1170/2022-S1

Dentro del proceso penal iniciado por su parte en contra de Luis Fernando Loayza Alayza -denunciado-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se emitió resolución de rechazo el 24 de junio de 2021, bajo el fundamento de que "...al tener muchas actividades pendientes dentro de la investigación que realizar, no cursan los elementos suficientes de convicción dentro de la etapa preliminar para poder resolver más aun cuando presenta una conminatoria el Juez contralor de Garantías..." (sic), determinación asumida con falta de objetividad, en la cual la investigación no avanzó de forma apropiada por negligencia de Rosa Ribera Silva, Fiscal de Materia y no como se afirma en la misma que fue quien no actuó en el proceso, cuando la citada Fiscal, no conminó al denunciado para que presente un domicilio procesal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ingresando incluso en su juego; ya que, creyó que él habitaba en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, demorando casi sesenta días para realizar una citación y luego se apersone de forma voluntaria, una hora antes de la audiencia que tenían señalada para que se resuelva el incidente de nulidad de notificación; además, la resolución de rechazo, no consideró que solicitó la elaboración de una pericia psicológica, el cual no se llevó adelante; puesto que, no se notificó al denunciado a pesar de ya existir requerimiento fiscal para que se ejecute la misma; sin considerar tampoco su situación de mujer, debiendo actuarse con la debida celeridad en estos casos. Debiendo tener en cuenta también, que el Juez emitió una conminatoria maliciosa, con el único objetivo de perjudicar y paralizar la investigación para dejar en la impunidad este caso de violencia familiar, quedando acciones pendientes por la falta de tiempo; ya que, desde un inicio, el agresor obstaculizó mintiendo al Ministerio Público buscando cualquier manera de dilatar el proceso. Ante tal determinación, se planteó objeción al rechazo, recayendo la autoridad demandada en los siguientes agravios:

1. a)No se pronunció sobre todos los puntos cuestionados, debiendo responder a cada uno de ellos y no realizar una resolución genérica;
2. b)Omitió otorgar valor probatorio a cada elemento aportado y realizar una valoración integral de los mismos, no siendo suficiente el copiar y pegar los indicios o mencionarlos sin decir el valor otorgado a los mismos;
3. c)No emitió pronunciamiento sobre los actos pendientes de investigación por la actitud negligente de la Fiscal de Materia; considerando que, el art. 38 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de julio de 2012-; establece que, la acción penal pública le pertenece a los fiscales de materia; además que, el art. 40 de la misma ley; refiere que, el Fiscal se constituye en Director Funcional y Estratégico de las investigaciones y de la actuación, teniendo el deber de resolver de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo, el sobreseimiento y la acusación formal, siendo además el responsable de proteger los derechos de las partes ejecutando actuados de oficio a fin de llegar al esclarecimiento de los hechos, debiendo acomodar sus actuados por los principios de oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia, exhaustividad y participación;
4. d)No tomó en cuenta la perspectiva de género, menos los tratados internacionales y la jurisprudencia, sin considerar el alcance de la violencia psicológica, que se ocasiona con acciones y omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e incluso inferioridad sobre si misma que le genera baja autoestima y;
5. e)La resolución carece de fundamentación y motivación, recayendo en arbitrariedad al no argumentar debidamente la misma.

La impetrante de tutela ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de acción de amparo constitucional y ampliándolo el mismo, señaló que:

1. 1)Se le indicó al Fiscal de Distrito, que no se actuó con la debida diligencia; puesto que, no se conminó al denunciante para que presente su domicilio procesal, demorando más de treinta días, para entregar oficios para el desdoblamiento; pero además, no valoró entre ellos, el informe psicológico, el informe social, la declaración de la víctima, y las declaraciones testificales; es decir, debió otorgar respuesta a los puntos cuestionados en la objeción de rechazo incurriendo en incongruencia omisiva; y,
2. 2)No consideró la debida diligencia en casos de mujeres en situación de violencia; puesto que, no pudo hacer el desdoblamiento del Disco Compacto (CD) y por su negligencia se benefició al imputado, no pudiendo alegarse porque no pudo investigar, corresponde el rechazo de denuncia; aspecto que, recae en arbitrariedad, debiendo emitirse una resolución que juzgue con perspectiva de género y otorgue respuesta a cada uno de los puntos alegados; por lo que, solicitó se le conceda la tutela impetrada, declarando la nulidad de la Resolución Fiscal Departamental 624/21 de 4 de agosto.

