1168/2022-S2

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar:

1. a)Se anule las notificaciones realizadas con los PIET 331929000732, 331929000996, 3318290001777 y 331929000551, debiendo procederse a la notificación y citación de forma legal con el proceso administrativo en cumplimiento a la ley;
2. b)Se deje sin efecto el mandamiento de embargo contra el inmueble de la ciudad de Tarija;
3. c)Se ordene el levantamiento de las anotaciones preventivas emitidas por la Gerencia GRACO La Paz del SIN contra su bien inmueble de la ciudad Nuestra Señora de La Paz; y,
4. d)El levantamiento de las anotaciones preventivas ordenadas a la "Unidad Operativa" de Tránsito correspondientes a sus vehículos.

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliando manifestó que:

1. 1)No se efectuó de forma legal las notificaciones con el inicio del proceso administrativo tal como estipula el Código Tributario Boliviano, lesionándose el debido proceso, al no haberse efectivizado el conocimiento de las resoluciones y las notificaciones que dieron lugar a la emisión de los mandamientos de embargo;
2. 2)Se afectó la propiedad privada de la tercera interesada Vivian Cecilia León León, ya que la propiedad de la ciudad Nuestra Señora de La Paz está a nombre de los dos en su condición de hermanos, y el SIN procedió a anotar preventivamente y emitir mandamientos de embargo contra sus inmuebles, afectando su derecho propietario;
3. 3)No fue notificado personalmente, sino mediante cédula el 13 de junio de 2018, posteriormente se dictó la Resolución Determinativa 171829001750, que de igual manera no fue notificada conforme a procedimiento, por lo que existió vicios procesales; consiguientemente, se procedió a emitir el PIET 331829001173 que fue notificado de manera electrónica; y,
4. 4)El 13 de abril de 2021 la Gerencia GRACO La Paz del SIN emitió los mandamientos de embargo contra sus bienes inmuebles, que se dieron a consecuencia de la emisión de los PIET que no le fueron notificados, vulnerando sus derechos fundamentales, advirtiéndose que la autoridad demandada jamás cumplió con las legalidades establecidas en el Código Tributario Boliviano, nunca se presentaron con una persona mayor de edad, no hubo segunda visita, dejaron "aviso al portero del edificio" señalando que volverían y no lo hicieron.

Jhonny Daniel Plata Arispe, Gerente GRACO La Paz del SIN, a través de su representante remitió informe escrito de 18 de octubre de 2021, cursante de fs. 1677 a 1682 vta., mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. i)Se señaló que hubo una mala notificación de las ordenes de fiscalización que datan del año 2017, es decir está retrotrayendo todo el proceso de determinación y únicamente en la presente acción de defensa debió hablar del último acto emitido o el que considera vulneratorio de sus derechos y garantías constitucionales, no así revisar actuaciones de hace tres o cuatro años;
2. ii)Todos los procesos de determinación que el accionante observó sobre la notificación con la orden de fiscalización fueron objeto de impugnación y merecieron resoluciones de alzada y jerárquico y en ningún momento observó la notificación;
3. iii)La Ley 812 de 30 de junio de 2016, habilitó la notificación electrónica que es de conocimiento de todos los contribuyentes y se les hace llegar a su buzón los diferentes actuados de la administración tributaria a fin que ellos tomen conocimiento y asuman defensa, en el presente caso, están en etapa de ejecución tributaria, los PIET no son objeto de impugnación, no puede pretender el contribuyente que sean impugnados, toda vez que el proceso de determinación deviene de una orden de fiscalización y una resolución determinativa, un proceso de impugnación que confirmó las Resoluciones Determinativas 171829001750 las cuales se constituyen títulos de ejecución tributaria;
4. iv)Respecto al PIET 20331929000732, el contribuyente indicó que la orden de fiscalización habría sido mal notificada, empero el art. 85 del CTB en correlación a notificaciones no hace mención en ninguna de sus partes que se debe dejar una segunda constancia, simplemente señala que se otorga un primer aviso de visita, el cual se cumplió como se observa de la documentación que se adjuntó y los PIET fueron notificados de acuerdo a la normativa; sin embargo, la Resolución Determinativa171829001750 referida fue objeto de impugnación por el contribuyente conforme a su legítimo derecho a que ese acto administrativo sea revisado por una autoridad imparcial, es así que la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) dictó la Resolución de alzada "18/2019" y la Resolución Jerárquica "275/2019" ambas resolvieron mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa 171829001750 citada la cual se convirtió en título de ejecución tributaria conforme el art. 108 del CTB; en consecuencia, al no haberse solicitado la suspensión de la ejecución para recurrir ante el Tribunal Supremo de Justicia a través del proceso contencioso administrativo, se emitió el PIET que actualmente está siendo aludida de mal notificado;
5. v)Sobre el segundo PIET 331929000996, nuevamente el accionante habla de una errónea notificación de la orden de fiscalización, este aspecto no debe ser tomado en cuenta, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional ampliamente en su jurisprudencia señaló que no pueden revisar actuaciones anteriores al último acto que se lesionó sus derechos;
6. vi)El contribuyente señaló su domicilio en la av. Montenegro 1469 edificio mayor piso 7, zona San Miguel conforme el padrón de contribuyentes, el cual tiene plena validez según el art. 7 del Decreto Supremo (DS) 27310 de 9 de enero de 2004, por lo que se cumplió todas las formalidades correspondientes a los arts. 84 y 85 del CTB desde el aviso de visita y al no ser encontrado, bajo responsabilidad funcionaria se realizó un informe de representación para notificar por cédula; es así que estando legalmente notificado se emitió el PIET 331929000996 y el contribuyente no ejerció su derecho a impugnar, siendo notificado a través del buzón tributario tal como manda la Ley 812 con la habilitación de la notificación electrónica; y,
7. vii)Sobre el tercer PIET 331829000177, nuevamente el impetrante de tutela insiste en mencionar que las notificaciones fueron mal practicadas sin asidero jurídico y ese PIET deviene del incumplimiento a una facilidad de pago, RA de 30 de noviembre de 2016, que el contribuyente se acogió al mismo; sin embargo, incumplió en sus cuotas que el mismo impuso, por tanto incurrió en incumplimiento a la facilidad de pago, debiendo cobrarse la totalidad de la deuda tributaria por el saldo restante por lo tanto no puede alegar indefensión, como se observa no se lesionó derecho alguno del accionante, no se lo dejó en indefensión, él practicó legítimamente todos sus derechos durante el proceso administrativo y si hubiera advertido una mala notificación lo hubiera hecho en el estado de impugnación, por lo tanto los PIET fueron notificados conforme la Ley 812.

