1172/2019-S1

En su calidad de representantes de la Secretaría Ejecutiva Nacional del Partido Político "Soberanía y Libertad SOL.BO", solicitaron ante el Tribunal Supremo Electoral, la autorización para el registro de militancia partidaria para obtener el reconocimiento de personalidad jurídica a nivel nacional, habiéndoseles entregado libros para proceder al registro impetrado; sin embargo, luego de la entrega de los referidos libros con la lista de sus militantes, en la etapa de revisión, se presentaron una serie de irregularidades, citando al efecto notas recibidas y despachadas. Concluida la revisión de documentación, el Tribunal Supremo Electoral emitió la Resolución TSE-RSP-JUR-062/2018 de 19 de septiembre, disponiendo el rechazo del registro de personalidad jurídica a nivel nacional de la referida organización política, sobre la base de los informes emitidos por la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación DNTIC-EXT 093/2018 de 17 de septiembre y DNTIC-EXT 096/2018; y del Informe Jurídico DNJ 560/2018 ambos de 19 de septiembre, que establecieron 68 728 como registros válidos y 28 982 partidas subsanables, que hacen un total de 97 710 registros, porcentaje que resulta insuficiente para cubrir el mínimo legal requerido de 100 228, que corresponde al 2% del total de votos válidos de las elecciones de 2014; esta Resolución se emitió con el voto disidente de 19 de septiembre de 2018 de la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (Katia Uriona Gamarra). Contra esta Resolución, mediante memorial de 28 de septiembre de 2018, interpusieron Recurso de Revisión Extraordinaria, sustentando que la misma se limitó a transcribir los argumentos falaces de los informes citados en su contenido, en el informe DNTIC-EXT 093/2018 donde se consignó que la cantidad de firmas con observaciones no subsanables inherentes a duplicados era de 6 041, y luego el informe DNTIC-EXT 096/2018 -que fue presentado dos minutos después-, sobre el mismo concepto señala que la cantidad de partidas es de 6 338, reflejando una variación inexplicable de 297 partidas, que pone en evidencia que sus libros fueron manejados discrecionalmente y que corresponden a militantes que no presentan doble registro sino que corresponden a la misma organización política del nivel departamental; asimismo, sobre 34 260 partidas "...no subsanables se hizo una enumeración que en el estricto reflejo de representa la verdad de los hechos..." (sic); en el Informe de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación se consignan 6 980 partidas con "otras observaciones" correspondientes a "...datos no coincidentes, registros ilegibles, incongruentes entre partidas digitales y físicas..." (sic), motivo por el cual, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral se habría atribuido la facultad de legislar nuevas categorías no contempladas en el Reglamento aplicable al caso, debiendo las mismas ingresar a la categoría de válidas o subsanables; y que en ningún momento se invocó la figura de conversión prevista en la Ley de Organizaciones Políticas -Ley de 1096 de 1 de septiembre de 2018-. En este entendido, se pronunció la Resolución TSE-RSP-JUR-063/2018 de 2 de octubre, que declaró la improcedencia de la impugnación, por considerar que no se cumplió con el requisito previsto en los arts. 217 y 218 de la Ley 026 del Régimen Electoral (LRE) referido a que existan hechos sobrevinientes o se descubran recientemente hechos preexistentes; siendo nuevamente la Presidenta Katia Uriona Gamarra de voto disidente; para la emisión de esta determinación no se consideró que el citado voto -de 19 de septiembre de 2018- se constituía en un hecho preexistente y por ende de reciente obtención. Sostienen que se les vulneró su derecho a la asociación con fines políticos, afectando de manera individual a sus militantes, a través de errores sobre la aplicación de la normativa aplicable; asimismo, que los informes emitidos, las Resoluciones 062/2018 y 063/2018 carecen de fundamentación y motivación; en cuanto a la verdad material, aducen que las autoridades demandadas no desentrañaron todos los elementos suficientes que debieron ser tomados en cuenta. I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados Los impetrantes de tutela consideran como lesionados, sus derechos a la libertad de asociación y participación política, al debido proceso en sus componentes de motivación, fundamentación y a los principios de seguridad jurídica, verdad material y pro actione, citando al efecto los arts. 21.4, 26.I y II.1, 115.II, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). I.1.3. Petitorio Solicitan se conceda la acción tutelar impetrada disponiendo la nulidad de las Resoluciones TSE-RSP-JUR-062/2018 y TSE-RSP-JUR-063/2018, así como los informes DNTIC-EXT 093/2018, DNTIC-EXT 096/2018 e Informe Jurídico DNJ 560/2018, y se disponga como válidos los 6 338 registros que no fueron aceptados por doble o múltiple militancia, y que los 6 980 registros signados con "otras observaciones" sean habilitados para su subsanación. I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional Celebrada la audiencia pública el 20 de mayo de 2019, según consta en el acta cursante de fs. 563 a 569 vta., se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción Rodrigo Ricardo Soliz Bonilla representado por su abogado y apoderado, ratificó la acción tutelar planteada y ampliándola señaló:

