1159/2022-S1

La impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos de su demandada de acción tutelar, y ampliándola manifestó que:

1. a)Decirle al colega abogado, que no es cierto que se presentó esta acción de defensa para recargar laboralmente a las autoridades, siendo que el Auto de Vista cuestionado es automotivado, porque no se demostró la autoría de Miguel Ángel Soliz Moreno en el hecho, pero igual se determinó la probabilidad de autoría de ambos imputados, asimismo de forma arbitraria se le impuso el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP; y,
2. b)En relación al principio de reforma en perjuicio consiste en la prohibición del Juez superior de empeorar la situación del apelante, es decir, no puede estar empeorándose respecto al riesgo procesal inmerso en el señalado artículo y una fianza de Bs7 000.- y Bs3 000.- respectivamente, sobre el cual no se fundamentó de manera concreta, por lo que se ratifica en el pedido de subsanación y la concesión de la tutela.

Ever Álvarez Orellana, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito presentado el 16 de septiembre de 2021, cursante de fs. 116 a 119, manifestó que:

1. 1)La parte accionante no señaló las razones del por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada o faltante de fundamentación, sino más bien en su memorial simplemente realizó una relación de antecedentes, citando aspectos que no son coincidentes con los argumentos esgrimidos en el Auto de Vista motivo de análisis, para finalmente solicitar que se conceda la tutela y se ordene la nulidad del fallo, sin tomar en cuenta que la labor interpretativa y decisión en cuanto a atender una apelación incidental es una atribución privativa de los jueces y tribunales ordinarios, por lo que ante esta falta de presupuestos no correspondería ingresar al fondo de lo peticionado;
2. 2)El Auto de Vista impugnado cumplió con los requisitos exigidos por los arts. 124, 171 y 173 del CPP, al efecto en relación al art. 233.1 del CPP, el Juez a quo, hizo un análisis de la imputación formal, en el cual se tiene una relación circunstanciada de los hechos, donde el imputado Gil Alberto Soliz Moreno habría golpeado con puñetes a la víctima, lo propio Miguel Ángel Soliz Moreno; es más, en la audiencia de alzada la defensa de la parte imputada expresó que existe un informe policial basado en la declaración de la víctima y de una testigo, quien habría identificado la participación de los imputados; empero, para desvirtuar la probabilidad de autoría presentó un Certificado Médico de 26 de abril de 2021 y una auditoría médica de los cuales se evidenciaría que la víctima ya tenía una lesión nasal y que necesitaba un mínimo golpe para que sangrara, es decir habría una autolesión;
3. 3)Al respecto indicar que los documentos presentados son fotocopias simples, que corresponden a la víctima Jhon Henry Villegas, y que de acuerdo a estos presentaría problemas en la nariz, sin embargo, es pertinente indicar que el hecho de que hubiera tenido lesiones en la nariz en forma anterior, no quiere decir que no vuelva a sufrir lesiones en el mismo lugar de su cuerpo, que ante una agresión física naturalmente va tener lesiones y ese aspecto ha sido evidenciado por el certificado médico forense, por lo que la autoridad de instancia valoró correctamente el informe policial, el certificado médico legal y otros elementos de prueba, máxime si para la audiencia cautelar solo se necesita indicios;
4. 4)La parte imputada presentó diversos certificados del Instituto Técnico Científico de la Universidad Policial (ITCUP), del teléfono y muestrarios fotográficos que acreditan la discusión en el lugar de los hechos, pero en dichos documentos no indican que los imputados no han participado, más al contrario el Ministerio Público ha recabado la declaración de la víctima y el informe policial;
5. 5)"El apelante" presentó fotocopias de la declaración testifical de Carola Patricia Tapia y otros, quienes manifestaron que el único que agredió a la víctima es Gil Alberto Soliz Moreno; empero, en dichas declaraciones no se tiene que Miguel Ángel Soliz Moreno no habría agredido a la víctima, por lo que estas declaraciones entran en contradicción con el informe policial del investigador que informó que participaron en el hecho los imputados, además haciendo una valoración de estos elementos de prueba se debe dar mayor preponderancia al informe del investigador, puesto que el mismo es la primera persona que llegó al lugar de los hechos, y las testificales presentadas son en su mayoría familiares de los imputados; por todo ello, se concluye que actuó de manera correcta al establecer la probabilidad autoría;
