1181/2019-S1

Texto de la resolucion

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1181/2019-S1 Sucre, 2 de diciembre de 2019

SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad

Expediente: 30429-2019-61-AL Departamento: Santa Cruz

En revisión la Resolución 17/2019 de 31 de julio, cursante de fs. 158 vta. a 163, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Paúl Enrique Encinas Flores en representación legal de Ana María Pinto Cronembold contra Nelly Rosario Sánchez Justiniano, Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primera del departamento de Santa Cruz.

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de julio de 2019, cursante de fs. 38 a 46 vta., la accionante, a través de su representante legal, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Asumió defensa dentro del proceso laboral por cobro de beneficios sociales seguido por Milton Díaz de Oropeza Oroza contra las Empresas Mineras "GLOSOBYK S.A." y "BARZEL S.A.", de las cuales ejercía la gerencia general y representación legal; renunciando a las mismas de ambas empresas el 28 de febrero de 2015, conforme consta en los Testimonios 544/2015 y 545/2015, ambos de la mencionada fecha, designando los accionistas de las empresas a un nuevo representante legal, acto jurídico que no lo inscribieron en el Registro de Comercio.

Dictada la sentencia condenando al pago de los beneficios sociales, el 13 de julio de 2018 se emitió el Auto de ejecución de sentencia que ordenó el pago de los mismos en los plazos establecidos disponiendo librar mandamiento de apremio en contra de la representante legal y, ante el incumplimiento en su cancelación por parte de las referidas empresas, el demandante impetró se libre dicho mandamiento; por lo que, mediante decreto de 25 de septiembre del mismo año, la Jueza de Partido de Trabajo y Seguridad Social Primera del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, dispuso su apremio. Asumiendo conocimiento de la designación de un nuevo representante legal y que esa situación no habría sido inscrita en Registros de Comercio, el 28 de enero de 2019 interpuso excepción de impersonería, acreditando que carecía de cualquier capacidad jurídica u obligación para fungir dicha calidad sustentada en la primacía de la verdad material y los arts. 804, 810, 814, 827, 831, 832 del Código Civil (CC) concordante con lo establecido por el Código de Comercio (CCom) en sus arts. 29, 31, 33, 307, 311 314 y 321, referentes a los actos y contratos sujetos a inscripción y efectos de la matrícula, constancias de la matrícula de administración y representación así como los casos de responsabilidad, solicitando declarar con lugar dicha excepción y que la parte demandante promueva la ejecución de la sentencia contra Carlos Alberto Peñaloza Aguilera, nuevo representante legal de las precitadas empresas, registrado en la Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) estando facultado para comparecer en procesos judiciales, adjuntando al efecto pruebas de reciente obtención, impetrando su apartamiento del proceso y dejar sin efecto el mandamiento de apremio emitido en su contra.

Por decreto de 30 de enero de 2019, la autoridad demandada dispuso el traslado a la parte demandante con la excepción y determinó no ha lugar a su solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de apremió, a partir de lo cual inicia su persecución indebida, en razón a que el 3 de abril del mismo año, el demandante impetró que dicha orden tenga un plazo indefinido; por lo que, la Jueza dejó sin efecto el plazo de validez de setenta y dos horas declarándolo indefinido; al no estar respondida su excepción interpuso recurso de apelación contra la "...PROVIDENCIA emitida el 14 de enero de 2019..." (sic), y solicitó la resolución de su excepción; confirmándose la vulneración del debido proceso en su contra y la persecución indebida, pues el 3 de igual año, la autoridad demandada, determinó que no era la etapa en que se debía interponer excepciones de impersonería, rechazando su excepción, amparándose en los principios de verdad material y primacía de la realidad, sin tomar en cuenta que no discute el fondo del proceso, sino la persona idónea a la que debe impetrarse el cobro de los beneficios sociales; toda vez que, la excepción de impersonería tenía por finalidad poner en conocimiento el cambio de la situación legal de su persona; por lo que, debió ser excluida del proceso al carecer de la capacidad jurídica para efectuar el pago de los beneficios sociales demandados y por ende dejarse sin efecto el mandamiento de apremio en su contra.