1160/2022-S2

Revisados los cuadernos procesales de los citados casos, del formulario de notificaciones de 20 de igual mes y año, advirtió que estos estaban firmados por Omar Alberto Anagua Cuiza, Oficial de Diligencias de la referida Oficina Departamental, sin que dicho funcionario hubiese participado del señalado acto procesal, sino la indicada Autoridad Sumariante, quien al no contar con facultad para efectuar aquel emplazamiento hizo firmar al nombrado servidor público el formulario de notificaciones, alterando la verdad de los hechos, motivando que su persona inicie un proceso penal contra la mencionada Autoridad por el delito de falsedad ideológica descrito y tipificado en el art. 199 del Código Penal (CP), que mereció el rechazo de denuncia de 8 febrero de 2021, emitida por la Fiscal de Materia asignada al caso; determinación que objetó en tiempo oportuno, siendo resuelta por la Fiscal Departamental demandada a través de la Resolución FDP-T.O.R./R.CH.G. 48/2021 de 24 de marzo, confirmando el fallo impugnado, sin la debida motivación y fundamentación al realizar una transcripción del contenido de la decisión cuestionada. En el memorial de objeción al rechazo de denuncia señaló como uno de los agravios la falta de valoración de las pruebas documentales y testificales presentadas sobre el hecho denunciado y "...SOLICITUD DE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS DE CONOCIMIENTO DE LA FISCAL DE MATERIA..." (sic), consistente en varios documentos como:

1. a)El Informe RH-ED 06/2020 de 1 de septiembre, emitido por la Técnico de Escalafón - Dotación de la Oficina Departamental de Potosí del Consejo de la Magistratura, señalando que Juan Pablo Sánchez Arce, ejerció el cargo de Autoridad Sumariante desde el 17 de abril hasta el 31 de diciembre de 2018, lo que acreditó que el entonces denunciado no era Oficial de Diligencias de la citada entidad;
2. b)La copia legalizada del Cuaderno Procesal Administrativo 08/2018 de 16 de abril, seguido "DE OFICIO" en su contra en su condición de ex Técnico de Transparencia Institucional de la referida Oficina Departamental, dentro del cual cursaba el formulario de diligencia de notificación de 20 de agosto de igual año, evidenciándose que fue emplazado con la Resolución Administrativa (RA) 10/2018, con firma del testigo de la actuación, y la representación realizada por el Oficial de Diligencias, indicando que la citada fecha no participó en esa notificación; y,
3. c)La denuncia que formuló en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) contra Juan Pablo Sánchez Arce y la entrevista informativa policial que realizó en relación al hecho revelado, adecuándose al delito de falsedad ideológica; sin embargo, tales literales no fueron valoradas por la Fiscal Departamental demandada; como tampoco las declaraciones testificales de Omar Alberto Anagua Cuiza, José Emilio Pinto Andia y Manuel Basilio Choque, entonces Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí; empero, en la Resolución cuestionada dicha autoridad fiscal manifestó que: "...del cúmulo de diferentes elementos de convicción aportados por la investigación, su estudio y previa valoración, se entiende que fueron analizados durante el transcurso de la investigación por parte de la titular de la acción, para la determinación asumida porque a razón de ello se entiende que el hecho no constituye delito..." (sic); lo que, denotó una evidente falta a la verdad; ya que, en ninguna parte de la aludida determinación se manifestó algo en relación a las pruebas presuntamente expuestas por la Fiscal de Materia, incurriendo en incoherencia del fallo emitido; por cuanto, las mismas tampoco fueron base del rechazo de denuncia ni del fallo de alzada.

El fallo cuestionado careció de la debida motivación y fundamentación:

1. 1)Al no haber analizado el detrimento ocasionado a su persona al activarse el plazo procesal correspondiente en las RRAA 10/2018 y 11/2018, que le fueron notificadas por el entonces denunciado dentro del proceso disciplinario supra señalado, que al ser perentorio provocó que "no fuese atendido" en los recursos de revocatoria y jerárquico; y,
2. 2)Dedujo que el hecho no constituía un delito; y por ende, que la conducta del aludido no se adecuaba al tipo penal descrito en el art. 199 del CP, sin haber efectuado explicación alguna, resolviendo eximirlo de responsabilidades.

