1176/2022-S2

El accionante a través de su abogado ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar; y, ampliándolos señaló que:

1. a)El proceso penal seguido en su contra tenía varios imputados, el único que se sometió a la justicia y ejerció un rol activo fue él, quien se presentó de forma espontánea ante la Fiscalía y al Juzgado, prestando sus declaraciones e incluso solicitando al Ministerio Público que se pronuncie respecto a la duración del proceso;
2. b)No solo no existió declaración de rebeldía; sino que, era imposible su emisión al no haber imputación formal como correctamente manifestó el Juez de la causa;
3. c)El 2011, cuando se procedió con el secuestro de minerales (objeto de la litis) -que estaba trasladando y explotando en el momento de los hechos- se determinó que los mismos eran propiedad del accionante; por lo que, no existió ningún daño al Estado; y,
4. d)La COMIBOL solicitó la reapertura del caso, pese a ello desde la gestión 2013 (cuando se requirió el desarchivo) no se realizó ningún actuado más, habiendo transcurrido más de ocho años desde entonces. La autoridad jurisdiccional tampoco conminó al Ministerio Público para que se pronuncie con el requerimiento de rechazo o la imputación formal.

Juan Carlos Ramírez Flores y María Luz Flores Mollinedo, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, remitieron informe de 9 de noviembre de 2021, cursante de fs. 568 a 569 vta., mediante el que solicitaron se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes argumentos:

1. 1)El Juez a quo no generó una "verdadera" fundamentación ni motivación respecto al cómputo del plazo para acreditar si transcurrieron diez años o nueve años y meses;
2. 2)El pronunciamiento de primera instancia no se basó en la valoración de los medios de prueba, pues solo se refirió a la fundamentación de las partes y especialmente a los del solicitante de extinción de la acción por duración máxima del proceso;
3. 3)Los fundamentos del peticionante de tutela afirmaban que transcurrieron diez años, dos meses y diez días; pero, posteriormente al descontar los días de vacaciones, cuarentena, suspensión de plazos "...y demás seria 9 años meses y días es decir el juez a quo no realiza una fundamentación propia de hecho y derecho..." (sic) limitándose a señalar que la investigación se inició en julio de la gestión 2011, sin referir el elemento de prueba que acredite tal extremo;
4. 4)Sobre el hecho, cuando el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021, se refiere a la existencia de dilación indebida, lo hace en los términos expuestos por el hoy accionante; pero no se advierte que -al emitir el pronunciamiento de primera instancia- se hubieran verificado las circunstancias particulares del caso a través del examen del cuaderno procesal. Tampoco existe un análisis y fundamentos respecto a si hubo alguna dilación causada por el imputado; o el caso fue complejo, tampoco existe examen alguno que permita establecer tal situación;
5. 5)El Juez a quo no se pronunció respecto a todos los elementos probatorios, especialmente respecto al certificado de antecedentes penales que no fue mencionado en su resolución. Resultó evidente que "...el Juez A-QUO ha generado menos aplicado el Art. 124 así como también el Art. 173 del C.P.P..." (sic); y,
6. 6)Con tales fundamentos se resolvió de forma motivada y fundamentada, las razones para determinar que el pronunciamiento de primera instancia resultó infundado; así como, para tener por incumplidos los requisitos de procedibilidad se tomó en cuenta la teoría del no plazo, la dilación o mora procesal de las partes y la falta de impulso procesal.