6. 6)Con relación al art. 234.4 del CPP, la parte civil presentó una fotocopia legalizada entre otros el acta de presentación espontánea de Gil Alberto Soliz Moreno, el Certificado Médico Legal del 22 de abril de 2021, en el cual se determina que "es que examinado clínicamente el cual no presenta signos de descompensación cardíaca, respiratorias" (sic), este Certificado fue realizado en base al Certificado Médico del 17 de abril de 2021 presentado para la suspensión de la audiencia de declaración; es decir, que el día de suspensión de audiencia no presentaba ningún malestar, por lo que valorando toda esa documentación es evidente que el mencionado imputado demostró una actitud evasiva al no haber asistido a la audiencia de declaración informativa;
7. 7)Respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, expresó un razonamiento correcto, puesto que para establecer este riesgo procesal el Ministerio Público y la parte civil tienen la carga probatoria de acreditar que el imputado es un peligro para la víctima o la sociedad; en el presente caso la víctima alude que sería un peligro para la sociedad, debido a que los imputados tienen su domicilio en el mismo lugar donde vive su hijo menor; argumento que no es válido para establecer este riesgo procesal, ya que si bien el niño e hijo de la víctima vive en el mismo lugar, empero la víctima no;
8. 8)Con relación al peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, la argumentación también fue correcta, toda vez que la parte in fine del art. 235 del CPP claramente señala que este riesgo procesal debe ser acreditado con elementos objetivos; en el presente caso, no se ha acreditado que los imputados antes y durante el proceso hubieran tenido conducta o comportamiento negativo de influir de manera negativa contra un partícipe, testigo o perito; es decir, no se tiene ningún elemento como una declaración o un informe policial al respecto;
9. 9)En cuanto a la solicitud de la detención preventiva de los imputados, cabe indicar que como se mencionó anteriormente para la procedencia de la medida extrema debe cumplirse con los parámetros establecidos en el art. 233 del CPP, en el presente caso, se tiene la concurrencia del primer presupuesto respecto a ambos imputados; y en relación al imputado Gil Alberto Soliz Moreno concurre un riesgo procesal establecido en el art. 234.4 del CPP, mas no con Miguel Ángel Soliz Moreno; razón por lo cual considera que la medida de la detención preventiva no es razonable ni proporcional;
10. 10)Si bien es cierto que se argumentó no ser viable la detención preventiva; empero, consideró que el Juez a quo al momento de disponer las medidas cautelares no tomó en cuenta los datos del proceso de manera integral, como ser los veintiún días de impedimento de la víctima, la no intención mínima de los imputados de reparar los daños o lesiones y su condición; toda vez que, uno de ellos inclusive es de profesión abogado, que significa de que conoce que agredir a una persona constituye un delito, por lo que es razonable y proporcional ampliar las medidas, y solo en lo que respecta a la fianza económica, tomando en cuenta las posibilidades económicas, ya que uno de los imputados es de profesión abogado, y el otro tiene como ocupación mensajero, lo que quiere decir que ambos tiene ingresos económicos suficientes para cubrir dicha fianza; y,
11. 11)De igual manera debe tomarse en cuenta que las medidas cautelares son de carácter provisional conforme establece la norma procesal penal, por lo que su situación jurídica puede cambiar siempre y cuando demuestre la necesidad y utilidad de modificar las medidas cautelares que le han sido impuestas, por todos esos argumentos de orden fáctico y legal expuestos, al no haberse demostrado ninguno de los presupuestos establecidos por el art. 128 de la CPE, pide se deniegue la tutela solicitada, sea con costas. I.2.3. Intervención del tercero interesado

Iván Ortiz Tristán, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que:

1. i)En audiencia de apelación de 7 de diciembre de 2021, la petición que formulo la parte civil fue la detención preventiva de los imputados, indicando que existían riesgos procesales como ser del art. 234.4 del CPP; es decir, el comportamiento de uno de los denunciados en el proceso, y pidió que se haga una nueva valoración y que reconozca "en esa audiencia de la semana anterior" (sic) de que existiese el riesgo procesal de fuga;
2. ii)La autoridad demandada revisó la documentación, y no es cierto que hizo una reforma in peius o que resolvió imponer una resolución ultra petita, siendo que el "abogado" pidió la detención preventiva, esto se debe aclarar para no dar lugar a equivocos, y ahí viene la fianza de los Bs7 000.- y los Bs3 000.- respectivamente;
3. iii)Sobre el argumento de que no se valoró correctamente el comportamiento, porque tenía COVID-19 el abogado de uno de los denunciados, es bueno aclarar que presentó su documentación medica en la cual dice que tenía COVID-19, pero también quedó establecido que eran dos abogados desde el primer momento, entonces si un abogado tiene COVID-19 el otro lo puede asistir, eso fue lo que la parte civil hizo énfasis en las audiencias, que dicho sea de paso en varias oportunidades se han postergado una y otra vez;
4. iv)Entonces esos aspectos han sido considerados en ambas audiencias, tanto en el de medidas cautelares así como en el de apelación, y fue de que en virtud a esos hechos concretos, el Vocal demandado vio que efectivamente existía ese otro riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.4 del CPP que dice que el comportamiento del imputado durante el proceso anterior, y en virtud a eso que impuso una nueva medida que es la fianza de Bs7 000.- y Bs3 000.- respectivamente para los imputados;
5. v)Es bueno también remarcar que, en la primera parte de la audiencia de medidas cautelares, "hay incidentes que van a presentar los imputados y si efectivamente puede plantear incidentes, nulidad de la imputación, plantear una nulidad de la imputación, se denegó ese incidente y de ese auto, apelaron y fue a la Sala Penal, que hace casi unas dos o tres semanas, resolvió esa apelación que denegó, declaro infundado..." (sic); y,
6. vi)Hace una semana fue la otra apelación de las medidas cautelares que impuso la Juez a quo, misma que fue resuelta por el Auto de Vista ahora cuestionado, manifestando la parte imputada que no estaba fundamentada la imputación y no se individualizó la participación de los imputados, es así que se señaló que ese tema ya hubiese sido resuelto hace una semana atrás por la "otra Sala Penal", siendo en el momento solamente la apelación contra "el Auto dela Jueza a quo, cual era la imposición de medidas cautelares..."(sic), hechas las aclaraciones pide se confirme el Auto de Vista impugnado, toda vez que no ha violentado ningún derecho de los imputados. I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, por Resolución 236/21 de 16 de diciembre de 2021, cursante de fs. 125 a 130 vta., concedió la tutela solicitada únicamente en cuanto a la valoración razonable de la prueba; por lo tanto, se ordena dejar sin efecto el Auto de Vista 402/2021 de 7 de diciembre, debiendo la autoridad demandada emitir uno nuevo, sea sin costas, por ser excusable, bajo los siguientes fundamentos:

1. a)De la revisión del acta de audiencia de apelación de la indicada fecha, se tiene que en dicho acto procesal se considera la apelación tanto de la parte imputada así como de la víctima, solicitando esta primera la disposición de la libertad irrestricta en las medidas cautelares, y al contrario la presunta víctima solicitó la detención preventiva, de ese solo petitum se evidencia que lo resuelto por el Tribunal de apelación de ninguna manera es extra petita, habida cuenta que uno de los sujetos procesales si lo ha solicitado de manera expresa y fundamentada;
2. b)En cuanto al segundo agravio de la lesión al debido proceso en su vertiente de falta de valoración a la prueba, el Tribunal de garantías está en la obligación en este momento de aplicar el precepto constitucional iura novit curia, por cuanto la autoridad demandada sí valoró la prueba y consideró que aquella valoración debe ser revisada por el principio de autorestricciones de la jurisdicción constitucional;
3. c)Sobre el agravio tercero referido a la lesión al debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa en concordancia con el derecho a recurrir e impugnar, debemos precisar que el daño económico es un tipo penal, no es una vertiente del derecho a la defensa, y por tanto no ameritará mayor precisión, en concordancia con el derecho a recurrir que es lo propio del derecho a la defensa, en su inviolabilidad y el principio de favorabilidad para el imputado, aquello es totalmente acertado, ambos agravios serán absueltos en esta sola intervención, porque guardan la sinalagmásis del común denominador que es la valoración del art. 234.4 del CPP por parte del Tribunal ad quem;
4. d)Al respecto de la verificación del acta de audiencia de apelación se puede colegir que la autoridad demandada argumentó que la parte civil presentó la legalización del acta de presentación espontánea, un escrito presentado por los imputados solicitando la suspensión de audiencias, a lo cual se adjunta un Informe Médico de rayos x pulmonar de 16 de abril de 2021, Certificado Médico de 17 del mismo mes y año del imputado Gil Alberto Soliz Moreno, en el cual expresa que debe guardar reposo en casa y Certificado Médico Legal del 22 de igual mes y año, realizado por el médico forense en el cual se determina que el prenombrado no presenta signos de descompensación cardiaca respiratoria, éste Certificado realizado en base al Certificado Médico de 17 de abril de 2021, presentado por el imputado Gil Alberto Soliz Moreno para la suspensión de la audiencia de declaración, quiere decir, que el mismo, el día de suspensión de audiencia no presentaba ningún malestar;
5. e)Valorando toda esa documentación es evidente que el imputado Gil Alberto Soliz Moreno demostró una actitud evasiva de no someterse al proceso al no haber asistido a la audiencia de declaración informativa y al presentar un certificado médico que ha sido desvirtuado por un certificado médico legal, por lo que al no haber sido tomado en cuenta esos aspectos y elementos por la autoridad jurisdiccional, se tiene que concurre este riesgo procesal con relación al nombrado y no así en cuanto al imputado Miguel Ángel Soliz Moreno, este es el argumento del porque mantener por no enervado el art. 234.4 del CPP para el Tribunal ad quem;
6. f)Como la Sala no va a valorar la prueba ni interpretar la legalidad ordinaria, lo que debe verificar es si aquella valoración probatoria, se adecúa o no a los cánones constitucionales de interpretación; la autoridad demandada ha considerado de que habiéndose suspendido una audiencia de declaración con la presentación de un informe médico del imputado, posteriormente dicho informe es desvirtuado, es decir, no tuvo síntomas, considera de que esa suspensión fue un acto evasivo, esa es la conclusión a la que llegó el Tribunal ad quem y al respecto debemos hacer las siguientes apreciaciones;
7. g)La Organización Mundial de la Salud como parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, ha declarado en diciembre de 2019, una emergencia pandémica mundial, producto de ello Bolivia el 17 de marzo del 2020 dispuso la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, que deriva en una serie de cosas, como la prevención en cuanto a la puesta en cuarentena de las personas que padezcan síntomas y mitigación en cuanto a las personas que padezcan el virus, en el presente caso la parte accionante, la autoridad demandada, el Ministerio Público y el tercer interesado han reconocido que el abogado de la parte imputada en audiencia demostró que padeció de COVID-19, es decir, no queda en duda de que tuvo el virus, y evidentemente argumentaron que estuvo presente en su momento con el imputado, compartió con él, por supuesto es su defensa, así tenga muchos abogados más, él también estuvo y de la misma manera pudo haber estado en cualquier audiencia con los sujetos procesales; y,
8. h)El protocolo de sanidad, incluido el de la Sala establecen que persona que padezca síntomas, aun cuando no se tenga el resultado de la Prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), deban someterse a un aislamiento voluntario o cuarentena, por un lapso no menor a dos semanas, si después de ello no padecen el virus, pueden volver a sus funciones; lo cual no puede considerarse evasión, por esa misma razón, es que la suspensión de la audiencia en aquel momento fue acertada, no porque sean uno o más los imputados, o porque también la parte civil pueda verse visto afectada o pueda tener muchos profesionales abogados, la defensa es amplia e irrestricta, lo cierto es de que basta que una de esas personas haya tenido contagio anteriore, que a posteriori un certificado evidencia de que no tuvo el virus tampoco padeció síntomas, no puede constituirse como una forma de pretender enervar un riesgo procesal; por lo que la Sala está en la obligación de declararlo así, cuando aquella suspensión fue por un acto de prevención.