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 221/2021 de 5 de noviembre, cursante de fs. 1696 a 1701, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos:

1. a)Como Sala Constitucional no tienen facultad para anular actos anteriores tramitados en sede administrativa, y según norma específica contenida en el Código Tributario Boliviano; en cuanto al haber solicitado la nulidad de los actos de notificación que se señalaron en la presente acción de amparo constitucional, la nulidad solo puede ser planteada dentro de los recursos de revocatoria o jerárquico; asimismo bajo los principios de legalidad, presunción de legitimidad y buena fe, no es posible anular actos administrativos fuera de los recursos y términos previstos por ley, ante los errores cometidos por la propia administración, el legislador consideró que a través de los mecanismos señalados por la corrección de la equivocación;
2. b)Se observa que el accionante planteó los recursos de revocatoria y jerárquico, en los cuales no hizo observación en relación a la notificación que hoy alega y al no haberse objetado en tiempo y forma oportuna, cualquier defecto o error en la notificación ha quedado subsanado por convalidación al haber logrado el fin perseguido que no era otra cosa que hacer conocer la existencia del contenido de las resoluciones pronunciadas y las determinaciones asumidas por la autoridad demandada;
3. c)En cuanto a la lesión al debido proceso, respecto a la legalidad y legitimidad del procedimiento del proceso de notificación de la administración tributaria, se advierte que en la tramitación del proceso tributario a través de diferentes PIET hasta la etapa de ejecución se dio cumplimiento al trámite previsto en el Código Tributario Boliviano, siendo notificado el accionante con los diferentes PIET mediante el buzón electrónico del contribuyente, adjuntando la autoridad demandada todo el proceso tramitado y las notificaciones practicadas; y,
4. d)Finalmente sobre el embargo de bienes, lo que pretende la administración tributaria es jurídicamente inmovilizar un bien inmueble o propiedad del contribuyente que tiene por objeto evitar la negociación, enajenación o cualquier otro acto de disposición conforme prevé el art. 1473 del Código Civil (CC) además de las medidas que se ha dispuesto por la autoridad demandada como la hipoteca, el embargo de bienes inmuebles, que se conceden en conformidad con lo previsto en el art. 49 del CTB; en ese sentido, la administración tributaria al solicitar medidas coactivas para asegurar el patrimonio del deudor y garantizar el cumplimiento del pago de la deuda tributaria, no ha hecho otra cosa que se dé aplicación de la norma específica, por lo que no se advierte vulneración alguna a derechos del accionante.