Texto del fallo
Texto de la resolucion
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1162/2019-S2 Sucre, 31 de diciembre de 2019
SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional
Expediente: 27817-2019-56-AAC Departamento: Chuquisaca
En revisión la Resolución 4/2019 de 16 de agosto, cursante de fs. 105 a 111, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduardo Porcel Arce y Marcelina Vedia Núñez de Porcel contra Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
I.1. Contenido de la demanda
Por memoriales presentados el 31 de enero y 12 de febrero, ambos de 2019, respectivamente, cursantes de fs. 23 a 33 vta.; y, 43 a 46 vta., los accionantes expresaron los siguientes argumentos de hecho y derecho:
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro de la demanda de división y partición de bienes comunes interpuesta por Carlos Ramón Dávalos Yoshida y Natividad Rosas Orellana de Dávalos, la Sentencia 105/2016 de 14 de octubre, declaró probada la referida demanda e improbada la demanda reconvencional, misma que fue confirmada totalmente en apelación por Auto de Vista SCC1-0100/2017 de 31 de octubre. El , casó parcialmente el Auto de Vista antes citado, afectando su derecho al debido proceso en su vertiente de una debida motivación, fundamentación y congruencia, porque al determinar que la división y partición del inmueble no era procedente, no consideraron la norma aplicable y tampoco si el bien era divisible.
El , no tomó en cuenta los siguientes aspectos:
- a)Que adquirieron su alícuota del 43.75% de la totalidad del inmueble, correspondiente a la fracción que habitaban y ocupan actualmente, con acceso a la calle San Alberto y la inscribieron en Derechos Reales (DD.RR.), surtiendo efectos contra terceros; aclararon que al momento de su compra, existía el gravamen de un contrato anticrético a su favor; asimismo, expresaron que allí tienen una tienda de barrio hace más de diez años; habiendo realizado mejoras aprobadas por el Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Sucre (PRAHS) y que pagaron los impuestos a la propiedad inmueble sobre dicha fracción;
- b)Los demandantes compraron el 56.26% de la totalidad del inmueble el 2012; correspondiente a la fracción del fondo del inmueble que colinda con el hotel "Monasterio", también de su propiedad; al respecto, realizando actos de dominio, abrieron una puerta que conecta con dicho hotel, permitiendo que su vendedora ocupe esa parte del inmueble; y consta en su confesión judicial espontánea, que sabían la fracción que estaban adquiriendo;
- c)Que ambas fracciones están divididas, delimitadas y poseídas por sus propietarios, en los porcentajes correspondientes;
- d)De conformidad al art. 167 del Código Civil (CC), la división solo es procedente sobre un bien común; esto es, que varias personas tengan copropiedad sobre la totalidad del inmueble y ejerzan dominio en lo proindiviso sobre todas sus partes, lo cual no sucede con el inmueble cuya división se demanda, porque se adquirieron fracciones del inmueble, delimitadas y sobre las que cada propietario ejerce posesión; es decir, no es un bien común y no está sujeto a división y partición física;
- e)Pretender la subasta de todo el inmueble para dividirse proporcionalmente el dinero producto de la venta, sería un enriquecimiento ilícito, pues ambas fracciones no tienen el mismo valor y no son un bien común, resultando inaplicable el art. 167 del CC;
- f)De acuerdo al art. 40 del Reglamento de Áreas Históricas de Sucre, el inmueble no es susceptible de división física, con muros, rejas o paneles, pero es admitida la división mediante una delimitación clara de las fracciones que corresponden a cada parte, estableciéndose además las áreas comunes; y es en base al referido Reglamento, que en la demanda reconvencional pidieron la división del inmueble dentro de esos lineamientos, acreditando que era perfectamente viable; y,
- g)En el , se analizó únicamente el expediente pero no las normas antes anotadas, siendo su argumentación insuficiente; por lo que, no debió basarse solamente en la verdad formal, sino en la material e histórica.
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
Consideran lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de una debida fundamentación, motivación y congruencia; y, al principio de verdad material; citando al efecto el art. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
I.1.3. Petitorio
Solicitan se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga:
- 1)Dejar sin efecto el , emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia;
- 2)Ordenar a la referida Sala dicte un nuevo auto supremo, conforme a la línea que "...siente el Tribunal de Garantías" (sic); y,
- 3)Anular todo lo obrado en el juzgado de ejecución de sentencia como consecuencia del Auto Supremo impugnado.
I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional
La Jueza Pública de Familia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 2 de 15 de febrero de 2019, cursante a fs. 47 y vta., declaró improcedente la presente acción de amparo constitucional; consecuentemente, los accionantes por memorial presentado el 21 del mismo mes y año, impugnaron dicha determinación (fs. 49 a 50).
I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional
Por Auto Constitucional (AC) 0073/2019-RCA de 15 de marzo, cursante de fs. 54 a 60, la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución 2, disponiendo en consecuencia, se admita la presente acción de defensa y se someta la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia pública, concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho.
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