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TCP

1169/2026-S3

Tribunal Constitucional Plurinacional
30 de julio de 2026SALA TERCERA
Resumen del caso

Sentencia 1169/2026-S3

Proceso
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Vista de texto de la resolución.

Texto del fallo

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1169/2026-S3 Sucre, 30 de julio de 2026

SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional

Expediente: 59388-2023-119-AAC Departamento: Oruro

En revisión la Resolución 111/2023 de 24 de octubre, cursante de fs. 73 a 77 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Dayci Silvia Vargas Bustos de Challapa, Natalia Colque Terceros, Regina Mamani Chambi de Vargas y Juan Daniel Mamani Canaviri contra Gherson Wilder Pally Chambi, Jefe de la Unidad de Mercados; y, Milka Condarco Pérez de Molina, Secretaria de Economía y Hacienda ambos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de octubre de 2023, cursante a fs. 1 y 22 a 27 vta., los accionantes expresaron que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Presentaron solicitud de ampliación de horario y regulación de superficie al Jefe de la Unidad de Mercados del GAM de Oruro, el 28 de julio de 2022 -siendo lo correcto 2023- y 1 de septiembre de 2023, toda vez que, son comerciantes vivanderos de venta de refrescos naturales, en la calle Velasco Galvarro casi Adolfo Mier, de lunes a domingo de horas 18:00 a 23:00, en un espacio de 90 cm por 1 m²; empero, sus similares que venden el mismo producto en la misma cuadra, tienen horarios irrestrictos e inclusive superficies más grandes, es decir, tienen más tiempo de salidas y cancelan a través de sus patentes montos iguales e incluso menores; por lo que, solicitaron a la cabeza del sector atienda su solicitud, misma que no mereció una respuesta positiva y material que dé respuesta al fondo de su pedido, mas al contrario fue evasiva y oscura que va en contra de su derecho de petición; por lo que, presentaron otras misivas el 22 de junio, 4 y 26 de julio de 2023, dirigida a la Secretaria Municipal de Economía y Hacienda de la ya citada entidad edil, la cual tampoco respondió a sus solicitudes; y, habiendo transcurrido más de sesenta días sin obtener respuesta alguna a su solicitud, recurrieron a la jurisdicción constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunciaron la lesión de su derecho a la petición, citando al efecto el art. 24 de la Constitución Política del Estado (CPE). I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que:

  1. a)Los demandados dentro de las veinticuatro horas, otorguen una respuesta motivada, fundamentada a cada uno de los puntos solicitados mediante oficios de 28 de julio y 1 de septiembre, presentados ante la unidad de mercados del GAM de Oruro, y notas de 22 de junio, 4 y 26 de julio de 2023, presentados a la Secretaría Municipal de Economía y Hacienda de la referida entidad edil; y,
  2. b)Al haber transcurrido más de ciento veinte días desde la presentación de la solicitud, pidió se remitan antecedentes al Ministerio Público y/o autoridad sumariante del mencionado gobierno municipal, en cuanto al incumplimiento de deberes por omitir la Ordenanza Municipal 126/2005, Reglamento de Personal y art. 7 de la Ley 369.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el "23" -siendo lo correcto 24 de octubre de 2023-, según consta en acta cursante de fs. 64 a 72, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los accionantes a través de su abogado, ratificaron los términos de su acción tutelar y ampliándola señalaron que:

  1. 1)La Ordenanza Municipal 126/2005 que regula este tipo de situaciones en los mercados, puestos y ferias, no estableció ninguna prohibición para la ampliación, rectificación o regulación de puestos de ventas, mas al contrario, obliga a corregir si no está acorde a su derecho, siempre y cuando no afecte a la colectividad;
  2. 2)La única respuesta que recibieron es escueta, alejada de la realidad, ambigua y oscura, porque únicamente señaló que es improcedente, sin especificar los motivos o cual la norma que prohíba o restrinja lo solicitado;
  3. 3)La jurisprudencia constitucional estableció que la respuesta en el derecho a la petición debe ser de forma clara, rápida; es decir, que debe dar una solución material en el fondo de lo pedido;
  4. 4)Si bien hubo una respuesta, la misma no es debidamente motivada, fundamentada, congruente, y mucho menos resuelve la petición, por lo que recurrimos a la Secretaría Municipal de Economía y Hacienda, misma que no tomo ninguna acción;
  5. 5)Una de las accionantes, es de la tercera edad y cuentan con derecho preferente, para lo cual debe aplicarse la Convención Belém Do Pará; y,
  6. 6)El decreto de 18 de septiembre de 2023, carece de fundamentación y motivación.
I.2.2. Informe de la parte demandada

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