"a) El fallo recurrido vulnera el debido proceso, ya que en la audiencia de cautelar hizo notar que concurre el riego procesal previsto en los arts. 234.4 y 7 del CPP, pero la autoridad judicial no valoró el acta de suspensión de declaración del imputado Gil Alberto Solís, para lo cual presentó un certificado médico y que llevado ante el médico forense se estableció que ese día no padecía ningún impedimento, entonces están obstaculizando la averiguación de la verdad;

1. b)Con relación al riesgo procesal inmerso en el art. 235.2 del CPP esto va paralelo al riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, ya que Gil Albertto Soliz solicitó la reconstrucción de hechos, siendo que conforme al muestrario fotográfico, la denuncia y su ampliación, y el desdoblamiento de teléfonos se ve el momento que le agreden, por lo que los imputados podrían influir de manera negativa en la víctima y participes; y,
2. c)Con relación al riesgo procesal previsto en el art. 234.7 del CPP, no se valoró el hecho de que los imputados viven en el mimo lugar donde vive su hijo, y ese aspecto hace que sean un peligro para la sociedad, razón por la cual pide que se revoque el Auto recurrido en cuanto a las medidas cautelares y se aplique la detención preventiva al concurrir los riesgos procesales" (sic).

"i) El imputado Gil Alberto Solís Mercado indica que no se entiende los agravios de la parte civil, ya que pide la detención preventiva sin considerar que ni siquiera el Fiscal de Materia lo ha solicitado;

1. ii)Su persona no es un peligro para la sociedad ni para la víctima, además que no obstaculizó ningún momento a la investigación de la verdad, siendo los argumentos de la parte civil son presunciones abstractas, por lo cual pide que se rechace la apelación y la libertad irrestricta; y,
2. iii)El imputado Miguel Solís Moreno expresa que para la detención preventiva existen requisitos establecidos, además que el apelante no indica de qué manera su persona incurrió en el peligro de fuga y obstaculización, tampoco ha manifestado sobre qué actos podría influir de manera negativa, por lo que pide que su libertad irrestricta (sic [fs. 150 a 154 vta.]).

"a) Con relación al art. 233.1 del CPP -probabilidad de autoría- la argumentación de la autoridad jurisdiccional es totalmente correcto, puesto que hace un análisis minucioso de la imputación formal, en el cual se tiene una relación circunstanciada de los hechos en forma clara y precisa atribuidos a los imputados, donde el imputado Gil Alberto Soliz Moreno habría golpeado con puñetes a la víctima lo propio el imputado Miguel Soliz Moreno; es más en la presente audiencia de alzada la propia defensa del imputado expresa que existe un informe policial basado en la declaración de la víctima y de una testigo, quien lo habría identificado a los imputados sobre su participación en los hechos, y ese informe policial donde consta que una testigo identifico a ambos imputados fue tomado en cuenta por el Ministerio Público como por la autoridad jurisdiccional; sin embargo, la defensa de los imputados presenta para desvirtuar la probabilidad de autoría, un certificado médico de 26 de abril de 2021, y una auditoría médica de los cuales se evidenciaría que la víctima ya tenía una lesión nasal y que necesitaba un mínimo golpe para que sangrara por lo cual se habría provocado un auto lesión; al respecto indicar que primero los documentos presentados son fotocopias simples, pero que corresponden a la víctima John Henry Villegas, y que de acuerdo a esos documentos presentaría problemas en la nariz, empero, es pertinente indicar que el hecho de que la víctima hubiera tenido lesiones en la nariz en forma anterior, no quiere decir que no vuelva a sufrir lesiones en el mismo lugar de su cuerpo, es decir, ante una agresión física naturalmente va tener nuevamente lesiones, y ese aspecto ha sido evidenciado por el certificado médico forense, por lo cual si bien es cierto que la víctima pudo haber tenido una lesión en la nariz en fecha anterior, pero eso no quiere decir que no pueda volverse a lastimarse ante una nueva agresión, por lo que la autoridad de instancia ha valorado correctamente el informe policial, el certificado médico legal y otros elementos de prueba presentados, máxime si para la audiencia cautelar solo se necesita indicios y no prueba plena;

