1161/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1161/2019-S1 Sucre, 2 de diciembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 30454-2019-61-AL Departamento: Chuquisaca

En revisión la Resolución 16/2019 de 14 de agosto, cursante de fs. 281 a 286, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sonia Maritza Aguirre Ríos contra Iván Sandoval Fuentes y Mirna Sandra Molina Villarroel, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de agosto de 2019, cursante de fs. 225 a 243 y vta., la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de complicidad "...(Y SE IMPUTA SOLO POR ESTE DELITO)..." (sic), se le impuso medidas sustitutivas por Auto de 27 de mayo de 2019; Resolución impugnada por el Ministerio Público y por la víctima, siendo resuelta por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -hoy demandada-, que emitió el Auto de Vista 174/2019 de 24 de julio, revocando el fallo apelado y determinando su detención preventiva. Los argumentos de la apelación de la víctima se basaron en una supuesta defectuosa valoración de los elementos de prueba respecto al art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), alegando que su persona cooperó en el hecho delictivo, debido a que en el registro del lugar, se encontró una bolsa plástica con un número de guía de la empresa de transporte "Emperador" relacionada a una encomienda enviada un día anterior a la comisión del hecho de Tarija a Sucre, remitido a Juan Carlos Rivera Coria, que es su concubino y que contenía el arma con la que se cometió el hecho delictivo por el coimputado pre nombrado.

En el Considerando cuarto del Auto de Vista 174/2019, los Vocales ahora demandados, refirieron que el motivo de agravio radicaba en una defectuosa valoración de los elementos de prueba que acreditaban la concurrencia del art. 233.1 del CPP, por carecer de una evaluación integral según las reglas de la experiencia y sentido común, haciendo alusión a la precitada encomienda que contenía un arma de fuego, al informe complementario del asignado al caso y al acta de reconocimiento de personas; sosteniendo que la Resolución impugnada estableció que la probabilidad de autoría o participación no concurría en cuanto al delito de robo agravado en grado de complicidad; empero, sí respecto al de tenencia y porte o portación ilícita de arma, refiriendo además que la Jueza cautelar tuvo por concurrido el art. 234.10 del citado Código, dividiendo y discriminando los delitos sin tomar en cuenta que se está frente a un concurso de delitos, debido a que el arma de fuego fue utilizada para cometer el hecho antijurídico.

Sobre este requisito, la Jueza a quo citó varias pruebas, señalando que ninguna acreditaría que su persona estuvo en el momento de la comisión del hecho delictivo realizando algún acto que facilite o coopere en su ejecución; en lo concerniente a los riesgos procesales de fuga y obstaculización, solo tuvo por concurrente al art. 234.10 de la referida norma vinculado al elemento sociedad, fundamentando que en el hecho se utilizó un arma de fuego; y, que el delito de robo agravado tenía una pena de tres a diez años, que debía ser atenuada conforme prevé el art. 39 del Código Penal (CP) relacionada con el art 23 del mismo compilado legal, reduciéndola hasta la escala mínima de un año, siendo improcedente la detención preventiva según dispone el art. 232.3 del CPP; así como también el hecho de que el delito de tenencia de arma tiene una pena de seis meses a dos años.

Refiere que el Tribunal de alzada, vulnerando lo dispuesto por el art. 124 del CPP, sostuvo que existía contradicción en la Resolución impugnada y resultaría evidente lo afirmado por la apelante, debido a que no se aplicaron las reglas de la experiencia y sentido común en razón a que el arma de fuego enviada fue el instrumento utilizado en el hecho delictivo, que de no haber ocurrido el envío probablemente tampoco hubiese acontecido en las circunstancias que al momento arroja la investigación, sin considerar que no existe elemento objetivo que acredite que su persona tenía conocimiento del contenido de la encomienda; asimismo, hacen alusión a que resultaría contradictorio que la Jueza de la causa tuvo por concurrente el art. 234.10 del referido Código; de igual manera, no refieren de qué manera adecuó su conducta al tipo penal de robo agravado y cuáles serían los elementos que sustentaría el hecho de que facilitó el arma y que el coimputado es su concubino, ingresando en la revalorización de lo analizado por la Jueza a quo, sin considerar su declaración informativa y el acta de secuestro de evidencias como tampoco efectuaron una valoración integral de los elementos probatorios, desconociendo que la coautoría tiene una composición subjetiva propia acomodándolo a cada tipo penal específico, debiendo haberse demostrado indiciariamente que existió un acuerdo previo para perpetrar el hecho y enlazarlo con la coautoría, máxime si no se demostró su participación.