1. a)La Resolución TSE-RSP-JUR-062/2018, se emitió con base en los informes de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Dirección Nacional Jurídica, concluyendo que requiriéndose 100 228 registros válidos, solo presentaron 68 728 partidas válidas, 28 982 como subsanables, que sumadas llegarían a 97 910, excluyendo de este cómputo las 6 338 partidas que fueron consideradas como de doble militancia, cuando lo que correspondía era contabilizarlas como válidas porque corresponde a sus partidarios inscritos del nivel departamental, con las cuales, alcanzan al 2% necesario para el reconociendo de su personalidad jurídica nacional; esta Resolución contó con el voto disidente fundamentado de la entonces Presidenta Katia Uriona Gamarra, que sustentó que no es posible establecer la doble militancia sobre la base de una formalidad no establecida en el Reglamento, lo que restringiría los arts. 26 y 21 de la CPE;
2. b)Plantearon recurso de revisión extraordinaria, presentando en calidad de prueba de reciente obtención, los informes DNTIC-EXT 093/2018, DNTIC-EXT 096/2018 e Informe Jurídico DNJ 560/2018, y el voto disidente de 19 de septiembre de 2018; empero, se pronunció la Resolución TSE-RSP-JUR-063/2018, la cual declaró la improcedencia de la impugnación por no haber acreditado el descubrimiento de hechos preexistentes o prueba de reciente obtención;
3. c)El trámite de reconocimiento de la personalidad jurídica nacional, comenzó con la Ley de Partidos Políticos -Ley 1983-, y de forma incorrecta se aplicó esta Ley, y no se explicó bajo qué criterio jurídico efectuaron la clasificación de la doble militancia para excluir 6 338 partidas, aduciendo para ello que la figura de conversión prevista en los arts. 54 y 55 de la precitada ley, no es aplicable al presente caso; y,
4. d)No se valoraron adecuadamente, las lesiones denunciadas contra el principio de seguridad jurídica, pro actione, que se encuentran directamente vinculado con los derechos previstos en los arts. 21 y 26 de la CPE; ratificando se conceda la tutela. En ejercicio de la facultad prevista en el art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la Sala Constitucional interrogó qué derechos considera vulnerados por la Resolución TSE-RSP-JUR-063/2018, y qué prueba se presentó en este recurso, siendo absuelta reiterando que la misma se sustenta en tres informes, mismos que fueron presentados junto al voto disidente de 19 de septiembre de 2018 de la entonces Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (Katia Uriona Gamarra); empero, lo cierto es que existen 6 000 partidas que fueron excluidas por categorías no establecidas en el Reglamento; y, que los referidos informes, recién fueron puestos en su conocimiento después de la emisión de la Resolución TSE-RSP-JUR-062/2018, momento en el que adquirieron conocimiento de la creación de nuevas categorías de exclusión de partidas no contempladas en el Reglamento, por cuya razón las consideran como de reciente obtención. I.2.2. Informe de las autoridades demandadas María Eugenia Choque Quispe, Antonio José Iván Costas Sitic, Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamani Romero y Lidia Iriarte Torrez, Presidenta, Vicepresidente y Vocales, respectivamente, del Tribunal Supremo Electoral, presentaron informe escrito el 20 de mayo de 2019, cursante de fs. 426 a 432 vta., que fue ratificado en audiencia, señalando que:
5. 1)En el marco de la Ley 1983 y el Reglamento de Personalidad Jurídica de Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, procedió a la revisión de 2 327 libros, con 132 089 partidas digitales, 119 registros fueron anuladas por la propia organización política, habiéndose revisado 131 970 registros, de los cuales, son válidas 68 728 (52.08%), subsanables 28 982 (21.96%), y observadas no subsanables 34 260 (25.96%), en este entendido, la variación de 297 partidas, sustentada en la acción de amparo constitucional, no corresponde a los datos emitidos en los informes DNTIC-EXT 093/2018, DNTIC-EXT 096/2018;
6. 2)Es así que 14 890 partidas se consignaron como "...no aceptadas por múltiple registro en otras agrupaciones ciudadanas y/o partidos políticos..." (sic), de los cuales 6 338 se encuentran vigente en el Partido Político "Soberanía y Libertad SOL.BO" del ámbito departamental, explicando que si se pretendía que la militancia departamental sea considerada para obtener la personalidad jurídica nacional, debieron solicitar la conversión prevista en la Ley 1096 de Organizaciones Políticas;
7. 3)Lo que se busca a través de esta acción tutelar, es revisar, interpretar y anular las actuaciones desarrolladas por el Tribunal Supremo Electoral en el marco de la legalidad ordinaria, pretendiendo la aplicación del principio de verdad material y pro actione, sin considerar que todo se desarrolló en estricto cumplimiento a la normativa vigente y en el marco de sus competencias;