1. b)Por otra parte el imputado presenta diversos certificados del ITCUP, del teléfono los cuales acreditan la discusión en el lugar de los hechos, muestrarios fotográficos, de todos esos elementos de pruebas se tiene que de alguna manera hubo una discusión entre las partes, pero en dichos documentos no indica que los imputados no han participado en los hechos, más al contrario el Ministerio Público ha recabado la declaración de la víctima y el informe policial de lugar de los hechos, ya que el policía es el la primera persona que ha llegado al lugar de los hechos. Por último, el apelante presenta fotocopias de la declaración testifical de Carola Patricia Tapia y otros, quienes manifiestan que la única persona que agredió a la víctima sería Gil Alberto; sin embargo, en dichas declaraciones no se tiene que Miguel Angel Soliz no habría agredido a la víctima, por lo que estas declaraciones entran en contradicción con el informe policial del investigador, quien claramente a informado que participaron en el hecho ambos imputados, basado en una información de una testigo y vecina del lugar, por lo que haciendo una valoración de estos elementos de prueba se debe dar mayor preponderancia a los efectos de existir suficiente indicios al informe el investigador al asignado al caso, puesto que el mismo es la primera persona que llego al lugar de los hechos, y los testificales presentadas son en su mayoría familiares de los imputados, además que el informe del asignado al caso ha sido corroborado por otros elementos de prueba; por todo ello se concluye que la autoridad jurisdiccional ha actuado de manera correcta al establecer la probabilidad autoría;
2. c)Con relación al art. 234.4 del CPP, citada en sus argumentos para la parte civil, la autoridad jurisdiccional al argumentar este riesgo procesal indica que "existe un llamado de citación para declarar al señor Gil Alberto y éste se habría realizado la prueba médica de la misma que habría otorgado como resultado negativo, ese argumento realizado por la parte civil al criterio de la suscrita ha sido subjetivo (...) por lo que se ve mantener la carga del riesgo pero también la responsabilidad de demostrar con documentos de convicción para que la suscrita determine que el señor Gil Alberto Solís no quiere someterse al proceso (...) en ese entendido al no ser debidamente acreditado se encuentra desvirtuado". En la presente audiencia, la parte civil presenta una fotocopia legalizada del acta de presentación espontánea, correspondiente al Gil Alberto Solís Moreno, en el cual se señala audiencia de declaración informativa policial para el 21 abril del 2021 a las 10:00 a.m., quedando legalmente notificado, luego se tiene un escrito presentado por los imputados, solicitando la suspensión de audiencia, a lo cual se adjunta un certificado Médico de rayos "x", luego también se presenta un certificado médico de 17 de abril de 2021 del imputado Gil Alberto Solís Moreno, el cual expresa que debe guardar reposo en casa, luego se tiene el certificado médico legal del 22 de abril de 2021, en el cual se determina y se concluye que "es que examinado clínicamente el cual no presenta signos de descompensación cardíaca, respiratorias", este Certificado fue realizado en base al certificado médico de 17 de abril de 2021 presentado por el imputado Gil Alberto Soliz Moreno para la suspensión de la audiencia; lo que quiere decir, que el mismo el día de suspensión de audiencia no presentaba ningún malestar, así lo determina el médico legal; en consecuencia, valorando toda esa documentación en forma objetiva es evidente que el imputado Gil Alberto Soliz Moreno demostró una actitud evasiva y de no someterse al proceso al no haber asistir a la audiencia de declaración informativa y al presentar un certificado médico que ha sido desvirtuado por un certificado médico legal realizado por un profesional idóneo del IDIF; por lo que al no haber sido tomando en cuenta esos aspectos y elementos por la autoridad judicial, que han sido sometidos al contradictorio en esta audiencia de alzada, es decir, que fue corrido en traslado a la parte contraria, se tiene que concurre este riesgo procesal con relación al imputado Gil Alberto Soliz Moreno; y no así en cuanto a Miguel Angel Solis Moreno, toda vez de que la parte civil no ha fundamentado para su concurrencia;