Así, los Vocales hoy demandados vulneraron los marcos de razonabilidad y equidad vinculadas a la valoración de la prueba afectando su derecho a la libertad; toda vez que, deben cumplirse las condiciones materiales y formales para la privación de este derecho que contiene el principio de legalidad así como la carga argumentativa y probatoria; es decir, solo procede su restricción según las causas tipificadas por ley, determinada por autoridad competente previa verificación del cumplimiento de los requisitos legales justificando su necesidad y finalidad; por otra parte, con relación al art. 233.2 del CPP, corresponde al acusador demostrar la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización mediante elementos indiciarios, sin que puedan fundarse en simples suposiciones; en su caso, el Tribunal ad quem para establecer la probabilidad de autoría vinculado con el envío de la encomienda, se sustentó en el informe complementario del asignado al caso de 23 de mayo de 2019, ampliación que se realizó después de dos días "...y se tiene otros datos de la bolsa verde ,es decir habían dos hechos, dos bolsas verdes..." (sic) aspecto que no fue considerado por dichas autoridades, resultando ultra petita su Resolución vulnerando el debido proceso en su vertiente a una resolución congruente, debidamente fundamentada y motivada, respecto al requisito sustancial sobre coautoría y contrariamente efectuó meras conjeturas e intuiciones abstractas; asimismo, se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad en lo concerniente a la valoración probatoria al no fundarlo en una razón jurídica, sino solo en base a un elemento indiciario referido al envío de la encomienda; empero, sin que exista un indicio de que su persona conocía del contenido de la misma; de igual manera, realizan una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico que si bien es facultad privativa de las autoridades de la jurisdicción ordinaria; empero, cuando exista una vulneración flagrante a esa labor hermenéutica se apertura la jurisdicción constitucional para la reparación de esos derechos.

Asimismo, alegó que cuando el Tribunal de alzada se pronunció sobre la concurrencia del art. 234.10 del adjetivo penal; "...es decir, que de la apelación fiscal no se refiere a mi persona para nada con respecto a la autoría menos a los riesgos procesales , tan solo toma en cuenta la versión del apelante víctima sin ningún soporte técnico procesal, en cuyo efecto, cuando por regla de toda impugnación rige el principio de disposición por el cual el apelante el que decide cuanto y que llevará en alzada; empero, jamás dicha facultad está librada al Tribunal superior para poder dar interpretaciones parcializadas..." (sic); si bien se advierte "...que se ha pronunciado sobre todos los puntos objeto del recurso, sencillamente posterga mi situación jurídica (...) puesto que la omisión de pronunciamiento directo en alzada y la elección de elementos de convicción, prescindiendo de otros, es sencillamente un acto discrecional..." (sic), lesionando la "presunción de inocencia" y el principio de congruencia y "taxatividad" puesto que debieron analizar y señalar cómo empacó el arma de fuego, resultando defectuosa la valoración de la prueba respecto de la autoría y la subsunción en los tipos penales al tomar en cuenta solo algunos indicios "...Y SI BIEN INGRESARON A UN ANÁLISIS DE LOS INDICIOS DIZQUE PORQUE LA JUEZ NO RAZONO CORRECTAMENTE, PORQUE NO SE CUMPLIO CON LAS SENTENCIAS CONSTITUCIONALES ALUDIDAS (...) PARA INGRESAR A ANALIZARA LA PRUEBA INDICIARIA Y NO LO HICIERON" (sic).