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, a través de informe escrito cursante de fs. 117 a 123 vta., y apersonándose en audiencia solicitó se deniegue la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos:

1. i)La resolución jerárquica consideró la prueba útil y pertinente, tomando en cuenta que guardo relación con el hecho objeto de investigación, según las reglas y criterios de razonabilidad;
2. ii)Su resolución se encuentra debidamente fundamentada y motivada, resguardó los principios y plazos establecidos para las etapas procesales dentro del proceso penal y al no considerar que concurrían los elementos constitutivos del tipo penal, ni al haber encontrado los indicios suficientes, encontrándose los plazos vencidos de la investigación, considero que el rechazo es pertinente y que no podía perseguirse o procesarse indefinidamente al sindicado; y, ii) Para que una resolución sea considerada motivada, no necesita ser ampulosa, sino ser clara y concisa, así también que la jurisdicción constitucional no puede ingresar a la valoración de la prueba, en el marco de la doctrina de las autorrestricciones, por lo que se debe mantener firme y subsistente la Resolución Jerárquica.

Luis Fernando Loayza Alayza, a través de su abogada, en audiencia señaló que:

1. a)La acción de amparo constitucional, busca precautelar los derechos y garantías constitucionales y no cuestiones de hechos, entonces, la jurisdicción no puede constituirse en una instancia supra legal como la ahora accionante espera, ya que la justicia constitucional no es la última instancia, sino que la misma se concentra en conocer acciones constitucionales cuando existe vulneración de derechos;
2. b)La ahora peticionante de tutela en su momento debió denunciar los hechos que alega ante el control jurisdiccional; y,
3. c)La jurisdicción constitucional, no puede anular, puede cuestionar, pero no declarar la nulidad de algo; puesto que, tal aspecto le compete a otra jurisdicción.

La Sala Constitucional Primera del departamento de Santa Cruz, a través de la Resolución de 16 de diciembre de 2021, cursante de fs. 373 a 377 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Fiscal Departamental 624/21 de 4 de agosto, ordenando que, el ahora demandado, emita una nueva resolución debidamente fundamentada y motivada. Determinación asumida, en atención a los siguientes fundamentos:

1. 1)Se tiene que de la lectura de la mencionada resolución, si bien expone la fundamentación probatoria descriptiva como la intelectiva, no se refiere a todos y cada una de los elementos aportados que se encuentran en el cuaderno de investigaciones, debiendo esta autoridad exponer dicha situación y el valor que le da a cada una de ellas o si no le otorga ningún valor; ya que, si no son pertinentes al caso, debe exponer dicha situación en su resolución, para que de esta forma los justiciables sepan que pruebas consideran o no pertinentes al caso concreto;
2. 2)De igual forma, la ahora peticionante de tutela fundamento que esta autoridad no emitió en su resolución criterio alguno en el marco de la perspectiva de género; es decir que, no argumento dicha situación y no tuvo la debida diligencia; por lo cual, al no ser diligente, se determinó que no existían los elementos suficientes para poder considerar la existencia o no del delito denunciado; y, según manifestó la ahora impetrante de tutela, la autoridad ahora demandada atribuyó esos hechos a la dejadez de la misma. Al respecto, es necesario que la autoridad demandada establezca si la autoridad fiscal tuvo una debida diligencia para coadyuvar en los actos investigativos dentro de la denuncia; a partir de ello, evidentemente toda autoridad judicial o administrativa se encuentra en el marco a lo establecido en la Constitución Política del Estado y el Bloque de Constitucionalidad a juzgar con perspectiva de género; puesto que, como Estado Boliviano se asumió esta obligación en el marco de Convenios y Tratados Internacionales, esto implica que toda autoridad al momento de realizar este análisis debe actuar en el marco de un equilibrio entre los derechos de la víctima, y del denunciado, para que a partir de ese análisis se emita una resolución;
3. 3)Se establece que la violencia de género se presenta como un reflejo de una situación de desigualdad basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente, lo cual engloba diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico personal en el cual ocurre el hecho de violencia comprende que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar, ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, en particular en el seno familiar no es un problema que debe resolverse entre particulares por la trascendencia y connotación social que adquirió como una violación a los derechos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar que limita el derecho pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender. Entonces, se establece que el estado debe guardar en todos sus actos, una debida diligencia, realizando una supervisión en cumplimiento a las normas contenidas en el Bloque de Constitucionalidad, sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, así como en los diferentes tratados internacionales los cuales el Estado Boliviano asumió como una obligación, en consecuencia evidentemente esta debida diligencia tiene la finalidad de prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación del daño si esto es pertinente en el marco al análisis del caso concreto;
4. 4)Este Tribunal no realiza la valoración de la prueba, y tampoco investiga hechos; sin embargo, debe resguardar que el acto considerado vulnerador de derechos fundamentales tutele los derechos y garantías de los cuales gozan las personas, considerando que no debe fundarse una resolución en el marco a la ausencia de investigación; ya que, los servidores públicos en todas las instancias tenemos la obligación de llegar a la verdad material sobre la formal, para que de esta manera se investigue; y, por ello es que se exige esta debida diligencia; ya que, el no realizar y cumplir con esta debida diligencia evidentemente puede generar vulneración de derechos fundamentales en el resultado. De igual forma el protocolo de juzgar con perspectiva de género establece que, toda autoridad al momento de interpretar las normas debe realizarlo en el marco a los estándares internacionales de derechos humanos y un enfoque de género, en consecuencia es menester interpretar los hechos y normas jurídicas con base en enfoques diferenciados de género conforme señalan los estándares de protección internacional y constitucional que se desarrollan bajo criterios y medidas basadas en el respeto y la diferencia de la mujer; y,
5. 5)En el caso concreto nos referimos a que existe un menor de edad que evidentemente se encuentra dentro del núcleo familiar, por ello necesita ser investigado el hecho denunciado hasta llegar a la verdad material, si en su caso se llega a la verdad material y evidentemente considera la autoridad que emite su decisión, que no existe dichos elementos para ser considerada la denuncia, de hacerlo de acuerdo a una valoración de los hechos, pero debe existir todas las diligencias investigativas necesarias, y establecer en su Resolución que se realizó los actos investigativos necesarios para llegar a la verdad material de los hechos, en consecuencia en el marco a todos los fundamentos expuestos este Tribunal de garantías considera que la resolución emitida por la autoridad demandada carece de ausencia de motivación y fundamentación, respecto al valor que le otorga a cada prueba que cursa en el cuaderno de investigaciones, así como establecer si se cumplió con la debida diligencia dentro la investigación realizada y de qué forma aplica el juzgar con perspectiva de género en el caso concreto. En el marco a lo expuesto, corresponde conceder la tutela solicitada.

II.2. A través de Memorial de objeción de rechazo de 6 de julio de 2021, la ahora peticionante de tutela, solicitó se revoque la Resolución de Rechazo de 24 de junio de igual año, ordenando la emisión de imputación formal en contra del denunciado, basando su petición en base a los siguientes fundamentos:

1. i)La resolución de rechazo, se basa entre sus fundamentos al tener actividades pendientes dentro de la investigación que realizar, sin cursar elementos suficientes de convicción dentro de la etapa preliminar para poder resolver, más aun cuando se presenta una conminatoria por el Juez contralor de garantías jurisdiccionales. Sin tomar en cuenta que el agresor obstaculizó mintiendo al Ministerio Público sobre su domicilio y presentando incidentes maliciosos que fueron rechazados, haciendo suspender audiencias en variadas ocasiones para no presentarse a declarar;
2. ii)El vencimiento del plazo, no es por desinterés ni descuido de su persona, ya que es la más interesada en que el proceso se desarrolle, demostrando que sufrió de violencia psicológica, por lo que no concibe el rechazo del proceso, bajo el argumento de que la misma abandonó o no tiene interés en el mismo;
3. iii)En el proceso investigativo, se presentaron de prueba, siete Disco Compacto (CD) de 10 de junio de 2021 con Resolución de 11 de igual mes y año para que se oficie al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) para el desdoblamiento solicitado; empero, hasta el momento del rechazo, no se elaboró dicho oficio, como también se está a la espera de que se le realice la pericia psicológica, que salga el requerimiento fiscal para la solicitud de informe a la psicóloga forense y esperar la orden para la toma de declaración a testigo de cargo, actividades que escapan de las manos de la denunciada y de toda buena predisposición de que el caso avance con prontitud;
4. iv)Se tiene que dentro de los antecedentes que sustentan la denuncia, existen un total de diecinueve elementos recolectados y de los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigación se tiene diez elementos más; y,
5. v)Se deben valorar objetivamente, el informe psicológico emitido por Andrea Manjón, psicóloga del Servicio Legal Integral y la Unidad de Víctimas Especiales, además del informe de la Trabajadora Social del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), las declaraciones de los testigos de cargo, el CD de audio con la amenaza de a sus padres y los insultos que el denunciado emitió en su contra el 24 de marzo de 2021 (fs. 32 a 35).