8. 4)Conforme al debido proceso, todas las actuaciones fueron notificadas y los ahora impetrantes de tutela tenían conocimiento de las observaciones subsanables e insubsanables; además, de las razones que las sustentan, haciendo uso de los recursos que prevé la ley; y,
9. 5)La jurisprudencia constitucional ha establecido auto restricciones, señaladas en las SC 1237/2004-R de 3 de agosto, así como la SC 1718/2011-R de 7 de noviembre, que no fueron cumplidas por los accionantes, y no habiéndose demostrado la lesión a los derechos y garantías constitucionales que se reclaman, solicitaron denegar la tutela. En ejercicio de la facultad prevista en el art. 36.6 del CPCo, la Sala Constitucional interrogó si los informes y el voto disidente de 19 de octubre de 2018, tienen carácter de prueba de reciente obtención, y cuál es el alcance de su valoración, lo que fue absuelto, señalando que los mismos corresponden a la propia entidad y que el voto disidente se hizo conocer en Sala Plena con carácter público, no siendo prueba de reciente obtención. Edgar Gonzáles López, Vocal del Tribunal Supremo Electoral, presentó informe de 17 de mayo de 2019, cursante a fs. 561 y vta., señalando que recién fue posesionado el 7 de diciembre de 2018; es decir, de forma posterior a las Resoluciones TSE-RSP-JUR-062/2018 y TSE-RSP-JUR-063/2018, y no habiendo restringido ningún derecho fundamental de las partes, carece de legitimación pasiva, solicitando se deniegue la tutela con relación a su persona. José Luis Exeni Rodríguez, ex Vocal del Tribunal Supremo Electoral, no presentó informe escrito ni se constituyó en audiencia, pese a su citación cursante a fs. 218. Lelis Jenny Padilla Vedia, Directora Nacional; y, Oscar Ramiro Flores Pérez, Responsable de Base de Datos de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, ambos del Tribunal Supremo Electoral no presentaron informe escrito ni se constituyeron en audiencia, pese a sus citaciones cursantes a fs. 221. Avy Maidana Escobar, Consultora BD de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, en audiencia informó:
10. i)La revisión de libros es realizada en base a un Reglamento y a tiempo de hacer entrega de los libros, se procede a una capacitación para su llenado; y,
11. ii)Ratificando el contenido de los informes de Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, añadió que con relación a los 6 041 registros con doble militancia, en la capacitación se les indicó que si pretendían hacer valer los mismos, previamente debían realizar el trámite de renuncia para posteriormente proceder a su inscripción. Jorge Gustavo Fuentes Aspiazu, Director Nacional Jurídico; y, José Alfredo Trujillo Daza, Jefe del Departamento de Servicios Legales, ambos del Tribunal Supremo Electoral, no presentaron informe escrito ni se constituyeron en audiencia, pese a sus citaciones cursantes a fs. 219 I.2.3. Intervención de la tercera interesada Katia Uriona Gamarra, ex Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, no presentó escrito ni se constituyó en audiencia, pese a su notificación cursante a fs. 222. I.2.4. Resolución La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 093/2019 de 20 de mayo, cursante de fs. 570 a 575, denegó la tutela impetrada, en base los siguientes fundamentos: a) Con relación a la Resolución TSE-RSP-JUR-063/2018, el único criterio que sustentó su improcedencia se basa en que no se presentó prueba sobre hechos sobrevinientes o de reciente obtención, dando lugar al principio de legalidad conforme al art. 217 de la LRE; por lo que, los ahora impetrantes de tutela debieron demostrar que los informes y voto disidente, constituirían nueva prueba que demuestre que la Resolución impugnada fue emitida erróneamente; b) La nueva prueba, debe tener la cualidad de ser favorable al que la propone, y que demuestre que la citada Resolución impugnada resulta errónea, y con relación a ello el apoderado de la parte accionante, señaló que la nueva prueba presentada, no le era favorable; y en cuanto al voto disidente, el mismo se considera solo como una posición disonante, sin que su contenido pueda constituir prueba que hubiera conducido a una decisión diferente; c) En cuanto a la presentación de los informes DNTIC-EXT 093/2018, DNTIC-EXT 096/2018 e Informe Jurídico DNJ 560/2018, con diferencia de dos minutos, se entiende que los mismos han sido objeto de reclamación en el recurso de revisión extraordinaria, siendo debidamente resueltos; d) No se demostró cómo es que los informes y el voto disidente de 19 de septiembre de 2018, hubieran acreditado hechos sobrevinientes o el descubrimiento de hechos preexistentes, que se constituye en requisitos de procedencia conforme al art. 217 de la LRE, puesto que dichos documentos ya fueron de conocimiento, análisis y resolución por parte de las autoridades demandadas; y,
12. e)Siendo que la documentación presentada no cumple con el requisito de procedibilidad, en innumerables fallos se hizo énfasis en la ponderación de la justicia material sobre lo formal en materia administrativa; empero, siempre que se demuestren los agravios denunciados, y en el presente caso, no se cumplió con la presentación de nueva prueba en etapa de recurso de revisión extraordinaria, como dispone la norma ya citada.