramos, Bárbara Veliz Ramos de Quiroga y otros, y sea con daños y perjuicios de acuerdo a informes de las autoridades, actas suscritas ocasionados, disponiendo como medida protectora la prohibición de siembra y cultivo en los terrenos de conflictos conforme Resolución 01/2014 de 28 agosto, durante la gestión 2018 de siembra y cultivo;
3. c)Instruir a la autoridad del Ayllu Huatacalla Crucero, efectuar la delimitación interna entre German Romero Miranda de la Estancia Urucaya, en base a documentos de transferencia y sucesión hereditaria adjuntos al mencionado caso; y,
4. d)Disponer el apoyo de la Policía Fronteriza de la ciudad de Uyuni para el cumplimiento de dicha resolución (fs. 25 a 41; y, 318 a 334).

En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos:

1. 1)El pluralismo jurídico igualitario diseñado en la Constitución Política del Estado;
2. 2)La interpretación intercultural y sus dimensiones;
3. 3)Protección reforzada a los grupos de atención prioritaria;
4. 4)Sistema jurídico de la nación indígena originaria campesina y otros datos inherentes a la problemática; y,
5. 5)Análisis del caso concreto.