II.3. Se tiene Resolución Fiscal Departamental 624/21 de 4 de agosto de 2021; por el cual, Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, determinó ratificar la resolución de rechazo de denuncia de 24 de junio de igual año, emitida por Rosa Ribera Silva, Fiscal de Materia a favor de Luis Fernando Loayza Alayza -denunciado- por el delito de violencia familiar o doméstica, determinación asumida en base a los siguientes fundamentos:

1. a)En su acápite primero denominado "Antecedentes y Consideraciones Previas"; señaló que, el 24 de junio de 2021, la Fiscal de Materia antes mencionada, emite resolución de rechazo de denuncia en favor del denunciado; refiriendo que, realiza la relación de los hechos denunciados, describe los elementos indiciarios que cursan en el cuaderno de investigaciones, señala que no existe elementos suficientes para continuar con la investigación siendo los elementos colectados insuficientes y vencido como está el plazo previsto para la etapa preliminar investigativa lo que imposibilita la continuación de la presente investigación. Se emite la resolución de Rechazo conforme lo establecido por el art. 304.3 del CPP;
2. b)En su acápite segundo, denominado "Fundamentación probatoria descriptiva" describe la existencia de veintiuno elementos aportados a la investigación; y,
3. c)En su tercer punto denominado "Fundamentación Probatoria intelectiva señaló: "La valoración de los elementos de convicción, debe ser realizada bajo las reglas de la sana crítica. La Denuncia donde se refieren los hechos, este es un medio licito, útil, pertinente que en caso de ser necesario podría ser introducido por su lectura en juicio oral y público según disponen los artículos 171 en relación al artículo 333 del C. P. Penal (solo la denuncia), sin embrago este elemento debe ser contrastado con los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones, por cuanto si bien es cierto una denuncia es un medio probatorio, también es cierto que este debe ser ratificado y contrastado con otros independientes de la misma.

1. d)En el acápite cuarto, denominado: "Fundamentación Jurídica de la Resolución", describió el alcance de la libre valoración probatoria, el rol activo del Ministerio Público en el sistema oral acusatorio y que ejerciendo su función de forma objetiva e imparcial, no puede prolongar la investigación, cuando se carece de elementos o indicios para sustentar una imputación; y,
2. e)En su apartado denominado "Hecho denunciado con relación al tipo penal denunciado", reiteró lo descrito por el art. 272 bis del Código Penal (CP) y los tipos de violencia descritos por el art. 6 de la Ley para Garantizar a la Mujer una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, agregando posteriormente que:

Que, La doctrina legal existente establece que es imprescindible que el juzgador realice adecuadamente el trabajo de subsunción del hecho (base fáctica) con el tipo penal en el que se subsuma la conducta tachada de delictiva, lo contrario daría lugar al denominado caso de "atipicidad" o no delictiva en el Código Penal, para este efecto y de acuerdo al giro positivo sufrido por el Código Penal a partir del año 1997 es necesario establecer la conducta final del imputado siendo para este efecto preciso determinar:

1. 1.-La creación de un riesgo juridico-penalmente relevante o no permitido.
2. 2.-La realización del riesgo imputable en el resultado y
3. 3.-La concurrencia de todos los elementos objetivos y subjetivos en la conducta del agente con el tipo de injusto imputado. En el primer aspecto deberá constatarse si la conducta del agente genera "riesgo ilegal o no permitido". Para ello habrán de valorarse en primer lugar la conducta generadora de riesgo ilegal debe dar lugar a la vulneración de un bien juridico, la existencia de "relación de causalidad" entre la conducta final y el resultado (vulneración del bien juridico), consecuentemente a la subsunción del hecho a un determinado tipo penal, de lo contrario y ante su inexistencia dará lugar a la "falta de tipicidad" en la conducta del agente y finalmente en el tercer aspecto es imprescindible la concurrencia de todos los elementos del tipo de injusto, objetivos y subjetivos, detallados en el tipo penal en el cual se pretende subsumir la conducta penalmente relevante, con la concurrencia de todos los elementos del tipo de injusto penal en la conducta del imputado".