La Gerencia Regional Potosí de la COMIBOL, a través de su abogado en audiencia solicitó se deniegue la tutela, con los siguientes fundamentos:

1. i)Los hechos acaecieron en la jurisdicción de la Empresa Minera Quechisla, que en ese entonces no contaba con abogado y por tales circunstancias "...no atribuibles definitivamente al accionante..." (sic), no se logró alcanzar la verdad material de los hechos. Sin embargo, tal aspecto no resultaba concluyente pues nunca se llegó a una imputación formal ni la sustentación de un juicio oral. Por lo mismo, no existía ningún pronunciamiento o resolución judicial que reconozca si efectivamente los minerales secuestrados (posteriormente "desecuestrados" [sic]) eran realmente propiedad del accionante;
2. ii)Si bien "...es cierto que el cuaderno de investigaciones efectivamente no se encuentra, no existe eso no es atribución de la Corporación Minera de Bolivia..." (sic) y lo que la COMIBOL reclama es el acceso a la justicia; y,
3. iii)Si bien efectivamente transcurrió todo el tiempo alegado por el accionante, resultaba innegable que se investigaba un caso de daño económico al Estado, que no alcanzó una resolución judicial. En tal sentido, se adherían al informe presentado por las autoridades ahora demandadas.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a través de la Resolución 055/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 578 a 583 vta., denegó la tutela solicitada; con los siguientes fundamentos:

1. a)Los Vocales ahora demandados en el Auto de Vista 164/2021 se pronunciaron respecto a los arts. 124, 133 y 173 del CPP; y, lo que establecen respecto a la extinción por duración máxima del proceso. Igualmente se refirieron a una Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como citaron autos supremos para fundar su resolución. Consecuentemente se advirtió la existencia de la fundamentación legal del pronunciamiento;
2. b)Respecto a la motivación, se advierte que se expresaron las razones para considerar que el Juez a quo no se pronunció acerca de la certificación del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) ni en relación a la teoría del no plazo; es decir, no analizó si el caso era complejo, si existían uno o más denunciados, si el proceso se realizó en otras ciudades, provincias u otros que hubieran influido respecto a la mora procesal. También se hizo un examen sobre la valoración probatoria, concluyendo que dicha labor se efectuó de forma genérica incumpliendo los arts. 124 y 173 del Código anotado. Razones que motivaron se anule el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021 apelado; por lo que, no se evidenció la falta de fundamentación; y,
3. c)Respecto a la transgresión del principio de legalidad, conforme a la 0SCP 1238/2013-L de 23 de octubre, no era posible analizar principios pues como "Tribunal de garantías" corresponde velar para que no se vulneren derechos y garantías constitucionales; sin que corresponda ingresar a examinar la interpretación que hubiesen realizado las autoridades hoy demandadas.

II.1. El 15 de septiembre de 2021, la COMIBOL planteó recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021, señalando que:

1. 1)Se declaró probada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso sin tomar en cuenta que existía un perjuicio a la estatal minera; es decir, prescindiendo de un análisis respecto al daño al patrimonio del Estado; y,
2. 2)Al tratarse de un delito contra el Estado, no era viable la solicitud de extinción. Adicionalmente conforme al Auto Supremo 222/2007 de 7 de marzo, debió verificarse la existencia de acciones dilatorias atribuibles al Órgano Judicial, Ministerio Público, el propio denunciado o si existían hechos complejos (fs. 490 a 491).

II.2. El 12 de octubre de 2021, en audiencia pública de consideración de la apelación incidental -según consta el Auto de Vista 164/2021 de esa fecha y respondiendo a los alegatos de los abogados representantes de la COMIBOL-, el hoy accionante señaló a través de su abogado que:

1. i)El inicio de investigaciones fue el 12 de julio de 2011 habiendo transcurrido más de diez años en la etapa preliminar; pese a que la misma debió concluir el 12 de julio de 2012 considerando el plazo máximo establecido por la norma. Por lo que, conforme al art. 163 del CPP operó la extinción del proceso por su duración máxima;
2. ii)El Ministerio Público ni la COMIBOL justificaron o sustentaron el transcurso de más de diez años de investigación sin que existan actos procesales; inclusive el caso, pasó por más de ocho Fiscales y en audiencia el actual representante del Ministerio Público señaló que ni siquiera recibió el cuaderno procesal investigativo bajo inventario;
3. iii)Se allanó a la cita de la SCP 0104/2012; y, señaló que, si bien evidentemente existían cuatro demandados, él se presentó voluntariamente;
4. iv)En el proceso no se apersonó excepción o incidente alguno que interrumpa o suspenda el cómputo del plazo;
5. v)La parte apelante únicamente hizo mención al Auto Supremo 222/2007⁶ que resolvía una cuestión relacionada con prescripción, instituto que no fue invocado pues se planteó la extinción por duración máxima del proceso; y,
6. vi)No existían indicios o imputación formal, tampoco informe alguno que acredite el supuesto daño económico al Estado alegado por la parte recurrente, ni se justificó por qué frente al mismo, la COMIBOL no realizó ningún acto durante diez años. Tampoco identificó el agravio que se le hubiera generado; por lo que, debía declararse la improcedencia de la apelación. Por Auto de Vista 164/2021 en apelación las autoridades hoy demandadas, declararon PROCEDENTE el recurso de impugnación, anulando el Auto Interlocutorio de 3 de septiembre de 2021 y señalando día y hora de audiencia a efectos de resolver la excepción de extinción de la acción planteada; con los siguientes fundamentos:
7. a)El Juez a quo simplemente se refirió a la fundamentación de las partes, especialmente a lo manifestado por el solicitante de la extinción de la acción por máxima duración del proceso refirieron que el tiempo transcurrido eran diez años dos meses y diez días; pero posteriormente hace alusión a nueve años y días, considerando las vacaciones y cuarentena por la pandemia del COVID-19;
8. b)Se advirtió que la autoridad judicial de primera instancia no realizó una fundamentación propia sobre los hechos y el derecho, ni efectuó un análisis del cuaderno procesal de principio a fin, no enunció la prueba ni indicó por ejemplo qué acreditaba la fecha de inicio de investigación y dónde se encontraba; o, no expresó cuál fue la valoración del certificado de antecedentes penales REJAP que presentó el denunciado;
9. c)Faltó fundamentar la determinación pues "...con relación al Art. 5 correspondientemente el término a efectos del cómputo correspondiente conforme al Art. 30 del C.P.P. y 31 evidentemente es de la noche o media noche donde se cometió supuestamente el hecho delictivo y conforme al Art. 5to del C.P.P evidentemente este se computa desde dicha fecha enunciando inclusive contradictoriamente si fuere desde la etapa de la imputación formal que en caso concreto no existe o desde el inicio..." (sic);
10. d)La Resolución cuestionada no consideró otras circunstancias con relación al hecho, la existencia de dilación indebida en los términos descritos por la parte apelante y si bien se ha manifestado respecto a que el denunciado no generó dilación o mora procesal; sin embargo, no expresó o manifestó la revisión del contenido del cuaderno procesal para verificar tales circunstancias sin que tampoco haga un examen por el cual señale si existió o no complejidad en el caso;
11. e)No se advirtió si el proceso se dirigió contra una persona o si eran varios "imputados" o si la investigación generó circunstancias que involucraban actuados en otros departamentos, determinando si todos los demandados vivían en un mismo lugar o no. Al no valorar la complejidad del asunto considerando también la naturaleza, gravedad del delito, hechos investigados y los alcances de la actividad probatoria el Juez a quo no observó los arts. 124 y 173 del CPP; y,
12. f)Respecto a la mora procesal, ésta no era atribuible únicamente al Ministerio Público o a la COMIBOL; sino que, también involucraba al demandado para que actúe en este caso advirtiendo que el Ministerio Público incumplió algún plazo procesal, solicitando al Juez de la causa emitir la respectiva conminatoria o ejerza el control jurisdiccional. Puntos que, debieron ser analizados a efectos de establecer si el "imputado" generó o no dilación y "...si en todo caso se ha cumplido el Art. 30, 31 en especial del CPP" (sic).

...a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales,

1. b)Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes,
2. c)Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto,
3. d)Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales,
4. e)Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada,
5. f)Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre4 se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre5 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son:

1. a)El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad;
2. b)Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia;
3. c)Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación;
4. d)Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y,
5. e)La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero²6- Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013², señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio7, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio8, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre9, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo10, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.