3. d)Con relación al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, el razonamiento esgrimido por la autoridad de instancia es totalmente correcto, puesto que para establecer este riesgo procesal el Ministerio Público y la parte civil tienen la carga probatoria de acreditar que el imputado es efectivamente un peligro para la víctima o para la sociedad, lo cual tiene que sostenido con elementos de prueba; en el presente caso la parte civil alude que sería un peligro para la sociedad, debido a que los imputados tienen su domicilio en el mismo lugar donde vive su hijo menor de edad; argumentación que no es válido ni razonable para establecer este riesgo procesal, ya que si bien el niño e hijo de la víctima vive en el mismo lugar de los imputados, sin embargo, la víctima no vive en ese lugar, razón por el cual este riesgo procesal no puede quedar latente;
4. e)Con relación al peligro de obstaculización previsto en el art. 235 núm. 2) del CPP, la argumentación de la autoridad judicial es totalmente correcta, puesto que la parte in fine del art. 235 del CPP, expresa claramente que este riesgos procesal debe ser acreditado con elementos objetivos y no basarse en elementos subjetivos; en el presente caso, no se ha acreditado que los imputados antes y durante el proceso hubieran tenido una conducta o comportamiento negativo de influir de manera negativa en contra de un participe, testigo o perito; es decir, no se tiene ningún elemento como una declaración o un informe policial al respecto y que hubiera sido mencionado o presentado por el MP o la parte civil; en sentido la autoridad jurisdiccional en cuanto a esté riesgo procesal a fundamentado de forma correcta;
5. f)Ahora bien, en cuanto a la solicitud de la detención preventiva de los imputados, al respecto cabe indicar que como se mencionó anteriormente para la procedencia de dicha medida extrema se debe cumplir con los parámetros establecidos en el art. 233 del CPP; en el presente caso, se tiene la concurrencia del primer presupuesto en cuanto a ambos imputados; respecto a los riesgos procesales; se tiene que en cuanto al imputado Gil Alberto concurre un riesgo procesal establecido en el art. 234.4 del CPP y con relación Miguel Ángel no se tiene la concurrencia de riesgos procesales, razón por la cual la medida extrema de la detención preventiva no es razonable ni proporcional aplicar en el caso de autos, sino que otras medidas cautelares previstas en el art. 231 bis parágrafo II del CPP, pueden garantizar la presencia de los imputados; empero, esas medidas cautelares tiene que cumplir su finalidad establecida en el art. 221 del CPP, para lo cual naturalmente se debe verificarse y valorarse los datos del proceso de manera integral, la naturaleza y características del hecho imputado por el Ministerio Público, el quantum de la pena del delito provisionalmente imputado, la condición y personalidad de la víctima y los imputados, el daño ocasionado en la víctima, las consecuencias, y los riesgos procesales concurrentes y entre otros aspectos; bajo ese contexto, si bien es cierto que se argumentó ut supra no es viable la detención preventiva, sin embargo, la autoridad jurisdiccional al momento de disponer las medidas cautelares no tomó en cuenta los datos del proceso de manera integral, específicamente los 21 días de impedimento de la víctima, la no intención mínima de los imputados de reparar los daños o lesiones ocasionados, la condición de los imputados, toda vez, que uno de ellos inclusive es de profesión abogado, lo que quiere decir que conoce que agredir a una persona constituye delito, por lo que es razonable a los fines de dar cumplimiento a los fines de las medidas cautelares ampliar las medidas cautelares establecidas por la autoridad de instancia, y solo en lo que respecta a la fianza económica, que deberá fijarse de manera equilibrada, tomando en cuenta las posibilidades económicas de los imputados, como la naturaleza de los hechos, y sobre todo tomando en cuenta la personalidad de los imputados, que en este caso, de acuerdo a la información que consta en la imputación formal, ambos imputados son mayores de edad, inclusive uno de los imputados es de profesión abogado, y el otro tiene como ocupación mensajero, lo que quiere decir que ambos tiene ingresos económicos suficientes para cubrir una fianza económica; en consecuencia, como se indicó anteriormente si bien no procede la detención preventiva, empero es razonable y proporcional ampliar las medidas cautelares en cuanto a la fianza económica. GIL ALBERTO MORENO, solicitó aclarar la situación del "médico forense" el cual no ha