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro del memorial de su acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló que:

1. i)Conforme la declaración testifical de 23 de noviembre de 2020, prestada por Manuel Basilio Choque, entonces Inspector de la Jefatura Departamental de Trabajo Potosí, dentro de la denuncia laboral instaurada por su persona contra el Presidente del Consejo de la Magistratura, este señaló audiencia para el 20 de agosto de igual año; empero, antes de ingresar al citado verificativo fue notificado por Juan Pablo Sánchez Arce con dos resoluciones administrativas, quien ante su negativa a ser emplazado requirió al citado exfuncionario laboral a suscribir como testigo, sin que haya estado facultado para realizar dicha diligencia; la cual, fue practicada con la intención de perjudicarlo; ya que, se aplicó en su contra el art. 64 del Acuerdo 024/2015 de 26 de febrero, del Reglamento de Proceso Interno para Servidores Administrativos del Órgano Judicial;
2. ii)Revisada la precitada notificación advirtió que no estaba firmada por el prenombrado, sino por el Oficial de Diligencias de la mencionada entidad, quien refirió que en la fecha señalada, no fue notificado con ningún actuado procesal; sin embargo, presentada la denuncia contra Juan Pablo Sánchez Arce ante el Ministerio Público, por efectuar la irregular diligencia en su condición de Autoridad Sumariante del Consejo de la Magistratura, la Fiscal de Materia asignada al caso, determinó que, si bien hubo irregularidades por parte del nombrado, ese hecho no podía ser considerado como un delito; en razón a que, no se advirtió ningún daño ocasionado, cuando el perjuicio fue su notificación ilegal;
3. iii)De la revisión de los cuadernos procesales remitidos por el Consejo de la Magistratura evidenció que cursaban las dos Resoluciones Administrativas y notificaciones realizadas coincidentemente con la conminatoria para que se presente en la Jefatura Departamental de Trabajo de dicho departamento; contra las cuales, el 23 del citado mes y año, presentó recurso de nulidad de obrados y de revocatoria; es decir, al tercer día de haber sido emplazado;
4. iv)El 24 de diciembre de 2020, fue notificado mediante edictos con la ejecutoria de los citados fallos y con otros actuados emitidos por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura; ya que, no era funcionario público; remitiéndose los mismos a la Contraloría General del Estado (CGE) y al Sistema de Control de Personal CERBERO-D, ocasionando su perjuicio en futuras convocatorias públicas; y,
5. v)La denuncia interpuesta fue calificada provisionalmente como falsedad ideológica, la cual debió ser sometida a un examen de adecuación del hecho al tipo penal; sin embargo, se dictó rechazo de denuncia al no configurarse el ilícito señalado, llegando a establecer que la jurisprudencia constitucional determinó que dicho delito era de resultado, y por tanto debía existir aquel elemento; extremos que denotaron la falta de fundamentación y motivación de ese requerimiento conclusivo emitido por la Fiscal de Materia asignada al caso; debido a que, la Resolución jerárquica impugnada no manifestó nada respecto a lo que expresó su persona.

Pablo Daniel Manrique Videla, Fiscal de Materia, en representación de Roxana Choque Gutiérrez, Fiscal Departamental de Potosí, en audiencia de garantías señaló que:

1. a)Lo que se cuestionó en el fondo de la presente acción de defensa sería que al pronunciarse la Resolución FDP-T.O.R./R.CH.G. 48/2021, no debió analizarse la denuncia presentada desde el tipo penal, sino a partir del suceso investigado, aspecto que no tenía vinculación con la debida fundamentación ni motivación;
2. b)Al haberse modificado los agravios de la acción de defensa presentada, lo que pretendía el impetrante de tutela era que la señalada Sala haga un análisis de fondo de la decisión asumida en la determinación cuestionada, como si fuera una instancia de impugnación o casacional, para realizar la valoración de la prueba, aspecto que no está permitido conforme a la jurisprudencia desarrollada en la SCP 0900/2019-S1 de 12 de septiembre;
3. c)El peticionante de tutela denunció la conculcación del debido proceso en sus vertientes referidas, expresando aspectos de fondo relacionados al hecho investigado; empero, aquellas no se efectúan a criterio discrecional de la autoridad demandada, sino que se enmarcan en el art. 304 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el cual señala las causales para emitir una resolución de rechazo;
4. d)En relación a que no hubieran valorado determinados elementos de prueba, careció de relevancia al no haber sido enfocados por el impetrante de tutela en la afectación a la decisión final, evidentemente existió un hecho denunciado ante la señalada Fiscalía Departamental para que se atribuya provisionalmente la calificación de falsedad ideológica; sin embargo, investigado el mismo, se decidió la entrega de la notificación por una persona diferente a la que firmaba; y,
5. e)Tomaron en cuenta el hecho calificado como delito de falsedad ideológica; no obstante, realizado un previo análisis dio lugar a no encontrar el elemento perjuicio que sería componente constitutivo del citado tipo penal; además, debía considerarse que la investigación se centró propiamente en la denuncia, que entre otros aspectos era porque el formulario de notificación fue diligenciado por una persona y firmado por otra; es decir, no se analizó si cada uno de los funcionarios que practicaron el mismo tenían atribuciones o no, si se cometió con su actuar otro tipo de hechos que dieran lugar a calificaciones distintas a la que el mismo accionante realizó en su denuncia; consecuentemente, a partir de ello y habiéndose centrado en el elemento perjuicio que no se encontró en el hecho denunciado, es que el resultado fue el rechazo; determinación que en la instancia superior fue confirmada; por lo cual, no importaba valorar individualmente los elementos de cargo que fueron presentados por el solicitante de tutela en el proceso penal; pues, se reconoció que el hecho no ocurrió; sin embargo, el rechazo es distinto; es decir, responde a una situación diferente; ya que, lo denunciado no constituye un delito, bajo ese entendimiento y otros argumentos, pidió que se deniegue la tutela.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por Resolución 050/2021 de 29 de octubre, cursante de fs. 143 vta. a 149 vta., concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo:

1. 1)Dejar sin efecto la Resolución FDP-T.O.R./R.CH.G. 48/2021, dictada por la Fiscal Departamental demandada; y,
2. 2)Que dentro del plazo de diez días, la nombrada autoridad emita una nueva resolución jerárquica respondiendo a cada uno de los agravios aludidos por el accionante en el caso penal; y, tomando en cuenta los parámetros referidos en la Resolución constitucional; aclarando que no concedió la tutela respecto al derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, por las razones expresadas, y en parte por el elemento motivación "...que era insuficiente (...) relacionado con el principio de congruencia..." (sic); con base en los siguientes fundamentos:
3. i)En cuanto a la fundamentación, para confirmar el rechazo de denuncia de la Fiscal de Materia asignada al caso utilizó el art. 304 inc. 1) del CPP; determinación que indicó que el rechazo dictaminado se dio a partir que el hecho no constituía un delito, sin referirse a la insuficiencia de pruebas u otras circunstancias previstas en el art. 304 del mencionado Código para ese efecto; siendo ese el fundamento, y desde el cual defendió el razonamiento aplicado; por lo que, de ello concluyó que no existió vulneración al debido proceso en el citado elemento; y,
4. ii)Sobre la motivación, si bien hubo ese componente sustentado en la fundamentación del art. 304 inc. 1) del Código Adjetivo Penal, era insuficiente; en virtud a que, el solicitante de tutela alegó haberse omitido describir y valorar la prueba de cargo que presentó, consistente en el Informe RH-ED 06/2020, la copia legalizada del Cuaderno Administrativo 08/2018, el formulario de diligencias practicada el 20 de agosto de igual año, en el que constaba que el impetrante de tutela fue notificado con la RA 10/2018 y figuraba como testigo de actuación, la representación de Omar Alberto Anagua Cuiza el 20 del mes y año indicados, el acta de denuncia formulada en dependencias de la FELCC por el peticionante de tutela y las declaraciones de José Emilio Pinto Andia y Manuel Basilio Choque; cuestionamiento al cual, la Resolución jerárquica señaló que no cambiaba el sentido, a pesar de valorarse todos los elementos existentes en el cuaderno de investigación, porque el rechazo estaba sustentado en el art. 304 inc. 1) del CPP; fundamento diferente al de insuficiencia de prueba; siendo pertinente que el Ministerio Público realice la descripción y valoración individualizada de las referidas literales, y en función a ello tome la decisión correcta, sobre todo considerando las implicancias que tenía el rechazo de la causa, impidiendo que pudiera volver a reabrirse el caso; consecuentemente, existió conculcación del derecho a la valoración de la prueba por omisión, a partir de lo cual estableció que no se cumplió con la motivación completa de la Resolución jerárquica, dando lugar a una incongruencia externa; en razón a que, los agravios referidos por el accionante no fueron respondidos por el Ministerio Público en el citado fallo, transgrediendo el debido proceso en su componente a la motivación.