Que, La SCP 1050/2013² "El principio de Presunción de Inocencia" en su triple dimensión impide:

1. a)los órganos encargados de la persecución penal se encuentran impedidos de realizar actos que presuman la culpabilidad del imputado;
2. b)ésta debe ser desvirtuada con certeza plena y determinante sobre la culpabilidad del imputado;
3. c)obliga al acusador a probar la culpabilidad del encausado, sin perjuicio de los mecanismos de defensa que puedan ser utilizados por quien es acusado de la comisión de un delito; y,
4. d)debe ser considerada como un estado de inocencia, que debe ser conservado durante todo el trámite procesal no sólo respecto de los procesos penales, sino también en todo sistema sancionador, disciplinario, administrativo, contravencional, constituyéndose en una exigencia que debe ser respetada por todas los servidores públicos y autoridades encargados de ejercitar la potestad punitiva del Estado.

La accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la ahora peticionante de tutela en contra de Luis Fernando Loayza Alayza, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se emitió resolución de rechazo, mismo que siendo objetado, conllevó a la emisión de la Resolución Fiscal Departamental 624/21 de 4 de agosto de 2021, que incurrió en los siguientes agravios:

1. 1)No se pronunció sobre todos los puntos cuestionados en la objeción de rechazo;
2. 2)Omitió otorgar valor probatorio a cada elemento aportado y realizar una valoración integral de los mismos, no siendo suficiente el copiar y pegar los indicios o mencionarlos sin señalar el valor otorgado a los mismos;
3. 3)No emitió pronunciamiento sobre los actos que se encontrarían pendientes de investigación a causa de la actitud negligente de la Fiscal de Materia;
4. 4)No tomó en cuenta la perspectiva de género, menos los tratados internacionales y la jurisprudencia al respecto; y,
5. 5)Carece de fundamentación y motivación, recayendo en arbitrariedad al no argumentar debidamente la misma.

En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para ello, se desarrollarán los siguientes temas:

1. i)Sobre la fundamentación, motivación como elementos del debido proceso y su exigencia en las resoluciones emitidas por el Ministerio Público;
2. ii)El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso;
3. iii)La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional;
4. iv)Sobre la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género; y,
5. v)Análisis del caso concreto.

"Esta distinción jurisprudencial entre fundamentación y motivación desde la protección del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero²- no sólo visibiliza un uso diferenciado de términos, sino una distinción conceptual que incide en la exigencia de justificación de toda decisión; toda vez que:

1. a)La fundamentación se refiere a la obligación de las autoridades, en especial de las jurisdiccionales, de citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos en los que se apoye su determinación, así como de justificar la utilización de dichas disposiciones normativas o de interpretarlas de una determinada manera; es decir, consiste en la justificación normativa de la decisión que da por resultado la construcción de la premisa normativa; en cambio; y,
2. b)La motivación hace referencia a la serie de razonamientos lógico-jurídicos que permiten entender, por qué un determinado caso se ajusta a la hipótesis normativa planteada en el mismo, significa que la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión que el acto concreto que se trate, se encuentra por una parte, probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las que considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra, explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal, elementos con los cuales se realiza la justificación fáctica de la decisión y se construye la premisa fáctica." (el resaltado corresponde al texto original).

Consecuentemente, cuando el Ministerio Público tome una determinación que resuelva la situación jurídica del ciudadano al que se le atribuye la comisión de un delito, pudiendo ser:

1. i)Rechazo de una querella;
2. ii)Imputación formal; y,
3. iii)Sobreseimiento; son supuestos, en los cuales debe tener en cuenta todos los elementos probatorios presentados por las partes; es decir, de cada medio probatorio, sea éste, testifical, documental, pericial, entre otros; valorando la información que extrae de cada uno de ellos de manera individual, y en conjunto de forma integral, cuya apreciación debe estar acorde con las reglas de la sana crítica; es decir, no debe contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos, que necesariamente deben estar plasmados en la resolución a través de una debida motivación y fundamentación, conforme lo exige el art. 40.11 de la LOMP, en el marco del principio de objetividad contenido en el art. 225.II de la CPE, de lo dispuesto en el art. 5.3 de la referida LOMP y del art. 72 del CPP.

En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio11, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante 1) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, 2) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades;

1. i)No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. ii)No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. iii)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

1. a)La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas;
2. b)La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando;
3. b.1)Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
4. b.2)Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
5. b.3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación;
6. c)La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,
7. d)Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

1. a)Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y,

1. b)Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando:

1. i)las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
2. ii)De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,
3. iii)Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.