sido requerido mediante requerimiento fiscal, asimismo no valora el IDIF del COVID ya qué a quien le dio COVID fue a mí abogado y se suspendió la audiencia; por lo tanto solicitó que se enmiende esa ampliación de una fianza económica que no corresponde porque no es proporcional con la verdad material siendo que su comportamiento ha sido "adecuada mal", asimismo se tiene que tomar en cuenta la resolución internacional de "La Habana Cuba con razón a los abogados de 1990 y la ley 387". MIGUEL ANGEL SOLIS, de igual manera a solicita complemente y enmiende la resolución venida en apelación, la cual nos ha sido modificada, es más autoridad en reiteradas oportunidades ha ratificado, asimismo de manera ultra petita está incrementando riesgos procesales siendo que ni el Ministerio Público ni la parte civil lo solicitaron, y finalmente no se está considerando que ni siquiera cuenta con los recursos que acaba de disponer, por lo que vamos a solicitar que la resolución de su autoridad pueda aclarar cuáles son los elementos para que se incrementen los riesgos procesales y una fianza Económica Al respecto, el Vocal ahora demandado contestó señalado que:
6. 1)Cabe indicar que el suscrito ha valorado todos los elementos de prueba presentados por las partes y lo que consta en el cuaderno de apelaciones, ha tomado en cuenta los argumentos de la autoridad judicial así como de ambas partes procesales, ha observado y verificado de manera objetiva e imparcial los elementos presentados, los cuales han sido corrido en traslado a las partes, y de esa manera se establecido el riesgo procesal de fuga previsto en el art. 234.4 del CPP;
7. 2)Por otra parte, se estableció la fianza en base a criterios establecidos en la SCP "0694/2019-S4", es decir que se debe valorar la naturaleza y características de los hechos como la personalidad de la víctima como del imputado, a los fines de asegurar la finalidades de las medidas cautelares;
8. 3)Asimismo, se indica que se había establecido y modificado las medidas cautelares de manera ultra petita; lo cual no es cierto, ya que la parte civil ha solicitado la detención preventiva, y al momento de fundamentar y absolver esa petición es que el suscrito ha visto por conveniente modificar esas medidas cautelares y no así establecer la detención preventiva, es por eso que se ha hecho una valoración y fundamentación en base al art. 231 bis parágrafo II del CPP, ya que se consideró que no es razonable ni proporcional disponer la detención preventiva, sino que simplemente establecer otra medida;
9. 4)En ese sentido se puede establecer que el suscrito en ningún momento ha actuado de manera ultra petita, máxime si considerábamos que en medidas cautelares el Tribunal de alzada debe aplicar el art. 398 del CPP, conforme al entendimiento de la SCP 0120/2018-S3 de 18 de abril; por todo ello no ha lugar a la complementación" (sic [fs. 155 a 159]).

Los accionantes denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, defensa e impugnación y legalidad; toda vez que, el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista 402/2021 de 7 de diciembre:

1. 1)Lesionó el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación;
2. 2)Incurrió en incongruencia al imponer de manera extra petita el riesgo procesal previsto en el art. 234.4 del CPP, sin que la parte civil haya solicitado en su impugnación, máxime cuando el Juez a quo ya valoró dicho aspecto; asimismo, dispuso una fianza económica desproporcional sin que también la parte civil lo haya pedido; 2.i) Vulneró el derecho a la defensa causándoles indefensión y daño económico por excederse en la petición de la parte civil al imponerse un riesgo procesal y la fianza económica; y,
3. 3)Omitió valorar las pruebas como el mandamiento de arraigo y recibo de la Dirección de Migración, las firmas de cada diez días en la fiscalía, el memorial de suspensión de audiencia adjuntando radiografía de rayos x pulmonar (de su abogado), que demostraron el impedimento legítimo de la primera suspensión de dicho acto; bajo el argumento de que son extemporáneas.

En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas:

1. a)Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del CPP;
2. b)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y,
3. c)Análisis del caso concreto.

"En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir:

1. 1)El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante;
2. 2)La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.